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Corralito, protestas y vacío de poder: Paraguay vive una crisis que recuerda a diciembre de 2001 en la Argentina

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Paraguay vive hoy en la Argentina de diciembre de 2001. Con un presidente renunciante y repudiado, un corralito que afecta a la mitad de la población y un creciente clima de protesta en las calles, el país se hundió en una peligrosa crisis política y financiera.

Uno de cada dos paraguayos tiene hoy sus ahorros congelados por la intervención del Ueno bank, en un escándalo que dejó al gobierno virtualmente acéfalo después de la renuncia del presidente Santiago Peña y un interminable debate en el Congreso sobre el inicio de un juicio político.

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“Se cortó la cadena de pagos, se afectaron a los emprendedores. La gente está desesperada”, dijo a TN la exsenadora independiente Katya González.

Argentina vivió un tsunami social, financiero y político a fines de diciembre de 2001 que provocó la salida del presidente Fernando de la Rúa y un “corralito” que dejó a los ahorristas sin su dinero. Fue el inicio de una crisis sin precedentes cuyas secuelas se viven aún hoy en el país.

Los paraguayos atraviesan una situación similar que recuerda a la peor emergencia social y económica de la historia argentina. Con una salvedad: un solo banco, con tres millones de clientes, causó esta hecatombe financiera..

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El problema es que se trata de un país de seis millones de habitantes. La mitad de la población fue afectada. Pero además en la entidad quedaron congelados unos 850 millones de dólares de distintos organismos estatales.

Incluso, el Ueno bank manejaba fondos de pensiones, lo que refleja la profunda gravedad de la crisis. Se trata de una tormenta perfecta.

¿Y ahora qué?

Cientos de paraguayos se concentraron el jueves frente al Congreso para exigir el inicio de un juicio político contra Peña, a quien responsabilizan de la crisis. Hubo insultos, forcejeos e incidentes con la policía.

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Al mandatario (del Partido Colorado y en el poder desde el 15 de agosto de 2023) se lo acusa de mantener vínculos con el banco intervenido hasta el año pasado. La entidad está bajo sospecha de serias irregularidades que van desde vaciamiento hasta negociados.

Crece la movilización social en Paraguay (Foto: REUTERS/Cesar Olmedo)

Los manifestantes rechazaron la renuncia del presidente. Querían su juzgamiento y destitución en el Congreso. Una renuncia aceptada abría el camino a fueros que el mandatario tendría como senador honorario, un derecho reservado a todos los expresidentes, según la Constitución.

No solo reclaman por sus ahorros. También por justicia. En las protestas se repetían gritos de “ladrón” y hasta se colaban consignas como “que se vayan todos”.

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Peña

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“Es descabellado”: excónsul de Haití en República Dominicana rechaza que la ONU dialogue con el pandillero Wilson Joseph

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El excónsul general de Haití en República Dominicana y director ejecutivo de la Fundación Zile, Edwin Paraison, calificó de “totalmente descabellado” que el líder de la peligrosa banda criminal haitiana 400 Mawozo, Wilson Joseph, pretenda arrogarse la vocería para anunciar misiones diplomáticas o una eventual negociación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En declaraciones exclusivas ofrecidas a Noticias Telemicro, el exdiplomático desestimó rotundamente los planteamientos del cabecilla criminal, conocido en el bajo mundo como “Lanmò Sanjou” o “La Montagne”, quien recientemente afirmó que una comisión del organismo internacional arribaría a territorio haitiano el próximo 18 de noviembre para entablar un proceso de diálogo y mediación.

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Frente a este panorama, Paraison subrayó que “Que una persona sancionada por las Naciones Unidas, además de ser un pandillero y también considerados todos como terroristas, hubiese sido quien anuncie la llegada de una misión de paz de parte de las Naciones Unidas en Haití, es totalmente descabellado”.

Con estas palabras, el exfuncionario evidenció la inviabilidad de que un organismo multilateral otorgue legitimidad institucional o coordine agendas formales con un fugitivo de la justicia internacional.

El creciente cerco táctico —robustecido con la presencia y apoyo logístico de contingentes de seguridad, incluidos militares salvadoreños desplegados en misiones de evacuación médica y soporte operacional, ha neutralizado corredores estratégicos de suministro y asfixiado las posiciones de la banda.

