POLITICA
El Gobierno avanza con la compra de tres fragatas a Italia

El gobierno de Javier Milei anunció este jueves que avanza en la compra de tres fragatas a Italia para la defensa de la Argentina. Así lo indicaron el Ministerio de Defensa, comandado por Carlos Presti, y su par italiano, Guido Crosetto, en una Carta de Intención.
Se trata de la posible incorporación de hasta tres fragatas FCX20 de Fincantieri, en configuración de combate completa y con apoyo logístico integrado. Todavía resta profundizar los aspectos técnicos y operativos, trabajar sobre alternativas de financiamiento y avanzar hacia una eventual operación bajo un esquema Gobierno a Gobierno, indicaron desde la cartera de Defensa.
Además, el proyecto contempla la cesión de cuatro patrulleros clase Comandanti pertenecientes a la Marina Militar Italiana. Son unidades destinadas a seguridad marítima y defensa costera, patrullaje, participación en operaciones nacionales y combinadas, búsqueda y rescate y asistencia humanitaria. Pueden operar de manera independiente o integradas a un Grupo de Tareas Marítimo.
El Gobierno anunció que se trabaja en la incorporación de capacidad anfibia con buques de desembarco clase Santi, como los San Giorgio y San Giusto. “Estos buques permiten proyectar y desembarcar fuerzas, operar helicópteros y vehículos anfibios, funcionar como plataforma de comando y sostener operaciones de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres. Su capacidad de transporte, cubierta de vuelo, dique inundable e instalaciones médicas los convierte además en plataformas de gran valor logístico y operacional”, agregó el ministerio.
Según el Gobierno, la incorporación de este conjunto de unidades “permitiría recuperar capacidades navales, ampliar la presencia y el control sobre los espacios marítimos, mejorar la interoperabilidad y fortalecer la capacidad de respuesta de la Armada Argentina” y que el objetivo es “reconstruir una capacidad de superficie moderna y sostenible, preparada para proteger los intereses estratégicos del país durante las próximas décadas”.
“Es parte de la decisión de transformar nuestros vínculos estratégicos en capacidades concretas y empezar a construir la Armada que la Argentina necesita para el futuro”, marcó Defensa en el comunicado con el anuncio.
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POLITICA
A 43 años del fin de la dictadura, el Equipo de Antropología Forense sigue buscando a las víctimas de los “vuelos de la muerte”

A 43 años del fin de la última dictadura cívico-militar, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) continúa la búsqueda de cuerpos NN que podrían ser víctimas de los siniestros “vuelos de la muerte” y que podrían estar sepultados en el cementerio municipal de Villa Gesell. Este jueves, una delegación del organismo exhumó tumbas sin identificar en el sector L del predio, en el marco de una causa judicial que investiga el destino final de decenas de personas secuestradas y arrojadas al mar desde aviones militares entre 1976 y 1979.
La tarea contó con el respaldo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, que confirmó el operativo a través de sus redes sociales. “Acompañamos al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en los trabajos de exhumación que realizó en el cementerio de Villa Gesell. El objetivo es determinar si las personas allí enterradas como NN fueron víctimas de los vuelos de la muerte durante la última dictadura cívico-militar”, informó el organismo provincial.
Dieciocho tumbas sin nombre
Según los testimonios recabados por la Justicia Federal de Dolores, se estima que en el cementerio municipal de Villa Gesell podría haber al menos 18 cuerpos de víctimas de la última dictadura. Las tareas realizadas este jueves se enmarcan en la causa judicial 8190/11, que tramita en el Juzgado Federal de Dolores y que busca establecer la identidad y el destino final de las personas cuyos restos aparecieron en la costa atlántica bonaerense tras los siniestros “vuelos de la muerte”.
El principal antecedente de esa estimación es la declaración de Marcela González, vecina de Villa Gesell e hija de una ex empleada municipal, quien se presentó ante el juez federal Martín Bava y relató: “Mi mamá trabajó en la Municipalidad desde 1975. A principios de los ’80, la mandan a hacer un relevamiento en el cementerio local porque había muchas tumbas que no estaban anotadas en el libro”. Y agregó: “Cuando mi mamá va a hacer el relevamiento se encuentra con que había un montón de tumbas que no tenían nombre, ni registro ni nada. Habla con este señor (en referencia a Juan Carlos Dorrego, encargado del cementerio) y él le dice que son personas que han llevado de noche”.

