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POLITICA

ADEPA alertó sobre las posibles consecuencias del proyecto de defensa de Malvinas sobre la libertad de expresión

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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) alertó que el proyecto de ley denominado “De defensa de la soberanía nacional”, que refuerza sanciones vigentes a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y su entorno, habilita la posibilidad de “interpretaciones ambiguas” con impacto sobre la libertad de expresión. La entidad adelantó que enviará “un análisis jurídico” de la iniciativa a los legisladores y consideró que la norma impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei se puede “corregir y mejorar”.

“ADEPA remitirá a los legisladores un análisis jurídico del proyecto de ‘Ley de Defensa de la Soberanía Nacional’, con especial atención a aquellos aspectos que puedan generar interpretaciones ambiguas con potencial impacto en el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa”, informó la entidad periodística en un comunicado.

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La advertencia de ADEPA se funda en el texto del artículo 111 de la iniciativa del oficialismo. Ese punto establece que se penará con entre cinco y 12 años de prisión a quienes, “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva” o que “promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”.

“La protección de la soberanía y de la integridad democrática frente a eventuales injerencias extranjeras constituye un objetivo legítimo. Pero las normas destinadas a ese fin deben ser precisas y claramente delimitadas, de modo que permitan perseguir conductas ilícitas concretas sin alcanzar expresiones legítimamente protegidas. Entendemos en ese sentido que hay espacio para corregir y mejorar el texto propuesto”, sostuvo ADEPA.

Para la entidad periodística, la redacción puede derivar en situaciones de incertidumbre: “El análisis de ADEPA advierte sobre la amplitud de conceptos como ‘desinformación’, ‘manipular la opinión pública’, ‘campaña coordinada’, ‘alterar procesos electorales’ y otros que podrían generar incertidumbre sobre el alcance de la norma y efectos inhibitorios sobre periodistas y medios”.

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“ADEPA considera conveniente que cualquier regulación se concentre en conductas objetivamente identificables -como operaciones clandestinas de interferencia, financiamiento encubierto, suplantación, falsificación, coerción o manipulación de infraestructura electoral- y no aspectos subjetivos que podrían ser utilizados para cuestionar o perseguir contenidos u opiniones. Proteger la soberanía y la integridad democrática también implica preservar una prensa libre y un debate público abierto y plural”, concluyó la entidad en su comunicado.

ADEPA nuclea a 180 empresas periodísticas y, hace diez días, en una asamblea realizada en Tucumán constituyó su nuevo Consejo Ejecutivo, encabezado por Daniel Dessein (de La Gaceta).




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POLITICA

Karina Milei no viajará a Nueva York con el Presidente: los motivos y la necesidad de ordenar la interna

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En una decisión poco habitual, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, resolvió quedarse en el país y no acompañar al presidente Javier Milei en su viaje número 19 a Estados Unidos. Los motivos son variados y tienen que ver con una serie de definiciones de la agenda política del Gobierno, que atraviesa momentos de tensión interna debido a los últimos contrapuntos expuestos por la senadora Patricia Bullrich.

Fiel integrante de las comitivas en los viajes presidenciales, la menor de los Milei se ausentó en contadas ocasiones de las salidas internacionales por diversos motivos, entre ellos las elecciones porteñas y la irrupción de causas judiciales como las de Adorni y ANDIS.

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El primer motivo que pesó en la decisión de la funcionaria de no acompañar a Milei a Nueva York, con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas, es la reunión de la mesa política que se celebrará este martes a las 13 en las oficinas del ex Ministerio del Interior. El encuentro, que suele repetirse cada semana, esta vez tendrá una relevancia particular: se dará luego de que la legisladora violeta cuestionara el ajuste previsto en materia de discapacidad en el Presupuesto 2027.

Bullrich aprovechó el fin de semana para hacer públicas sus diferencias y hasta dudó si asistir a la reunión del reducido círculo que finalmente integrará. “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”, planteó en declaraciones a La Nación+, luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, sostuviera que la ex ministra no había estado en la explicación del Presupuesto porque se había retirado antes de que terminara el intercambio del pasado martes.

Patricia Bullrich (Maximiliano Luna)

El malestar de la senadora tiene como destinatarios a Santiago y Luis Caputo, aunque puntualmente apunta contra el primero por su postura “talibana” ante Milei tras la inclusión de una serie de medidas que dinamitaban la relación con los aliados y se presentaban contrarias al proyecto “superador” que el oficialismo trabaja para suprimir la emergencia en discapacidad.

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Al margen de la disputa, Karina Milei encabezará un nuevo intercambio en el que se espera que la plana del poder lime asperezas y ordene la estrategia de cara a los principales desafíos legislativos. En Casa Rosada descuentan que la exministra trasladará las críticas que expuso ante los medios de comunicación.