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En el mismo reporte de Noticias Telemicro, el experto en derecho internacional Pascal Peña analizó las implicaciones que tendría cualquier intento de sentarse en una mesa diplomática con estructuras ilícitas. Peña advirtió que legitimar una iniciativa semejante obligaría a replantear por completo el mandato de la fuerza internacional.

Aunque el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, confirmó ante la prensa internacional que la correspondencia había sido recibida por las vías regulares del organismo, aclaró de inmediato que acusar recibo no equivale a validar, legitimar ni abrir ningún canal de negociación con el líder de una red armada criminal.

Analistas y observadores coinciden en que este sorpresivo giro retórico responde a un estado de desesperación operativa. Tras meses de desafiar abiertamente al Estado y exhibir fusiles de asalto, municiones de alto calibre y tácticas de guerra urbana, la organización criminal ha comenzado a replegarse ante la intensificación de las operaciones terrestres en áreas neurálgicas como Croix-des-Bouquets, Ganthier y la llanura de Cul-de-Sac.

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Perfil del líder criminal: prontuario y antecedentes de Wilson Joseph

Wilson Joseph, alias “Lanmò Sanjou” (expresión en criollo haitiano que se traduce como “La muerte no tiene día”), encabeza la temida pandilla 400 Mawozo, una de las organizaciones delictivas más violentas y numerosas de Haití, especializada en extorsión masiva, robo de cargamentos y secuestros extorsivos.

El prontuario de Joseph alcanzó notoriedad global en octubre de 2021, tras liderar el secuestro de 17 personas pertenecientes a la organización Christian Aid Ministries —16 ciudadanos estadounidenses y un canadiense, entre ellos cinco niños— en la zona de Ganthier. Por fortuna, lograron sobrevivir y recuperar su libertad dos meses después.

Por este crimen, en el que exigía un millón de dólares por cada cautivo bajo amenaza de ejecución, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos formales en su contra por conspiración para la toma de rehenes y secuestro armado. En respuesta, el FBI emitió una orden de captura internacional ofreciendo una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca a su arresto.

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Fotografía del complejo de la organización Christian Aid Ministries, el 30 de octubre de 2021,, en Titanyén (Haití). EFE/Orlando Barría

Adicionalmente, Joseph se encuentra bajo severas sanciones financieras impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU y el Departamento del Tesoro de EE. UU., señalado por:

  • Homicidios colectivos
  • Violación de derechos humanos
  • Tráfico de armamento pesado
  • Ataques indiscriminados contra poblaciones civiles e infraestructuras críticas.

Su reciente intento de vestir con ropajes de paz a una organización imputada internacionalmente por crímenes de lesa humanidad refleja, según diplomáticos y juristas, una maniobra desesperada ante el cierre definitivo de sus bastiones territoriales.

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California prosecutors slam Newsom’s death row commutations, accuse governor of putting ‘politics over people’

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District attorneys and law enforcement unions across California have publicly condemned Gov. Gavin Newsom following his announcement to commute the sentences of 548 death row inmates, a decision one prosecutor called a slap in the face to victims’ families.

Newsom’s sweeping order to commute the condemned inmates to life in prison without the possibility of parole has drawn intense criticism alongside praise from anti-death penalty advocates.

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«I think it’s all about politics, sadly. Politics is over people in this case, and that’s a real sad state of affairs,» San Luis Obispo County District Attorney Dan Dow told Digital.

ALABAMA GOVERNOR COMMUTES DEATH SENTENCE AS DOUBTS EMERGE ABOUT EVIDENCE IN MURDER CONVICTION

In an open letter detailing his decision, Newsom said California’s capital punishment system is fundamentally at odds with the state’s principles.

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«After nearly 30 years in public office, I have come to understand the limits of what government can justly accomplish,» Newsom wrote. «I take this action because I firmly believe that state-sanctioned killing is incompatible with California’s values, undermines the foundations of our legal system, and diminishes each of us.»

POPE LEO DENOUNCES DEATH PENALTY AS ‘INADMISSIBLE’ AHEAD OF PENTAGON’S PLANNED LIVESTREAMED EXECUTION

Upon taking office in 2019, Newsom issued an executive moratorium on capital punishment. California has not carried out an execution since 2006.

