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ADEPA expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de prohibir el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada

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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su “máxima preocupación” por la decisión del Gobierno de Javier Milei de restringir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada y reclamó una revisión urgente de la medida. La entidad calificó la disposición como “intempestiva” y advirtió que no registra antecedentes en la vida democrática argentina.

A través de un comunicado oficial, ADEPA cuestionó el alcance general de la restricción y sostuvo que afecta directamente el funcionamiento habitual del periodismo en la sede del Poder Ejecutivo. “El acceso de los periodistas a la sede del Poder Ejecutivo constituye una práctica institucional consolidada a lo largo del tiempo, que nunca fue interrumpida de manera generalizada”, señaló la entidad.

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En ese sentido, remarcó que la presencia de la prensa en la Casa Rosada no es un mecanismo accesorio, sino una condición necesaria para el acceso a la información pública. Según planteó, esa práctica resulta “esencial para garantizar el derecho de la sociedad a recibir información sobre los actos de gobierno”.

La organización también se refirió a los argumentos oficiales que vinculan la medida con una investigación por presunto espionaje ilegal. Sin desconocer la existencia de actuaciones judiciales o denuncias en curso, ADEPA consideró que ese contexto no justifica una decisión de alcance general. “La existencia de una investigación judicial en curso, así como eventuales denuncias vinculadas a hechos específicos, no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo”, advirtió.

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De acuerdo con el comunicado, las restricciones colectivas sobre el acceso a la Casa de Gobierno implican un límite indebido al trabajo de los periodistas y al flujo de información. En esa línea, la entidad subrayó que este tipo de decisiones no deberían derivar en obstáculos para la cobertura cotidiana de la actividad oficial.

ADEPA vinculó el impacto de la medida con principios centrales del sistema democrático. “La decisión adoptada, además, impacta directamente sobre la libertad de expresión y el derecho a la información, pilares fundamentales del sistema democrático”, afirmó.

El pronunciamiento se conoció luego de que el Gobierno dispusiera la suspensión del ingreso de todos los periodistas acreditados, al dejar sin efecto la prórroga de las credenciales vigentes mientras avanza una investigación interna. La medida, de carácter “preventivo” según fuentes oficiales, implica en la práctica el cierre transitorio de la sala de prensa de la Casa Rosada y la interrupción del acceso habitual de los cronistas.

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Frente a ese escenario, ADEPA reclamó a las autoridades a dar marcha atrás con la decisión. “ADEPA insta a las autoridades a revisar de manera urgente esta medida y a restablecer las condiciones habituales de trabajo para los periodistas acreditados”, expresó.

El pedido, agregó la entidad, apunta a resguardar tanto la transparencia institucional como el ejercicio pleno de la libertad de prensa. En ese marco, advirtió que el acceso regular de los periodistas a las dependencias oficiales es un componente central para el control público de la gestión y para el derecho de la ciudadanía a informarse.

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Hasta el momento, el Gobierno no informó plazos concretos para la normalización del acceso ni detalló bajo qué condiciones se restablecerá el esquema de acreditaciones.

ADEPA, periodismo, Casa Rosada, Javier Milei

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POLITICA

Las cumbres secretas en el country de Insaurralde cuando estalló el escándalo del yate: funcionarios, contratistas y Sofía Clerici

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Desde el sábado 30 de septiembre de 2023, cuando se difundió en Instagram la fotografía de Martín Insaurralde navegando a bordo del yate Bandido por el Mar Mediterráneo con la modelo Sofía Clerici, el exintendente de Lomas de Zamora estuvo desaparecido y no se lo volvió a ver públicamente.

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Sin embargo, accedió al listado de las entradas y salidas del country Fincas de San Vicente Club de Chacras, ubicado sobre Juan Pablo II Nº 1600 y Ruta 58, donde en los lotes 242 y 243 Insaurralde tiene una casona, cuyo origen es investigado por la Justicia.

De ese listado se desprende que Insaurralde se encontraba allí ese fin de semana donde se reunieron en su residencia, durante varios días, sus máximos hombres de confianza de la política, como el legislador y exintendente del partido de la Costa Juan Pablo de Jesús, acusado de ser su testaferro; el integrante del Tribunal de Cuentas bonaerense Juan Pablo Peredo, uno de sus referentes en el mundo del juego, y su abogado, Víctor Matassi. En algunos casos el encuentro duró dos días al menos, ya que se registra la entrada al country de alguno de los contertulios el sábado 30 de septiembre y su salida el día lunes 2 octubre.