Sin embargo, desde el karinismo descartan la posibilidad de que la menor de los Milei se transforme en una mediadora entre los actores involucrados. “Somos gente grande. Cada uno dirá lo que tenga que decir y punto”, se expidió un funcionario asistente.

Será la primera vez que vuelvan a verse cara a cara luego de la polémica abierta a finales de la semana pasada, en medio de los cuestionamientos de Bullrich a la dinámica interna del Gobierno.

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La mesa política en Casa Rosada

El temario de la reunión incluirá además el nuevo proyecto de Discapacidad, cuyo texto está en plena cocina pese a la abrupta salida del secretario Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien presentó su renuncia en las últimas horas. Las encargadas de llevar adelante la tarea son las diputadas bullrichistas Laura Rodríguez Machado y Silva Giudici, quienes le informaron a Bullrich sobre el profundo recorte contemplado en la “ley de leyes”.

Con las dos posibilidades sobre la mesa, lo que resta es afinar el debate político y definir si prima el posicionamiento de los sectores que propusieron avanzar con el ajuste o el de quienes bregan por una ley “superadora”.

Asimismo, debatirán en torno a los próximos pasos de la Ley de Soberanía Nacional, enviada en los últimos días al Congreso, y establecerán los plazos para el tratamiento en el Senado de la nueva Carta Orgánica del Banco Central, además de los cambios al régimen de Zona Fría.

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El segundo motivo que mencionan en el oficialismo para explicar la decisión de Karina de no viajar es la nueva reunión ampliada para coordinar la visita del papa León XIV. Tras la oficialización de la agenda de actividades, está previsto que este martes vuelvan a reunirse representantes de la Iglesia, el Poder Ejecutivo y los gobiernos de Buenos Aires, Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires.

Lo cierto es que la funcionaria consideró necesaria su permanencia en el país para terminar de instrumentar los cambios en la dinámica interna de la quinta de Olivos tras la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la reabsorción de sus responsabilidades por parte de la Casa Militar. Además, deberá definir la sucesión de Belén Agudiez en la Subsecretaría de Planificación General.

Fuentes oficiales sostienen además que Karina Milei tiene previsto seguir de cerca la actividad en el Congreso y mantener una serie de reuniones “con la política” de las que evitaron dar precisiones. “Son todos temas por los que definió no viajar”, precisaron desde su entorno.

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POLITICA

La explicación de Adorni: bitcoins en negro, ventas a escondidas y la decisión de vivir como si el dinero “no existiera”

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Manuel Adorni sostiene que gastos por cientos de miles de dólares que hizo en los últimos años se explican por inversiones en bitcoins que, según su relato, había mantenido en secreto, escondidas, hasta junio pasado. Fue en ese momento, con la causa por enriquecimiento ilícito ya avanzada en su contra y números que no cerraban, que modificó su estrategia: dijo que él y su mujer habían ahorrado 200.000 dólares, que los invirtieron en criptomonedas y que ganaron otros 300.000, todo antes del gobierno de Javier Milei. Ahora, esa versión se la dio a la Justicia.

La historia, como la presentó la defensa del exjefe de Gabinete, tiene capítulos oscuros, casi imposibles de chequear; según Adorni, por la propia naturaleza de la inversión, que puede hacerse sin dejar rastros. Pero además, en toda la cadena de movimientos de dinero -algunos muy llamativos- el exfuncionario relata haber elegido siempre la informalidad.

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Adorni dice que compró bitcoins con ahorros no bancarizados ni declarados, que los vendió a compradores anónimos que le pagaron en efectivo (uno de ellos, de acuerdo con su relato, le dio en mano, el 5 de agosto de 2017, 296.785,46 dólares), que él y su mujer guardaron todo el dinero (que llegó a sumar 565.000 dólares) en su departamento durante años y que “optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran”, hasta que, por razones de seguridad, se vieron obligados a usar parte de esos fondos cuando él asumió como funcionario para mudarse (“al encontrarse en el primer piso, sus vecinos le arrojaban objetos a su patio”, dice el escrito presentado para explicar la mudanza a Caballito); también, para comprarse una casa de fin de semana (decisión que tomaron después de que Adorni sufrió un “altercado” en la “vía pública”, cuenta el texto).

La operación de venta del 5 de agosto no solo es llamativa porque, de acuerdo con lo que sostiene Adorni, un desconocido le pagó casi 300.000 “dólares billete” en algún lugar no revelado “sin que mediara intervención de plataforma, entidad financiera o intermediario alguno”.

Adorni sostiene que, en total, fueron ocho las billeteras con las que operó. ¿Cómo prueba que efectivamente eran suyas? Presentó un acta en la que un escribano dejó asentado que constató que Adorni tiene las claves privadas para operar con esas billeteras, que hoy están vacías, y se ofreció a entregar esas claves si la Justicia se las pide. “La sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”, afirmó el abogado de Adorni, Matías Ledesma. Pero el acta es de septiembre de este año. Lo que acredita es que Adorni es quien dispone de esas billeteras ahora; no que fuera su dueño antes de asumir como funcionario.

