POLITICA
Desde la cárcel, Lázaro Báez daba órdenes para explotar sus bienes decomisados

La investigación judicial reconstruyó el andamiaje ilícito a través del cual el empresario Lázaro Báez impartía órdenes desde un teléfono del penal de Ezeiza e integraba la “conducción ejecutiva” de una organización que administraba bienes que le pertenecieron, pero que están sujetos a decomiso en diferentes causas por delitos de corrupción.
Hasta ahora, la investigación judicial conocida como “Causa 169831/26” documentó movimientos por unos $390 millones de pesos en ocho meses, de acuerdo a los datos presentados en la audiencia judicial ante la Justicia Federal de Río Gallegos.
Báez y el resto de los detenidos participaron de la audiencia a través de una videoconferencia.
El empresario se enriqueció de la mano del kirchnerismo y se convirtió en el principal beneficiado por la obra pública en Santa Cruz.
La investigación fiscal no plantea hechos aislados, sino una organización estable encabezada por Báez. ¿Qué significa? Desde la cárcel, el empresario kirchnerista administraba y ponía en circulación bienes de origen ilícito que debían estar en poder de la Justicia.
Báez cumple una pena de 15 años de prisión, y ahora avanza el decomiso de sus bienes. Sin embargo, se valió de una red integrada por, al menos, 12 personas que están imputadas en la causa, para usufructuar las propiedades.
El martes fue allanada la celda de Báez en el pabellón de Ezeiza y lo dejaron incomunicado.
Según confirmaron fuentes judiciales a , en la celda le secuestraron cuadernos con detalles de los movimientos de dinero sobre bienes, alquileres, campos, rentas de galpones y alquileres de departamentos y otros inmuebles que están sujetos a decomiso y que, sin embargo, había logrado que sortearan el control judicial. De esa forma había logrado mover por lo menos $ 390 millones de pesos en ocho meses.
El hallazgo en la celda de Báez se hizo a la par de 27 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, dos estancias y en la ciudad de Buenos Aires. Los operativos fueron dispuestos en el marco de dos causas conexas que investigan lavado de dinero y narcotráfico y que tienen personajes que se repiten.
Los primeros detenidos en la causa fueron la pareja de Báez, Claudia Insaurralde, Cristian Sebastián Ibañez, y su pareja. Los arrestos se produjeron el lunes en el aeropuerto de Ezeiza a poco de arribar de un vuelo procedente desde Río Gallegos. Allí quedaron detenidos e incomunicados; le secuestraron cuatro valijas de gran tamaño y fueron los primeros detenidos de una red que hasta ahora alcanza a por lo menos 12 personas.
Según un resumen de la causa al que accedió , el juez federal Claudio Vázquez consideró que existían riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, accedió a dejarlos incomunicados y dio la orden de avanzar con los allanamientos simultáneos solicitados por la Unidad Fiscal de Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Esa causa se encuentra caratulada como “Báez, Lázaro Antonio, Insaurralde, Claudia Noemí, Ibáñez, Cristian Sebastián y otros s/ lavado de activos, asociación ilícita y otros” y se originó el 25 de septiembre pasado a partir de datos surgidos en comunicaciones telefónicas que mantenía uno de los imputados con Báez.
La investigación por narcotráfico, que dio origen formal a esta causa, se contacta con la de lavado a partir del uso de un Ford Mondeo de Lázaro Baez. También a partir del relato de un imputado sobre una inspección de maquinaria “del tío Lázaro” en Corrientes y un camión Scania secuestrado el 24 de septiembre en el control de Güer Aike -puesto policial de ingreso a Río Gallegos- con documentación apócrifa.
En esta causa de lavado de activos, se probó que Báez daba las directivas desde un teléfono fijo al que tiene acceso en el pabellón donde está detenido. Debajo de él operaba una “conducción ejecutiva de confianza” integrada por Insaurralde e Ibáñez, un anillo familiar de apoyo logístico, un canal de justificación agropecuaria y financiera, un nodo de estratificación bancaria, una cobertura contable y dos operadores de enlace con economías criminales locales.
En total, se menciona la intervención concreta de 12 imputados. Los vínculos son de pareja, de parentesco y de subordinación operativa estable, e Ibáñez le dispensaba el trato de “Tío” y “Tía” a Báez y a Insaurralde.
Según un informe que forma parte de la causa sobre las cuentas de Ibañez y otro de los imputados, entre el 1 de diciembre de 2025 y el 7 de agosto de 2026 registra 677 operaciones por $380.620.089.
La investigación, de acuerdo a lo que pudo reconstruir con fuentes judiciales, sostiene que la organización no se construyó con sociedades nuevas, como es habitual. Habría operado sobre un patrimonio preexistente y judicialmente comprometido, alcanzado por decomiso, embargo o depósito judicial, y en algunos casos con la titularidad ya transferida. Según la Fiscalía, el objetivo era mantenerlo productivo y derivar sus frutos.