El barrio privado Fincas de San Vicente, ubicado en la ruta 58 y avenida Juan Pablo II, partido de San Vicente, es donde vivía Martín Insaurralde al momento del escándalo; es una de las propiedades que figura en la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito que hicieron dirigentes de Republicanos UnidosRicardo Pristupluk

Esa lista de visitas además revela la presencia en la casa de Insaurralde de empresarios contratistas de la Municipalidad de Lomas de Zamora y la estadía, durante dos días del mes de agosto, de la modelo Clerici, su compañera de viaje del 15 de septiembre del año pasado que devino en escándalo. Clerici ingresó en el country el viernes 4 de agosto de 2023 a las 21:37:47 segundos y se fue del barrio privado el domingo 6 de agosto a la noche, a la 22:04:29 segundos.

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Esa lista de visitas está incorporada como prueba al expediente judicial donde el juez Ernesto Kreplak y el fiscal Sergio Mola investigan a Insaurralde, a su exesposa Jesica Cirio y a Clerici por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero luego de que en octubre pasado se conociera una foto del funcionario y Clerici navegando por el Mediterráneo, entre copas de champagne, mariscos y regalos de lujo.

Martín Insaurralde
Martín InsaurraldeArchivo

El día que se conocieron las fotos, el 30 de septiembre y los inmediatamente posteriores, fueron de alta exposición y críticas para el exintendente de Lomas de Zamora, que tuvo que renunciar a su cargo de jefe de Gabinete bonaerense y a su candidatura a concejal en su distrito. En esas jornadas, una parte importante de su tropa de dirigentes políticos más cercanos se acercó a su casa en San Vicente.

Ese 30 de septiembre ingresó al country como “invitado” de Insaurralde el actual secretario técnico, administrativo y legal de la Municipalidad de Lomas de Zamora, Víctor Matassi, que es uno de los abogados del exjefe de Gabinete bonaerense (en esa dependencia ocupó el mismo cargo que tiene en Lomas). Su salida del country quedó registrada el 2 de octubre, por la madrugada. Una larga reunión.

Allanamiento en la propiedad de Insaurralde
Allanamiento en la propiedad de InsaurraldePFA

El día del estallido del caso también pasó por la casa de Insaurralde en el country Juan Pablo Peredo, un exdirectivo de la firma de juego Codere, al que Insaurralde ubicó como vocal del Tribunal de Cuentas bonaerense durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Un cargo vitalicio, desde donde Peredo tiene asignada la función específica de controlar a organismos descentralizados. Entre ellos, el Instituto de Lotería y Casinos bonaerense. Peredo se retiró apenas comenzado el 2 de octubre y coincidió con la presencia del abogado Matassi.

El senador bonaerense Adrián Santarelli, otro de los dirigentes más cercanos a Insaurralde, visitó en esas horas conflictivas a su jefe político y, al igual que Peredo y que Matassi, llegó el 30 de septiembre y se retiró el 2 de octubre a la madrugada.

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El secretario de Salud de Lomas de Zamora, Mariano Ortega, que en un lapso de diez meses realizó 16 visitas a la vivienda de San Vicente, se acercó el mismo 30 de septiembre de la difusión del caso. Repitió esas visitas los días 2, 3, 5, 6 y 7 de octubre.

Sofía Clerici
Sofía Clerici

El sucesor de Insaurralde en la intendencia de Lomas y hombre de su máxima confianza, Federico Otermín, ingresó como invitado al country el 30 de septiembre. Volvió al día siguiente. Juan Pablo de Jesús (exintendente del partido de La Costa, exvicejefe de Gabinete bonaerense y uno de los dirigentes más cercanos a Insaurralde) estuvo el 30 de septiembre y el 1º de octubre. De Jesús está imputado en una causa en la que se lo investiga como presunto testaferro del lomense.

Dirigentes del círculo más cercano a Insaurralde y algunos de sus familiares visitaron al exfuncionario bonaerense en los días más agitados. Su hermana Alejandra Insaurralde, que es subsecretaria de Servicios Informáticos de la Municipalidad de Lomas de Zamora, estuvo el 1º de octubre, y también los días 3 y 5 del mismo mes.