Según su testimonio, Dorrego mencionó a un efectivo de la policía local como quien se encargaba de esos traslados nocturnos, y llegó a señalar que en una de las tumbas se habían enterrado los restos de dos personas, por eso la cantidad de cuerpos podría ascender a 19. González declaró además que protagonizó un careo judicial con ese policía, quien confirmó haber participado en los traslados. En marzo pasado Marcela González brindó una conferencia de prensa en la ciudad balnearia junto a integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Tuyú Sur. Allí, contó que su madre volvía con mucho miedo de las tareas de relevamiento y que ella respetó su decisión de no hablar del tema. Sin embargo, tras su muerte, creyó que debía hacer su aporte a la verdad. “Es una cuestión de empatía, de que alguien pueda saber dónde están sus familiares desaparecidos”, señaló.
El relato de un bombero y seis cadáveres en el muelle
Otro de los testimonios centrales en la causa es el de Ernesto Manzo, quien en diciembre de 1978 integraba el cuerpo de bomberos de Villa Gesell. Manzo -ya fallecido- declaró en reiteradas ocasiones ante la Justicia de Dolores sobre el hallazgo de seis cadáveres cerca del muelle, con mutilaciones y signos de descomposición por la acción del mar. Su relato fue estremecedor: “Recuerdo seis cadáveres, pero no se podían identificar. La mayoría tenía las manos cortadas o le faltaba la cabeza. Además, estaban deteriorados por la acción del mar y de los peces. Fue algo horrible. Nos pidieron que los dejásemos en un pasillo de la Comisaría. Los apilaron ahí y después no supimos nada más”, relató.
El ex bombero admitió que, en el momento de los hechos, no dimensionó lo que esos cuerpos representaban: “En ese entonces yo era un pibe de 22 años y en Gesell estábamos medio aislados de lo que venía pasando. No tomé conciencia en el momento de lo que esos cuerpos significaban. Pero después nos enterábamos de que en el Partido de La Costa se habían encontrado varios porque teníamos contactos con los bomberos de la zona”. Y cerró: “Como bombero tenés que actuar en muchas circunstancias diferentes, pero lo que nunca me habían enseñado era a ir a recoger cadáveres de desaparecidos a la orilla del mar”.

La medida judicial que preservó el cementerio
A partir de esos testimonios, los abogados querellantes Pablo Llonto y Gloria León solicitaron que se preservara el predio. La Fiscalía confirmó entonces la existencia de un decreto municipal de limpieza que habilitaba exhumaciones en sepulturas en tierra y nichos vencidos por falta de regularización, lo que generaba riesgo de pérdida de evidencia sobre los enterramientos NN. Víctimas de los vuelos de la muerte.
En ese contexto, el juez Bava consideró “razonable, útil, pertinente, necesario y proporcional” dictar una medida de no innovar en la sección L del cementerio municipal y en toda otra sepultura que hubiera ingresado entre 1976 y 1983. El magistrado también requirió los libros históricos del predio, ordenó relevar la totalidad de las tumbas NN y solicitó que se informen todos los cambios realizados en el cementerio desde su creación hasta la actualidad. Esa resolución, dictada en marzo pasado, es la que habilitó meses después el ingreso del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Hasta el momento, solo un desaparecido fue identificado entre las fosas NN del cementerio local: Santiago Bernardo Villanueva, militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP).
Villanueva estudiaba ingeniería mecánica en la Universidad Tecnológica Nacional y trabajaba como operador en el Centro de Cómputos del Banco Ganadero. Fue secuestrado el 25 de julio de 1978 en su domicilio del barrio porteño de Floresta, junto a su pareja, Norma Leto. Tenía 31 años y era padre de dos hijos. Tras su desaparición, fue visto con vida en los centros clandestinos de detención El Banco y El Olimpo. Su cuerpo apareció en la costa de Villa Gesell el 16 de diciembre de 1978 y fue enterrado como “Saladito NN”, denominación con la que se identificaba a los cuerpos arrastrados por el mar.

El Equipo Argentino de Antropología Forense logró identificarlo en 2005 a través de una comparación de ADN con el de su hermano, Ernesto Villanueva, y sus restos fueron entregados a la familia al año siguiente. La familia decidió trasladar sus restos al cementerio porteño de Chacarita.
