POLITICA
Piden archivar la causa contra Adorni por incluir a su pareja en el viaje oficial a los Estados Unidos
La fiscal Alejandra Mángano pidió archivar la causa iniciada contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por presunta malversación de caudales públicos a raíz de la inclusión de su pareja, Bettina Angeletti, en la gira oficial de marzo a los Estados Unidos.
La fiscal sostuvo que aunque Angeletti no integraba formalmente la comitiva, fue invitada por el Poder Ejecutivo y su presencia no significó costos extras para el Estado: en el vuelo había asientos libres y no hay registros de gastos adicionales durante la estadía, ni de viáticos, ni de alojamientos, sostuvo, puesto que las habitaciones facturadas, en el hotel The Langham, sobre la quinta avenida, eran dobles y no tenían un valor distinto por una o dos personas.
“A partir de todas las constancias de pago, facturación y detalles de gastos vinculados a la actividad del Jefe de Gabinete en el viaje oficial de referencia, se encuentra acreditado que la presencia de Bettina Julieta Angeletti no generó un costo adicional para el Estado”, dijo la fiscal en su dictamen.
Sostuvo también que la decisión de incluir a Angeletti en la comitiva se encontraba dentro del umbral “razonable” de decisiones del Poder Ejecutivo. “La decisión de Presidencia de la Nación de cursar una invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales”, sostuvo la fiscal.
La decisión final sobre la suerte del expediente correrá por cuenta del juez Daniel Rafecas.
Las otras causas
El viaje de Angeletti a los Estados Unidos fue el disparador de una seguilla de pesares en los tribunales para el jefe de Gabinete. Se conoció a raíz de una foto durante una parada de la comitiva oficial en la tumba del rebe de Lubavitch, en Queens. Con la foto, la oposición presentó pedidos de informes y empezaron las preguntas sobre por qué una persona sin cargo público había viajado en el avión presidencial.
“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”, dijo el funcionario, para justificar la presencia de Angeletti en el viaje oficial.
Luego llegaría el video con el que se hizo público el viaje de Adorni y su familia a Punta del Este, en un avión privado, durante los feriados de carnaval, por el que se inició otra causa en los tribunales que tramita en el juzgado de Ariel Lijo.
En este otro expediente quedó constatado en una serie de testimonios que el periodista Marcelo Grandio, que es amigo de Adorni y trabó contratos con la TV Pública, había invitado a la familia del jefe de Gabinete a su casa de Punta del Este y había pagado los vuelos privados.
Los viajes de Adorni también son protagonistas en una tercera causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. Allí, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, busca tener una foto lo mas precisa posible de todos los gastos del jefe de Gabinete. Para ello, entre otras cuestiones, pidió información sobre todos sus viajes al exterior y confirmó que el funcionario viajó a Aruba junto a su familia y se hospedó en dos hoteles de primera línea.
seguilla de pesares,Federico González del Solar,Manuel Adorni,Conforme a,,Reforma laboral. La Cámara del Trabajo dejó en suspenso el fallo del juez que frenó más de 80 artículos,,»Un hecho inédito». Pagano denunció a Milei en la Justicia por impedir el ingreso de periodistas a la Casa Rosada,,Cuadernos de las Coimas. Empresarios ligados al kirchnerismo negaron pagos y apuntaron contra la familia Eskenazi,Manuel Adorni,,Minuto a minuto. Javier Milei y sus medidas, en vivo: se reaviva la agenda parlamentaria y el Presidente vuelve al país,,Criticó su «liviandad». Francos dijo que Adorni debe guardar un estilo “que no pinte a irónico o soberbio” respecto a su causa,,Viaje familiar. La Justicia confirmó que Adorni pagó 8874 dólares en efectivo para hospedarse en Aruba
POLITICA
La Corte falló a favor de una madre que reclama educación inclusiva para su hija con discapacidad
Una madre ganó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación una batalla legal por la educación inclusiva de su hija con discapacidad en Rosario del Tala, Entre Ríos.
La Corte hizo lugar a la demanda de la mujer contra el Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos (CGE) y la justicia de esa provincia deberá dictar con urgencia un nuevo fallo.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti (con un voto propio) analizaron el caso y revocaron lo resuelto en Entre Ríos, donde habían rechazado la acción de amparo con el argumento de que existía un trámite administrativo sobre el mismo caso.