Allanamiento en la propiedad de Insaurralde
Allanamiento en la propiedad de InsaurraldePFA

Los días 2, 4 y 11 de octubre estuvo en el country María Victoria Bourio, la histórica secretaria privada de Insaurralde, que sigue en ese cargo en la gestión de Otermín. El 5 de octubre fue Pablo De Rosa, otro de los hombres del exintendente en el Tribunal de Cuentas provincial (es secretario de Jurisprudencia, Consultas y Dictámenes), órgano clave porque revisa la ejecución de gastos de la Provincia, los 135 municipios y los organismos provinciales, con capacidad para cuestionarlos y aplicar multas y sanciones.

El 1º de octubre y el 2 de octubre ingresó al country con autorización de Insaurralde Cristian Scollo, que en total estuvo 112 veces en el período que va desde el 1º de enero y el 23 de octubre de 2023. Scollo es el director del Museo Histórico 17 de Octubre Quinta San Vicente (la quinta que fue propiedad de Juan y Eva Perón), aunque al ingresar al country de Insaurralde figura como “chofer”.

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Insaurralde y de Jesús
Insaurralde y de JesúsTwitter

La lista de visitantes incluye a algunos empresarios. Por ejemplo, a Nicolás Sgherza, que aparece como integrante de la firma Luz y Control SRL, donde interviene Rodrigo Agustín Insaurralde, hijo del exintendente. Fue uno de los visitantes del 30 de septiembre. Ligado a esa empresa, acudió a la casa del country Carlos Alberto Cappiello, el 1° de abril de 2023..

La casa del country de San Vicente fue adquirida mediante un fideicomiso. La empresa contratista de la municipalidad de Lomas de Zamora DOIO SA, transfirió en 2001 junto con la exmujer de Insaurralde a la firma Sasaxa Libero SA, controlada por Insaurralde, mediante su familia, la casa del country Fincas de San Vicente, Club de Chacras, donde vivió el exfuncionario y no está declarada.

Doio fue contratista del gobierno de la provincia de Buenos Aires para la pavimentación de la ruta 16, y mientras Insaurralde era intendente construyó piletas de natación y vestuarios en Villa Albertina, la estación de transferencia Banfield-Lomas de Zamora, obras en el Concejo Deliberante, en un Hogar de Mujeres y en el Cuartel de Bomberos. Insaurralde era deudor de Víctor Mariano Donadio, socio de DOIO SRL, según documentos de la Procuraduría especializada en lavado de dinero.

Insaurralde y la imagen del escándalo tomada por Clerici en un yate, en el Mediterráneo
Insaurralde y la imagen del escándalo tomada por Clerici en un yate, en el Mediterráneo

Otro de los visitantes de la casa del country de San Vicente fue Florencia Stamato, que lo visitó el 25 de septiembre, cinco días antes de que estallara el escándalo de la fotografía. Stamato era secretaria general de Insaurralde, de estrecha vinculación con el exfuncionario, y sobrina del exintendente Jorge Rossi, su antecesor. Actualmente también se desempeña en el Tribunal de Cuentas que revisa los números de Kicillof y los intendentes.

Otro día de inusual actividad política en la casa de San Vicente fue el 20 de junio de 2023. Ese día se reunieron allí Ortega, Matassi, Otermín, Santarelli, además de Gastón Lassalle, presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria en Lomas de Zamora; Diego Cordera, que es el presidente del Consejo Deliberante y Matías Gasparrini, secretario de Cultura de la municipalidad. Ese martes 20 de junio faltaban cuatro días para el cierre de listas de las PASO, donde un Insaurralde empoderado por su alianza con Máximo Kirchner, pisaba fuerte en Lomas de Zamora y en la Provincia.

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Martín Insaurralde, Federico Otermín y Adrián Santarelli
Martín Insaurralde, Federico Otermín y Adrián SantarelliPrensa Lomas de Zamora



Hernán Cappiello,Javier Fuego Simondet,LA NACION,Política

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Tras el revés en el Senado, Patricia Bullrich se reunirá con Sturzenegger para evaluar cambios al proyecto de ley de propiedad privada

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El Gobierno busca recomponer la estrategia para aprobar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada después del traspié que sufrió la semana pasada en el Senado. En la Casa Rosada aseguran que Patricia Bullrich se reunirá con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, para revisar el proyecto y acercar posiciones de cara a una nueva sesión prevista para el 6 de agosto.