Las muestras de ADN que el Equipo Argentino de Antropología Forense extraiga de los restos exhumados serán cruzadas principalmente con bases de datos del Banco Nacional de Datos Genéticos, que dentro de su estructura, administra el Archivo Nacional de Datos Genéticos (ANDG). Se trata de un banco de muestras biológicas gestionado específicamente por el Equipo Argentino de Antropología Forense, en articulación con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Salud y, desde 2012, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. La Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas (ILID) recolecta muestras de sangre de familiares de víctimas de desaparición forzada entre 1974 y 1983.
El cementerio municipal de Villa Gesell forma parte de una trama judicial más amplia que, a partir del 4 de diciembre, tendrá su primer juicio oral en el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
En el banquillo se sentará el ex juez federal Carlos Augusto Facio, titular del Juzgado Penal N°2 de Dolores entre 1976 y 1984, acusado de encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Lo acompañarán el ex médico policial Miguel Cabral, el ex funcionario de Catastro de General Lavalle Juan Domingo Montenegro, y seis ex integrantes de la Policía Bonaerense: Domingo Oscar Martínez, Juan Antonio Estrada, Ednio José Llorens, Mario Castronuovo, Francisco Enrique Aristegui y Edgardo Emilio Luchetti.

Según la resolución judicial, llevaron adelante instrucciones sumariales precarias en las comisarías de la zona para que los cuerpos no fueran identificados ni investigados como crímenes de lesa humanidad.
La causa, que investiga la aparición de 23 cuerpos en las costas de Pinamar, Villa Gesell y el Partido de la Costa entre 1977 y 1978, fue iniciada en 2011 por el entonces juez federal Alejo Ramos Padilla e instruida después por Bava, quien la elevó a juicio tras procesar a los diez imputados en 2022. Según el querellante Pablo Llonto, fueron convocados 84 testigos, entre ellos numerosos guardavidas y bomberos de la zona. Entre las pruebas incorporadas al expediente figura el libro Villa Gesell militante, 30 años de historia, escrito por estudiantes secundarios de la ciudad en el marco del programa “Jóvenes y Memoria” de la Comisión Provincial por la Memoria, que recopiló testimonios de militantes y vecinos sobre los hallazgos de diciembre de 1978.
Uno de los episodios centrales de la causa ocurrió en diciembre de 1978, cuando Nora Cortiñas, Josefina “Pepa” Noia y Hebe Pavelló de Mascías viajaron hasta Dolores después de leer en los diarios que habían aparecido cuerpos en las costas. Las tres integrantes de Madres de Plaza de Mayo buscaban a sus hijos desaparecidos y pidieron ver los restos para intentar reconocerlos. El entonces juez Facio las atendió, pero nunca les permitió acceder a los cadáveres, que terminaron enterrados como NN sin que mediara ninguna diligencia para identificarlos.
Cortiñas, fallecida el 30 de mayo de 2024 a los 94 años, nunca pudo saber si el cuerpo de su hijo Gustavo estaba entre los hallados en esa oportunidad. Su testimonio en video será presentado como prueba durante el juicio.
Olivera Moreno, el guardavidas testigo
Otro de los testigos clave para la reconstrucción de los “vuelos de la muerte” es el de guardavidas de General Madariaga Felipe Olivera Moreno quien en diciembre de 1978 fue testigo directo de uno de los horrorosos episodios. Mientras trabajaba en la costa de Ostende junto a su colega Héctor Sciutti, vio flotar en el mar entre seis y siete cadáveres. Su testimonio, recogido por Infobae, describe cómo hombres vestidos de civil llegaron al lugar, le advirtieron que se alejara y retiraron los cuerpos envueltos en lonas de carpas de balnearios.

Olivera Moreno contó que, en esa misma época, fue perseguido por su afiliación al Partido Comunista durante la dictadura y que los grupos de tareas llegaron a mencionarlo como “un guerrillero” ante los vecinos. Su relato fue clave para reconstruir el circuito de ocultamiento de cuerpos que luego fueron enterrados como NN en los cementerios de General Madariaga, Villa Gesell y General Lavalle, entre ellos los de Helios Hermógenes Serra Silvera y Jesús Pedro Peña, ambos víctimas del vuelo que vació el centro clandestino El Olimpo el 6 de diciembre de 1978.