“Los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que, atendiendo a los derechos involucrados, no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción”, sostuvo el fallo de la Corte.
La causa fue impulsada por una mujer, en representación de su hija menor de edad, para que a través de un amparo se ordenara “el cese inmediato de la conducta lesiva y omisiva consistente en denegarle el derecho a la educación inclusiva” a la menor. La demandante reclamó que se dispusiera “la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual (PPI)” que garantizara la “trayectoria educativa completa, según la normativa vigente”, de su hija.
El juez de primera instancia hizo lugar a la acción de amparo y ordenó al CGE que, en el plazo de 20 días corridos, elaborara un Proyecto Pedagógico Individual para la inclusión escolar de la adolescente.
Entendió que las propuestas alternativas de las autoridades, como concurrir a una escuela especial o cursar pocas materias de forma aislada, no constituían una propuesta planificada de acuerdo con la singularidad de la joven ni cumplían los recaudos mínimos de la normativa.
El Estado provincial apeló y el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos rechazó la acción de amparo. Según dijo, ya existía un procedimiento administrativo en trámite, iniciado por la Departamental de Escuelas. Consideró que la madre de la niña ya había optado por esa vía, por lo que no correspondía el planteo judicial.
La mujer apeló y la Corte Suprema de la Nación le dio la razón.
El máximo tribunal nacional dejó sin efecto la sentencia del Superior Tribunal de Justicia y ordenó que se dicte un nuevo pronunciamiento con la urgencia del caso.
Para la Corte, el Superior Tribunal provincial incurrió en un “exceso ritual” al rechazar el amparo por un procedimiento administrativo previo porque ese trámite administrativo ya había concluido y había resultado inútil para dar respuesta a la niña, con lo que el Estado ya había vulnerado la tutela judicial y el derecho a la educación inclusiva de una persona en situación de vulnerabilidad.
Según el fallo, “la sentencia apelada no brindó razones para comprobar la existencia de otras vías idóneas y efectivas diferentes a la del amparo para dar debida respuesta a los derechos constitucionales que se alegan como lesionados”.
“El superior tribunal de la causa se limitó a aludir a un procedimiento administrativo previo sin analizar en forma pormenorizada si constituía una instancia útil para la salvaguarda de los derechos de la menor de edad, máxime cuando las autoridades provinciales ya dejaron asentado que se han realizado ‘todas las intervenciones presentando a (la tutora de la menor) las distintas propuestas que el Sistema Educativo Entrerriano posee en Rosario del Tala (SIC)”.
En ese sentido, dijo la Corte, en el voto de Rosatti y Rosenkrantz, que el proceso administrativo “se encuentra concluido o, cuanto menos, no sería un canal idóneo para dar solución al conflicto”.
“Frente a ello, los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que, atendiendo a los derechos involucrados, no se detuviera en formalismos que privaran a la actora del acceso a la jurisdicción”, dijo la Corte.
“Asiste razón a la recurrente cuando plantea que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos incurrió en un exceso ritual manifiesto y vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva. Más aun cuando el art. 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994 establece que toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo”, señaló.
El voto de Lorenzetti
En su voto concurrente, Lorenzetti destacó que “la claridad con que el derecho a la educación en general y en relación a las personas con capacidades diferentes está consagrado en el derecho, no puede ser una mera declaración”. Ponderó que “una interpretación que frustre la aplicación efectiva de un derecho fundamental no solo diluye las finalidades de la legislación, sino que provoca una pérdida de confianza en las instituciones que debe ser evitada”.
Destacó que “el procedimiento administrativo llevado a cabo por el CGE no fue iniciado por la actora, tampoco tiene carácter contencioso y está concluido”.
Hernán Cappiello,Discapacidad,Corte Suprema de Justicia,Conforme a
POLITICA
Bullrich dijo que el Senado está listo para tratar la Ley de Discapacidad y volvió a enviar un mensaje al Gobierno: “Es con todos los argentinos”
Tras la visita del papa León XIV, Patricia Bullrich aseguró este jueves que el Senado está preparado para aprobar la nueva Ley de Discapacidad y volvió a enviarle un mensaje al Gobierno en medio de las recientes fricciones por sus nuevos gestos de independencia política.
