La comercialización de 75 toneladas de cacao panameño hacia Suiza, Alemania y Francia abre nuevas oportunidades para los productores de Bocas del Toro, donde más de 1,500 familias dependen de este cultivo.

La operación busca ampliar la presencia del producto nacional en los mercados europeos, con perspectivas de duplicar los volúmenes de exportación y extender las ventas hacia Estados Unidos.

La Cooperativa de Servicios Múltiples Cacao Bocatoreña (COCABO R.L.) ya concretó envíos al mercado suizo y mantiene negociaciones con compradores alemanes y franceses para colocar nuevos lotes.

Los acuerdos en discusión contemplan volúmenes de entre 25 y 50 toneladas métricas, mediante contactos comerciales facilitados por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

La actividad representa una fuente de ingresos para más de 1,500 familias rurales e indígenas de Bocas del Toro, que participan en la producción y comercialización del grano.

Los asociados de COCABO cultivan aproximadamente 3,185 hectáreas, con una producción anual cercana a 350 toneladas, destinadas tanto a la exportación como a diferentes actividades comerciales.

Entre 2023 y 2026, Panamá ha exportado cacao y sus preparaciones por más de 29 millones de dólares, una cifra que refleja la participación de este rubro en el comercio exterior.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que la apertura de mercados busca generar resultados en empleo e inversión, especialmente para las comunidades productoras.

La estrategia gubernamental contempla facilitar contactos comerciales, acompañar las negociaciones y reducir las dificultades que enfrentan las cooperativas para acceder a compradores internacionales.

Manuel Palacios, gerente general de COCABO, explicó que la participación en actividades internacionales de promoción comercial permitió establecer relaciones directas con potenciales clientes europeos.

Este mecanismo ofrece oportunidades para negociar nuevos contratos y fortalecer la competitividad de los pequeños productores, particularmente en mercados que exigen calidad, trazabilidad y certificaciones.

La producción nacional de cacao se concentra principalmente en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, donde numerosas comunidades indígenas participan en su cultivo. También existen plantaciones en Colón, Darién y Panamá Este, aunque la región bocatoreña mantiene una posición predominante dentro de la actividad cacaotera del país.

En Bocas del Toro, las principales áreas productivas comprenden Almirante, Changuinola y Valle de Risco, localidades donde el cultivo constituye una alternativa económica para las comunidades rurales.

La actividad también tiene presencia en zonas de difícil acceso de la comarca Ngäbe Buglé, lo que plantea desafíos relacionados con el transporte, la asistencia técnica y la comercialización.

Las proyecciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para el año agrícola 2025-2026 contemplan una superficie nacional de 6,084 hectáreas de cacao, con aproximadamente 2,046 productores registrados.

La producción estimada alcanza 19,148.7 quintales de almendra seca, de acuerdo con la planificación oficial, que también considera áreas nuevas y plantaciones renovadas.

Una de las ventajas competitivas del cacao panameño es su acceso a mercados especializados mediante certificaciones internacionales. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario ha destacado que la producción de COCABO cuenta con reconocimientos orgánicos y de comercio justo, mientras parte del grano nacional posee características de cacao fino y de aroma, apreciadas por la industria chocolatera.

El sector también enfrenta retos relacionados con la productividad, las enfermedades del cultivo y los costos de comercialización. Entre los problemas históricos figura la moniliasis, que afecta las mazorcas y puede ocasionar pérdidas.

Por ello, la renovación de plantaciones y el mejoramiento de los rendimientos son elementos importantes para aumentar la oferta exportable.

La estrategia de promoción del MICI contempla fortalecer la oferta exportable y ampliar los contactos con compradores extranjeros, mientras los productores buscan incrementar sus volúmenes y obtener mejores condiciones comerciales.

El desafío será convertir las negociaciones internacionales en contratos sostenidos, capaces de generar mayores ingresos para las familias que dependen del cacao panameño.