El caso de Villa Gesell se inscribe en un patrón mucho más amplio de aparición de cadáveres a lo largo del litoral atlántico. Según un relevamiento de las investigadoras Natalia Federman y Ximena Tordini, publicado en el sitio vuelosdelamuerte.org, entre abril de 1976 y abril de 1979 fueron hallados al menos 76 cuerpos en las costas bonaerenses y uruguayas. De ese total, 43 pudieron ser identificados con el correr de los años, entre ellos el de Villanueva.
Entre los casos identificados figura el de la monja francesa Léonie Duquet y la militante Ángela Auad, secuestradas en diciembre de 1977 y llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Por esos hechos resultaron condenados los pilotos de Prefectura que comandaron el avión Skyvan PA-51, una aeronave localizada en Estados Unidos por la periodista Miriam Lewin y el fotógrafo Giancarlo Ceraudo.
Según determinó la Justicia Federal, el aeródromo del Batallón 601 con asiento en Campo de Mayo fue uno de los principales puntos de despegue de los vuelos de la muerte en la región metropolitana de Buenos Aires, junto con el Aeroparque Jorge Newbery y la Base Aérea de El Palomar. Esa práctica se extendió al menos entre 1976 y 1978, con víctimas provenientes del centro clandestino de detención “El Campito”, que funcionaba dentro de la propia guarnición de Campo de Mayo, así como de otros centros clandestinos.
Numerosos ex conscriptos que cumplieron el servicio militar obligatorio en esa unidad declararon en juicios orales sobre el ingreso nocturno de camiones y camionetas con personas secuestradas, que eran conducidas directamente hasta la cabecera de la pista de aterrizaje, donde los esperaban aviones con el motor encendido. Según esos testimonios, las aeronaves utilizadas incluían modelos Twin Otter, Fiat G222 (apodado “Herculito” por su parecido con el Hércules C-130) y helicópteros Bell.

Las condenas judiciales
El 4 de julio de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín condenó a prisión perpetua a:
- Santiago Omar Riveros, entonces jefe de la Guarnición Campo de Mayo y de los Institutos Militares.
- Luis del Valle Arce, jefe del Batallón de Aviación 601.
- Delsis Ángel Malacalza, segundo comandante de la unidad.
- Eduardo María Lance, oficial de operaciones.
El tribunal determinó que cuatro víctimas: Rosa Eugenia Novillo Corvalán, Roberto Ramón Arancibia, Adrián Enrique Accrescimbeni y Juan Carlos Rosace, fueron torturadas y luego arrojadas con vida al Río de la Plata o al mar desde aviones que partieron de esa base. Esa condena fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Casación Penal que rechazó los recursos presentados por las defensas de los condenados que permanecen con vida.
En su voto, el camarista Alejandro Slokar sostuvo que “los cuerpos hallados en las costas resultan ser los que interpelan, los que rompen el pacto de silencio, los que convierten la sospecha en certeza y el horror en evidencia incontrastable de las prácticas genocidas de los ‘vuelos de la muerte’ llevados adelante por la última dictadura”. En la misma línea se pronunció la auxiliar fiscal Mercedes Soiza Reilly, que impulsó las condenas tanto en la causa ESMA como en el expediente de Campo de Mayo: “Los denominados ‘vuelos de la muerte’, implementados como una práctica sistemática y generalizada de exterminio, han sido debidamente probados en sede judicial, sin margen de dudas, y sus sentencias han sido confirmadas por instancias superiores. En ese contexto, los intentos de negacionismo carecen de sustento frente al avance consolidado de estos procesos”.
Las exhumaciones realizadas en las últimas horas en el cementerio municipal de Villa Gesell quedan ahora sujetas a los análisis genéticos que el Equipo Argentino de Antropología Forense deberá completar para determinar si los restos extraídos corresponden a nuevas víctimas de la represión de estado. Esto ocurrirá de manera paralela al juicio oral que buscará establecer responsabilidades por el encubrimiento de esos hallazgos durante más de cuatro décadas.
