El Senado de la provincia de Buenos Aires dio media sanción este jueves a un proyecto del gobernador Axel Kicillof para crear una empresa estatal bonaerense de producción de medicamentos. La iniciativa avanzó con los votos del peronismo y el rechazo de los bloques de la oposición, que cuestionaron la creación de nuevas estructuras públicas y sus gastos.

La iniciativa que aprobó el Senado provincial y giró a la Cámara de Diputados bonaerense establece la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, que será una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria.

Según el proyecto −impulsado por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak−, la nueva empresa se dedicará a la producción de “todo tipo de medicamentos, vacunas, insumos, productos médicos, equipamientos asociados a su objeto, ingredientes farmacéuticos activos, estándares primarios y secundarios para control de calidad de la producción, insumos médicos odontológicos, productos domisanitarios, cosméticos y cualquier otro insumo necesario para la salud”.

La producción de la empresa estatal de medicamentos provincial se destinará, “prioritariamente, al abastecimiento de servicios de salud públicos provinciales y municipales”. Se financiará, entre otras fuentes de recursos, con el producido de la comercialización de los productos que desarrolle y aportes del Poder Ejecutivo provincial.

En la sesión conducida por la vicegobernadora Verónica Magario (presidenta del Senado provincial), la iniciativa tuvo el respaldo del bloque del peronismo (tiene 24 integrantes, en un cuerpo de 46 bancas) y fue rechazada por la oposición. Votaron en contra las bancadas de La Libertad Avanza, Pro, Hechos (el sello que impulsan los hermanos Manuel y Santiago Passaglia) y Unión y Libertad (bancada que lidera Carlos Kikuchi).

“No identifica fallas reales del mercado de abastecimiento, no limita qué medicamentos van a producir. Interviene en toda la cadena de producción, donde ya existen empresas privadas que lo hacen y funcionan bien. Y prevé aportes sin límites de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires”, dijo la senadora Analía Balaudo (La Libertad Avanza).

María Emilia Subiza, del bloque Hechos, también rechazó la iniciativa en el recinto. “Me pregunto con qué capacidad el Poder Ejecutivo provincial decide crear un laboratorio de gran escala cuando enfrenta una situación crítica en los recursos ya existentes”, señaló y agregó que otro motivo para no votar la iniciativa de Kicillof es “la situación crítica del IOMA”. Desde el mismo bloque, Marcelo Leguizamón recordó que “es un proyecto que ya había ingresado en 2024″ y que, “en aquel momento, le señalamos al ministro que era mucho más simple modificar los procesos burocráticos de la provincia”.

“El proyecto tiene debilidades, entre ellas, una falta de análisis de los costos necesarios, una fuente de financiamiento demasiado general y delegaciones que no corresponden, como que el Poder Ejecutivo pueda hacer el estatuto. El proyecto no aclara cuántos directores va a tener la empresa”, cuestionó, al hacer uso de la palabra luego de la aprobación del proyecto, el senador de Pro Juan Manuel Rico Zini.

El senador Fernando Coronel defendió el proyecto, desde el bloque del peronismo. “Esta empresa se está creando en un marco complejo generado desde el nivel nacional. Cuando se cierran empresas y los trabajadores pierden sus obras sociales, tienen que atenderse en los hospitales públicos. Por otro lado, el gobierno nacional ha eliminado parcialmente el programa Remediar, que proveía a los municipios de una gran cantidad de medicamentos. Lo mismo sucede con los jubilados, a quienes les han quitado medicamentos”, subrayó. Y concluyó: “Permitiría garantizar, desde la Provincia, tener los medicamentos que se necesitan a una velocidad mayor”.

La Corte Suprema dejó firme hoy la pena a diez años de prisión impuesta a Pedro Müller, un exalto directivo de la empresa Ford condenado por su participación en secuestros y torturas agravadas de trabajadores de la compañía automotriz durante la última dictadura.

La condena confirmada hoy, dictada en 2018, fue la primera en la Argentina contra exdirectivos de una empresa multinacional por crímenes de lesa humanidad. Además de a Müller, que hoy tiene 95 años, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín había condenado a 12 años de prisión a Héctor Francisco Jesús Sibilla, gerente de seguridad de Ford, que murió. Los hechos investigados sucedieron hace cinco décadas.

En el juicio se consideró acreditado que Müller, gerente de Manufactura de Ford, fue el número dos de la compañía y la autoridad dentro de la planta, donde 24 trabajadores fueron víctimas de delitos que incluyeron secuestros y torturas en 1976 y 1977. Se trataba, en su mayoría, de delegados gremiales. A 17 de los secuestrados se los llevaron de dentro de la fábrica. En el juicio se demostró, según el fallo del tribunal, que personal del Ejército se instaló en la planta con el aval de Ford, acondicionó el quincho y lo usó como sala de torturas. También, que utilizó autos de la compañía. De acuerdo con la sentencia confirmada hoy, lo hizo con la “participación necesaria” de Müller.

