POLITICA
Pese al silencio de la ONU, el kirchnerismo todavía cree que hay margen para una candidatura de CFK
La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU de no tratar la presentación que hicieron los abogados de Cristina Kirchner para revisar su condena en la causa Vialidad, desinfló la posibilidad de que la ex presidenta reciba un fallo favorable que tenga impacto en el escenario político argentino y que genere presión sobre la justicia nacional para que revise el fallo.
En el cristinismo había expectativa en que la postura de la ONU salga en noviembre, pero el organismo cerró su período ordinario de sesiones sin tratarlo. La reapertura de ese espacio será recién en marzo. Hasta entonces, no habrá novedades sobre la situación judicial de la ex jefa de Estado respecto a la mirada internacional que está buscando.
La agria noticia fue amortiguada en el corazón del cristinismo con aceptación y sin resignación. “Estaba dentro de las posibilidades que esto sucediera. Pero estamos dentro de los márgenes políticos para esperar el plazo de marzo. Hubiese sido bueno que salga ahora, pero no lo tomamos como una derrota política. La expectativa sigue en pie”, explicaron a Infobae cerca de CFK.
Lejos de dar de baja la idea de que Cristina Kirchner puede ser candidata a presidenta el año que viene, en el espacio que ella conduce aseguran que “los tiempos todavía dan” para poder proyectar una candidatura nacional, tal como la propia ex mandataria dejó en claro durante su entrevista con el The Washington Post, en la que plasmó que su voluntad de ser candidata a la presidencia sigue vigente.
Si las PASO se mantienen para el proceso electoral del año que viene, aproximadamente en el mes de junio será el momento en que se cierren las alianzas. Y cerca de julio se deberán formalizar las candidaturas. Por eso en el kirchnerismo se resisten a bajar la bandera de “Cristina candidata”. Mientras los márgenes electorales se mantengan, la idea va a estar flotando en el escenario político. Sobre todo si el peronismo sigue como hasta ahora, fragmentado y con distintas hojas de ruta.
El cristinismo mantendrá las expectativas hasta el final, sabiendo que, en el caso de que la ONU, brinde un fallo contrario al que confirmó la Corte Suprema, debe existir un segundo paso que es la validación de la justicia argentina de esa mirada internacional. Es un proceso largo que contrasta con el tiempo que falta, sobre todo en el plano informal de la rosca política, para encaminar las candidaturas nacionales del año que viene.
En paralelo, y mientras los meses vayan pasando, el cristinismo va a mantener en alto la consigna “Cristina libre”, con el fin de mantener la visibilidad de su situación judicial en la agenda política. Justamente eso es lo que están haciendo Jorge Taina, Vanesa Siley, Franco Metaza y Delfina Rossi en Estados Unidos, que forman parte del Comité internacional Cristina Libre, formado el año pasado para poder visibilizar su situación en el exterior y lograr apoyos de dirigentes políticos extranjeros.
Los cuatro participaron en Nueva York de la conferencia titulada “Política y Poder Judicial: advertencias desde Brasil y Argentina”, que formó parte del ciclo Latin America on the Move. En su intervención denunciaron la utilización del sistema judicial como “herramienta de proscripción política” y apuntaron hacia su “articulación con el programa económico” que hay en la Argentina actualmente y a la “injerencia regional en América Latina”.
La intervención de la diputada Siley, muy cercana a La Cámpora y parte del mundo sindical, conjugó la mirada del cristinismo sobre la causa judicial del caso Vialidad y su peso específico en el escenario político. “El proceso de juzgamiento a Cristina está viciado de nulidad. Se incumplieron todas las garantías constitucionales. La persecución sobre ella recae, además, por su condición de género. Buscaban sacarla de la cancha política y del terreno electoral. ¿Por qué? Porque les gana. Hoy les volvería ganar”, sostuvo.
El martes los cuatro dirigentes estuvieron con Pramila Jayapal y Jesús “Chuy” García, miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y referentes del Partido Demócrata, quienes plantearon su preocupación por el deterioro institucional de la Argentina. En todos esos encuentros el objetivo es el mismo: visibilizar, a nivel global, la situación de CFK, y entablar diálogo con la comunidad jurídica y de derechos humanos a nivel internacional.
El sector K sostiene un argumento electoral determinante en la discusión política de cara al 2027. Advierten desde hace varios meses que la imagen positiva de la ex presidenta se ha consolidado en niveles interesantes para un dirigente política. En todos los escenarios virtuales que se trazan, su figura es bien considerada dentro de las opciones opositoras. En algunos casos, hasta por encima de Axel Kicillof y Sergio Massa, dos referentes opositores que, a diferencia de ella, pueden ser candidatos el año que viene.