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¿Puede bastar esta exposición como la explicación del enriquecimiento que la Justicia le reclamó a Adorni? Para la defensa, sí; en todo caso, deberá el fiscal Gerardo Pollicita demostrar que Adorni miente. Por el principio de inocencia -afirmó Ledesma-, “el deber de ‘justificar’ no importa una inversión de la carga de la prueba”. El abogado invocó además la regla “in dubio pro reo” (en caso de dudas, hay que estar a favor del acusado).

Cuando Adorni incorporó públicamente la versión de sus criptoganancias, un funcionario que trabaja en la causa advirtió a LA NACIÓN que de no ser trazables las operaciones, el problema sería del funcionario porque es a él a quien le corresponde justificar su crecimiento patrimonial. El fiscal Pollicita deberá analizar ahora si lo presentado por el exjefe de Gabinete es suficiente, si dispone nuevas medidas de prueba o si pide que sea citado a declarar en indagatoria.




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El fiscal apeló la decisión de separar las causas Hotesur y Los Sauces y pidió un solo juicio para Cristina y Máximo Kirchner

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El fiscal Diego Velasco apeló ante la Cámara Federal de Casación la decisión del Tribunal Oral Federal 5 de partir en dos el debate por las causas Hotesur y Los Sauces y busca que Cristina Kirchner, su hijo Máximo y el resto de los imputados enfrenten un solo juicio oral.

La fiscalía sostiene que separar los expedientes puede debilitar la acusación por lavado de activos y asociación ilícita contra los imputados y que pone en riesgo la visión de conjunto de la maniobra investigada.

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Los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni resolvieron de manera unánime que el juicio por Los Sauces comience el 23 de octubre y que el de Hotesur arranque el 19 de marzo de 2027. Ambos procesos serán presenciales.

El TOF argumentó que dividirlos ahorraría tiempo, reduciría la cantidad de testigos y abogados en la sala y haría más ágil el debate. Cada expediente tiene cerca de 200 testigos propios y apenas una veintena de coincidencias.

Velasco aclaró en su escrito que la apelación es únicamente en contra del desdoblamiento de los juicios y pidió que ambos procesos comiencen el próximo 23 de octubre y ante un mismo tribunal.

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En su indagatoria en la causa Cuadernos, Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución y advirtió: «Con este Poder Judicial puedo morir presa». (Foto: AP -Rodrigo Abd)

Los jueces justificaron la separación en que, pese al marco histórico común, ambas causas tienen objetos procesales distintos: en Hotesur se investiga el circuito de fondos de Báez hacia los hoteles familiares a través de Valle Mitre, mientras que en Los Sauces se suman también pagos del Grupo Indalo por alquileres de inmuebles.

El tribunal advirtió que un juicio conjunto, con casi 200 testigos por expediente, podría extenderse más de dos años, y habilitó además los sábados 24 y 31 de octubre y la primera semana de la feria de enero para las audiencias de Los Sauces.

Hotesur

La investigación se inició en noviembre de 2014, un día después del informe del programa Periodismo Para Todos que mostró que Hotesur S.A., que administraba el hotel Alto Calafate, adeudaba balances y no había actualizado ante la Inspección General de Justicia la composición de su directorio.

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La denuncia formal la presentó la entonces la diputada Margarita Stolbizer. El expediente recayó primero en el juez Claudio Bonadio, quien allanó una sede porteña que resultó vacía. En 2018, el juez Julián Ercolini procesó a los principales acusados y en 2019 elevó la causa a juicio.

El Hotel Alto Calafate, uno de los apuntados en la causa Hotesur.
El Hotel Alto Calafate, uno de los apuntados en la causa Hotesur.

La hipótesis fiscal sostiene que empresas del grupo Báez, en especial Valle Mitre SRL, gerenciaron o contrataron plazas y servicios en Alto Calafate y en la hostería Las Dunas, y que esos pagos habrían servido para ingresar al patrimonio familiar fondos originados en la obra pública vial de Santa Cruz.

Además de la expresidenta, serán juzgados Máximo Kirchner, Lázaro y Martín Báez, el contador Víctor Manzanares, Osvaldo Sanfelice, Romina Mercado, Patricio Pereyra Arandia y otros integrantes de directorios y de la operatoria societaria. Florencia Kirchner quedó fuera del juicio por decisión firme de Casación.

Los Sauces

La hipótesis fiscal es que la inmobiliaria no operó como un negocio de mercado. Entre 2009 y 2016 facturó $25.968.042,30 a empresas de Báez y del Grupo Indalo, cerca del 88% de su facturación. El grupo de López y Fabián De Sousa aportó unos $18,5 millones, mientras que las firmas de Báez, cerca de $7 millones. La acusación sostiene que esos pagos disimulaban el retorno de fondos por la adjudicación de obras públicas.

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