POLITICA
Los audios que complican a Lázaro Báez y revelan cómo operaba desde la cárcel para manejar sus propiedades

EL CALAFATE.- Lázaro Báez siguió operando desde la cárcel, dando instrucciones, manejando contratos de alquiler, reclamando pagos, acordando venta y compra de ganado y dando instrucciones de qué hacer con el personal: su mano derecha, Cristian Ibáñez, y su pareja, Claudia Insaurralde, reciben instrucciones; incluso queda a la vista por las conversaciones telefónicas que mantenía con su mano derecha que el empresario cercano a los Kirchner desconfiaba incluso de ella.
accedió a las escuchas judiciales en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero y narcotráfico.
En la celda, a Báez, quien reclamaba estar presente durante el allanamiento, le secuestraron por lo menos 25 hojas de anotaciones y un cuaderno Gloria con el detalle de las operaciones que iba realizando. En varias hojas, de su puño y letra, el extitular de Austral Construcciones dejaba nombres resaltados y, además, detallaba listado de proveedores, abogados y cuentas “del último presidente”.
“El dueño de la historia soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, sostiene Báez en uno de los audios a los que accedió este medio.
Para Ibáñez, Báez es “el tío” e Insaurralde es “la tía”. Salvo por cuando Báez le dice a su mano derecha que tiene que ir a verlo al penal de Ezeiza (“tenés que venir a verme”), el empresario no parece un privado en libertad con una condena firme unificada por 15 años, sino alguien que da órdenes e instrucciones sobre cómo debe organizarse un armado de operaciones ilícitas que por estas horas la Justicia trata de discernir.
Las escuchas de las conversaciones de Báez con su segundo Ibáñez, alias “Budín”, son parte de la audiencia que se extendió hasta la noche y en la que el juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez formalizó la investigación contra 16 personas en las dos causas conexas por lavado de activos y narcotráfico: nueve quedaron con prisión preventiva y una con prisión domiciliaria. Entre ellas están Lázaro Báez, Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez.

“La tía piensa que porque pone gente que ella quiere después va a hacer lo que ella quiere; ojo con eso”, le advierte Báez a Ibáñez, alias “Budín”, en otro audio.
La “tía” es Claudia Insaurralde, la pareja de Báez, que vive entre Buenos Aires y Río Gallegos y, junto a Ibáñez, presuntamente llevaban la administración de bienes a juzgar por las propias anotaciones que dejó en cuadernos que fueron secuestrados en un domicilio de Río Gallegos. Anteayer, Insaurralde, y dos personas que viajaban con ella, fueron detenidas en el aeropuerto internacional de Ezeiza al arribar en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Río Gallegos. Se sospecha que intentaban fugarse.
Según se desprende de las escuchas, Báez desconfía de su pareja de hace siete años y le da instrucciones a Ibáñez sobre Insaurralde: “Decile, me dijo el tío, que ponga al que estuvo administrando La Entrerriana y que está administrando La Entrerriana, ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados”.
Hasta ahora, la investigación judicial, conocida como “Causa 169831/26”, documentó movimientos por unos $390 millones de pesos en ocho meses, de acuerdo a los datos presentados en las audiencias judiciales pedidos por la Unidad Fiscal Río Gallegos, que encabeza el fiscal federal Julio Zárate y que se extendieron por casi diez horas.
Algunas de las pruebas que trascendieron de los allanamientos demuestran cómo Insaurralde documentó cada paso que da, con quiénes se reúne y a quiénes nombra.
Ibáñez e Insaurralde comparten fotos y hasta una llamada conjunta. Sin embargo, está claro que hay desconfianza: “Si está desesperada que me llame, y me diga qué es lo que necesita, y decile: ‘Si vos estás desesperada por algo llámalo y decile qué es lo que necesitás y dejá de hacer cagadas porque nos vas a meter a todos en el mismo quilombo, me dijo si no va a echar a la mierda a toda la gente que nombró ahora a cargo de Agro”.

“Mañana va a ir la tía a verte: decile que te cuente lo de Gregores, le dejé un mensaje a ella, porque yo estoy viendo de en Gregores sacar unas cosas… vos tenés que dar el okey”, le dice Ibañez a Baez, quien pregunta: “¿Qué opción de número es Gregores? ¿20, 30, 40?”.