“Por primera vez desde la recuperación de la democracia, el país se encamina a una elección presidencial con la principal líder de la oposición proscripta judicialmente”, indicaron los integrantes de la comisión que lleva adelante los planteos políticos por la libertad de CFK. En ese sentido, remarcaron que se intenta “ejercer un disciplinamiento político” sobre la ex mandataria, que “vulnera los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
Esa línea discursiva, con mayores o menos intermitencias, va a mantenerse en el tiempo la proclama cristinista. No se van a mover de ahí hasta que se agoten las posibilidades de que Cristina Kirchner pueda pesar en forma determinante dentro del proceso electoral del año que viene.
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POLITICA
Después de la ofensiva contra el Reino Unido, la Argentina mira a Chile por la conexión Punta Arenas-Malvinas
El gobierno argentino completó esta semana una estrategia legal para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en aguas cercanas a las Malvinas. Fue en Hamburgo, Alemania, en la sala de audiencias el Tribunal del Mar (TIDM), donde presentó una batería de argumentos en una disputa abierta contra el Reino Unido que incluyeron la discusión histórica de fondo: la soberanía sobre las Islas. Mientras espera el fallo del organismo internacional, previsto para el próximo 28 de noviembre, la Argentina ahora mira a Chile ante la inminente reapertura de la ruta comercial entre Punta Arenas y el archipiélago.
La confluencia de estos dos frentes del ámbito de la política exterior no es accidental. El buque Danstar, operado por la naviera chilena Easter Island Logistics, está previsto que zarpe con insumos hacia Puerto Stanley entre la segunda y tercera semana de diciembre, según confirmó el gerente general de la empresa, Pablo Pacheco, a La Prensa Austral. Para entonces, el TIDM ya habrá emitido su orden sobre las medidas provisionales que Argentina solicitó para suspender las perforaciones -y posterior extracción- de hidrocarburos en una zona ubicada a unos 198 kilómetros al norte del archipiélago.
Desde la perspectiva argentina, el viaje del Danstar no es un asunto comercial separado del litigio en Hamburgo: es parte del mismo conflicto. Sobre todo por las especulaciones y preocupaciones de un sector de la política local de que la ruta Punta Arenas–Malvinas pueda convertirse en un corredor de abastecimiento para las empresas petroleras que operan en las islas. La naviera chilena lo descarta de forma categórica.
“Somos una empresa que va a hacer abastecimiento insular; vamos a llevar fruta, verdura, comida perecible y material de construcción para construir casas, jardines y colegios”, afirmó Pacheco. De las 1.200 toneladas de capacidad disponibles para carga, la empresa informó que ya tiene comprometida más de la mitad.
A pesar de la buena relación entre los presidentes Javier Milei y José Antonio Kast, y entre sus cancilleres, Pablo Quirno y Francisco Pérez-Mackenna, hay una tensión solapada en torno a la navegación. El funcionario argentino defendió en términos generales la libertad de navegación durante el plenario del G20 en Atlanta al asegurar que “ningún país puede obstruir el tránsito marítimo y desconocer las reglas internacionales”.
Sin embargo, esta semana fue más preciso en declaraciones en A24 y en radio Rivadavia, donde trazó una línea que Buenos Aires considera decisiva: “El tema es cuando salen a Malvinas. Hay un proceso de pedido de autorización y compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas, y esto es lo que hemos conversado con el gobierno chileno y así se van a mantener”, afirmó.
El canciller diferenció explícitamente el Estrecho de Magallanes —enfático, dijo que es “chileno, punto”— de las aguas que el Danstar deberá cruzar una vez que abandone el estrecho rumbo al archipiélago, que son las que Argentina considera bajo su jurisdicción y donde exige autorización previa. La réplica del canciller chileno fue inmediata y sin matices. Consultado esta semana por los dichos de Quirno sobre la necesidad de solicitar autorización para el tránsito, según consignó BioBioChile, señaló que “Los países no piden permiso”.
Un importante funcionario explicó a este medio que la embarcación debe “notificar” su paso por aguas argentinas. De manera puntual, el Gobierno espera que la naviera Easter Island pida la autorización correspondiente y que Chile indique que no va a colaborar con la logística de la explotación de los recursos naturales, de acuerdo a la normativa para los buques que se dirigen a las islas y atraviesan aguas bajo jurisdicción nacional.
