Un mes después de que el juez Alejandro López absolvió a un sindicalista y otros 6 imputados en el bloqueo a Rey Distribución, la jueza María Elena Baquedano, del Tribunal en lo Criminal N° 2 de San Nicolás condenó al dirigente del Sindicato de Camioneros Fernando Espíndola a cuatro años de prisión por la misma protesta y por extorsionar a los dueños de esa pyme de San Pedro durante al menos dos episodios documentados en 2021.

La sentencia, dictada este viernes, puso fin a una causa que se extendió por cinco años y acumuló 21 cuerpos de expediente, y se dio dentro del juicio abreviado que se acordó a comienzos de septiembre, modalidad procesal en la que las partes acuerdan una calificación y pena sin que ello implique confesión de culpabilidad.

Sin embargo, Espíndola fue hallado coautor penalmente responsable de turbación de la posesión en concurso ideal con amenazas coactivas en tentativa —dos hechos— y de amenazas coactivas consumadas, aunque se estima que seguirá en libertad luego de que fue excarcelado el 23 de octubre pasado, una vez que el juez López, en un polémico fallo, absolvió al titular del Sindicato de Camioneros local, Maximiliano Cabaleyro, y otros 6 imputados por el bloqueo a Rey Distribución.

En su momento, según el diario El Norte, de San Nicolás, el fundamento jurídico de Baquedano para liberar a Espíndola se basó en el artículo 169, inciso 6, del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, que habilita la excarcelación cuando el tiempo cumplido en detención permitiría acceder a una libertad condicional o asistida ante una eventual condena.

El 14 de octubre pasado, el juez López absolvió a Cabaleyro y desestimó el pedido de la fiscalía de que el dirigente sea condenado a 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, la inhabilitación por el mismo tiempo para ejercer cargos públicos y la revocación del arresto domiciliaria y tampoco se aceptó la solicitud de los abogados de la familia Rey, que plantearon que la pena de prisión se elevara a 15 años.

La sentencia eximió de culpa a los responsables de esa protesta extorsiva, que se extendió durante cinco días e incluyó amenazas y hostigamiento, con fundamentos cargados de controversia: el juez dio por probado que existió un bloqueo que impidió el acceso a la empresa y que le ocasionó pérdidas millonarias, pero lo consideró como el “legítimo ejercicio de un derecho”.

El caso involucra a Rey Distribución, empresa familiar de San Pedro cuyos propietarios, los hermanos Gustavo y Ariel Rey, denunciaron haber pagado mensualmente sumas equivalentes al sueldo de un empleado —que hacia 2021 rondaban los $ 20.000— para evitar que el sindicato les paralizara la actividad desde 2017.

Los hechos probados por la magistrada son tres. El primero ocurrió el 15 de enero de 2021, a las 5 de la madrugada, cuando Espíndola y un grupo de personas vinculadas al sindicato bloquearon el portón de ingreso y egreso de camiones en la sede de Bonorino 175, impidiendo toda operación comercial hasta las 14 horas.

El detonante inmediato había sido la suspensión disciplinaria del empleado Edgardo Di Mayo, presentado por el sindicato como delegado electo —aunque la jueza comprobó que esa designación nunca fue comunicada al empleador en tiempo y forma, tal como exige la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales—. Días antes, Espíndola ya había advertido a Gustavo Rey: “Se pudre todo”.

El segundo hecho abarcó del 22 al 25 de febrero de 2021. Antes del amanecer, el sindicato apostó frente a la misma distribuidora un colectivo motorhome —con patente a nombre de la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros— que bloqueó durante cuatro días el único acceso vehicular del predio.

Las cámaras de seguridad registraron cómo, a las 12.53 horas del 23 de febrero, el vehículo fue desplazado apenas unos metros pero los manifestantes continuaron obstaculizando el paso en reposeras. El colectivo recién se retiró definitivamente el 25 de febrero a las 15. Una pericia contable estableció que esos cuatro días generaron una pérdida de $ 12.583.887,29 en facturación, calculada sobre la semana previa. Un cliente —la bodega Peñaflor— rescindió su contrato por no querer verse involucrado en el conflicto.

Un audio incorporado como prueba resume la dinámica del segundo bloqueo con precisión: Ariel Rey le gritó a Espíndola “Fernando, ya está, sácame la gente, boludo”, a lo que el sindicalista respondió que esperaba la llegada de otro dirigente. Rey replicó: “Olvídate de las 20 lucas”.

El hecho identificado como número 5 en la acusación es el que revela el mecanismo de presión económica más sofisticado. El 20 de abril de 2021, el contador de la empresa fue citado a la sede del sindicato en San Pedro, donde Espíndola y otro sujeto no sometido a proceso le dijeron: “Si no arreglan vamos a volver a paralizar la empresa con un bloqueo total”. Bajo esa amenaza, el contador —con la anuencia de los hermanos Rey— suscribió un convenio de pago por una supuesta deuda de diferencias salariales, aportes sindicales y obra social por un total de $805.383,03. El primer tramo, $203.838,29 en efectivo más un cheque de $102.999,91, fue entregado dentro de una caja de galletitas. El resto se abonó en dos cheques por $355.583,03.