El universo relevado incluye las estancias Alquinta y La Entrerriana, unidades de un edificio de la calle Zapiola, las sociedades Kank y Costilla S.A. y Austral Agro S.A., arrendamientos a tres empresas, la estancia Cruz Aike, un inmueble de la costanera de El Calafate y dos galpones cuya disposición se habría pactado en $250 millones el 28 de agosto. También figura un Ford Mondeo de titularidad de Báez, hoy secuestrado.
La fiscalía pidió 27 allanamientos en domicilios, entre ellos las dos estancias y el pabellón de Báez, además de inhibición general de bienes, congelamiento de cuentas, levantamiento del secreto bancario y la declaración de caso complejo.
La calificación provisional incluye los delitos de lavado agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.
Mariela Arias,Nicolás Pizzi,Conforme a
POLITICA
La Corte Suprema rechazó un recurso de Milei y cerró la demanda que le hizo al periodista Carlos Pagni

La Corte Suprema de Justicia dio por concluida la querella por calumnias e injurias que el presidente Javier Milei había promovido contra el columnista de Carlos Pagni, a quien acusó de haberlo comparado con Adolf Hitler.
El máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó la queja presentada por el abogado del Presidente, Francisco Oneto, y así quedó firme la desestimación de la causa por inexistencia de delito.
La decisión se fundó en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que le permite a la Corte Suprema rechazar un recurso sin dar mayores explicaciones.
La Corte Suprema, además, intimó a Milei a efectuar dentro de cinco días el depósito que exige el artículo 286 para las quejas rechazadas, bajo apercibimiento de ejecución.
Lorenzetti agregó un voto propio donde advirtió que rechazar un recurso por el artículo 280 “no importa confirmar ni afirmar la justicia o el acierto de la decisión recurrida”.
Con este fallo, la querella del Presidente agotó las instancias judiciales donde habían rechazado su pretensión.
El presidente querelló a Pagni por la columna que hizo en su programa de LN+, Odisea Argentina, el 28 de abril de 2025.
Allí, el periodista habló del libro A treinta días del poder, del historiador Henry Ashby Turner, sobre el ascenso del nazismo y reflexionó sobre los riesgos de ciertas formas de comunicación política.
El 9 de mayo de 2025, Milei denunció a Pagni en Comodoro Py, el mismo día en que querelló también a Viviana Canosa y a Ari Lijalad.
El Presidente argumentó que el periodista le había atribuido “las mismas conductas” que Hitler para llegar al poder y que su columna buscaba inducir “una comparación insidiosa” entre el dictador y su persona.
La denuncia incluía, además, una supuesta cita textual de Pagni que el periodista nunca pronunció. Pagni dijo “la incomunicación genera caos, engendra monstruos” y que lo que más convoca es “el odio, la bronca, la furia, el ir contra algo, no a favor de algo”.
En su defensa, Pagni dijo en la causa que “el hecho que le adjudica Milei no existió”, porque “no dijo lo que se le atribuye”.
El caso recayó por sorteo en el juzgado de Daniel Rafecas.
El fiscal Ramiro González dictaminó que no había delito de acción pública y, en junio de 2025, Rafecas desestimó la querella por inexistencia de delito.
Concluyó el juez que la comparación que Milei denunciaba no existió y que las expresiones de Pagni eran un análisis político sobre temas de interés público, amparado por la libertad de prensa.
En julio de 2025, el camarista Eduardo Farah, de la Sala II de la Cámara Federal, confirmó esa decisión. Dijo comprender el malestar que el editorial pudo causarle al presidente, pero sostuvo que las opiniones no son delito porque se referían a asuntos de interés público.
En agosto de 2025, la Sala IV de Casación, con los votos de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, hizo lugar a la queja del abogado al considerar que se había incurrido en un exceso de rigor formal, aunque aclaró que no se pronunciaba sobre el fondo. A pedido del Presidente, el tribunal convocó a una audiencia de conciliación para el 25 de septiembre.
El 3 de octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara de Casación, con la firma de Borinsky, Hornos y Javier Carbajo, rechazó por unanimidad el recurso de casación.
Hornos sostuvo que la libertad de expresión goza de “una tutela reforzada” cuando se ejerce sobre cuestiones de interés público y que se trata de una “libertad preferida”.
Borinsky la definió como “piedra angular del sistema democrático” y recordó que los funcionarios deben tolerar un umbral más alto de crítica.
Si bien calificó las comparaciones con el nazismo como un “exceso retórico”, concluyó que no constituían delito y el juez Carbajo adhirió.