Además de Ibáñez e Insaurralde, quedaron imputados Fausto Ignacio Devetac, Paula Beatriz Godfrid, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, Diego Ernesto Navarro, Oscar Raúl Núñez, Valentina Micaela Devetac, Jorge Manuel Ulloa y Jorge Elías Agustín Agüero. Ellos, junto a Ibáñez, son los nexos de las dos causas, según interpretan los investigadores judiciales.
Núñez es un productor local, que fue condenado a diez años de prisión en causas por abigeato. Pero su pena fue rebajada y se encontraba en libertad desde 2023.
Cuando tiene a Núñez como interlocutor, Ibáñez habla de un negocio con galpones que pertenecerían a Báez, según se desprende de otra de las escuchas judiciales: “No importa si queda un vueltito, él te lo fía y te lo firma todo para que vos escritures, todo por escribano, todo”, le asegura Ibáñez a Núñez.
El juez autorizó ampliar las medidas cautelares sobre el patrimonio, que incluyen secuestro e inhibición de bienes, congelamiento de activos financieros y afectación de cánones locativos. Además, dispuso pedidos de información societaria y prorrogó los allanamientos en establecimientos rurales, donde se releva y cuenta el ganado. También ordenó enviar una copia de la resolución a tres tribunales orales federales de Capital Federal y a la Cámara en lo Criminal de Santa Cruz, por la causa en la que fue condenado Núñez.
La Justicia dictó la prisión preventiva por 180 días para Báez -quien cumple la condena en Ezeiza-, Insaurralde, Ibáñez, Fausto Devetac, Ulloa, Agustín Agüero y Núñez. A todos ellos se les prohibió comunicarse con otros involucrados en el expediente. Por su parte, Paula Bórquez cumplirá la prisión preventiva en su domicilio; con la documentación correspondiente, podrá ir a trabajar y llevar a su hija a la guardería.

En tanto, otros seis imputados seguirán en libertad, pero bajo restricciones. Silva y Herrera deben prometer someterse al proceso y no comunicarse con otros involucrados. Valentina Devetac, Paula Godfrid, Mauro Trevisan Godfrid y Diego Navarro están obligados presentarse una vez por semana en la Oficina Judicial y no podrán salir del país sin autorización.
Las dos audiencias se hicieron el mismo día y hay cuatro imputados en común: Ibáñez, Valentina Micaela Devetac (su pareja detenida, libre y ahora en libertad), Jorge Manuel Ulloa y Jorge Elías Agustín Agüero.
En la primera audiencia, que investiga el narcotráfico y lavado, se imputó a Agustín Agüero, Juan Pablo Bórquez, Ulloa, Pedro Nahuel Leal, Ibáñez, Paula Makarena Bórquez, José Ariel Silva, Aldo Rubén Herrera y Valentina Devetac. A los ocho primeros les atribuyó formar parte de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos. A Devetac le atribuyó una participación secundaria.
Según el requerimiento, la organización comercializó 66,43 gramos de cocaína a Gonzalo Agustín García Bistritsky, que se hallaron el 22 de diciembre de 2025 en un allanamiento en su casa. También le habría vendido 439,88 gramos a Carlos Mauricio Audicio, cuya droga apareció el 9 de abril de 2026, cuando la policía hacía una inspección ocular en su domicilio tras el hallazgo de su cuerpo sin vida, por orden del Juzgado Provincial N.º 3. El tercer hecho es el más reciente: el 10 de noviembre, en el allanamiento a la casa de Leal, se secuestraron 1.305 gramos de cannabis sativa y 725 gramos de cocaína, que la Fiscalía considera destinados a la venta.
El capítulo de lavado se apoya en bienes y movimientos de dinero. A Ibáñez se le atribuye haber comprado una VW Amarok por $65.000.000 en agosto de 2025, sin actividad económica formal que lo justificara, y una Ford F150 modelo 1994 por $5.000.000, que transfirió en septiembre de este año. Además, habría administrado otros cuatro vehículos y recibido transferencias de Ulloa y Herrera. A Ulloa se le atribuye la compra de una Toyota SW4 por $43.000.000 y envíos de dinero a Luis Agustín Alcaina, detenido desde agosto en otra causa en la que se secuestraron 36 kilos de cocaína, y a uno de sus familiares. Leal, por su parte, habría hecho ocho transferencias por $9.035.000 a cuatro personas vinculadas con esa misma causa, entre ellas Alcaina.