“Estamos listos para tratar la Ley de Discapacidad en el Senado. Una ley necesaria para resolver un problema que lleva demasiados años en disputa y que, sin embargo, demostramos que podemos solucionarlo hablando”, remarcó la legisladora a través de un posteo en X.
Luego, agregó: “Y como vengo recalcando: el país que estamos construyendo es con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.
Tal como contó este medio la semana pasada, Bullrich resistió intentos de la Casa Rosada de modificar el proyecto de Discapacidad que salió de Diputados y consiguió el respaldo de los aliados y de sectores de la oposición para avanzar con su sanción en el Senado. Así, la jefa del bloque de La Libertad Avanza logró un dictamen de mayoría sin introducir cambios en el texto y allanó el camino para su tratamiento en una sesión prevista para el 19 de noviembre.
La decisión expuso distintas estrategias entre Bullrich y un sector del Gobierno de Javier Milei, que buscaba incluir modificaciones el proyecto negociado con los bloques aliados y la oposición en la cámara baja. Sin embargo, la exministra de Seguridad priorizó los acuerdos parlamentarios que había construido con el resto de los bloques.
El gesto se suma a las recientes muestras de autonomía de la senadora, que públicamente demanda que los resultados del programa económico del Gobierno alcancen a toda la población, además de diferenciarse en ciertos aspectos de la estrategia política de la Casa Rosada o los modos del Presidente.
En Balcarce 50 advirtieron que la exministra de Seguridad cruzó un límite cuando difundió una imagen de una reunión con su propia mesa política, en medio de las versiones de una posible candidatura para 2027. Sin embargo, la tensión quedó postergada por la visita del papa León XIV y hasta el momento el Gobierno decidió no escalar el conflicto interno.
Qué dice la ley que será tratada en el Senado
La iniciativa busca dar marcha atrás algunos de los puntos que había incluido el Gobierno en su proyecto de Presupuesto 2027 y ratifica la compatibilidad de la Pensión No Contributiva por Discapacidad con el empleo formal, además de permitir que esa prestación mensual se perciba junto con otros programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad.
Además, garantiza la continuidad del programa de prestaciones médicas Incluir Salud, o de la denominación que adopte en el futuro, e incorpora la asignación de las partidas presupuestarias correspondientes. También habilita la utilización de recursos previstos en la Jurisdicción 91 del proyecto de Presupuesto 2027.
Otro de los puntos establece la obligación del Poder Ejecutivo de garantizar la participación del Consejo Federal de Discapacidad (CoFeDis) en el diseño de futuras políticas públicas.
En cuanto a la suspensión de beneficios, la norma incorpora un mecanismo de notificación fehaciente y establece un plazo de 60 días para que las personas afectadas puedan presentar su descargo, seguido de una revisión por parte de la autoridad competente.
POLITICA
El Gobierno advirtió que podría iniciar acciones penales contra las petroleras británicas en Malvinas – Nexofin
Luego de la tensa audiencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en donde el gobierno de Javier Milei, solicitó el cese de toda actividad petrolera en las Islas Malvinas, por parte del Reino Unido.
El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, advirtió que el país utilizará todos los recursos legales disponibles para frenar a las empresas petroleras que operan en el archipiélago.
El Tribunal del Mar fijó la fecha para definir el fallo por la explotación petrolera en las Islas Malvinas
“Nosotros creemos que tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones y vamos a seguir con ellas”, señaló el canciller.
De este modo, el funcionario libertario adelantó que podrían iniciarse acciones penales contra los directivos de las firmas británicas e israelíes, que operan en la zona en disputa.
Argentina cerró su reclamo ante el Tribunal del Mar pidiendo que se frene el proyecto Sea Lion en Malvinas
“Argentina va a utilizar todos los instrumentos que tiene al alcance de su legislación y también en los foros internacionales para impedir que la explotación de recursos naturales en las Malvinas suceda”, remarcó Quirno en declaraciones a Radio Rivadavia.
En tanto, el titular del área diplomática, defendió la presentación realizada por el Gobierno argentino ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania, para solicitar medidas provisionales que permitan suspender las actividades de explotación hasta que se constituya el tribunal arbitral encargado de examinar la controversia.
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