Del encuentro también participará la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, que en Balcarce 50 quedó a cargo de ordenar las diferencias técnicas y políticas que terminaron trabando la iniciativa. El objetivo es consensuar una versión definitiva del texto antes de retomar las negociaciones con los bloques dialoguistas.

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En el Ejecutivo reconocen que la relación entre Bullrich y Sturzenegger quedó tensionada después de las sucesivas modificaciones que sufrió el proyecto. La iniciativa acumuló múltiples borradores y cambios de último momento mientras el oficialismo intentaba reunir los votos necesarios para aprobarla en la Cámara alta.

En Nación sostienen que el ministro llegó incluso a advertir que impulsaría un veto presidencial si el Congreso aprobaba una versión que se apartara de los lineamientos originales impulsados por su cartera. En el entorno de Bullrich, en cambio, atribuyen el fracaso parlamentario justamente a esas diferencias de último momento y aseguran que el propio Sturzenegger fue quien objetó la redacción final cuando el oficialismo daba por encaminada la votación.

La Casa Rosada intenta ahora cerrar esa discusión puertas adentro. La participación de Ibarzabal responde a la necesidad de evitar nuevas diferencias jurídicas sobre un proyecto que modificó más de una decena de veces su redacción desde que obtuvo dictamen y que terminó exponiendo descoordinaciones entre las áreas técnicas y políticas del Gobierno.

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La senadora Patricia Bullrich en la sesión por el proyecto de propiedad privada (Foto: Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado).

El traspié en el Senado también dejó consecuencias en la estrategia parlamentaria del oficialismo. En Balcarce 50 comenzaron a revisar la decisión de enviar los proyectos más sensibles primero a la Cámara alta, una lógica pensada para negociar directamente con los senadores alineados con los gobernadores y luego girarlos a Diputados con media sanción.

Después de la postergación de Propiedad Privada, el Ejecutivo analiza descomprimir la agenda del Senado y darle mayor protagonismo a Diputados. Bajo esa lógica, la Casa Rosada ya proyecta enviar allí los cambios de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos iniciativas que Javier Milei pretende convertir en ejes del segundo semestre.

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En Balcarce 50 insisten en que el problema no fue únicamente la resistencia al capítulo sobre tierras rurales. También reconocen que la acumulación de borradores, las diferencias internas y la falta de coordinación con los aliados terminaron debilitando la negociación parlamentaria y obligaron a pedir un cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.

El oficialismo quiere que la reunión entre Bullrich, Sturzenegger e Ibarzabal sirva para cerrar definitivamente esa etapa. La intención es llegar al próximo intento legislativo con un único texto consensuado entre el Ministerio de Desregulación, Legal y Técnica y el bloque oficialista para evitar nuevos cambios durante la negociación en el recinto.

La Casa Rosada también busca bajar la tensión interna después de los cruces de los últimos días. Aunque algunos sectores responsabilizaron a Bullrich por el fracaso legislativo, en el Gobierno sostienen que la senadora seguirá integrando la mesa política y relativizan las diferencias con Karina Milei. En paralelo, otros funcionarios remarcan que Milei mantiene la intención de tenerla como una de las principales figuras del oficialismo rumbo a las elecciones de 2027.

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Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger

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Javier Milei no desacelera la motosierra en el Gabinete y ya despidió a 55 altos funcionarios

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Santiago Caputo, asesor de la Secretaría General de la Presidencia, es el funcionario que más poder acumuló en la Casa Rosada desde que Nicolás Posse fue exonerado de la jefatura de Gabinete

Esa lógica de Milei se traslada al manejo de sus equipos de ministros, asesores y colaboradores. En los 223 días que lleva al frente del Gobierno, el líder de los libertarios echó a unos 55 funcionarios de alto rango. Es decir, personas que habían sido designadas en puestos estratégicos de la función pública y que estaban al mando de carteras, secretarías, subsecretarías o empresas que controla el Estado. En base a esas cifras se deduce que, en promedio, casi dos funcionarios fueron eyectados por semana de sus cargos desde que Milei tomó posesión el 10 de diciembre pasado. Dicho de otro modo: cada cuatro días de gestión, un integrante de la planta política de la administración nacional fue desplazado de sus funciones por orden de Milei, quien dio el salto a la política grande sin contar con experiencia en la gestión de grandes estructuras de poder o la tarea de articular equipos de asesores y manejar enormes presupuestos.

