POLITICA
Acusaron al ex titular de un organismo social que abastecía a comedores por el desvío millonario en fondos públicos
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la Fiscalía de Salta presentó una acusación formal por fraude a la administración pública contra el ex presidente de la Sociedad del Estado “Pan Solidario”, su esposa y su cuñada, por presuntas maniobras irregulares cometidas durante 2023 que generaron un daño económico superior a los $150 millones.
Se trata de Luis Emilio F. M., quien estuvo al frente del organismo entre abril de 2021 y enero de 2024. De acuerdo con la fiscal Ana Inés Salinas, se trata del presunto autor del delito; mientras que su esposa —R.G.D. y la hermana J.G.D.— fueron imputadas como partícipes necesarias.
A partir de la acción llevada a cabo por la funcionaria la Oficina Judicial deberá sortear al juez interviniente y convocar a la audiencia de control donde se definirá si la causa queda en condiciones de ser elevada a juicio.
Qué reveló el caso
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 24 de mayo de 2024 por el Procurador General de la Municipalidad de Salta. Según la hipótesis fiscal, el hombre acusado habría intervenido en contrataciones con proveedoras vinculadas a su propio grupo familiar, lo que configuró una situación de conflicto de intereses en el manejo de fondos públicos.
De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal de la provincia, ambas mujeres se incorporaron como proveedoras del organismo poco antes de concretarse las operaciones investigadas, sin registrar antecedentes comerciales ni experiencia previa en el rubro. Las contrataciones con la esposa del implicado alcanzaron $48.833.755,34; y las realizadas con su cuñada sumaron $7.739.180, según la documentación contable incorporada al expediente.
La Fiscalía argumentó que parte de los insumos facturados no habrían ingresado efectivamente al organismo ni fueron registrados en stock. El informe del Gabinete de Delitos Económicos del Centro de Investigaciones Fiscales (CIF) determinó faltantes de mercadería por montos millonarios, con una proyección actualizada que supera los $150 millones en uno de los casos analizados. Entre los principales faltantes figuran importantes volúmenes de harina y dulce de leche.
A eso se suman diferencias entre los precios abonados y los valores de mercado en la compra de determinados insumos. También se detectaron compras de materias primas en cantidades superiores a las requeridas para la producción, sin que el excedente quedara registrado ni en stock.
Según la hipótesis fiscal, Luis Emilio F. M. autorizaba las contrataciones y los pagos cuestionados, en tanto las dos proveedoras habrían intervenido en el circuito de facturación de las operaciones investigadas. Esto para las autoridades significaría que el accionar conjunto permitió el desvío de fondos públicos mediante compras sobrefacturadas, mercadería que no ingresó al organismo y operaciones incompatibles con los deberes de administración propios del cargo.
Fraude en PAMI
A principios del mes pasado, una auditoría interna del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) detectó una red de fraude sistemático en prestaciones oftalmológicas y ópticas que se replica en múltiples provincias del país, con al menos cinco modalidades de desvío que van desde la sobrefacturación de anteojos hasta el cobro de prestaciones inexistentes. Los datos, a los que Infobae tuvo acceso exclusivo, surgen de cruces del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y relevamientos prestacionales en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y Concordia.
Los prestadores recetaban lentes de baja graduación, pero facturaban módulos de alta graduación, hasta cinco veces más caros. La segunda modalidad eran las prestaciones fantasma, consultas sin historia clínica, estudios de fondo de ojos o topografías nunca realizados, con hasta el 50% de las órdenes sin respaldo clínico en algunos casos. Se sumaron la manipulación de códigos de facturación, circuitos cerrados con conflicto de interés y el cobro indebido a afiliados por prestaciones que debían ser gratuitas. En este último esquema, el prestador cobraba dos veces: al afiliado y al PAMI. Se detectaron casos de hasta USD 1.500 más $353.500 por lentes que debían estar cubiertos.