Para dictar esta sentencia, la Corte debió convocar a conjueces. La mayoría que confirmó la condena la formaron el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y los camaristas Juan Ignacio Pérez Cursi (Cámara Federal de Mendoza) y Fernando Poviña (Cámara Federal de Tucumán). Declararon mal concedido el recurso extraordinario con el que la defensa de Müller llegó a la Corte. Dijo que la defensa omitió rebatir todos los fundamentos de la condena. Ricardo Lorenzetti no votó. Carlos Rosenkrantz, en disidencia, consideró que Müller debía ser absuelto.

Müller, nacido en Checoslovaquia el 15 de junio de 1931, está hoy en libertad. El tribunal que lo condenó dispuso que su situación no cambiara hasta que la sentencia quedara firme, lo que ocurrió hoy, y advirtió que después debería cumplir su pena en “una cárcel perteneciente al Servicio Penitenciario Federal”.

El fallo del TOF 1 de San Martín fue confirmado por la Cámara Federal de Casación con los votos de Alejandro Slokar y Carlos Mahiques y la disidencia de Guillermo Yacobucci. Las defensas presentaron recursos extraordinarios y llegaron así al máximo tribunal.

La Corte, en su fallo de hoy, sostuvo que el juicio sobre la eventual participación de civiles en delitos de lesa humanidad no puede hacerse “en abstracto”, sino que “requiere tener en cuenta el contexto histórico en que se desarrolló”. Afirmó que el plan represivo de las Fuerzas Armadas estuvo “especialmente dirigido a las actividades gremiales”, con la convicción de que las fábricas eran un ámbito particularmente “fértil para la actividad subversiva” y que contó con colaboración de empresarios industriales.

Dijo, no obstante, que el análisis contextual de los delitos de lesa humanidad no basta para sustentar “sin más la condena de un individuo” y que en el caso puntual de Ford, se probó que Müller fue responsable de “facilitar la individualización y localización de las personas a detener” (con la entrega de credenciales y legajos de los trabajadores, además de listas de quienes serían detenidos) y de “permitir el alojamiento de algunas de ellas en dependencias de la propia fábrica”.

El voto de Rosenkrantz

Rosenkrantz, en disidencia, votó por dejar sin efecto la condena. En un fallo muy crítico de lo resuelto en la causa, sostuvo que los jueces no pueden manejarse como historiadores ni sociólogos. Este magistrado entendió que se afectaron las garantías de defensa en juicio de Müller y que la “presunción de inocencia” imponía absolverlo “por el beneficio de la duda”.

Sostuvo que, más allá del dato inobjetado de que Müller era gerente de Ford, el tribunal “no indicó ninguna prueba que involucrara personalmente” al acusado “con los delitos imputados”. Dijo que no hubo testigos que hubieran declarado que Müller haya estado presente en el momento de las detenciones o las torturas, ni pruebas de que él tuviera a su cargo “la custodia de la información privada de los empleados” ni el “control sobre el ingreso y egreso” a la fábrica.

Rosenkrantz advirtió que los casos de lesa humanidad deben regirse por las mismas reglas de prueba que los demás delitos, “pues la eventual violación del derecho por parte de los imputados por tales delitos no justifica la violación del derecho por los jueces que tienen el deber constitucional de juzgarlos”.

Sostuvo además que “las dificultades probatorias que pudiesen haber surgido por el paso del tiempo no pueden ser la justificación para reducir el estándar probatorio requerido para dictar una condena penal”.

Afirmó también que la “gravedad de los delitos de lesa humanidad atribuidos” a Müller y “la indignación moral que causa el uso de la fuerza estatal al servicio de un plan de atroz criminalidad no pueden justificar que las condenas por tales delitos se impongan prescindiendo de la exigencia de demostrar más allá de toda duda razonable que los hechos juzgados fueron cometidos por los acusados”.

“No todo lo que convence a profesionales de las ciencias sociales respecto de la ocurrencia de un hecho es apropiado y suficiente como para convencer a jueces de la Nación -dijo Rosenkrantz-. No somos historiadores, ni sociólogos, ni politólogos, quienes para explicar un hecho pueden basarse, entre otras cosas, en consideraciones contextuales. Dado que los jueces podemos imponer penas a personas determinadas, es preciso que razonemos a partir de estándares probatorios elaborados para identificar las contribuciones relevantes a la producción de un ilícito.”

La evidencia, para atribuir la autoría individual de un delito, debe ser “personalizada y circunstanciada”, dijo Rosenkrantz, que sostuvo que eso no se cumplió en el caso de Müller.

El expediente, con la condena confirmada, regresará ahora al TOF 1 de San Martín para la ejecución de la sentencia.