La Fiscalía también apuntó a las billeteras virtuales. Entre el 1.º de diciembre de 2025 y el 7 de julio de 2026, Paula Bórquez habría administrado ingresos por $415.254.149,87 y egresos por $290.471.536,16 sin respaldo, y Juan Pablo Bórquez, ingresos por $203.171.812,23 y egresos por $127.575.705,24. A Leal se le atribuyen otros $84.451.721 de ingresos y $69.205.004,71 de egresos sin respaldo. Silva y Agustín Agüero figuran como administradores de vehículos, y Herrera como titular de una Toyota Corolla y emisor de transferencias a Paula Bórquez y a Ulloa. A Valentina Devetac se le atribuye haber prestado su cuenta de Mercado Pago para recibir $9.670.000 de Ibáñez entre diciembre de 2025 y octubre de 2026.
La Fiscalía sostiene que conocía el origen ilícito de los fondos por la convivencia con él, por un nivel de vida que consideró desproporcionado y por la falta de respaldo lícito de esos movimientos.
Las calificaciones provisorias son tenencia con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, asociación ilícita y lavado de activos.
siguió operando,Mariela Arias,Conforme a
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Karina Milei abrió una nueva cuenta en redes, cambió su foto de perfil y en la Casa Rosada trabajan en una estrategia para potenciar su imagen

Karina Milei entra en otra faceta. La secretaria general, que durante tres años se mantuvo sin hablar e impuso su poder operando puertas adentro, intenta ahora orbitar más en la superficie.
No es casual que, tras incursionar en los discursos, esta semana se haya abierto una cuenta oficial de la Secretaría General de la Presidencia, ni que haya cambiado la foto de su cuenta personal por una de su rostro sonriente; tampoco los mensajes que publicó en sus cuentas renovadas.
En la Casa Rosada trabajan para intentar forjar la imagen pública de Karina Milei, que hasta ahora fue más una construcción hecha por los comentarios de terceros. En las encuestas de satisfacción con los funcionarios nacionales, Karina Milei aparece última.
La idea, según dicen por los pasillos de la Casa Rosada, es que Karina Milei alcance un perfil “cuidado”, que pueda sumar puntos a su hermano, el presidente Javier Milei, y no restar. Se trata de algo clave ante el intento de reelegir en 2027.
“La gente casi no la conoce, nunca se trabajó en su imagen pública. La idea es fortalecer al Gobierno. Y que ella tenga una imagen pública cuidada es bueno, para así contribuir también al Presidente”, refirieron a fuentes al tanto de los movimientos de la mesa chica de Balcarce 50.
Esto, además, busca posicionar a la secretaria general en el arranque de la campaña. El Presidente ya dijo que es su hermana la última voz en materia de estrategia electoral, pero hay resistencia en otras vertientes oficialistas. Ante las suspicacias de que estas labores sobre su perfil puedan deberse a que ella quiera competir por un cargo electivo el año próximo, algo que le daría fueros incluso si su hermano pierde la Presidencia, en el entorno de la secretaria general de momento lo niegan.
“No tiene que ver con una candidatura. Karina puede complementar al Presidente contando cuestiones de gestión. Y para eso tiene que tener una mejor imagen pública”, aseguraron fuentes del Gobierno.
Karina Milei hizo poca difusión de sus actividades, más allá de su poder -siempre en ascenso- en la gestión diaria. Por ella pasa todo, menos la parte económica y de desregulación, que maneja su hermano; y menos los ravioles sensibles que conserva el estratega Santiago Caputo.
Muy a cuentagotas, las acciones de la secretaria general se difundían en la cuenta institucional de la Casa Rosada. Finalmente, alguien en el Gobierno se dio cuenta de que eso, de mínima, “quedaba raro”, en un perfil que los distintos gobiernos utilizaron para difundir efemérides y posteos no vinculados a lo partidario. “La Casa Rosada es mucho más que la secretaria general”, reflexionaron.
