La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó por unanimidad los recursos extraordinarios presentados por los hijos de Cristina Fernández de Kirchner, Florencia y Máximo, y las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A.

Los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña ratificaron que las presentaciones “no pueden hallar viabilidad formal”.

Los planteos buscaban frenar la ejecución patrimonial de la condena dictada contra CFK, cuyo monto actualizado asciende a $684.990 millones En particular, la defensa exigía suspender las medidas cautelares hasta que la Corte Suprema resolviera una queja pendiente.

Por su parte, las sociedades reclamaban ser reconocidas como parte legítima para ejercer su defensa sobre trece inmuebles embargados en agosto. Sin embargo, el tribunal advirtió que los recurrentes no lograron demostrar “una relación directa e inmediata” con cuestiones federales.

Los camaristas descartaron la existencia de gravedad institucional. Asimismo, el fiscal general Mario Villar dictaminó en sintonía con el rechazo de las impugnaciones procesales.

Pese al fallo adverso que mantiene vigentes las medidas de ejecución, los apelantes aún conservan la alternativa de acudir directamente en queja ante el máximo tribunal. Las actuaciones se enmarcan en el proceso judicial por administración fraudulenta firme desde junio de 2025.

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Mariela Arias,Conforme a

La investigación comenzó con una sospecha sobre el tráfico de cocaína en Santa Cruz, pero terminó en los negocios de Lázaro Báez, el empresario que hizo una fortuna con la obra pública, fue condenado por corrupción en el caso Vialidad y cumple una pena de prisión de 15 años. Los investigadores seguían los movimientos de una presunta organización narco cuando detectaron transferencias de dinero, una financiera en El Calafate que recibiría hasta USD 50.000 semanales y una red de personas que mantenía vínculos económicos con el dueño del quebrado Grupo Austral.

El descubrimiento abrió una segunda investigación judicial, esta vez por lavado de activos, asociación ilícita y otras maniobras presuntamente destinadas a mantener bajo el control de Báez propiedades que estaban embargadas o sujetas a decomiso. La conexión entre ambos expedientes tiene un protagonista central: Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, un hombre con antecedentes penales investigado por su participación en el negocio del narcotráfico y que, al mismo tiempo, era uno de los principales operadores económicos del empresario.

En las comunicaciones que mantenían, Ibáñez llamaba a Báez “el Tío”. El apodo también identificaba a quien, según la hipótesis de los fiscales, continuaba impartiendo instrucciones desde el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza para administrar establecimientos agropecuarios, cobrar alquileres y realizar operaciones comerciales con bienes que debían encontrarse sometidos al control judicial.

Infobae accedió a información de la investigación que se encuentra en sede judicial y que permite reconstruir cómo se desarrolló la pesquisa, desde las primeras averiguaciones sobre una banda dedicada al transporte de cocaína hasta el descubrimiento de las conexiones financieras con el patrimonio del empresario condenado por corrupción.

La investigación que estuvo a cargo de fuerzas federales que dependen del Ministerio de Seguridad tiene otra protagonista relevante: Claudia Insaurralde, pareja de Báez y señalada por los investigadores como una virtual lugarteniente en la estructura que administraba sus bienes. Fue detenida el lunes 9 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, junto con Ibáñez y Valentina Micaela Devetac, pareja de este último. La Justicia sospecha que Insaurralde desempeñaba un papel decisivo en la ejecución de las instrucciones impartidas por el empresario desde la cárcel.

Las condenas de Báez y el patrimonio bajo control judicial

La nueva causa vuelve a colocar bajo examen el destino de la fortuna que Báez acumuló a través de Austral Construcciones, la empresa fundada en mayo de 2003 que se convirtió en una de las principales contratistas de obras viales financiadas por el Estado nacional en Santa Cruz. Entre 2003 y 2015, su grupo recibió 51 contratos de obra pública en esa provincia, en el marco de un esquema de adjudicaciones que posteriormente fue investigado y juzgado por la Justicia federal.

Ese proceso terminó con su condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el caso Vialidad, que quedó firme en junio de 2025. El empresario también fue condenado por lavado de activos en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. Ambas sentencias dieron lugar a una pena unificada de 15 años de prisión y a medidas patrimoniales destinadas a recuperar bienes relacionados con los delitos.

La expansión económica de Báez no se había limitado a la construcción. Incluyó establecimientos agropecuarios, hoteles, inmuebles, sociedades comerciales, vehículos y maquinaria. Parte de ese patrimonio quedó embargado, sujeto a decomiso o sometido a otras restricciones judiciales.