La auditoría documentó tres casos con datos específicos. En Santiago del Estero, se confirmaron 606 casos de sobrefacturación con un perjuicio de $10,4 millones en la muestra auditada y el 95% de las recetas derivadas a una misma óptica con vínculo familiar con el médico prescriptor. En Mar del Plata, 58 prestaciones carecían de historia clínica. En Entre Ríos, un único profesional sobrefacturó 613 casos, con 151 consultas sin historia clínica y 16 recetas emitidas sin dioptrías. En Concordia, 830 casos quedaron concentrados en un solo médico.
“Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, afirmaron fuentes del organismo en diálogo con Infobae. Hay al menos seis causas judiciales activas impulsadas por el PAMI y la Unidad Fiscal Especializada (UFI-PAMI) ante la Justicia Federal en distintas jurisdicciones.
POLITICA
El Senado aprobó el pliego del juez que falló a favor de la reforma laboral en la causa que inició la CGT
En una sesión realizada esta tarde, el Senado de la Nación aprobó un paquete de 29 pliegos judiciales y 27 ascensos diplomáticos. La medida busca avanzar en la cobertura de cargos vacantes en la Justicia federal de distintas jurisdicciones del país y desbloquear promociones que permanecían demoradas en el servicio exterior.
Los pliegos judiciales incluyen designaciones para la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de San Martín, tribunales orales federales de Tucumán y Posadas, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, la Cámara Federal de Apelaciones de Salta y de Mar del Plata.
También el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28 de la Capital Federal y otros cargos en fiscalías y defensorías públicas de Corrientes, Mendoza, Río Negro y Capital Federal.
Entre los nombres aprobados se encuentran Víctor Arturo Pesino, Javier Jorge Cosentino, Leopoldo Jorge Rago Gallo, María Claudia Jueguen, Marina Edith Pisacco, Bernardo María Rodríguez Palma, Pablo Roberto Toledo y Ruth María Ponce de León.
En algunos casos, como el de Pesino, sectores de la oposición, entre ellos el kirchnerismo, votaron en contra. El pliego fue aprobado con 35 votos a favor y 32 en contra.
El pliego de Pesino fue especialmente resistido porque fue el juez que falló a favor del Gobierno en la causa contra la reforma laboral, al rechazar un recurso de amparo presentado por la CGT.
Con este resultado, el camarista que cumplirá 75 años el próximo 27 de julio se aseguró un nuevo período por cinco años más en la Cámara Nacional del Apelaciones del Trabajo.
La senadora Patricia Bullrich defendió el pliego de Pesino durante el debate. Consideró que el peronismo buscaba sacarse de encima al magistrado por haber sostenido la reforma laboral, y recordó que esa reforma fue aprobada por mayoría en ambas Cámaras del Congreso. “Los jueces no se sacan por sus fallos”, sentenció la jefa del bloque libertario.
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Otras postulaciones, como las de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, tomaron estado parlamentario y fueron giradas a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento posterior.
En paralelo, el cuerpo aprobó por unanimidad, un conjunto de 27 ascensos diplomáticos en las categorías A, B, C y D. La decisión puso fin a una extensa dilación que afectaba la carrera de funcionarios del servicio exterior argentino.
Senado, CGT, Justicia
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Procesaron a Jorge Capitanich por fraude y abuso de autoridad por la entrega de tierras a familiares de una funcionaria
El exgobernador de Chaco Jorge Capitanich fue procesado por los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas. La causa en la que se investiga a Capitanich tiene como principal acusada a la exfuncionaria Marta Soneira, acusada de adjudicar de forma irregular tierras fiscales a allegados suyos, decisiones que Capitanich avaló con su firma.
El exgobernador fue procesado por el juez federal subrogante de Roque Sáenz Peña, Fernando Carbajal, exdiputado nacional por la UCR.
Según consta en el expediente, la trama por la que fue procesado Capitanich (a solicitud del fiscal general Carlos Amad), incluye, en sus puntos principales, acusaciones por “traslados sospechosos de documentación institucional clave que derivaron en extravíos y adulteraciones”, así como “un mecanismo de adjudicación irregular de miles de hectáreas de tierras fiscales” basado en “informes de inspección idénticos elaborados el mismo día” por un delegado (Darío Giménez), con el objetivo de “beneficiar directamente a los socios comerciales” del esposo de Soneira (Mauricio Ariel Cian), “quienes incluso modificaban o elegían parcelas a su antojo e incurrían en presuntas usurpaciones con la complicidad de las autoridades”.