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Julio Garro (Deportes) y Fernando Vilella (Bioeconomía) fueron las últimas víctimas de la ira de Milei y de su principal comisario político en el aparato estatal: Santiago Caputo, asesor de la Secretaría General de la Presidencia. Caputo es el funcionario que más poder acumuló en la Casa Rosada desde que Nicolás Posse fue exonerado de la jefatura de Gabinete. Como Karina Milei, el influyente asesor se sienta en la mesa chica del Presidente y se mete directamente en decisiones de ministerios u organismos públicos, donde coloniza áreas con soldados fieles.

El ritmo frenético de la “purga” que ejecutan de manera impiadosa Milei y Caputo ante aquellos que contradicen el relato oficial o no se alinean con las directivas expresas que emanan desde la cúpula del Gobierno no aminoró con el correr de la gestión ni la aprobación de las reformas económicas en el Congreso. Al contrario, en los meses de mayo y junio, cuando ya concluía el primer semestre de los libertarios en el poder, hubo un récord de despidos. Al menos veinticuatro funcionarios perdieron su lugar en la estructura nacional en esos 60 días. O sea, hubo doce expulsados por mes. Hasta ese momento los picos máximos se habían dado en febrero y abril, con siete bajas. Y en lo que va de julio ya se fueron seis altos funcionarios. El dato se desprende de un trabajo del politólogo y consultor Pablo Salinas, quien realiza un monitoreo diario de los despidos en el Estado. Las áreas que más bajas sufrieron son Capital Humano (29%); Economía (24%), Jefatura de Gabinete (13%); Salud (7%); y Educación (5%).

Con la cesantía de Posse como jefe de Gabinete, no solo se aceleró la mutación en el seno del equipo de ministros, sino que se instauró una nueva dinámica interna en la Casa Rosada. En rigor, las necesidades políticas se impusieron a las urgencias de la gestión. Aquellos colaboradores de Milei que estaban encargados de la estrategia electoral y el armado político se quedaron con el control y la gerencia del Estado.

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El avance de Caputo

Poco a poco, Caputo desarmó el diseño organizacional que había preparado Posse desde que inició la campaña presidencial. Guillermo Francos, el fixer de Milei a la hora de trenzar acuerdos con la oposición en el Congreso, fue promovido a ministro coordinador, pero, en rigor, su misión principal sigue siendo la articulación política. “Nadie ordena la gestión y tiene que ver con una mirada política: el Estado no tiene impacto, solo genera problemas o intervenciones innecesarias en la vida de la gente. Entonces, creen que por más que mejoren el funcionamiento del equipo, el impacto va a ser marginal en la sociedad”, grafican cerca de un ministro de Milei.

En paralelo, Caputo delegó tareas de la jefatura de Gabinete en el nuevo ministerio del “coloso” Federico Sturzenegger y colocó a sus leales en posiciones estratégicas o áreas donde hay cajas codiciadas. Por caso, el abogado Silvestre Sívori, el titular de la AFI que había seleccionado Posse, fue reemplazado por Sergio Neiffert, un hombre que responde a Caputo. El asesor más influyente de la Casa Rosada también se quedó con el manejo de la secretaría que administra las empresas del Estado, donde ubicó a Diego Chaher. La privatización de las compañías públicas es uno de los objetivos prioritarios para el relato de Milei. Por esa razón, Caputo oficia como un “facilitador” de los encargados de llevar adelante el proceso de venta. Antes de que Chaher se hiciera cargo de las privatizaciones, el asunto estaba en manos de Mauricio González Botto, cercano a Posse.

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Hasta que fue despedido, Nicolás Posse solía moderar el ímpetu rupturista de Milei y Caputo
Hasta que fue despedido, Nicolás Posse solía moderar el ímpetu rupturista de Milei y Caputo

En el Gobierno quedan pocos funcionarios de confianza del exjefe de Gabinete en cargos relevantes. Sobrevivieron José Rolandi, que tuvo un rol clave en la negociación con la oposición para sancionar la Ley Bases y el paquete fiscal, y Julio Cordero, secretario de Trabajo. O los jefes de las fuerzas federales -como Alfredo Gallardo, titular de la PSA-, a quienes Posse designó antes de que Patricia Bullrich pudiera hacer sugerencias.