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El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá rechazó este viernes 6 de noviembre la solicitud del exvicepresidente José Gabriel Carrizo para modificar su detención domiciliaria, impuesta a finales de enero por una investigación de presunto enriquecimiento injustificado de 1.9 millones de dólares.

Los magistrados consideraron que la defensa no presentó elementos nuevos que justificaran flexibilizar la medida cautelar, por lo que el exfuncionario continuará recluido en su residencia.

La decisión fue adoptada por los magistrados Andrés Reyes, Carlos Barragán y Raúl Urriola, quienes examinaron la apelación presentada contra una resolución del 14 de octubre.

En aquella audiencia, la jueza de garantías Mónica Barrios había rechazado sustituir el arresto domiciliario por presentaciones periódicas ante las autoridades judiciales los días 15 y 30 de cada mes.

Con este fallo, Carrizo acumula al menos tres decisiones judiciales desfavorables a sus intentos de flexibilizar la detención, según los antecedentes publicados.

El 12 de febrero, un tribunal de apelaciones confirmó la medida original; el 14 de octubre, una jueza rechazó modificarla, y este 6 de noviembre quedó ratificada nuevamente, aunque las dos últimas decisiones corresponden a una misma solicitud y su apelación.

La defensa también había intentado revisar las restricciones el 21 de agosto, pero retiró la petición antes de que fuera resuelta. Su abogado, Víctor Orobio, cuestionó que la jueza le concediera solamente diez minutos para sustentar los argumentos relacionados con un expediente que, según indicó, contiene miles de páginas de documentos y auditorías.

Durante la audiencia de este viernes, los abogados insistieron en que debe descontarse un apartamento valorado en 1.2 millones de dólares del monto atribuido al presunto enriquecimiento. La defensa sostiene que el inmueble fue adquirido antes de que Carrizo asumiera la vicepresidencia y que su inclusión altera los cálculos de la investigación patrimonial.

Los magistrados señalaron que, incluso después de restar el valor de esa propiedad, permanecerían más de 600,000 dólares sin justificar, de acuerdo con los elementos examinados en el proceso.

También consideraron que el informe pericial presentado por los abogados, según el cual los ingresos del exfuncionario superan sus gastos, debe discutirse durante el juicio, cuando pueda interrogarse a los especialistas.

La investigación se originó en un informe de la Contraloría General de la República sobre la evolución patrimonial de Carrizo durante su gestión como vicepresidente, entre 2019 y 2024.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que existe un incremento de aproximadamente 1.9 millones de dólares que no habría sido debidamente justificado, una acusación que el exfuncionario rechaza.

Carrizo fue aprehendido el 27 de enero de 2026 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuando regresó a Panamá procedente de Guatemala. Un día después, la jueza de garantías Oris Medina legalizó su aprehensión, admitió la imputación por enriquecimiento injustificado y ordenó detención domiciliaria e impedimento de salida del país.

Desde entonces, el exvicepresidente y excandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático ha sostenido su inocencia y cuestionado distintos aspectos del procedimiento.

Sus abogados también plantearon una controversia sobre la competencia de los tribunales ordinarios, alegando que Carrizo tiene derechos como integrante del Parlamento Centroamericano, aunque no había formalizado su juramentación.

El expediente enfrenta además una disputa relacionada con la duración de la investigación penal. El Ministerio Público presentó dos amparos de garantías para obtener más tiempo y ampliar las diligencias, entre ellas una solicitud para declarar la causa compleja. Uno de esos recursos fue admitido por el Primer Tribunal Superior, según lo conocido durante la audiencia.

La defensa presentó una apelación contra esa actuación, mientras la discusión sobre los plazos ha impedido avanzar normalmente hacia la etapa intermedia del proceso. La Fiscalía pretende disponer de más tiempo para examinar los bienes y movimientos patrimoniales atribuidos al exvicepresidente, mientras sus abogados cuestionan la prolongación de las actuaciones judiciales.