En noviembre de 2025, la misma sala declaró inadmisible el recurso extraordinario con el que Milei buscaba llegar a la Corte. El abogado de Milei, Oneto, acudió entonces en queja ante la Corte Suprema, que hoy rechazó ese intento.
Aún con este caso abierto, en abril pasado Milei llamó a Pagni “delincuente”. Fue por un error cometido por Pagni cuando comentaba en otro editorial un gráfico sobre salarios. Tomó enero de 2023 como inicio del gobierno de Milei, cuando el punto correcto era diciembre de 2023.
Luego el programa reconoció el error en un comunicado, pero mantuvo el fondo con datos del INDEC.
Milei denunció en su presidencia a varios periodistas. La denuncia contra Lijalad también fue desestimada por Rafecas y la Sala I de Casación dejó firme su cierre. En cambio, la querella contra Julia Mengolini sigue en pie: la Sala I de la Cámara Federal revocó el sobreseimiento y Casación declaró inadmisible el recurso de la periodista, lo que habilitó el avance del juicio.
Por el contrario, en febrero la Sala III de Casación confirmó el sobreseimiento de Milei en la querella por injurias que le había iniciado Jorge Fontevecchia.
había promovido,Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno retomó las negociaciones con los aliados y el Presupuesto se tratará el miércoles 25 en Diputados

Luego de dos semanas con muy poca actividad debido a las elecciones en Estados Unidos y a la visita del papa León XIV, el oficialismo retomó las negociaciones con los bloques aliados y dialoguistas en la Cámara de Diputados y se encamina a llevar el proyecto el Presupuesto 2027 al recinto el miércoles 25 de noviembre.
“Lo más importante es que se ratificó el cronograma de trabajo”, explicó un diputado aliado al salir de la reunión de la que participaron, entre otros, Cristian Ritondo (PRO), Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), representantes del oficialismo y autoridades del Poder Ejecutivo.
A pesar de haber confirmado que el plan del oficialismo es firmar el dictamen el martes 17 y que la sesión será el 25, los diputados aclararon que durante la reunión “casi no se habló del Presupuesto”. La discusión giró principalmente en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas.
El Gobierno convocará antes del Presupuesto a una sesión la semana que viene, el miércoles 18, donde, además del proyecto de Malvinas, se tratarán la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la ratificación de la Enmienda al Protocolo de Montevideo, el Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC-EFTA) y el Mercosur, y otros dos convenios suscriptos entre el Estado nacional y la ciudad de Buenos Aires destinados a profundizar la transferencia de competencias judiciales al ámbito porteño.
Tanto opositores como oficialistas reconocieron que todavía hay una discusión no resuelta en torno al Título VII del proyecto. Mientras los primeros propusieron eliminar todo el Título por completo, la funcionaria de la Secretaría de Legal y Técnica Paula Taddei se comprometió a volver a redactar algunos artículos; aunque los libertarios aclararon que no los borrarán de raíz.
Por ejemplo, el artículo 129 establece que “se entenderá por campaña de injerencia extranjera el conjunto de acciones planificadas y articuladas entre sí, desarrolladas de manera sistemática o sostenida en el tiempo, mediante formas clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas, y ocultando su origen o su vínculo con el Estado, organización o agente extranjero, con la finalidad de alterar un proceso electoral, afectar sustancialmente la libre formación de la voluntad política de la población, o condicionar el proceso decisorio de las autoridades constituidas de la Nación”.
Algunos aliados advierten que artículos como este no son lo suficientemente claros y podrían afectar la libertad de expresión y el trabajo de las Organizaciones No Gubernamentales. Si no hay cambios, el Título VII podría salir rechazado en el recinto ya que necesita una mayoría especial de 129 votos positivos porque modifica el Código Penal y el régimen de Partidos Políticos.
En la previa de la reunión, desde el PRO celebraron el acuerdo para prorrogar el régimen de promoción del autopartismo, uno de los siete pedidos que el partido fundado por Mauricio Macri le hizo al Gobierno. Se trata de beneficios como la devolución más rápida del IVA, amortización acelerada en Ganancias y 0% de retenciones para exportar lo que producen hasta 2032. Tendrá impacto directo en Córdoba, Santa Fe y la localidad bonaerense de Zárate.

“Una inversión automotriz se planifica a 5 u 8 años, y ninguna empresa arranca un proyecto con un régimen que vence a la mitad. Por eso escuchamos a la industria y llevamos su pedido al Presupuesto: prorrogar las dos leyes juntas, porque funcionan juntas”, publicaron en las redes sociales del partido.