Al igual que Rolandi o Cordero, Eduardo Rodríguez Chirillo se mantiene cargo de la Secretaría de Energía. Chirillo, del equipo de Carlos Bastos y Domingo Cavallo, también sufre el agobio de la avanzada de Caputo, quien influye en el área energética a través de Mario Cairella, vicepresidente de Cammesa. Lo mismo padece Diana Mondino en Cancillería, donde Karina Milei puso como veedora a Úrsula Basset.

Asimismo, los tentáculos de Caputo llegan al Enacom, YPF -con Guillermo Garat- o el sector de Salud, donde Mario Lugones -su hijo Rodrigo es íntimo amigo del estratega de Milei- tiene una enorme capacidad de interferencia. A su vez, el asesor presidencial desembarcó en el Ministerio de Justicia, donde Sebastián Amerio controla de facto los hilos de la cartera de Mariano Cúneo Libarona, quien perdió a su mano derecha, el abogado Diego Guerendiain, en mayo pasado.

Pese a que el avance de Caputo genera roces internos y despierta reproches, Francos avaló el nuevo diseño de la Jefatura de Gabinete porque no tiene intenciones de ser un controller de la gestión o asumir la performance de monitorear al resto de los ministros. De hecho, nombró pocos hombres de su confianza en áreas clave y delegó tareas en Caputo. Por ejemplo, apenas colocó al radical José Luis Vila para reemplazar a Jorge Antelo, un leal a Posse, al frente de la Secretaría de Estrategia Nacional. Es que Francos no exhibe voluntad de construir poder. Prefiere enfocarse en crear relaciones con los dialoguistas y fortificar la base de sustentación política de Milei.

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De este modo, la gestión de Milei se quedó sin un liderazgo definido que oficie como ordenador, admiten funcionarios actuales y cesanteados por el Presidente. Y la avalancha de 55 despidos de altos funcionarios provoca un mal clima interno. “Se despide gente por cualquier error y eso genera poco compromiso, o que nadie se quiera sumar. Los que están solo buscan sobrevivir”, retrata un asesor del Gobierno. La nueva estructura de la Jefatura de Gabinete se reflejará en el decreto de reformulación del Estado que preparan en Balcarce 50.

En las últimas horas, Francos buscó relativizar el efecto de la ola de despidos en la calidad de la gestión. A pesar de que admitió que Milei aún no pudo consolidar los equipos porque LLA es una fuerza nueva, vinculó las intempestivas salidas de funcionarios a la falta de resistencia de los desplazados a las dificultades de la gestión, y no a las falencias del liderazgo del Presidente o la ausencia de experiencia en la función pública. “Hay mucha gente que llegó a la función pública y no tuvo el aguante suficiente”, señaló Francos en una entrevista que concedió al diario Perfil.

La mutación del Gabinete de Milei también exhibe cómo el Presidente fue perdiendo aliados o desgastando los vínculos con sus socios políticos a raíz de los contratiempos de la gestión o los traspiés en las batallas legislativas del oficialismo. Eso se refleja, por ejemplo, en las salidas de Osvaldo Giordano (Anses), Flavia Royón (Minería), Pablo de la Torre (Niñez, Adolescencia y Familia) y Omar Yasín (Trabajo), entre otros. Con excepción de Bullrich o Luis Petri (Defensa), los aliados fueron relegados a un rol marginal.

Según Federico Aurelio, de Aresco, los despidos en el Estado no afectaron hasta ahora el nivel de imagen del Presidente en las encuestas. “No modificó nada, ni para bien ni para mal. Fue absolutamente inocuo. Si la gente viera que las cosas no funcionan y hay una continuidad de estos movimientos, lo puede afectar a Milei en el futuro, sobre todo, si no se ven resultados”, indica Aurelio.

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El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella volvió a caer en junio, cuando el Presidente echó a doce funcionarios. Según la encuesta, la gestión de Milei obtuvo 2,46 puntos (en una escala que va de 0 a 5), lo que significó una baja del 2,1% respecto de mayo.

Cuando aún formaba parte del Gobierno, Posse supo ser un pararrayos cuando el Presidente o Caputo pedían cortar cabezas de funcionarios díscolos en un ataque de furia. “¿Para qué los vamos a echar?”, respondía Posse en situaciones de crisis para apaciguar los ánimos e intermediar. Pedía templanza para no incrementar la incertidumbre y el desorden en el manejo de la gestión del Estado. En cambio, los detractores de Posse creían que exhibía quietismo en la toma de decisiones. “Yo soy bilardista, esto es resultado puro. Se fue Posse y la productividad del gobierno voló”, afirmó el viernes último Milei en diálogo con el canal Neura.