La denuncia que alcanzó a Capitanich fue presentada por la administración de Leandro Zdero, actual gobernador de Chaco. Ana María Canata, presidenta del Instituto de Colonización de la Provincia del Chaco (actualmente, denominado Instituto de Tierras Fiscales), formalizó la presentación judicial el 2 de mayo de 2024.
La exfuncionaria Soneira fue titular del Instituto de Colonización y secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, con Capitanich como mandatario (gobernó la provincia hasta 2023, cuando lo venció Zdero).
Según se desprende de la resolución del juez Carbajal, el fiscal Amad responsabiliza a Soneira de “valerse de sus cargos para otorgar y adjudicar de forma espuria cuatro inmuebles rurales de grandes dimensiones en el Departamento Almirante Brown a favor de Federico Storti, Nelson Ariel Pochón y Leandro N. Bessone, quienes son socios comerciales de su pareja”. Los inmuebles rurales son dos de 1250 hectáreas, uno de 623 hectáreas y otro de 512 hectáreas.
Además, el fiscal culpa a la exfuncionaria de “otorgar de manera organizada beneficios impositivos provinciales, industriales, reintegros de subsidios y quitas/tarifas especiales en servicios públicos a las empresas de su entorno íntimo”, y de influir “para modificar por decreto la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, permitiendo que sectores rurales del Departamento Almirante Brown (donde radican las empresas de su marido y socios) se habiliten para la explotación rural y desmonte”.
En el marco de la causa, Capitanich fue acusado de haber tenido “un rol fundamental dado que, mediante su firma en los decretos del Poder Ejecutivo Provincial, ratificó y validó formalmente las adjudicaciones de venta de los campos fiscales a precios ínfimos y muy por debajo del valor de mercado”.
También se lo acusó de haber haber aprobado por decreto “la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, ignorando los consensos técnicos de sustentabilidad y violando la Ley de Bosques Nativos que exige que dicha medida sea aprobada exclusivamente por vía legislativa”.
El fiscal Amad consideró que Capitanich estuvo “dentro del esquema delictivo como parte del plan organizado y coautor/partícipe necesario en las maniobras de fraude en perjuicio de la Administración Pública, actos de corrupción y abuso de autoridad, al emitir el decreto adjudicatario final y el decreto de modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos”.
Al ser citado a indagatoria, el 9 de septiembre de 2025, Capitanich presentó un escrito. Pidió “su inmediato sobreseimiento ante la inexistencia absoluta de los delitos de defraudación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito” que se le imputan. El actual senador nacional, se resumió en el fallo de su procesamiento, “rechazó la acusación fiscal, la cual consideró vaga, imprecisa y construida sobre conceptos abstractos alimentados por denuncias e informes mediáticos de opositores políticos que pretenden criminalizar decisiones de Estado legítimas, convirtiendo políticas públicas de desarrollo en supuestas maniobras delictivas”.
El juez Carbajal (que fue diputado nacional por Formosa hasta diciembre de 2025, y en febrero de 2026 fue designado como subrogante en el juzgado federal de Presidencia Roque Sáenz Peña) procesó a Soneira y a Capitanich como coautores de los delitos de fraude en perjuicio de la Administración Pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, y negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas.
El magistrado también procesó, como coautores del delito de fraude, a Mauricio Ariel Cian (el esposo de Marta Soneira) y sus socios Federico Storti, Leandro Nicolás Bessone y Nelson Ariel Pochón. Los acusados Darío Osvaldo Giménez y Sheina Marlene Waicman (que fue titular del Instituto de Colonización) recibieron la falta de mérito. Federico Soneira y Diego Soneira (hermanos de Marta Soneira) fueron sobreseídos.