Chile, en tanto, invoca el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que garantizan la libre navegación hacia y desde el Estrecho de Magallanes. También apela a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
El diputado republicano Alejandro Riquelme, integrante de la coalición de gobierno del presidente Kast, sostuvo a Infobae que la reapertura de la ruta comercial “no responde a un pedido del Reino Unido”, avaló un eventual suministro a empresas petroleras vinculadas a Sea Lion y señaló que no sería ilegal por sí mismo. ”Abastecer a las Islas Malvinas es una actividad lícita, y el eventual suministro a empresas petroleras también lo es, siempre que cumpla con las normas aplicables. El carácter petrolero de una empresa no convierte, por sí solo, ese comercio en ilegal”, reiteró.
El parlamentario -que compitió por la gobernación de Magallanes- defendió el argumento que presenta el gobierno chileno de que se trata de un negocio entre privados. “Se busca establecer un servicio regular. Han circulado referencias a una frecuencia mensual, pero corresponde a la naviera confirmar el calendario definitivo. Para Magallanes, lo relevante es la oportunidad que representa para nuestros proveedores, las pymes y el empleo regional”, indicó Riquelme. El potencial comercial de esta ruta -estiman en Chile- es de aproximadamente 20 millones de dólares anuales.
Y agregó: “Chile ha respaldado históricamente desde el año 1992 los derechos de soberanía que reclama Argentina y una solución pacífica de la controversia mediante negociaciones. Esa posición no cambia por una operación comercial de abastecimiento desde Punta Arenas. Existe una serie de conflictos alrededor del mundo China-Taiwán, Rusia-Ukrania, o en el actual estrecho de Ormuz entre Estados Unidos e Irán. Chile podría tomar una posición en esos conflictos, pero no significa que no podamos comenzar con esos países o a quienes apoyemos. Históricamente, Chile ha sido un defensor del libre comercio y quién ha liderado tratados bilaterales con el mismo fin; un reconocimiento de soberanía no significa dejar de comerciar con los países”.
“En el caso particular de intercambio de alimentos, bienes y servicios con la población de las islas no constituye, por sí mismo, un reconocimiento de soberanía británica. Naturalmente, cualquier operación debe cumplir la normativa aplicable y los compromisos internacionales de Chile. También corresponde distinguir el abastecimiento de la población de actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales en disputa, que requieren un análisis específico”, completó.
La avanzada parlamentaria
La tensión diplomática tuvo reflejo legislativo en Argentina. La diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) presentó el expediente 5831-D-2026, que busca calificar como “no inocente” el tránsito de buques de cualquier bandera que se dirijan a puertos de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o que transporten cargas vinculadas a actividades logísticas, militares, hidrocarburíferas o pesqueras en esos territorios. La iniciativa faculta a la Prefectura Naval Argentina o a la Armada a ordenar la detención, el cambio de rumbo o el abandono de las aguas, y habilita la retención del buque en un puerto argentino si se encuentra en aguas bajo jurisdicción nacional.
La propuesta designa explícitamente al Danstar entre sus antecedentes y afirma que “esta nueva ruta marítima claramente socava nuestro reclamo de soberanía y constituye un apoyo directo a las actividades ilegales del Reino Unido de Gran Bretaña”.
Consultado por esta iniciativa, Riquelme planteó: “Desde mi labor parlamentaria he abordado estos asuntos con el canciller, en las sesiones de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores realizadas en Magallanes y, recientemente, en una reunión de más de tres horas con nuestro embajador en Buenos Aires”.
“Mi posición es que debemos actuar con anticipación, mantener los canales diplomáticos y defender los derechos de Chile y de nuestras empresas a comerciar libremente con cualquier país, incluído Gran Bretaña. Al Gobierno le corresponde conducir esas gestiones, y el canciller ha señalado públicamente que está trabajando en esta materia y que la navegación está amparada por los tratados. Las objeciones de determinados sectores argentinos deben tratarse por las vías institucionales, con prudencia y firmeza. Sin embargo no se puede pretender que Magallanes las Islas, cuando Argentina mantiene una balanza comercial cercana a los 3000 millones de dólares con Gran Bretaña. Antes de impedir a Chile comercial con Gran Bretaña, ¿no debiera Argentina mirar su propio ombligo?”.
En esta línea, una de las especulaciones de algunos sectores de la política chilena era la eventual participación de la Armada para escoltar al buque rumbo a Malvinas. “El ministro de Defensa ha señalado públicamente que una escolta es innecesaria. Nuestra expectativa es que una navegación comercial realizada conforme a las reglas se desarrolle con normalidad y respeto por los compromisos internacionales”, indicó el parlamentario.