Entonces, se activó este nuevo método. Karina Milei usará su histórica cuenta personal (@KarinaMileiOk), que maneja ella misma (asesorada), para difundir posicionamientos partidarios y cuestiones más personales. “La cuenta personal la maneja ella, igual que su hermano. Con Javier son celosos de que alguien lo haga”, refieren voces al tanto.
La foto que colocó Karina Milei en ese perfil el miércoles ya causó una batería de comentarios en redes sociales, con usuarios opositores que la acusaron de distorsionar su retrato. Según pudo saber , fue ella misma quien eligió esa fotografía; la misma que tiene en WhatsApp.
En tanto, en la cuenta oficial de la Secretaría General (@SecGralNacion), que se abrió el jueves, se volcará lo vinculado al día a día de Karina Milei en el Gobierno, como funcionaria. “Abrimos este nuevo espacio para acercarte a la vida de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, mostrarte lo que no siempre se ve y compartir las historias de quienes forman parte de ella. ¡Seguinos en nuestras cuentas oficiales y acompañanos a conocer la Presidencia de la Nación desde adentro!“, arengaron desde ese perfil, en el primer posteo.
De acuerdo a lo que logró averiguar este medio, la flamante cuenta es manejada por el equipo que comanda el secretario de Prensa, Fabián Fernández. Asumido tras la salida de Manuel Adorni y de Javier Lanari (su entonces número dos), Fernández -de larga experiencia en la comunicación política- oficia como un puntal de Karina Milei en todo lo vinculado al relato.
Esto no implicará que la secretaria general cambie su intensidad y tuitee todo el tiempo. Creen los suyos que así perdería efecto su palabra. “La idea es que, no todos los días, pero cada tanto, haya mensajes referidos a acontecimientos importantes en los que ella realiza acciones de gobierno”, indicaron. Tanto en su cuenta personal como en la de gestión, por ejemplo, se publicó sobre la recepción del Papa en la Argentina, tema que ella coordinó.
Es también Fernández, junto a su equipo, quien prepara a la hermana presidencial para mejorar su oratoria. En base a información de fuentes al tanto, Karina Milei no entrena su performance todas las semanas, pero sí trabaja minuciosamente junto a Fernández intervenciones puntuales.
“Karina viene contando más cosas, con algunas apariciones en medios, algún que otro discurso; las redes son parte de ese trabajo general”, expusieron fuentes del oficialismo.
Javier Milei,#NuevaFotoDePerfil,pic.twitter.com/RXnWLMb0oS,November 12, 2026,pic.twitter.com/xh40n72lvM,November 12, 2026,Paula Rossi,Karina Milei,Conforme a
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Crece la puja entre La Libertad Avanza y sus socios legislativos por los cambios en la ley Malvinas

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, citó a las autoridades de los bloques dialoguistas para intentar acordar un cronograma que le permita avanzar en el tratamiento del Presupuesto 2027. Sin embargo, en medio de la conversación, se coló la denominada Ley de Soberanía Nacional y los pedidos de cambios de los diferentes bloques.
La iniciativa ya cuenta con dictamen de mayoría, y el oficialismo consiguió incorporarla al temario de la sesión prevista para el próximo miércoles 18 de noviembre, junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, los bloques dialoguistas reclamaron modificaciones al texto antes de acompañarlo en el recinto. Uno de los puntos que más incomoda a la oposición es el Capítulo VII, denominado “Fortalecimiento de la soberanía en los procesos electorales y otras modificaciones”, que introduce cambios en los códigos Electoral y Penal de la Nación.
Hasta ahora son muy pocos los cambios que fue aceptando el oficialismo, que se mantiene poco permeable a modificaciones. En el Título II eliminaron el concepto de “seguridad nacional” y lo reemplazaron por el de “asuntos estratégicos”. Esto aplica también al nombre del Consejo de Seguridad Nacional, que pasa a llamarse Consejo de Asuntos Estratégicos.
Sin embargo, el cambio de nombre no modifica la composición. Sigue estando en cabeza del presidente de la Nación y lo conforman los ministros y la SIDE, todos a tiro de decreto de ser removidos por el jefe de Estado.
