El Gobierno de Javier Milei envió al Senado el pliego del juez federal Daniel Rafecas para ocupar un cargo en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, un movimiento que, de concretarse, dejaría una nueva vacante en Comodoro Py y le abriría al Gobierno la posibilidad de promover a un nuevo magistrado en esos tribunales, donde se investigan las principales causas de corrupción.

La postulación, impulsada también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, deberá obtener ahora el acuerdo de la Cámara alta para que Rafecas pueda asumir en el nuevo tribunal.

Su eventual salida tendría impacto en Comodoro Py. En los tribunales de Retiro, Rafecas se encuentra al frente de dos juzgados federales (en uno es titular, en otro subroga) y, hasta la semana que viene, de manera transitoria, de un tercero: el que tiene a su cargo la causa por la criptomoneda $LIBRA, que involucra al Presidente.

Con la eventual salida de Rafecas de Comodoro Py, los juzgados vacantes del fuero pasarían a ser cinco sobre un total de doce, lo que forzaría el esquema de subrogancias que rige actualmente, que permite que un mismo magistrado esté al frente de varios juzgados.

Rafecas es titular del Juzgado Federal 3, pero también subroga el 6, vacante desde la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral, en 2020. Por estas horas, el juez está al frente incluso de un tercer juzgado, el 8, donde tramita la causa por la criptomoneda, y cuyo titular, Marcelo Martínez de Giorgi, está momentáneamente de licencia hasta la semana que viene.

Su partida obligaría a reorganizar esas suplencias y redistribuir así todas las causas bajo su órbita. Entre ellas, figura la investigación por la voladura de la AMIA (recientemente procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar); la causa por enriquecimiento ilícito del diputado provincial Francisco Adorni y el caso de presunta violencia de género del expresidente Alberto Fernández contra Fabiola Yañez, que continúa en etapa de instrucción.

Al Juzgado Federal 3, además, podría regresar uno de los expedientes más delicados para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): la investigación sobre la fastuosa quinta ubicada en Villa Rosa, Pilar, que está a nombre de un monotributista y una jubilada, pero que pertenecería al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Rafecas fue quien le dio al caso su primer impulso cuando ordenó los allanamientos que derivaron en el secuestro de una costosa flota de vehículos y otros elementos que apuntaban directamente contra Toviggino, como un bolso y una placa homenaje con su nombre.

Por pedido de los investigados, el caso luego recaló en la Justicia federal de Campana, pero en el recorrido, el fiscal de la Casación Mario Villar pidió a la Corte Suprema para que se revise esa decisión y la causa regrese al juzgado que podría dejar Rafecas.

Para el juez, el movimiento sería un ascenso. Concursó para el cargo en 2018, cuando ya llevaba 14 años como juez de Comodoro Py. Terminó en el primer lugar del concurso, pero su pliego fue y vino durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández y nunca llegó a la Cámara alta.

Rafecas, además, fue la opción de Fernández para la Procuración, pero tampoco consiguió el cargo, porque su nombre era fuertemente resistido en el sector más cercano a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.

Hoy, tras más de dos décadas en Comodoro Py, el juez considera que es momento de dejar el juzgado, aseguran quienes lo tratan.

Reforma

Su eventual ascenso se produciría en medio de los planes del Gobierno de reformar Comodoro Py y de reducir a ocho la cantidad de juzgados federales de primera instancia.

Si ese proyecto llegara a concretarse −debería pasar por el Congreso−, las decisiones judiciales se concentrarían en los jueces titulares de Comodoro Py, pero aun así, sin Rafecas, haría falta nombrar a un nuevo juez.

Con la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia, el Gobierno impuso su propia impronta a los tribunales de Retiro. Por ahora, el movimiento más importante en ese sentido fue la renovación de la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa las decisiones de todos los jueces de primera instancia de Comodoro Py.

Allí, el oficialismo consiguió el nombramiento de dos camaristas, Pablo Yadarola, que era juez del fuero Penal Económico, y el de Pablo Bertuzzi, que formaba parte de la Cámara, pero había llegado mediante un traslado y no estaba firme en el cargo.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó el pedido para acceder a una suspensión del juicio a prueba –una “probation”- del jefe de seguridad del complejo Nordelta, Claudio Ariel De Vincentis, acusado de haber obstaculizado la labor judicial y alertado a uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker, de que la policía iba a allanarlo en la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Para Arroyo Salgado, el proceder de De Vincentis fue mucho más grave que un entorpecimiento simple de un procedimiento judicial por el que se encontraba procesado y había solicitado una “probation”. ¿Por qué? Porque para la magistrada, el comisario retirado de la Policía Federal habría cometido un encubrimiento doblemente agravado, por la gravedad del delito precedente y por su condición de funcionario público.