La presión desde el lado argentino no se limita al proyecto de Propato. El diputado peronista Guillermo Michel presentó el expediente 5441-D-2026 para instruir al Poder Ejecutivo a denunciar dos tratados bilaterales con Chile: el Tratado sobre Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio para Eliminar la Doble Imposición Fiscal. La iniciativa, que aún debe atravesar el tratamiento en comisiones, busca retirar los beneficios tributarios que hoy protegen a empresas chilenas en Argentina. “Si Chile decide hacer negocios de manera ilegal en Malvinas, no puede tener de parte de la Argentina beneficios económicos y fiscales por sus inversiones en nuestro país”, afirmó Michel.
En paralelo, el excanciller y diputado Santiago Cafiero, junto a nueve legisladores de Unión por la Patria, presentaron una moción para citar al embajador chileno en Buenos Aires, Gonzalo Uriarte Herrera, ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, con el objetivo de exigir explicaciones sobre la ruta y su eventual vínculo con el proyecto Sea Lion.
Desde Tierra del Fuego, el secretario de Malvinas e Islas del Atlántico Sur, Andrés Dachary, anunció además una ley provincial que sancionaría con multas y prohibiciones de operación en territorio argentino a toda empresa naviera que comercie con las islas sin autorización fueguina. Dachary reconoció que la norma no apunta a detener el primer viaje del Danstar, sino a construir un instrumento jurídico para los siguientes: “Lo que buscás es la eficacia de la ley”, señaló.
Riquelme replicó la postura de los parlamentarios argentinos. “De acuerdo a la convención de Viena, el Congreso no puede citar un embajador. Anticiparse significa evaluar cada escenario, y coordinarlo con el ejecutivo, pero no ser populista como lo está haciendo el Congreso de la Argentina citando funcionarios extranjeros que no están dentro de sus atribuciones o tramitando leyes inaplicables”.
“Las represalias comerciales no puede realizarlas un congreso contra un tercer país y tampoco una norma provincial. En el derecho internacional existe el principio de reciprocidad y jerarquía de la norma. Pueden aprobar mil decretos y otras 3000 leyes, pero ninguna puede contravenir los tratados internacionales y bilaterales vigentes, por lo tanto son inaplicables, menos extraterritorialmente”.
La ruta del Danstar
Según información pública, el buque zarpó de Valparaíso el 29 de octubre, pero acumuló demoras por condiciones meteorológicas adversas que lo obligaron a fondear en Puerto Montt y otros puntos intermedios. La naviera espera que ingrese a la región de Magallanes durante la tarde del domingo 15 de noviembre, cuando se prevé que ingrese a los astilleros de Asmar Magallanes para una mantención de rutina. El zarpe hacia Puerto Stanley -aseguran- quedará supeditado a la duración efectiva de esos trabajos y a las condiciones climáticas.
Un detalle operativo agrega incertidumbre al seguimiento del caso desde Buenos Aires. Fuentes navales argentinas señalaron a este medio que el Danstar desapareció hace cinco días de los sistemas de rastreo marítimo, al apagar su transpondedor, el dispositivo de identificación automática que permite ubicar a las embarcaciones en tiempo real. Una maniobra que impide confirmar con precisión su posición actual.
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Faltaba casi una hora para la llegada del Papa a la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA) para exponer sobre “el mundo del trabajo”, cuando Luis Barrionuevo divisó en el auditorio a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, la increpó y le planteó cara a cara su malestar por una pelea judicial que mantiene la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (Uthgra) con el Gobierno por la validez de las últimas elecciones internas del sindicato.
“El lunes que viene te voy a movilizar 20.000 personas al ministerio. Hay 350.000 gastronómicos que se están cagando de hambre por culpa tuya”, dijo Barrionuevo a los gritos ni bien abordó a la funcionaria, según reconstruyó con tres testigos que vieron de cerca la escena.
El trasfondo del malestar del sindicalista es porque la Secretaría de Trabajo, que está bajo la órbita de Pettovello, rechazó el reconocimiento administrativo de las autoridades nacionales de Gastronómicos, por lo que el gremio está en una suerte de acefalía administrativa desde hace once meses, lo que dificulta el cobro, por ejemplo, de los acuerdos paritarios. Por este motivo, y para ejercer presión, Barrionuevo convocó a una movilización callejera para el lunes próximo hacia la sede de la cartera laboral.
