POLITICA
Manuel Adorni mantiene la custodia, se mueve en auto oficial y prepara la justificación de su patrimonio
Casi tres meses después de renunciar como jefe de Gabinete, Manuel Adorni continúa utilizando un vehículo oficial que acumula multas millonarias y mantiene una custodia de las fuerzas federales, según verificó . El exfuncionario se acerca a horas decisivas, ya que este miércoles vence la prórroga que la Justicia le concedió para que explicara su evolución patrimonial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
La historia del vehículo en el que se traslada a diario plantea dos preguntas: por qué continuó afectado a la Jefatura de Gabinete después de que Adorni dejó de ocupar ese cargo el 27 de junio, y quién se hace cargo de las multas de tránsito que acumuló en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires desde que ya no es funcionario. Son más de 50 infracciones que identificó , en su mayoría por exceso de velocidad, por un monto acumulado que supera los $10 millones, según los registros públicos consultados.
Se trata de un vehículo Toyota SW4 modelo 2022 que, según el informe de dominio del Registro de la Propiedad Automotor obtenido por , pertenece al Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). El ente público que actualmente preside Daniel Scioli cedió el vehículo a la Jefatura de Gabinete durante la gestión de Guillermo Francos y la camioneta continúa bajo la órbita de esa dependencia, según el testimonio de fuentes oficiales. pudo ver y fotografiar el auto esta semana, el miércoles y el jueves, en la calle del departamento de Adorni, en Caballito.
Adorni utilizó esa misma camioneta cuando era jefe de Gabinete, cargo que asumió en noviembre de 2025. El día que brindó una de sus primeras declaraciones sobre su patrimonio, en la conferencia de prensa del 25 de marzo, llegó a la Casa Rosada en ese vehículo.
En los papeles, el auto identificado en el informe de dominio pertenece al Inprotur y tiene dos cédulas autorizadas, de acuerdo con el informe de dominio.
Una fuente oficial de Inprotur, ante la consulta de , indicó que el instituto turístico “formalizó, con fecha 7 de enero de 2025, un Permiso de Uso sobre un vehículo de su titularidad —un Toyota SW4 4×4 SRX 2.8 TDI— a favor de la Jefatura de Gabinete de Ministros”. En esa respuesta también aclaró que iba a estar destinado para “traslados oficiales de su titular y de su comitiva”. Por entonces, la Jefatura de Gabinete estaba a cargo de Francos. Quienes integraron su equipo explicaron que, dadas sus dimensiones, era un vehículo cómodo para que quien viajaba en el asiento trasero pudiera trabajar.
Sobre su uso actual, la misma fuente del Inprotur señaló: “Fue otorgado un permiso de uso a la Jefatura de Gabinete para ser utilizado exclusivamente como medio de transporte oficial del jefe de Gabinete de ministros y de su comitiva. A partir del traspaso, su afectación y utilización quedaron bajo la exclusiva administración de la jurisdicción permisionaria. El vehículo continúa, a la fecha, bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
Sin embargo, el sucesor de Adorni, Diego Santilli, no hizo uso del auto de Inprotur. consultó a la Jefatura de Gabinete qué acto administrativo mantiene vigente esa afectación y cuál es el destino actual del vehículo, pero al momento de publicación de este artículo no había recibido comentarios.
La custodia
En el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, afirmaron que Adorni “tiene custodia, como todo funcionario y exfuncionario de alto rango durante 6 meses, con base en evaluación de riesgo; si a los 6 meses se amerita seguir con custodia, sigue”.
Un exfuncionario del área de Seguridad, consultado por , sin embargo, admitió que “no es lo más común” que un exjefe de Gabinete tenga custodia, aunque sí la tienen expresidentes, exministros de Seguridad, extitulares de la SIDE y miembros de la Justicia. Pese a eso, explicó que es una decisión que puede administrar el propio Ministerio de Seguridad en función del riesgo detectado en cada caso particular.
también intentó contactar a Adorni al celular que utilizaba mientras era funcionario, pero no obtuvo respuesta. Durante su paso por la Jefatura de Gabinete, Adorni aludió a un episodio de violencia en la vía pública y a presuntas amenazas que habría sufrido. En ese contexto, planteó que se movía con custodia por necesidad e indicó que no había “nada que ocurra fuera de la normativa, menos aún en materia de seguridad”.
El actual vocero presidencial, Adrián Ravier, había informado en julio que Adorni tendría custodia fuera de su cargo, aunque se desconocía que también retenía el beneficio de un auto oficial.
Multas millonarias
El uso cotidiano del Toyota SW para la movilidad de Adorni puede constatarse por la cantidad de multas que registra el vehículo en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia, muchas de ellas en fines de semana.