En lo que respecta a la intervención de este Consejo en la seguridad interior —otro punto que genera malestar en algunos sectores, ya que podría tomar decisiones sin pasar por el Congreso de la Nación, como por ejemplo establecer el estado de sitio—, se incorporó una salvedad: debe darse intervención al Ministerio de Seguridad en las reuniones que celebre el Consejo, en calidad de miembro no permanente.

Aunque se aceptó la creación de una comisión de seguimiento del Congreso, se establece que esta es secreta, por lo que los informes que se soliciten —como, por ejemplo, el derribo de una aeronave o el hundimiento de un buque— no serán de conocimiento público.
Hubo otro reclamo de los bloques que acompañarían el proyecto que no fue escuchado por La Libertad Avanza, vinculado al Título VII, denominado “Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales y Otras Modificaciones”.
Ese título del dictamen de mayoría introduce un paquete de reformas centrado en la injerencia extranjera y la seguridad electoral. Prohíbe el financiamiento de campañas políticas por parte de personas humanas extranjeras sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras, con multas de hasta diez veces el monto aportado. A su vez, modifica el Código Penal para endurecer las penas contra funcionarios públicos, militares o agentes de inteligencia que faciliten operaciones extranjeras contra la seguridad nacional, y crea nuevas figuras delictivas: el espionaje a favor de un Estado extranjero (penas de 5 a 20 años), el apoyo material a operaciones clandestinas de inteligencia (3 a 10 años), la organización o financiamiento de “campañas de injerencia extranjera” o actos de sabotaje (5 a 15 años), y el encubrimiento de estos delitos por parte de funcionarios con conocimiento directo de los hechos (1 a 6 años).
En este aspecto, Menem y los demás legisladores libertarios fueron claros con sus colegas: no hay intención alguna de eliminarlo.
Se espera que este proyecto de ley vaya al recinto la semana próxima, junto a otros que ya cuentan con media sanción, como la reforma del BCRA, el Mercosur-EFTA, el Acuerdo de Montevideo y el traspaso de la justicia federal a CABA.
De aprobarse, y teniendo en cuenta que el giro al Senado llevaría no menos de 48 horas, no quedaría plazo para que pueda ser sancionado antes de que termine el período de sesiones ordinarias, por lo que sería uno de los temas que la Casa Rosada incluiría en el temario para las sesiones extraordinarias.
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Gas por la mirilla, una montaña humana y comida para ratas: las torturas llevan a 52 penitenciarios a juicio

Cincuenta y dos penitenciarios de la cárcel de Ezeiza, incluidos los jefes de la unidad y dos médicos, fueron elevados a juicio oral y público por torturar presos durante un motín ocurrido en 2019, durante el cual apilaron a los detenidos en una “montaña humana”, gasearon a nueve reclusos por la mirilla de una celda individual y los dejaron cuatro días sin comer.
La decisión a la que accedió fue tomada por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte a pedido de la fiscal Cecilia Incardona y el fiscal general Alberto Gentili, titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), y de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es querellante.
Además, ordenó la inhibición general de bienes de todos los acusados.
Los sucesos comenzaron en la tarde del domingo 9 de junio de 2019, cuando un grupo de presos del Pabellón B de la Unidad Residencial III del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza protestó por un cambio en el horario de visitas.
Los presos insultaron a los celadores, tiraron objetos contra el acrílico de la celaduría y prendieron fuego colchones de goma espuma. Lo que pasó en las cuatro horas siguientes y en los cuatro días posteriores llegará ahora a un juicio oral.
El juez Rodríguez Ponte cerró la instrucción y envió el expediente a un Tribunal Oral Federal de La Plata que se sorteará.
Ante el incendio, el jefe de turno pidió la intervención de grupos operativos para entrar al pabellón y “restablecer el orden”.
Se armó entonces un “cuerpo de requisa extraordinario” con agentes de la División Registros y del Grupo Especial para la Resolución de Incidentes (GERI), equipados con escudos, cascos, tonfas, aerosoles de gas pimienta y escopetas con munición antitumulto.
Según la acusación, los integrantes del GERI dispararon desde la puerta hacia el interior “en algunas ocasiones apuntando directamente al cuerpo de los internos” y no en forma disuasiva.
Una vez dentro, empujaron a los presos hacia un rincón, en el ángulo entre las celdas 9 y 10, donde cayeron unos sobre otros y formaron lo que el expediente llama una “montaña humana”.