“Fue un cruce fuerte y violento”, reconocieron en el entorno de Barrionuevo. Cuando el sindicalista abordó a Pettovello, la ministra se incomodó y rápidamente le pidió la intervención a Julio Cordero, el secretario de Trabajo, que estaba también en el auditorio San Juan Pablo II de la UCA.
se comunicó con voceros del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Trabajo, pero no obtuvo respuesta. Tampoco contestaron las consultas Pettovello y Cordero.
La incomodidad por el tenso intercambio hizo que otros gremialistas se alejaran de la situación. Uno de ellos, por ejemplo, fue Rubén Grimaldi, dirigente del PAMI, quien también está en conflicto con el Gobierno por cuestiones salariales en la obra social de jubilados.
La Uthgra tuvo elecciones en diciembre del año pasado, pero el proceso fue apelado en la justicia laboral por Dante Camaño, excuñado de Barrionuevo y jefe de la seccional porteña de los gastronómicos. La intervención del fuero laboral le dio entonces al Gobierno el argumento para denegar la certificación de autoridades, la herramienta necesaria para conferirle plena validez a todos los actos de un gremio, entre ellos, la homologación de los acuerdos salariales pactados con las cámaras empresarias.
Barrionuevo cree que esta última gestión servirá para resolver la disputa. “Cordero y Pettovello se comprometieron a revisar el caso”, les dijo el jefe gastronómico a su equipo de asesores, entre los que están su hija Sandra, mano derecha y quien estuvo a cargo de la organización de la visita papal a la UCA, y el abogado laboralista Horacio Ferro.
Tras la apelación de Camaño por la validez de las elecciones, la Uthgra impulsó una medida cautelar a la que se le dio curso, pero la Secretaría de Trabajo respondió con un recurso extraordinario para que sea la Corte Suprema la que resuelva la disputa de fondo entre Barrionuevo y Camaño por el control de la Uthgra. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo había instado previamente a la cartera laboral a emitir un certificado de autoridades provisorio, pero esto no sucedió. Si quisiera, Cordero hasta podría pedir a la Justicia la intervención del gremio, como sucedió con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
La Secretaría de Trabajo cubrió hace unos meses con Ramiro Cherñetz la Dirección de Asociaciones Sindicales, un área clave porque fiscaliza los procesos internos de los gremios. Cherñetz, un abogado laboralista que responde a Pettovello, se desempeñó en el mundo corporativo en compañías de servicio de limpieza (una de ellas muy vinculada a Daniel Scioli) y en el banco HSBC. De él podría depender el desenlace de la pulseada judicial entre el Gobierno y Barrionuevo, el jefe gastronómico de 84 años que trabajó en 2023 para la campaña electoral de Javier Milei.
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POLITICA
El oficialismo debatirá el Presupuesto el 25 de noviembre en Diputados y negocia cambios en la Ley de Soberanía por Malvinas
La Libertad Avanza acordó con sus aliados parlamentarios el cronograma para avanzar con el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. El oficialismo buscará conseguir dictamen el próximo martes 17 de noviembre y debatir la iniciativa en el recinto el miércoles 25, luego de aceptar varios de los cambios reclamados por el PRO y otros bloques dialoguistas. Sin embargo, la reunión también estuvo atravesada por las diferencias sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno pretende sancionar la próxima semana.
El encuentro se desarrolló en las oficinas de la Presidencia de Diputados y estuvo encabezado por el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, junto a Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo y Nicolás Mayoraz.
Martín Menem no participó de manera presencial porque se encontraba en Corrientes junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De todos modos, siguió las conversaciones por teléfono y le confirmó al titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, que el oficialismo aceptaba varias de las propuestas presentadas por su espacio.
Por los bloques dialoguistas participaron Ritondo y Javier Sánchez Wrba, del PRO; Pamela Verasay, de la UCR; Karina Maureira, de Neuquén; Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal; Gisela Scaglia, de Provincias Unidas; y Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires.
El oficialismo consiguió un cronograma para el Presupuesto 2027
La principal definición del encuentro fue el acuerdo para avanzar con el proyecto de Presupuesto 2027, cuya discusión se había demorado por los pedidos de modificaciones de los aliados. El oficialismo fijó el martes 17 de noviembre como fecha para conseguir dictamen en comisión y el miércoles 25 para llevar la iniciativa al recinto de la Cámara baja.
La negociación incluyó reclamos sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, beneficios impositivos para la industria automotriz y autopartista, financiamiento universitario y partidas para las personas con discapacidad.
Desde el PRO confirmaron que el Gobierno aceptó varios puntos vinculados con los recursos que reclama la administración porteña de Jorge Macri y con la continuidad de los regímenes de promoción industrial impulsados por el expresidente Mauricio Macri.
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Ética de gobierno y de servicio público
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