Actualmente, en los registros de la Ciudad hay 4 multas de finales de agosto y principios de septiembre, por un total de 1,8 millones de pesos. En Provincia figuran 27 multas, de las cuales 8 son por hechos posteriores a la renuncia de Adorni y que totalizan $1,3 millones. Las notificaciones llegan a nombre del titular registral, el Inprotur.
La cifra registrada en la Ciudad llegó a ser mucho más alta. Este martes figuraban 144 multas bajo el dominio del auto que usa Adorni, de las cuales 41 correspondían al período posterior a sus funciones en Casa Rosada (más de $8 millones).
Horas después de que este medio constatara, este miércoles y en la vía pública, que Adorni se movía en esa camioneta oficial, esas 144 infracciones porteñas por un total de 61 millones de pesos dejaron de aparecer en el registro público. Eso ocurre cuando alguien paga las multas o consigue que un controlador de faltas las dé de baja por improcedentes. Entre el jueves y el viernes se incorporaron las cuatro multas en jurisdicción porteña que aún figuran como vigentes. En la provincia de Buenos Aires nada cambió.
consultó a las autoridades porteñas qué explicación tenía esa modificación del registro y si las infracciones habían sido pagadas, anuladas, regularizadas o habían dejado de figurar por otra razón. Una fuente de la administración porteña explicó que “a los vehículos de flota del Estado nacional se les cobra como a cualquier otro, a través de un número de CUIT”.
En el Inprotur, en tanto, señalaron que “todos los gastos corren por cuenta de Jefatura de Gabinete”. ¿Los vehículos utilizados por las custodias de exfuncionarios deben pagar las multas o se les perdonan, en consonancia con su misión? El exfuncionario del Ministerio de Seguridad consultado por indicó: “Hay jurisdicciones que las condonan, pero la custodia sabe que, salvo que sea un traslado de seguridad, deben cumplir con todas las normas de tránsito”.
verificó que esta semana el vehículo era utilizado por Adorni mientras estaba acompañado por agentes de seguridad. También constató que se usó para un traslado a una escuela, pero este diario no tomó imágenes y se mantuvo alejado del establecimiento para resguardar la privacidad de menores y la tranquilidad de la comunidad educativa.
El jueves, cuando la camioneta retornó al edificio del barrio de Caballito donde reside la familia Adorni, ya sin los menores a bordo, tomó imágenes del vehículo en la vía pública. Dos custodios se identificaron como policías y requirieron que el reportero presentara su DNI, al que le tomaron fotos.
La investigación judicial
La primera fecha que tenía Adorni para explicar en la Justicia su evolución patrimonial era el 26 de agosto, tal como informó . Tras un pedido de prórroga, la presentación fue reprogramada para este miércoles.
Su presentación es una instancia relevante en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita. Se espera que Adorni explique en detalle los movimientos de su patrimonio, sus gastos y los fondos utilizados para solventarlos, en los términos planteados en el expediente.
Cuando comenzó esta trama, el por entonces jefe de Gabinete había dicho en una conferencia de prensa en marzo: “Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”. En junio, durante una entrevista en LN+, reconoció que tenía ahorros no declarados, producto de inversiones en criptomonedas.
Ahora deberá brindar sus explicaciones en el marco de una investigación judicial y respaldarlas con la documentación correspondiente.
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POLITICA
El Gobierno denunció a Itaí Hagman, diputado de Grabois, y a otras cuatro personas por la toma del Palacio Pizzurno
El Gobierno presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman, dirigente del espacio político de Juan Grabois, por los incidentes ocurridos durante la toma del Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación. La información fue confirmada a Infobae por fuentes oficiales, que precisaron que la presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, e incluyó a otras cuatro personas identificadas por las autoridades. Los delitos denunciados fueron usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño.
La denuncia fue presentada este miércoles, después de que un grupo de estudiantes universitarios ingresara al edificio ubicado en Pizzurno 935, en Buenos Aires, para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó con una sentada frente a la sede educativa y derivó en la ocupación del hall central, pese a la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina que intentaron impedir el ingreso.
El episodio provocó un enfrentamiento político entre el Gobierno y dirigentes opositores. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente a Hagman, quien apareció en las inmediaciones del edificio durante el operativo policial. El diputado rechazó los cuestionamientos y explicó en sus redes sociales: “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”.
La presencia de Hagman adquirió especial relevancia por sus antecedentes en otra ocupación de un edificio público. El 7 de junio de 2025, el legislador había participado, junto con Grabois y otros dirigentes del Frente Patria Grande, de la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en Recoleta. Aquella protesta había sido organizada para rechazar el cierre del organismo dispuesto por la administración de Milei.