Por otro lado, según pudo saber Infobae, la Casa Rosada y el Ministerio de Economía comenzaron a negociar directamente con los gobernadores una “compensación” por el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
Los gobernadores reclaman desde el año pasado una reducción en el impuesto debido a que el Gobierno incumple con la asignación específica que debería darle a los recursos recaudados: el mantenimiento de las rutas nacionales. A esto se suma el malestar que generó la decisión de la Secretaría de Transporte de otorgar mayores subsidios para las empresas de transporte de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de noviembre para que no suban el precio del boleto.
Las provincias aseguran que con una reducción en ICL podrían bajar costos fijos y contener los aumentos de boletos en el interior del país.
Además, entre los reclamos del PRO sigue pendiente la regularización de las deudas por coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. “Los están conversando Jorge Macri y Toto Caputo”, señalaron a Infobae.
En la misma línea, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, negocia mano a mano con la Casa Rosada la reducción de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 21% al 10,5% para los huevos y sus derivados.
En cambio, entre los pedidos del PRO que todavía no recibieron respuesta se encuentran los cambios a la ley de biocombustibles para proteger a las pymes de Buenos Aires, Entre Ríos y La Pampa, y el reclamo de mayor transparencia en las concesiones viales.
Por su parte, otros espacios como Argentina Federal quieren obtener un compromiso explícito de que el Gobierno aumentará los fondos destinados a Ciencia y Tecnología, al financiamiento universitario y que se eliminarán los artículos originales que recortaban el presupuesto del área de Discapacidad. Además, pretenden un fuerte aumento en la partida destinada al cumplimiento de la ley de bosques, un punto que siguen con especial atención los diputados de la provincias de Misiones.
POLITICA
Bariloche: un convencional constituyente que reivindicó a Videla juró entre abucheos y respondió con un gesto obsceno

La asunción de Adrián Grau como convencional constituyente en Bariloche finalizó en un escándalo luego de que respondiera con un gesto obsceno ante los manifestantes que se acercaron al acto para abuchearlo. Grau, que ingresó a la lista por el oficialismo local, había sido denunciado por reivindicar a Jorge Rafael Videla en redes sociales.
El episodio ocurrió durante la jura de los quince convencionales que tendrán la tarea de reformar la Carta Orgánica de Bariloche. Al momento en que el intendente de la ciudad rionegrina, Walter Cortés, le tomó juramento a Grau, la mayor parte del público presente comenzó a gritar y cantar.
“Facho” y “son 30.000″, fueron algunas de las frases que se escucharon cuando el convencional subió al escenario. Mientras Cortés le recitaba el texto protocolar para proceder con la jura, los manifestantes también cantaron “como a los nazis, les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”.
Grau se vio visiblemente molesto y gritó “si, juro” con fuerza, y en tono desafiante, con la mirada colocada en sus detractores. Tras unirse a la fila de convencionales que ya habían jurado, y después de recibir una placa, levantó el dedo del medio con su mano izquierda y se lo exhibió a aquellos que lo habían abucheado.

La secuencia quedó grabada por la transmisión en vivo que realizó del evento la Municipalidad de Bariloche. La situación no pasó a mayores y el ambiente se calmó una vez que continuaron jurando el resto de los convencionales.
Grau, denunciado
Tal y como precisó unas semanas atrás, Grau formó parte de la lista de candidatos titulares de la alianza oficialista Estamos Haciendo Bariloche, espacio en el que confluyen el Partido Unión y Libertad (PUL), de Cortés y Juntos Somos Río Negro (JSRN), la fuerza liderada por el gobernador provincial Alberto Weretilneck.
A solo días de las elecciones para los convencionales que se realizaron el 1° de noviembre, Grau fue denunciado por presunta apología del terrorismo de Estado, luego de que Voz Radio difundiera una serie de publicaciones que el ahora convencional había realizado reivindicando a Videla y a la última dictadura militar.
Entre los posteos más repudiados, Grau compartió una imagen de Videla calificándolo como “el más grande entre los grandes” y sentenció: “Con 100 tipos como Videla hoy no habría ningún zurdo en pie y seríamos potencia”.
En otras publicaciones, el dirigente lamentó que el régimen militar “no terminó su trabajo”, exhibió imágenes relativas a los denominados vuelos de la muerte, insultó a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y reprodujo consignas negacionistas, al afirmar: “No fueron 30.000, no fueron inocentes, no fueron suficientes”. Tras tomar estado público los mensajes, la cuenta de Facebook fue dada de baja.
Frente a la gravedad de los hechos, la Regional Bariloche de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) formalizó una denuncia penal contra Grau por presunta apología del delito ante el Ministerio Público Fiscal (MPF), con las firmas de Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino.
Por otro lado, ayer integrantes del Consejo Local Consultivo para las Personas con Discapacidad de Bariloche presentaron un escrito ante el MPF para que acelerara la investigación ante la inminente asunción de Grau como convencional.
LA NACION,Jorge Rafael Videla,Bariloche,Conforme a
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