La decisión de Arroyo Salgado colocó a De Vincentis ante un horizonte judicial mucho más sombrío. Estaba procesado por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento simple, lo que le permitía un juicio correccional ante un solo juez con una pena máxima de tres años -y, por tanto, sin pisar una celda-. Pero ahora, Arroyo Salgado dispuso remitir la causa a los tribunales orales federales de San Martín, donde el imputado enfrentará un juicio colegiado y el riesgo de una pena de hasta 6 años de prisión efectiva.

Arroyo Salgado fundó su decisión en que De Vincentis, como comisario retirado, sigue siendo policía, ya que el retiro no extingue el “estado policial”, que solo se pierde con la baja, según estipula la ley orgánica de la Policía Federal, que también establece que los retirados deben “concurrir al mantenimiento del orden público, la seguridad y la prevención y represión del delito”.

Defendido por Guillermo Soares Gache, excolaborador de Patricia Bullrich durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad con Mauricio Macri, De Vincentis argumentó que esa noche se encontraba de licencia, que se acercó por su responsabilidad funcional, que solo cumplió con su deber y que no generó demoras. Pero en tribunales se dio por probado que interfirió con el operativo, lo que reforzó luego en un chat interno. Ordenó que ningún empleado facilitara información a las fuerzas de seguridad sin la autorización previa del área legal de Nordelta. “El imputado calificó el accionar de la fiscalía y la policía de forma despectiva, sugiriendo que ‘creían estar en Fuerte Apache”, dijo la Cámara Federal de San Martín cuando confirmó el procesamiento por encubrimiento simple.

Para Arroyo Salgado, “no existen dudas en arribar a la conclusión” de que “la conducta reprochada a De Vincentis debe ser considerada como desplegada por un funcionario público, en ejercicio de sus funciones”. Y le cerró así la puerta a la probation porque el Código Penal excluye de manera explícita esta solución cuando un funcionario participó del delito en ejercicio de su cargo.

La magistrada recordó, además, que De Vincentis “no actuó como un particular cualquiera” cuando comenzó el allanamiento en Nordelta. Actuó desde “una singular posición de control”, reforzada por la ley provincial que regula las actividades de seguridad privada, que obliga a las empresas prestadoras a cooperar y subordinarse a la autoridad de seguridad pública.

Qué pasó aquella noche

Los hechos ocurrieron entre la noche del 21 y la mañana del 22 de agosto de 2025. El juez federal Sebastián Casanello había ordenado allanamientos, registros domiciliarios y requisas personales sobre Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker en el barrio La Isla, en Nordelta. También había dispuesto secuestrar las grabaciones de los ingresos y egresos del complejo. Los procedimientos buscaban celulares, computadoras, otros dispositivos electrónicos y documentación de interés para la investigación.

Con esas pautas generales, el comisario a cargo del operativo, Lucas Alberetti, les prohibió a los vigiladores de la garita de ingreso que llamaran o alertaran de cualquier otro modo a los sospechosos que estaban por ser allanados para aumentar las probabilidades de éxito del operativo.

Según la imputación, De Vincentis llamó con insistencia a sus empleados. En una comunicación que atendió el propio Alberetti, se presentó como supervisor y quiso saber a dónde se dirigía la comitiva judicial. Y a las 00.42 del 22 de agosto, el vigilador Hugo Martín Bogarín atendió otra llamada de su jefe y llegó a decirle que buscaban a los Kovalivker, antes de que le quitaran el teléfono. Tres minutos después, Jonathan Kovalivker salió del barrio y así frustró su requisa personal.

Desde la Suiza Argentino aclararon a , sin embargo, que Kovalivker no se “fugó”, ni pretendió escaparse de Nordelta, sino que se dirigía hacia las oficinas de la droguería donde el allanamiento había comenzado antes. “Lejos de marcharse, estaba yendo al operativo”, remarcaron junto al empresario, e indicaron que así está probado en el expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

En la garita de Nordelta, en tanto, las turbulencias continuaron. Irrumpieron cuatro patrulleros de la Policía bonaerense que habían sido convocados desde el área de seguridad de Nordelta bajo la “falsa invocación” de que “falsos policías” o personas no identificadas habían tomado la garita e impedían que la gente saliera. Pero los efectivos constataron la legalidad del procedimiento y se retiraron.

Según Arroyo Salgado, el registro posterior de la casa de Kovalivker “exhibió rastros de que sus ocupantes fueron puestos sobre aviso”. Y en ese contexto, fundó el primer agravante en que en la “causa Andis” se investiga la conformación de una presunta asociación ilícita que habría cobrado sobornos a las droguerías para repartirlos entre intermediarios, agentes del organismo, como Diego Spagnuolo, y altos funcionarios del Gobierno. En ese esquema, Suizo Argentina habría sido “el canal” de los pagos ilegales.

La magistrada consideró que la gravedad de ese delito precedente justificaba el agravamiento de la figura de encubrimiento que afronta De Vincentis. A esa circunstancia sumó la condición de funcionario público que atribuyó al jefe de Seguridad de Nordelta por su estado policial y las obligaciones legales que conserva como comisario retirado.