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The backlash to the governor’s announcement was immediate.

FLORIDA PUTS 77-YEAR-OLD MAN TO DEATH FOR DEPUTY’S MURDER AS STATE CLOSES IN ON EXECUTION RECORD

«Justice will not have been served for these victims, dozens of them in San Diego County,» said Lt. Jared Wilson, president of the San Diego Police Officers Association. «Their last memories were of these evil, evil men who took their lives. What Gavin Newsom has done is awful.»

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Wilson and other law enforcement officials strongly criticized the blanket clemency, citing cases like that of Jesse Michael Gomez, who was sentenced to death for the 2016 murder of San Diego police officer Jonathan «J.D.» De Guzman.

«Californians have been asked on two separate ballot initiatives to abolish the death penalty, and both times they have chosen to keep it for the most serious crimes,» said Los Angeles County District Attorney Nathan Hochman. «Until the law is changed, my office will continue to evaluate every death penalty-eligible case with the rigor, care, and restraint these decisions demand.»

NEW YORK BILLS COULD ABOLISH LIFE WITHOUT PAROLE FOR SERIAL KILLERS AND COP KILLERS, CRITICS WARN

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Orange County District Attorney Todd Spitzer called the commutations «mercy for the wolves … while inflicting the ultimate act of cruelty on the sheep,» saying voters in California have upheld the death penalty in recent years.

Riverside County Sheriff Chad Bianco, who previously ran for governor, noted that 127 inmates on California’s death row were sentenced for crimes committed in his county.

«These sentences were not handed down without due process,» he said. «They followed extensive investigations, lengthy trials, evidence presented in court, and decisions made by juries and judges.

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«Yet, with one sweeping executive decision, the governor has chosen to override those outcomes, disregarding the voices of victims’ families, the work of prosecutors, and the pursuit of justice that took years to achieve.»

Among the 548 inmates whose sentences were commuted are two men convicted in San Luis Obispo County: Michael Whisenhunt, 61, who was sentenced to death for the 1995 torture and murder of his girlfriend’s 1-year-old daughter, Kesha Gurke; and Rex Krebs, 60, who was convicted in the brutal slayings of two female college students.

CHARLES MANSON CULT FOLLOWER BRUCE DAVIS, CONVICTED IN TWO 1969 KILLINGS, DIES BEHIND BARS AT 83

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Dow noted that families of the victims were neither consulted nor notified prior to Newsom’s public announcement.

«I was just sickened, frankly, for the crime victims in California who were slapped in the face by our governor,» Dow said.

JUDGE BLOCKS ALABAMA’S NITROGEN GAS EXECUTION METHOD, RULES IT IS UNCONSTITUTIONALLY CRUEL

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Addressing arguments from anti-death penalty groups who contend that capital punishment is inherently flawed and racially biased, Dow defended the current legal framework.

«We have a rigorous defense procedure that weeds out cases. I have strong confidence in the integrity of our convictions,» he said.

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Así es la vida, campeón, a veces se gana y a veces se pierde

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El peor error es pensar que perder en la política es una tragedia y que el fracaso se vuelve permanente. La victoria, por otra parte, también tiene sus consecuencias negativas, ya que siempre viene acompañada de la soberbia y la codicia (del poder o de lo que sea). La política latinoamericana es lamentablemente una cuestión de vida o muerte, o de libertad o cárcel, y esto lo hemos logrado arrastrar a cada lugar donde hemos podido latinoamericanizar la política, en su peor forma generalmente. La hostilidad irascible es una constante en la interacción sistémica y, como si ello no fuera lo suficientemente negativo, las redes han otorgado la capacidad de insultar, descalificar, discriminar y agredir de forma amplificada, lo que confiere una nueva dimensión a la participación política. El sistema político y la sociedad viven permanentemente alcanzando puntos de no retorno en la enemización y en los discursos de odio. La frase de que “el poder desgasta al que no lo tiene” se ha transformado en “el poder liquida al que no lo tiene”.

El funcionamiento pendular actual de los sistemas políticos, con variables dramáticas de alternancia, ha evitado, de alguna manera, encontrar condiciones o situaciones de continuidad y, por el contrario, ha transformado el sistema en un permanente juego de ajustes de cuentas. Se espera que los actores políticos aprendan cuando les toca estar en el llano para no repetir atrocidades o errores, pero no, ocurre exactamente lo contrario, se vuelve con más soberbia y con empatía inexistente, los protagonistas vuelven más dueños de la verdad que nunca.