La nueva investigación busca determinar si el empresario consiguió mantener el control efectivo de algunos de esos bienes mediante una organización de colaboradores y cómo esa estructura terminó relacionada con personas investigadas por narcotráfico.

La financiera de El Calafate y el circuito del dinero sospechoso

La primera causa, identificada con el número 80825/2026, se inició a partir de sospechas sobre una organización que habría utilizado camiones de una empresa transportista para trasladar cocaína en Santa Cruz, al menos desde diciembre de 2025.

La hipótesis de los investigadores indicaba que dos hombres cumplían funciones relevantes en la distribución de los estupefacientes. Uno de ellos habría utilizado un lavadero como lugar de entrega de la droga. La organización también mantenía conexiones con personas radicadas en otros puntos del país.

Las averiguaciones permitieron identificar un establecimiento denominado Esperanza Trucks, en Río Gallegos, donde también funcionaban un lubricentro y un taller de mecánica ligera. Los investigadores comenzaron a reconstruir las relaciones personales, comerciales y financieras de quienes aparecían vinculados con ese lugar.

Pero el avance más significativo se produjo cuando la pesquisa comenzó a seguir el recorrido del dinero.

Entre la información incorporada a la investigación surgió la existencia de una presunta financiera ubicada en avenida del Libertador 1359, en El Calafate, hacia donde los integrantes de la organización trasladarían semanalmente sumas de hasta USD 50.000.

Los fondos serían posteriormente destinados a una persona identificada como “el número uno”, que se encontraría en Buenos Aires. Esa referencia abrió interrogantes sobre quién recibía el dinero, cuál era su procedencia y qué relaciones económicas existían entre los involucrados.

El 29 de mayo de 2026 se realizó una constatación que permitió localizar el establecimiento. En ese momento estaba cerrado al público por refacciones.

La información conocida de la causa no establece la identidad del denominado “número uno” ni acredita que las entregas semanales se hayan realizado efectivamente por esos montos. Tampoco permite afirmar que ese destinatario fuera Báez. Se trata de una de las hipótesis que los investigadores procuran esclarecer.

El 13 de junio, la Unidad Fiscal de Río Gallegos impulsó nuevas medidas para determinar el funcionamiento de la presunta organización narco y sus conexiones con personas de otras provincias.

Las tareas permitieron detectar movimientos financieros sospechosos, acreditaciones y transferencias de dinero, además de la utilización de vehículos de alta gama por parte de algunos investigados. Los investigadores consideraron que existía una posible desproporción entre el nivel de actividad económica observado y los ingresos declarados.

El siguiente paso fue examinar las operaciones financieras.

El 20 de julio, la Fiscalía incorporó información sobre movimientos realizados mediante billeteras virtuales y transferencias de dinero. El objetivo era determinar cómo circulaban los fondos entre los sospechosos, quiénes eran sus beneficiarios y si existían maniobras destinadas a otorgar apariencia legal a recursos provenientes de actividades delictivas.

El análisis de las operaciones permitió identificar transferencias entre distintas personas bajo investigación, movimientos por cifras millonarias y posibles conexiones con otros expedientes judiciales relacionados con el narcotráfico.

Entre los vínculos examinados aparecen personas relacionadas con Luis Agustín Alcaina, detenido desde agosto en otra investigación en la que se habían secuestrado 36 kilos de cocaína.

La investigación también reconstruyó episodios concretos de presunta comercialización de estupefacientes. El 22 de diciembre de 2025 se encontraron 66,43 gramos de cocaína durante un allanamiento. El 9 de abril de 2026 se hallaron otros 439,88 gramos en una inspección judicial realizada después de que una persona fuera encontrada sin vida.

En los procedimientos del 10 de noviembre se secuestraron además 725 gramos de cocaína y 1.305 gramos de cannabis que, según la hipótesis fiscal, estaban destinados a su comercialización.

Pero mientras los investigadores avanzaban sobre los movimientos de dinero y las relaciones entre los sospechosos, encontraron una conexión que amplió considerablemente el alcance de la pesquisa.

Cristian Ibáñez, uno de los principales investigados por narcotráfico, también intervenía en operaciones relacionadas con bienes y empresas de Lázaro Báez.

