A cuatro semanas del cierre del período de sesiones ordinarias, el gobierno de Javier Milei pondrá en pausa la agenda de Diputados. Las elecciones legislativas de Estados Unidos, previstas para este martes, llevaron a Washington a una nutrida comitiva de legisladores de distintos bloques, entre ellos Alberto Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Su ausencia demorará hasta la segunda semana de noviembre el debate del presupuesto 2027. El oficialismo pretendía dictaminarlo la semana pasada, pero no logró reunir el apoyo de sus aliados.

El viaje le dará aire al Gobierno para intentar acercar posiciones, aunque las diferencias persisten. Pro, la UCR y otros aliados bloques provinciales reclaman modificaciones al proyecto que el Poder Ejecutivo presentó el 15 de septiembre. Las exigencias van desde el pago de deudas previsionales y la reactivación de obras públicas hasta cambios impositivos y mayores partidas para áreas sensibles.

Pro reclama que la Nación salde la deuda de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires, una rebaja de impuestos -entre ellos, el IVA a los huevos y sus derivados y el tributo a los combustibles (ICL)-, la continuidad del régimen de promoción automotriz y mayores controles sobre las concesiones viales. La UCR, en tanto, exige preservar la actualización por inflación de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y garantizar los fondos para discapacidad y universidades.

Entre los bloques provinciales, los legisladores misioneros alineados con el gobernador Hugo Passalacqua reclaman una deuda previsional que estiman en $300.000 millones, además de recursos para el sector tabacalero, obras viales y la protección de bosques nativos. Córdoba también exige fondos adeudados a su caja jubilatoria y obras en rutas nacionales, mientras que los salteños de Gustavo Sáenz plantean mayores partidas para infraestructura vial y saneamiento.

Pero las diferencias por el presupuesto no son el único obstáculo en la relación entre el oficialismo y sus aliados. La postergación de la nueva ley de biocombustibles abrió otro foco de conflicto con los representantes de los gobernadores Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, y Martín Llaryora, de Córdoba, cuyos votos son importantes para la aprobación de la ley de gastos y recursos.

Ambos sectores esperaban dictaminar la semana pasada el proyecto que llegó del Senado, que establece un nuevo régimen por 15 años y aumenta progresivamente los cortes obligatorios de bioetanol y biodiésel en los combustibles. Sin embargo, los reclamos de Pro y otros legisladores bonaerenses, que buscan proteger a las pequeñas empresas productoras de biodiésel frente a las grandes aceiteras, frenaron su avance.

La decisión provocó malestar entre los representantes de las provincias productoras, donde incluso sospechan que Pro actuó en coordinación con el Gobierno para bloquear la iniciativa.

“Entre los movimientos del PRO y las dudas del Gobierno, nos quedamos sin dictaminar un proyecto que busca beneficiar a productores de bioetanol y biodiésel del Interior”, cuestionó en X el cordobés Carlos Gutiérrez, cercano a Llaryora.

También Gisela Scaglia, referente de Pullaro en Diputados e integrante de Provincias Unidas, defendió el proyecto tal como llegó del Senado y cuestionó que los reclamos de las empresas no integradas demoren su aprobación. Recordó que el texto fue resultado de meses de negociaciones y resumió su posición: “Prefiero esta ley a quedarnos en nada”.

Aunque desde ese sector aseguran que las conversaciones por el presupuesto y los biocombustibles avanzan por “carriles separados”, el conflicto agrega tensión a una negociación en la que el oficialismo necesita sumar voluntades. Los representantes de Santa Fe y Córdoba insistirán en incorporar el proyecto al temario de la próxima sesión.

Una pausa con el calendario en contra

En medio de estas negociaciones, la actividad parlamentaria quedará condicionada por el viaje a Washington. Entre los invitados por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) figuran los libertarios Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio; Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, y los diputados del Frente Renovador Sebastián Galmarini y Sabrina Selva, integrantes de Unión por la Patria (UP).

También viajarán los radicales Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Diógenes González, invitados por la Fundación Diálogo Argentino Americano. La comitiva incluirá, además, a funcionarios del Poder Ejecutivo: Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia; Ignacio María De la Riva, subsecretario de Asuntos Legales y Técnicos; e Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete.

La pausa llega en un momento ajustado del calendario legislativo. Según la hoja de ruta del oficialismo, la intención es llevar el presupuesto al recinto el 25 de noviembre, durante la última semana de sesiones ordinarias. Su sanción en el Senado se completaría, así, durante el período extraordinario.

Antes, los libertarios aspiran a sesionar el 18 de noviembre para convertir en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y avanzar con la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como “ley Malvinas”. Aunque esta última ya tiene dictamen, la huida de Flávio Bolsonaro a Miami a través de la Argentina reavivó los cuestionamientos sobre las atribuciones que podría asumir Santiago Caputo en el Consejo de Seguridad Nacional que crearía la norma. El asesor presidencial, principal impulsor del proyecto, ya ejerce influencia sobre los organismos de inteligencia, Legal y Técnica y Cancillería.

También sigue pendiente la reforma electoral que impulsa la Casa Rosada para suspender o eliminar las PASO, por ahora sin avances concretos en el Senado.

Con el calendario en contra, el Gobierno acumula proyectos pendientes y negociaciones sin resolver. A las dificultades para avanzar con su agenda se suman las exigencias de sus aliados, que por ahora no están dispuestos a ceder.