Un audio del 13 de abril de 2022 capturó la voz de Espíndola recibiendo el pago y discutiendo con el contador los montos. En ese intercambio se escucha al contador advertirle: “Ahí tenés los 550 que me dieron los muchachos de Rey. Espero que se solucionen todos los problemas”.

La jueza Baquedano absolvió a Espíndola por el hecho 3, que imputaba el cobro mensual de sumas extorsivas desde 2017. La razón: un audio aportado por la defensa, fechado el 7 de mayo de 2020, en el que Gustavo Rey le dice a Espíndola: “Fernando, vos nunca me pediste nada”. Ese registro no fue cuestionado por los hermanos Rey, lo que impidió a la magistrada la certeza necesaria para un veredicto condenatorio. “No puedo alcanzar la certeza más allá de toda duda razonable”, escribió.

La sentencia también introdujo una rebaja significativa respecto de lo acordado por las partes. Fiscalía, defensores particulares y el propio Espíndola habían consensuado una pena de seis años. La jueza la redujo a cuatro años, con dos argumentos: la carencia de antecedentes penales condenatorios del imputado —única atenuante admitida— y una reclasificación del hecho 5. La magistrada consideró que ese episodio no configuraba extorsión —delito contra la propiedad— sino amenazas coactivas consumadas —delito contra la libertad— porque las sumas exigidas respondían a supuestas deudas laborales y no a un beneficio patrimonial ilegítimo en sentido estricto.

La jueza explícitamente rechazó que el sometimiento al juicio abreviado pudiera computarse como atenuante, como habían pedido las defensas. Señaló que ese instituto, a diferencia de lo previsto en el Código Procesal Penal de la Nación, en el ordenamiento bonaerense “no implica confesión de la participación en el hecho sino solamente un acuerdo sobre calificación y pena”, y que, por tanto, no equivale a arrepentimiento ni conlleva reparación del perjuicio a las víctimas.

La sentencia también contiene una derivación de oficio de enorme peso institucional. La magistrada ordenó remitir copias a la Fiscalía General departamental para que evalúe si funcionarias del Ministerio de Trabajo incurrieron en delitos de acción pública. Las escuchas telefónicas incorporadas a la causa muestran a una persona identificada como Natalia, de la Subsecretaría de Trabajo, diciéndole al secretario general del gremio que no dictó la conciliación obligatoria “porque fue una forma de ganar tiempo para que ustedes se puedan manifestar”.

A su vez, la propia delegada regional de Trabajo, Sofía Rotundo, declaró que cuando concurrió al establecimiento el 22 de febrero de 2021 vio el motorhome “al costado del portón”, no obstruyendo el acceso —versión contradicha por los empleados, los agentes policiales y las filmaciones—. La jueza lo caracterizó como “una picardía de quienes conducían el colectivo-motorhome, que lo corrieron al enterarse de que el Ministerio de Trabajo se haría presente”.

Otros dos audios aportados por la fiscalía revelan el alcance de la presión ejercida por Espíndola sobre actores fuera del ámbito empresarial. En uno del 24 de febrero de 2021, el sindicalista le refiere a un interlocutor que el comisario mayor Catalano le había notificado una cédula judicial para desalojar el lugar, y que él le respondió: “Mirá, te conozco hace un montón de años, vos querés venir, vení y hacé el acta, yo te saco la firma adelante, no me sacás un camión, no me sacás nada”. En otro tramo de la misma conversación, Espíndola dice haber hablado con quien entonces era intendente de San Pedro, Cecilio Salazar —a quien identificó como “Cecilio”—, y haberle advertido: “Mirá que mañana no tenés barrido. Y si viene y les retiene la gente paran todo”. Según el relato, el intendente le respondió que “se quedara tranquilo, que ya se ocupaba”.

El impacto sobre la familia Rey quedó documentado en el informe victimológico elaborado por la perito Juana Flores. Gustavo Rey describió meses de insomnio, discusiones conyugales y gastos imprevistos en abogados. Su esposa llegó a plantearle abandonar el negocio. Ariel Rey relató que durante enero de 2021 sus hijos dejaron de concurrir a la colonia de vacaciones del club al que asistían habitualmente por razones de seguridad, y que él y su esposa llegaban al establecimiento a las 4.30 de la madrugada sin saber qué encontrarían. Ambos hermanos quedaron incorporados al Área de Asistencia a la Víctima del tribunal.

Como medida cautelar vigente hasta que la sentencia quede firme, la jueza impuso a Espíndola una prohibición de acercamiento a Gustavo y Ariel Rey, a sus respectivos grupos familiares —por cualquier medio, incluidas terceras personas— y a los establecimientos de Rey Distribución, así como a los domicilios particulares de los damnificados en San Pedro.