El exjefe de Gabinete chocaba con Caputo a la hora de avanzar con nombramientos en sillas codiciadas. “No renuncié tres veces, sino más de 300″, suele decir Posse a sus íntimos. Por estos días disfruta de unos días de vacaciones con su familia, alejado de los altos niveles de estrés de la función pública. Al igual que durante su travesía por el Gobierno, Posse sigue cultivando un bajo perfil. “Los que trabajamos desde el principio estamos apenados. Ahora la épica del relato no está en la inexperiencia de liderazgo de la mesa chica de Javier, sino que la gente que llegó a la función pública ‘no tenía aguante’”, ironiza un exfuncionario nacional de LLA.

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El rol marginal de los aliados

El gabinete de Milei se gestó durante la campaña electoral en un bar de Palermo, ubicado cerca de la sede de Corporación América, la empresa de Eduardo Eurnekian, donde trabajaba Posse. Luego, se mudaron a unas oficinas de coworking de la compañía HIT. Por allí desfilaban Mondino, Victoria Villarruel, que añoraban tener injerencia en Seguridad y Defensa, Pettovello o Rodríguez Chirillo.

Hasta el desembarco de los libertarios en la Casa Rosada, Karina Milei y Caputo eran los encargados de bosquejar el relato político, definir la hoja de ruta de la campaña y tallar la identidad del candidato presidencial. Posse, en tanto, era quien se ocupaba de organizar los equipos técnicos, reclutar eventuales ministros o secretarios -como fueron los casos de Guillermo Ferraro o Vilella y Luis Caputo- y potenciales inversores. Era el gerente general del “Gabinete en las sombras”, como le decía Milei. A contrarreloj, construyeron un equipo de gestión como si fuera una startup. “Era un espacio nuevo y en construcción. Javier le encargó armar un Gobierno, porque no tenía experiencia y no pensó que iba a ganar. Por eso, le dio poder o le entregó la AFI”, recuerda uno de los protagonistas de la gestación del gobierno de LLA.

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En el arranque de la gestión de Milei había un hilo conductor entre Francos, Caputo, Posse y Karina Milei. Todos ellos resistían el avance de Mauricio Macri sobre áreas sensibles del Gobierno. Bullrich y Petri (Defensa), que se mantenían como islas autónomas, también notaron en sus carteras el avance de Caputo con la reestructuración de la AFI. Hay decenas de dirigentes con pasado en Pro en el Estado, como Alejo Maxit (Aysa) o Javier Herrera Bravo (Legal y Técnica), pero todos ellos no ingresaron por un acuerdo con Macri. Bullrich acobijó a sus fieles y otros amarillos tejieron lazos para garantizarse un lugar en el Estado. Por caso, Macri tampoco promovió a Alejandro Pablo Cecati, titular de la Agencia de Seguridad Nacional, que funcionará bajo la órbita de la SIDE. Sin embargo, tiene una relación de amistad, ya que Cecati fue jefe de su custodia durante años. Es más, Cecati era asesor en el Ministerio de Seguridad de Vicente Ventura Barreiro, a quien Bullrich desplazó y denunció ante la Oficina Anticorrupción.

Lucas Aparicio (Pro) estuvo a punto de convertirse en el jefe de asesores de Pettovello, una de las ministras que más bajas sufrió: 16. Sin embargo, Aparicio quedará como asesor y no asumirá en el lugar que dejó vacante Fernando Szeresesky tras la crisis por el escándalo del reparto de alimentos.

A Garro, quien debió presentar su dimisión después de la polémica que generó en las redes sociales su opinión sobre los cánticos racistas de la selección argentina, lo reemplazó el exfuncionario macrista Diógenes de Urquiza, quien ya tenía la confianza de Daniel Scioli, secretario del área y ladero de Francos.

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La semana pasada había sido el turno de Vilella, exsecretario de Bioeconomía, quien se enteró en París, Francia, de que ya no formaba parte del Gabinete de Milei después de una gira oficial por Asia. A Vilella lo sustituirá Sergio Iraeta, con pasado en la universidad del CEMA y cercano a Luis Caputo. “Milei aprendió algo de Macri: la gestión del Estado o la ‘institucionalidad’ no sirven para ganar elecciones”, grafica un exfuncionario de Cambiemos.



Matías Moreno,LA NACION,Política

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