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Esto tiene consecuencias muy directas respecto a cómo se ejerce la gobernabilidad y cómo aquellos que asumen el poder tienen más vocación de destrucción de cualquier construcción anterior que de asegurar las dinámicas de continuidad institucional que son tan vitales para alcanzar estrategias sostenibles, así como para hacer funcionar proyectos a largo plazo.

Esto nos lleva a efectos colaterales poco beneficiosos, como condiciones especiales de persecución e inhabilitaciones políticas, procesos electorales enrarecidos y la neutralización del funcionamiento institucional.

La persecución política es uno de los principales problemas. Estamos viviendo en una época en la que las violaciones de Derechos Humanos se presentan como solución a los problemas que nos afectan, ya sean la falta de seguridad, los malos resultados económicos, la ineficiencia institucional, la pobreza, el desempleo o la desigualdad. La política nos muestra que es exactamente lo contrario y que el fracaso es prácticamente una certeza, lo cual se vuelve evidente cuando las políticas económicas sobre seguridad o gobernabilidad comienzan a afectar los derechos humanos de la población. Y el resultado más probable de eso es que se sufran duros reveses políticos. Podemos ver el ejemplo de las megacárceles o de las políticas antimigratorias, donde la eficiencia de los resultados iniciales se ve completamente desvirtuada por la falta de garantías o del debido proceso, lo cual deteriora variables sociales y económicas. Aparte de la manifiesta y patética ineficiencia de tener que cancelar la presunción de inocencia de 120.000 personas y negarles el debido proceso, para resolver algo que con el arresto, respetando el debido proceso de 5.000 liderazgos, cabecillas y actores de peligrosidad especial, se solucionaba. El peor engaño es pensar que la situación anterior era tan mala que cualquier variable represiva u opresiva constituye una solución al respecto, una política represiva quizás resuelva un tema puntual, pero disfuncionaliza tantos otros que las soluciones macro que necesitan los países se ven atrofiadas. Para quienes son subdesarrollados, es una condena letal.

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Los fracasos anteriores son una oportunidad para construir y no para destruir. La hostilidad manifiesta contra la realidad no es la forma de resolver los problemas que contiene la misma; esos problemas requieren de una comprensión profunda y desarrollo de capacidades en una interacción continua que permita el cambio y no el agotamiento o destrucción de lo existente.

Los procesos electorales han sufrido también, no solamente las variables de persecución, sino también inhabilitaciones, creación de expedientes, asesinatos, ataques o presiones varias e indebidas sobre las autoridades electorales, destituciones, violaciones varias de independencia funcional de autoridades electorales o de la justicia.

En esa frenética alternancia que ha habido entre derecha e izquierda en el hemisferio se podría haber comprendido que las derrotas reflejan la frustración de la gente con la incapacidad y los malos resultados y la corrupción y etc., etc., y que cuando se tiene la oportunidad de volver, o de acceder al poder no es necesario ni el resentimiento ni la hostilidad ni la agresividad hacia los adversarios políticos, sino solamente gobernar bien, de buena fe y con el más pleno respeto de los derechos de todos.

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Las victorias electorales dan algo que es tan importante como lo es la oportunidad de servir a la gente, la gente no vota para hacer a nadie rico o más rico, no vota para elegir a nadie para que haga negocios o más negocios para sí mismo, no vota a nadie para que desaparezca gente, o se lleven preso al vecino por votar diferente, o para que se asesinen periodistas, o se discrimine a mujeres, población LGBTQI, afrodescendientes, ni a migrantes, ni para cometer actos de antisemitismo, ni de islamofobia. En realidad, se vota para tener más derechos y poder ejercer más derechos y por ello la gente ha votado derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha para ver si alguien se aviva y con honestidad, inteligencia, capacidad de trabajo construye país/patria para todos. Y eso quizás pueda inspirar a su sucesor en la lógica de alternancia para que refuerce los ciclos positivos y no el insalubre ejercicio de la venganza personal y política.

Luis Almagro/Director Observatorio de Democracia de CASLA

Elections,South America / Central America,Elections / Voting

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