Por ahora, Carrizo permanecerá bajo arresto domiciliario mientras continúa el procedimiento por enriquecimiento injustificado.

Las controversias sobre el origen de sus ingresos, el valor de sus propiedades y los informes contables deberán resolverse en las etapas correspondientes del proceso judicial, conforme a las pruebas presentadas por las partes.

Los máximos líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo podrían enfrentar solicitudes de extradición hacia Estados Unidos, advirtió el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, al referirse al endurecimiento de las acciones contra las organizaciones criminales.

El funcionario señaló que el reconocimiento de estas estructuras como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos abre la posibilidad de que sus principales cabecillas sean requeridos por las autoridades de ese país.

“De la MS, cabecillas de la Pandilla 18, incluso del Cártel del Diablo, que pueden ir a parar a Estados Unidos con peticiones de extradición, porque estos grupos ya fueron reconocidos por el país como asociaciones terroristas en la región y con Estados Unidos”, manifestó Oseguera.

El jefe policial instó a los integrantes de estas organizaciones a abandonar las estructuras criminales, al advertir que las acciones de seguridad tendrán un alcance mayor y utilizarán nuevas capacidades operativas y tecnológicas.

“La persecución va a ser implacable y no solo de Honduras, de la región, del mundo, con tecnología, con capacidades logísticas distintas. Lo que viene el otro año es mucho más duro de lo que estamos viendo”, expresó.

Sus declaraciones anticipan un endurecimiento de las operaciones contra las organizaciones delictivas durante 2027, con una estrategia que, según explicó, no se limitará al territorio hondureño, sino que involucrará esfuerzos de cooperación internacional.

En paralelo a las advertencias sobre el combate a las estructuras criminales, más de 70 personas privadas de libertad, acusadas del delito de terrorismo, permanecen recluidas en el área de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara.

Las autoridades penitenciarias informaron que esta medida forma parte de las acciones destinadas a fortalecer el orden, la disciplina y el control dentro de los establecimientos carcelarios del país.

Como parte de estas disposiciones, durante esta semana se coordinaron nuevos traslados de privados de libertad procedentes de diferentes centros penitenciarios, quienes fueron incorporados al régimen de máxima seguridad.

De acuerdo con la información oficial, los movimientos buscan garantizar el cumplimiento de las normas institucionales, reforzar el sometimiento a la autoridad y mantener una vigilancia estricta sobre los internos clasificados bajo estos regímenes.

La permanencia de más de 70 personas acusadas de terrorismo en el área de máxima seguridad se enmarca en las medidas implementadas por las autoridades para evitar que estructuras criminales mantengan capacidad de organización y control desde los centros penitenciarios.

Las advertencias del director policial y los recientes movimientos en el sistema penitenciario se producen en medio del endurecimiento de las medidas de seguridad contra las organizaciones criminales que operan en Honduras.

Bajo este régimen, los movimientos de los internos y sus condiciones de reclusión están sujetos a controles especiales, de acuerdo con las disposiciones institucionales.

El traslado de privados de libertad desde diferentes centros penitenciarios también responde a la reorganización de la población carcelaria y a los criterios de clasificación establecidos por las autoridades.

Estas acciones buscan evitar que los integrantes de organizaciones delictivas conserven espacios de influencia dentro de las cárceles, donde históricamente se han identificado problemas relacionados con el control de actividades ilícitas y la comunicación entre miembros de estructuras criminales.

En el caso de Honduras, el combate a las maras y pandillas constituye uno de los principales desafíos en materia de seguridad, debido a la capacidad de estas organizaciones para desarrollar actividades delictivas dentro y fuera de los centros penitenciarios.

Por esa razón, las autoridades han planteado la necesidad de reforzar los controles y mantener una coordinación entre los organismos encargados de la seguridad pública y la administración penitenciaria.

A nivel internacional, la cooperación entre organismos de seguridad también adquiere relevancia en las investigaciones relacionadas con estructuras criminales que operan en diferentes territorios.

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