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POLITICA
El PJ forzó el debate por la ley contra las apuestas online y será tratado en la próxima sesión del Senado

A una semana de que se agote el plazo para tratar el proyecto que busca prevenir la ludopatía, el bloque peronista en el Senado exigió su tratamiento inmediato durante la sesión de esta tarde. Si bien el pedido resultó rechazado, forzó a que el oficialismo aceptara introducirlo en el temario de la próxima sesión, la semana que viene.
También expuso las contradicciones dentro del oficialismo: algunos referentes libertarios votaron en contra, incluida la jefa del bloque, Patricia Bullrich, pese a que habían exigido que el tema avance en sus redes sociales.
La moción requirió el respaldo de dos tercios de los senadores presentes para habilitar el tratamiento sin dictamen de comisión. Resultó rechazada por 40 votos en contra y 28 a favor. Solo el PJ, los dos legisladores santacruceños –Natalia Gadano y José Carambia-, los cordobeses Alejandra Vigo (Provincias Unidas) y Luis Juez (LLA) y la salteña Flavia Royón (Primero los Salteños) votaron a favor.
Pero otra moción planteada por el oficialismo forzó la inclusión de la media sanción -con o sin dictamen- en la próxima sesión prevista para el jueves 26 de noviembre. Se aprobó por unanimidad, con 70 votos afirmativos.
Fue el jefe del bloque de Unión por la Patria (UP), José Mayans, quien pidió tratar sobre tablas la media sanción de Diputados, una iniciativa que lleva casi dos años frenada en la Cámara alta y perderá vigencia en una semana. Busca prohibir la publicidad de las apuestas online y reforzar los controles para impedir el acceso de menores.
“Si no lo tratamos ahora, la ley se va a caer. Se cae el 30 de noviembre. El proyecto lleva 731 días en la Cámara y se prorroga su tratamiento defendiendo intereses por sobre la salud”, dijo el formoseño durante su exposición en el recinto.
Sumó, además, que la media sanción está “bien fundada” y destacó que tuvo el acompañamiento de muchos sectores. “Hay que definirse sobre este tema. Me parece fundamental dar con una salida a este flagelo en la sociedad argentina. Así como hizo Brasil, hay que prohibirlo totalmente”.
Sobre quienes argumentan que municipios, provincias y el Estado en general se benefician con los ingresos por el juego, lanzó: “Nos estamos beneficiando con la desgracia ajena y con el dolor de tantas madres”. Para concluir, miró a los libertarios y les habló directamente: “No sean duros de corazón”.
La senadora libertaria Nadia Márquez (Neuquén) le respondió que el oficialismo pretende sumarle modificaciones al proyecto oficial. Como chicana, impulsó al PJ a derogar el aborto, en línea con el discurso papal que Mayans citó.
Nadia MárquezSoledad Aznarez –
El planteo puso a prueba a La Libertad Avanza (LLA), donde al menos cuatro legisladores reclamaron tan solo hace una semana avanzar con la discusión. Incluso pese a que el Poder Ejecutivo rechazó la iniciativa y presentó un proyecto alternativo de alcance limitado.
El oficialismo justificó su posición bajo la premisa de que convocará para el próximo martes a un plenario de las comisiones de Salud, Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, a las que fue girada la media sanción.
Sin embargo, incluso si consigue emitir dictamen, el tiempo juega en contra: si el proyecto no llega al recinto antes de que termine el período ordinario, su tratamiento durante las sesiones extraordinarias dependerá de que el Gobierno decida incluirlo en el temario.
“Este tema hace dos años que está en el Senado y no hubo ningún apuro por tratarlo”, dijo Bullrich al anticipar su rechazo a la moción de Mayans. Planteó que su bloque no habilitará temas que no tengan dictamen. Aunque aclaró: “Es algo que a todos nos preocupa”, explicó.
Pero la senadora, además, anticipó que el oficialismo propondrá modificaciones, algo que volverá a retrasar su sanción. Bullrich planteó incluir en el texto que el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) tenga acceso inmediato a las páginas que permiten el juego sin control.
El escenario explica la decisión del peronismo de acelerar los tiempos, aunque el reclamo llega sobre el final del período legislativo.
Durante casi dos años, UP tampoco logró impulsar el tratamiento de la iniciativa, pese a contar con el bloque más numeroso del Senado y haber presidido, hasta mayo de 2025, la Comisión de Salud, cabecera del expediente. Su entonces titular, la catamarqueña Lucila Corpacci, había presentado incluso un proyecto propio sobre la problemática, pero la media sanción no avanzó durante su gestión.