En esa oportunidad, unas 50 personas ingresaron al inmueble, donde funcionaban un museo y un centro de estudios dedicado a la historia del peronismo. Entre los participantes estuvieron también la diputada Natalia Zaracho y otros dirigentes del espacio. El operativo de desalojo terminó con la detención de Grabois, quien recuperó su libertad al día siguiente. Hagman había acompañado aquella medida y ahora volvió a quedar involucrado en una controversia por la ocupación de una dependencia estatal.
En el caso del Palacio Pizzurno, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que durante la manifestación se produjeron daños al patrimonio público y que la ocupación se desarrolló mediante acciones violentas. “Por la fuerza, nada”, escribió Pettovello después de los incidentes. La cartera afirmó que el derecho a manifestarse debía ejercerse dentro de la ley y con respeto por las instituciones democráticas.
Los estudiantes, por su parte, aseguraron que habían organizado una protesta pacífica para reclamar respuestas sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín. Además del financiamiento universitario, reclamaron una actualización de las becas Progresar y solicitaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.
En el Gobierno sostuvieron que la discusión sobre el financiamiento universitario se encontraba actualmente en el ámbito del Poder Judicial, donde tramitaba una causa con múltiples incidentes y presentaciones de las partes. Según la posición oficial, correspondía esperar una decisión definitiva de la Justicia sobre los alcances y la implementación de la legislación vigente.
La administración nacional también destacó que el proyecto de Presupuesto 2027 había incluido aumentos en las partidas destinadas al sistema universitario, que consideraba alineados con la normativa vigente. Ese argumento formaba parte de la posición oficial frente a los reclamos presupuestarios y salariales de las universidades, que cuestionaban los recursos asignados y exigían la aplicación integral de la ley.
El conflicto judicial había sumado un nuevo capítulo el 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó avanzar con su implementación inmediata y el Gobierno apeló la resolución.
La protesta ocurrió además en vísperas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En el Ministerio de Capital Humano interpretaron la ocupación como una acción de contenido político vinculada con esa movilización. La denuncia contra Hagman y las otras cuatro personas abrió así un nuevo frente judicial en medio de la disputa entre la administración nacional, los dirigentes opositores y el movimiento estudiantil.
POLITICA
Iniciativas populares: lanzan una plataforma digital que permite verificar la autenticidad de las firmas
La Cámara Nacional Electoral (CNE) lanzó una plataforma digital encaminada reunir adhesiones para iniciativas legislativas populares, donde se colectarán apoyos ciudadanos mediante una firma electrónica.
La nueva herramienta, creada por una acordada de la CNE, estará disponible para cualquier persona, agrupación política u organización de la sociedad civil que promueva una iniciativa legislativa popular y funcionará de manera complementaria a la recolección de firmas en papel en apoyo de esa propuesta.
La decisión se adopta luego de la experiencia piloto autorizada por el tribunal en mayo de 2026. Las verificaciones realizadas permitieron comprobar la viabilidad técnica de vincular de manera segura la identidad de cada firmante con el documento firmado, así como garantizar la autenticidad de las firmas, la integridad de los documentos y la preservación de los datos personales.
La plataforma será administrada, mantenida y operada por la propia Cámara Nacional Electoral, a través de su Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales, que también realizará el seguimiento técnico y el control periódico de los estándares de seguridad y autenticidad.
Los promotores de una iniciativa que quieran utilizarla deberán solicitar previamente su habilitación, sin costo alguno. La implementación de esta herramienta busca facilitar la participación ciudadana y modernizar el procedimiento de iniciativa popular, manteniendo las garantías de autenticidad y verificación previstas por la legislación vigente.
La decisión fue firmada por los camaristas Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.
La idea es facilitar lo que establece la ley 24.747, reglamentaria de esa modalidad de participación ciudadana, que establece como condición para la presentación de iniciativas populares, la recolección de firmas de “un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales”, representativas de por lo menos seis distritos electorales.
La ley encomienda a la Justicia nacional electoral verificar la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a 20 días.
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La Cámara de Casación declaró prescripta una causa contra Petrobras por supuestos balances falsos
La Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta por el paso del tiempo una causa contra la empresa Petrobras y sus directivos que estaban acusados por supuestos balances falsos y el ofrecimiento de acciones de manera supuestamente fraudulenta.
La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, confirmó por unanimidad la resolución de la Cámara en lo Penal Económico que había dispuesto, al igual que el juez de primera instancia, el sobreseimiento.
La decisión afecta a la firma Petróleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras, y a algunas de sus autoridades.
Los jueces rechazaron en forma unánime el recurso de casación que había interpuesto el representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, que era querellante en el caso.
En esta causa se investiga la oferta pública de acciones ordinarias y acciones preferidas de Petroleo Brasileiro SA que se habría efectuado en el mercado de capitales nacional, entre 2006 y diciembre de 2014.