La vinculación no se limitaba a una relación personal. Los investigadores identificaron su participación en la administración de propiedades, establecimientos agropecuarios y movimientos de bienes que habían pertenecido al empresario y que estaban alcanzados por decisiones judiciales.

Entre los elementos que conectaron ambas investigaciones aparecieron un Ford Mondeo vinculado con Báez, referencias a maquinaria del grupo empresario y un camión Scania interceptado el 24 de septiembre en el control de Güer Aike, en el acceso a Río Gallegos, con documentación presuntamente apócrifa.

La coincidencia de personas, actividades comerciales y movimientos patrimoniales llevó a la apertura de una segunda causa, registrada como 169831/2026, que se originó el 25 de septiembre.

La nueva investigación buscó determinar si existía una organización estable dedicada a administrar, explotar y disponer de bienes embargados o sujetos a decomiso, con la participación del propio Báez desde la cárcel.

La hipótesis fiscal sostiene que, a diferencia de otros mecanismos de lavado de activos que utilizan sociedades nuevas, los involucrados habrían operado sobre un patrimonio ya existente, formado por propiedades rurales, inmuebles urbanos, empresas y vehículos del grupo.

Entre los establecimientos investigados aparecen las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, además de inmuebles en Río Gallegos y El Calafate, galpones y bienes vinculados con Austral Agro SA y Kank y Costilla SA.

El dato más relevante es que esos activos estaban relacionados con el patrimonio acumulado por Báez durante su expansión empresarial y algunos se encontraban alcanzados por medidas judiciales derivadas de sus condenas por corrupción y lavado de activos.

De acuerdo con los datos expuestos durante las audiencias judiciales, la estructura investigada habría movilizado aproximadamente $ 390 millones durante ocho meses. Esa cifra corresponde al flujo financiero examinado por los fiscales y no significa que la totalidad de esos fondos haya sido acreditada como producto de lavado.

La pareja de Báez, las detenciones y los bienes bajo investigación

La nueva causa tiene en el centro a Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez, señalados como los principales operadores de Báez para mantener en funcionamiento sus negocios.

Como informó este viernes Infobae, la Justicia investiga si el empresario lideraba desde la cárcel una organización que explotaba bienes embargados a espaldas de los tribunales. La acusación sostiene que impartía instrucciones desde Ezeiza y que sus colaboradores intervenían en la administración de propiedades, contratos de alquiler, establecimientos agropecuarios y movimientos de fondos.

Insaurralde habría desempeñado una función central dentro de esa estructura. Según la hipótesis de los investigadores, su papel excedía el vínculo personal con Báez y comprendía la ejecución de decisiones comerciales, el contacto con administradores y la coordinación de actividades relacionadas con el patrimonio del empresario.

En las últimas horas trascendieron escuchas judiciales que revelaron las comunicaciones que Báez mantenía desde prisión con sus colaboradores, incluidos algunos de los detenidos en las causas vinculadas con el narcotráfico y el lavado de activos. Las conversaciones permitieron conocer las instrucciones que impartía sobre alquileres, establecimientos rurales, operaciones comerciales y personas encargadas de sus propiedades.

Para los fiscales, esas comunicaciones constituyen uno de los elementos que respaldan la hipótesis de que Báez habría conservado una posición de conducción sobre la organización, pese a su condición de detenido y a las restricciones judiciales que pesaban sobre sus bienes.

Desde el entorno del empresario, según publicó Infobae, sostienen que las propiedades y empresas que continúan en actividad cuentan con administradores designados y que las operaciones económicas se encuentran formalmente registradas. La Fiscalía, en cambio, investiga si parte de esos movimientos se realizaban fuera del control de los tribunales.

El lunes 9 de noviembre, Insaurralde, Ibáñez y Devetac fueron detenidos después de arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo procedente de Río Gallegos.

Los investigadores habían detectado su desplazamiento hacia Buenos Aires y la Fiscalía dispuso las detenciones ante la sospecha de que pudieran intentar abandonar el país. Entre sus pertenencias se encontró documentación vinculada con empresas de Báez.

Insaurralde e Ibáñez quedaron sometidos a medidas de prisión preventiva. Devetac, que viajaba con su bebé, recuperó posteriormente la libertad, aunque continúa vinculada con la investigación.

Las detenciones fueron seguidas por una serie de allanamientos simultáneos relacionados con las dos causas, realizados en Santa Cruz, Buenos Aires y otros puntos del país.