Allí, ya reducidos y sin posibilidad de resistir, los golpearon, les tiraron gas pimienta en la cara y les dispararon a corta distancia. En el pabellón había 32 detenidos. El Cuerpo Médico Forense constató lesiones en 15 de ellos, dos con fracturas de cúbito.
Mientras tanto, nueve presos se habían refugiado en la celda 10, que es individual, y cerraron la puerta. Según la acusación, un grupo de agentes les roció gas pimienta por la mirilla y otros lo hicieron desde el patio, por la ventana, mientras los insultaban.
La agresión se prolongó pese a los gritos de auxilio. Uno de los detenidos llegó a meter la cabeza en el inodoro, desesperado porque no podía respirar.
Terminada la requisa, cada preso fue obligado a desnudarse frente a su celda y a dar cuenta de sus lesiones ante los mismos agentes que acababan de participar del operativo.
Uno de ellos registró en video las imágenes y el audio de las conversaciones en la celaduría. Esas filmaciones resultaron una prueba clave.
Los dos médicos de guardia, Martín Perisset y Fernando Troisi, miraron el operativo desde el pasillo. Según la causa, cuando entraron no examinaron a los presos: los observaron a distancia, ubicados detrás de los agentes, y anotaron solo parte de lo que los internos les decían.
La Cámara Federal de La Plata, a partir de las filmaciones, señaló que certificaron la ausencia de lesiones en diez detenidos que en exámenes posteriores presentaron heridas. Irán a juicio por falsedad ideológica y por omisión de denunciar torturas.
Al día siguiente, el Comité de Seguridad de la unidad propuso un régimen de “sectorización”, que dispuso el director de la Unidad Residencial III, Benedicto Rafael Aguilar, y aplicaron los jefes de turno entre el 10 y el 13 de junio.
Formalmente era una medida preventiva, pero funcionó en la práctica como una sanción colectiva, que prohíbe la ley.
Durante esos días, según la acusación, las cuatro raciones diarias se dejaban en el piso del pabellón, fuera del alcance de los presos encerrados.
Las bandejas tampoco entraban por la mirilla. Desde sus celdas, los internos veían cómo las ratas se comían sus alimentos. El pabellón no tenía luz, los inodoros y lavatorios estaban tapados y las ventanas no tenían cerramiento, en pleno invierno.
El régimen terminó el 13 de junio a las 16:30, cuando llegó una comitiva del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. La comitiva encontró a los detenidos gritando por comida y agua y las viandas tiradas en el suelo.
Irán a juicio por torturas unos 29 agentes de la División Registros, 6 del GERI y 3 jefes de turno. El delito prevé penas de 8 a 25 años de prisión.
Están acusados de tortura, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos, el director Aguilar y seis integrantes del Comité de Seguridad. Y está acusado de omisión de evitar torturas Pedro Avelino Insaurralde, jefe de día y máxima autoridad del complejo esa jornada. Llegó a la unidad a las 22:45 y se fue a las 0:20.
Los médicos irán a juicio por falsedad ideológica y omisión de denunciar torturas, y dos celadores, un inspector y un auxiliar, por falsear actas
Las defensas sostuvieron que la requisa fue necesaria ante el incendio y la resistencia de los presos, que según ellas usaron elementos punzocortantes.
Afirmaron que la sectorización fue un aislamiento provisorio previsto en la reglamentación para evitar peleas entre internos. Además, cuestionaron los episodios de la “torre humana”, la mirilla y el inodoro porque, dijeron, no tienen respaldo en constancias médicas objetivas.
El juez respondió que eran sustancialmente los mismos argumentos que ya había evaluado la Sala II de la Cámara Federal de La Plata cuando confirmó los procesamientos, el 18 de julio de 2025, y que desde entonces no se incorporó prueba nueva. Recordó también que en esta etapa alcanza con un juicio de probabilidad y que la certeza queda reservada al juicio oral.
En la misma resolución, a pedido de la fiscalía y de la querella, el juez sobreseyó a dos integrantes del Grupo Operativo Anti Siniestros (GOAS), que solo apagaron el fuego y ventilaron el pabellón.
Hernán Cappiello,Conforme a
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