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POLITICA
Nuevo gesto de LLA: Karina Milei reunió a legisladores porteños y hablaron de la estrategia para 2027
Karina Milei se reunió este jueves en Casa Rosada con legisladores porteños y equipos técnicos de La Libertad Avanza para escuchar la hoja de ruta de las reformas que tienen para la Ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo que configura una cumbre con alto componente simbólico. “Queremos demostrar que estamos preparados para gobernar la Ciudad en 2027”, afirman en el oficialismo nacional.
En el resumen del encuentro publicado por la Casa Rosada se dio a conocer que desde la filial porteña transmitieron su “preocupación por la acumulación de residuos, los problemas de circulación ocasionados por las barreras ferroviarias y la falta de desarrollo del sur de la Ciudad de Buenos Aires”.
Esta última mención no es menor, ya que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ha manifestado en más de una oportunidad que busca desarrollar ese sector de la Ciudad. Se trata de una de las demostraciones de autonomía que pretende realizar el armado karinista en un momento en el cual se están determinando cuáles serán las alianzas electorales en distintos puntos del país.
El comunicado de prensa indica que se presentaron “los avances en la elaboración de la plataforma de gobierno con vistas a las elecciones de 2027”. La conducción nacional libertaria no ha dado muestras de que pretende cerrar un acuerdo con el macrismo. No por el momento. Creen que aquello se terminará de decidir a principios del año próximo y con un panorama más acabado.
Karina Milei cree que tiene espacio para disputar la silla de Uspallata con una fórmula propia. Esta es una posibilidad que disminuyó con el tiempo debido al declive definitivo de la candidatura de Manuel Adorni, al mismo tiempo que en el sector ligado a Patricia Bullrich tampoco muestran entusiasmo por una postulación porteña. Al mismo tiempo, Jorge Macri reconvirtió su discurso de gestión, centralizándolo en la seguridad pública. Esto se trasladó a la Legislatura porteña, donde votaron junto a La Libertad Avanza iniciativas tales como el mayor control de los “trapitos“.
Ese proyecto fue presentado oportunamente por La Libertad Avanza y es uno de las tantas reformas que Ramírez y su equipo presentaron a comienzos de año internamente como para imponer volumen político en la Legislatura de la Ciudad. En la Casa Rosada consideraban que la actividad parlamentaria volverá a marcar el pulso político en las próximas semanas, tanto a nivel nacional como en el distrito porteño.
El encuentro comenzó a las 13 y se extendió por casi dos horas. Contó con la participación completa de los legisladores porteños y de funcionarios de la gestión nacional como el secretario de Comunicación, Fabián Fernández, o el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña.
Los legisladores bonaerenses de LLA habían sido convocados en un primer momento, pero no participaron por el llamado a sesiones en el Senado de la Provincia. La modificación dejó la reunión enfocada en los dirigentes de la Ciudad, uno de los principales distritos electorales del país.
La reunión se desarrolló en un contexto de tensiones silenciosas dentro del oficialismo. En los últimos meses se profundizaron las diferencias entre el sector que responde a Milei y el armado político de Patricia Bullrich, sobre todo en la definición de candidaturas, el desembarco de dirigentes provenientes del PRO y el control de la expansión partidaria.
Aunque ambas sostienen una relación institucional, dentro del oficialismo reconocen que conviven dos formas distintas de construir poder. Esa competencia podría proyectarse hacia el proceso electoral de 2027.
Bullrich continúa fortaleciendo su influencia a través de la gestión y de su vínculo con sectores del PRO. Karina Milei, en cambio, conserva el control del partido y de la expansión territorial, en una división de funciones que convive con una disputa de fondo sobre quién conducirá el crecimiento libertario una vez superado el ciclo de reformas económicas impulsadas por el Presidente.
En Balcarce 50 sostienen que la prioridad inmediata sigue siendo preservar la unidad del oficialismo y evitar que el debate interno interfiera con la agenda parlamentaria. La reunión de este jueves también buscaba transmitir un mensaje de cohesión a los legisladores y coordinar el trabajo político de los próximos meses.
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