Las medidas fueron ordenadas por el juez federal de garantías Claudio Marcelo Vázquez, a pedido de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, encabezada por Julio Zárate, con intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo del fiscal Diego Velasco, las áreas de Narcocriminalidad de la Policía Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Infobae accedió a información judicial que permite conocer el resultado de los procedimientos y los bienes encontrados en distintos establecimientos vinculados con los investigados.

En la estancia Alquinta, situada a unos 80 kilómetros de Río Gallegos, se secuestraron un camión Ford Cargo, un tractor agrícola, otros vehículos, una minipala, un tractor cortacésped, dos grupos electrógenos, un compresor y dos armas de fuego.

En La Entrerriana, a unos 120 kilómetros de El Calafate, los investigadores incautaron teléfonos celulares, armas, municiones, documentación, motocicletas, generadores y un camión Iveco que tenía un pedido de secuestro vinculado con una investigación anterior por lavado de activos.

Otros procedimientos alcanzaron domicilios relacionados con personas que habrían participado en la administración económica del grupo.

En una propiedad vinculada con Diego Ernesto Navarro, contador y colaborador de Báez, se secuestraron dos armas de fuego, una camioneta Nissan Frontier, teléfonos celulares, ocho dispositivos de almacenamiento portátil, dos tabletas, siete discos rígidos, un iPad y documentación.

También se encontraron sumas de dinero en efectivo, vehículos, registros societarios y dispositivos electrónicos en otros domicilios vinculados con los investigados. Entre los secuestros figuran $ 6.250.910 en uno de los procedimientos, además de USD 4.000, $ 112.000 y $ 30.000 chilenos en otro.

Se realizaron además diligencias en tres domicilios particulares y una inmobiliaria, en Río Gallegos y Luis Beltrán, provincia de Río Negro, donde se obtuvo documentación sobre contratos de alquiler y movimientos de pagos.

El avalúo estimado de los bienes y elementos secuestrados en un conjunto de procedimientos alcanzó los $ 377,5 millones, según la información de la investigación a la que accedió Infobae. Esa cifra es independiente de los aproximadamente $ 390 millones correspondientes a movimientos financieros bajo análisis.

La cantidad de dispositivos electrónicos, documentación societaria y registros comerciales secuestrados resulta relevante para una investigación que busca determinar quiénes administraban los bienes de Báez, cómo se cobraban los ingresos y qué operaciones se realizaron a través de personas vinculadas con las dos causas.

Los procedimientos también alcanzaron la celda del empresario en el penal de Ezeiza, donde se secuestraron cuadernos y anotaciones sobre operaciones económicas, alquileres y propiedades, según la información judicial que trascendió durante la semana.

En las audiencias de formalización se atribuyeron provisoriamente delitos de lavado de activos, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación en el expediente relacionado con Báez. La causa por narcotráfico comprende acusaciones por comercialización de estupefacientes, asociación ilícita y lavado de dinero.

La investigación también motivó medidas cautelares patrimoniales, embargos, inhibiciones y restricciones destinadas a impedir nuevos movimientos de bienes y fondos mientras se intenta reconstruir el alcance de las operaciones.

La dimensión del caso excede las actividades de una organización sospechada de comercializar drogas. Los investigadores buscan determinar si los mismos operadores que intervenían en el circuito del narcotráfico mantenían relaciones económicas con la estructura que administraba propiedades procedentes del patrimonio de un empresario condenado por corrupción.

Por ahora, no está acreditado que Báez haya participado directamente en el transporte o la comercialización de cocaína. Las acusaciones que lo involucran en esta nueva investigación están relacionadas con la administración y presunta puesta en circulación de activos que se encontraban alcanzados por medidas judiciales.

Pero el hallazgo de conexiones entre Ibáñez, la organización investigada por narcotráfico y los negocios de Báez abrió una nueva línea judicial sobre el destino de los fondos y las relaciones entre los involucrados.

La investigación que comenzó con camiones sospechados de transportar cocaína permitió identificar una presunta financiera en El Calafate, movimientos de dinero sin justificación aparente y una estructura de colaboradores que actuaba sobre bienes vinculados con el empresario que hizo una fortuna con la obra pública.

El recorrido llevó desde una banda narco hasta los negocios de “el Tío”, el hombre que, a pesar de estar condenado y detenido, habría continuado tomando decisiones sobre una parte de su patrimonio. Ahora la Justicia intenta establecer hasta dónde llegaban esas conexiones, quiénes se beneficiaban de las operaciones y cómo circulaba el dinero entre las personas investigadas.

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