Las diferencias dentro del oficialismo
El pedido de Mayans expuso las diferencias del bloque libertario sobre este tema. Bullrich, Agustín Coto, Pablo Cervi y Luis Juez coincidieron en la necesidad de debatir la regulación de las apuestas online, aunque solo uno de ellos acompañó el pedido de avanzar. Coto, en cambio, prefirió ausentarse de la votación y decidió acompañar la propuesta para avanzar sin dilaciones la próxima semana.
“No es un tema partidario, es un tema de conciencia. El juego es el flagelo más grande que atraviesa a nuestra sociedad. Acompaño la idea del jefe de la bancada de la oposición. Algo es mejor que nada”, argumentó Juez.
Bullrich, en cambio, se desmarcó pese a que pidió “ponerle límites” al juego en sus redes sociales.
El mismo camino tomó el fueguino Coto pese a que también había reclamado avanzar. “La ludopatía infantil es su versión más aberrante, más terrible, más cruel y más destructiva para cualquier sociedad. Hay que ponerle un freno”, sostuvo.
Ambos habían conversado sobre la problemática con Cervi y Juez. Después, Bullrich trasladó el planteo al grupo de WhatsApp. Fue durante la visita del Papa León XIV, que reclamó al Estado acciones concretas para prevenir las apuestas en jóvenes. La Iglesia también había presionado por su tratamiento.
Qué plantea el texto
La media sanción de Diputados, aprobada el 27 de noviembre de 2024, prohíbe la publicidad de las casas de apuestas en medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales, así como los patrocinios de clubes, deportistas y competencias. También elimina los bonos de bienvenida, impide apostar con tarjetas de crédito y exige controles biométricos vinculados con el Renaper para verificar la identidad y la edad de los usuarios.
La propuesta alternativa del Poder Ejecutivo, en cambio, se concentra en endurecer las sanciones contra los operadores clandestinos, sin intervenir sobre la publicidad, los patrocinios deportivos ni las promociones de las plataformas legales. También establece obligaciones generales para verificar la edad de los apostadores, pero no exige controles biométricos específicos.
Milei, además, designó como secretario de Niñez, Adolescencia y Familia a Juan Bautista Ordoñez, un exdirectivo de Codere, una empresa multinacional de apuestas.
El proyecto aprobado por Diputados contó con el respaldo de Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), la izquierda, sectores del radicalismo y bloques provinciales. La Libertad Avanza votó en contra, mientras que Pro y parte de la UCR se abstuvieron.
La iniciativa también recibió el respaldo de la Iglesia, que reclamó reiteradamente su sanción y renovó sus gestiones ante el Congreso durante la reciente visita del papa León XIV a la Argentina.
November 6, 2026,November 6, 2026,presionado por su tratamiento,Delfina Celichini,Senado de la Nación,Conforme a
POLITICA
El Congreso define ocho lugares para el Consejo de la Magistratura en medio de las peleas en LLA y el PJ

El Congreso define los nombres de sus representantes para ocupar las ocho sillas en el Consejo de la Magistratura durante los próximos cuatro años. Las designaciones estuvieron atravesadas por las pulseadas entre La Libertad Avanza y el justicialismo en el Senado, y por la disputa entre Patricia Bullrich y Karina Milei por los futuros consejeros.
El acuerdo político entre la expresidenta Cristina Kirchner y el titular del Frente Renovador, Sergio Massa, consagró al massista Guillermo Michel para ocupar una de las cuatro sillas que le corresponden a la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura. Su suplente será la militante camporista Lucía Cámpora.
De esa manera, empezaron a definirse los representantes del Parlamento, que, en teoría, jurarán ante el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, la semana próxima. La Libertad Avanza se quedará con dos sillas de la Cámara baja. Una sería para el cordobés Gonzalo Roca, mientras que el segundo lugar se definió en favor de Giselle Castelnuovo.
La plaza restante está en disputa. La bancada de Provincias Unidas, que preside Gisela Scaglia, es la tercera minoría, con 18 integrantes, y postuló a Juan Brügge como consejero titular y a Pablo Farías como suplente.
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