Allí presuntamente había afirmado, según la querella, circunstancias falsas al público inversor, consistentes en la tenencia de activos fijos por un valor supuestamente superior al real, a través de la consignación de datos de los balances de la empresa, supuestamente apócrifos.
La presunta maniobra habría consistido en que los estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores habrían exhibido una sobrevaluación del rubro del activo denominado “propiedad, planta y equipo”.
Se habrían computado como costos de aquellos los sobreprecios o gastos adicionales pagados a contratistas y proveedores, con lo que aparecía distorsionada la imagen económica de la empresa frente a los accionistas y el público inversor.
Las conductas objeto del proceso habían sido calificadas como constitutivas de los supuestos delitos de ofrecimiento fraudulento de valores negociables y consignación de datos falsos en los balances contables, cuya pena máxima es de 6 años de prisión, que es el límite temporal que se analizó a los fines de la prescripción.
El 17 de abril de 2019 el Juzgado Penal Económico 2 había dispuesto la citación a prestar declaración indagatoria de la firma y algunas autoridades.
Posteriormente se dictaron los autos de procesamiento de Silvia Foster de Barbassa y Petróleo Brasileiro SA y, de otro lado, fueron sobreseídos José Alcides Santoro Martins, José Carlos Cosenza, Ronaldo Batista Assuncao, José Antonio de Fuguiredo, José Miranda Fomigli Filho, Iván de Souza Monteiro, Roberto Motro, Jorge Celestino Ramos, Alberto Da Fonseca Guimaraes y Raúl Adalberto de Campos. Posteriormente fue sobreseído Mauro Gentile Rodrigues da Cunha en 2024.
La defensa de Foster de Barbassa y Petroleo Brasileiro apelaron y, en 2025, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico revocó los procesamientos.
Consideró que las decisiones eran prematuras y que no se había acreditado el delito ni se había completado la investigación sobre la idoneidad de los programas de control interno, y encomendó profundizar la investigación.
Previo a que la Cámara revocara los procesamientos y durante la tramitación de los recursos de apelación, el juzgado había dado intervención a los querellantes que habían requerido elevar el caso a juicio.
Sin embargo, en el caso se consideró que ese pedido no interrumpió la prescripción, porque la Cámara Penal Económico revocó los procesamientos.
Por ello, el 3 de septiembre de 2025 el Juzgado Penal Económico 2 declaró extinguidas las acciones penales contra Petróleo Brasileiro SA y todas las autoridades denunciadas.
Dijo que el plazo de prescripción aplicable era de seis años, correspondiente al máximo de la escala penal mayor prevista por los tipos penales involucrados y que ya se había cumplido.
Si bien el curso de la prescripción se interrumpió el 17 de abril de 2019 con el llamado a prestar declaración indagatoria de los imputados, desde aquel acto hasta la actualidad transcurrió el plazo máximo de 6 años.
La decisión del juez de primera instancia fue confirmada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y ahora por los jueces de Casación, que intervinieron ante el recurso de los querellantes, Consumidores Financieros.
El juez Carlos Mahiques consideró que lo resuelto en la Cámara Penal Económico se encontraba debidamente fundamentado.
Entendió que no corresponde considerar aquí la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, pues los tratados internacionales suscriptos por nuestro país en punto a la corrupción no habilitan por sí mismos a considerar imprescriptibles maniobras que se puedan vincular ya sea directa o indirectamente con ese fenómeno.
Finalmente, y frente a los reclamos de la parte querellante sobre supuestas dilaciones atribuidas a las defensas, Mahiques explicó que la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del tiempo.
En un voto concurrente, el juez Borinsky comenzó recordando que, para computar el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al imputado y a la posible calificación más gravosa.
Destacó que la penalidad máxima para los delitos atribuidos era de 6 años de prisión y que, teniendo en cuenta que el único acto interruptivo del curso de la prescripción fue el llamado a indagatoria del 17 de abril de 2019, transcurrió el plazo correspondiente.
Destacó asimismo que las referencias de la querella al delito de lavado de activos o a un delito continuado más allá de la fecha de cese fijada en autos, esgrimidas sin fundamentos ni pruebas que las avalen y al solo efecto de mantener vigente la acción penal, no encontraban sustento en alguna de las constancias de la causa.
Por otra parte, Borinsky coincidió con el juez Mahiques en que el requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella no tiene capacidad para interrumpir el curso de la prescripción, pues esta pieza fue presentada antes de que la Cámara Penal Económico revocara los procesamientos de los imputados.
Por su parte, el doctor Yacobucci compartió los argumentos de sus colegas y acompañó el rechazo del recurso de casación de la querella.
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