Tras el escándalo por el apartado de Discapacidad incluido en el proyecto de ley de presupuesto, el Gobierno trabaja ahora en una salida “diagonal” del conflicto. Según aseguraron fuentes del Poder Ejecutivo y del Congreso consultadas por , se harán cambios en el texto de las proyecciones económicas para 2027, aunque la Casa Rosada no piensa ceder en todos los puntos objetados.

De esta forma, el Gobierno buscará calmar el malestar de propios y aliados por esta descoordinación. La conversación se enturbió porque el proyecto que mandó el Ejecutivo a Diputados elimina la actualización obligatoria de las prestaciones en discapacidad y habilita a las obras sociales y a las prepagas a fijar sus propios precios. Esto no se habría acordado en la mesa política del Gobierno, según ventiló la senadora Patricia Bullrich.

El plan que salió del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y pasó el filtro último del área de Legal y Técnica dejó esquirlas en el oficialismo y sus socios de Pro y la UCR. Una parte del Gobierno que defendió la redacción dijo que en el presupuesto se conservó el espíritu de mantener el equilibrio fiscal que pregona el presidente Javier Milei.

Estallada la polémica, voces que conocen la diaria del Poder Ejecutivo contaron a que hubo una reunión virtual entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la diputada nacional de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado (que está a cargo de la conversación con los aliados por discapacidad y es ex Pro). Luego se sumó a la conversación el jefe de Diputados, Martín Menem.

De esta forma, terminaron de delinear el punteo que el Ejecutivo pondrá a disposición de los aliados para conseguir un dictamen que este grupo llama “superador” respecto de la atención para los discapacitados.

El Gobierno va a plantear en comisión que, en vez de prorrogar una emergencia, es necesario lograr una legislación permanente, para así sustituir elementos excepcionales por reglas de fondo. De esta manera, dirá el oficialismo, podrán sacar cuentas y reflejar eso en el proyecto de presupuesto 2027, con objetivos, costos, fuentes de financiamiento y mecanismos de control.

Los diputados libertarios que defiendan esa postura criticarán en comisión la idea del kirchnerismo de prorrogar la emergencia, que vence a fin de año. Lo harán con énfasis en que solicitar nuevas prórrogas representa una continuidad del modelo excepcional, mientras que establecer nuevos parámetros permitirá ofrecer al sector privado un marco normativo con un horizonte claro y más largo.

“Vamos por un texto consensuado que pase de una situación de excepcionalidad (como la ley de emergencia) a una de permanencia. Estamos trabajando intensamente en lograr un buen dictamen”, afirmó a una alta fuente de la gestión nacional.

Otra, también al tanto de lo que ocurre en la sede del Poder Ejecutivo, ahondó: “El Gobierno va a ceder, pero no en todo; se irá hacia un punto intermedio”.

No son pocos los que especulan con que el Gobierno endureció su posición sobre la discapacidad en el presupuesto 2027, pese a que en Diputados se debatía otra cosa, para así “corregir y encontrar una diagonal”. Las tensiones dentro de la Casa Rosada entre los negociadores (con la dupla Santilli-Menem) y los fiscalistas (con los Caputo, en línea con Milei) seguramente se plasmarán en la próxima reunión de mesa política, el martes próximo.

¿Cuáles serían los pasos hacia adelante? La Casa Rosada pretende llevarles a sus aliados este texto propio, que tenga en cuenta parte de las conversaciones que ya estaban librándose y que se detonaron la madrugada que llegó el detalle del presupuesto. Esta nueva redacción es la que delinearon en esa llamada Santilli, Menem y Rodríguez Machado.

Si los aliados aceptan, la intención del Gobierno es lograr un dictamen favorable el miércoles próximo, como establecía el plan original.

De ahí en adelante hay distintas opciones sobre cómo ir a la sesión. Una es tratar únicamente discapacidad y lograr la media sanción, para después adaptar el presupuesto a esa aprobación de la Cámara baja ya vigente. Otra es esperar a que se dictamine sobre morosidad e ir a sesión con sendos temas. La tercera -que es la que toma más fuerza por estas horas en el ala política de la administración nacional- es sacar dictamen de discapacidad, pero canalizar los cambios vía presupuesto. Entonces, cuando se traten las proyecciones para 2027, se aprobarían ahí las nuevas reglas para el área en cuestión.

En cualquier caso, fuentes importantes de esta administración aseguraron: “Lo que acordemos tendrá que ir al presupuesto en la misma línea”.

La AUH y las demás prestaciones

Otro debate en el Congreso se dará por la propuesta del Ministerio de Economía de que tanto la Asignación Universal por Hijo (AUH) como el resto de las asignaciones familiares dejen de actualizarse automáticamente en base a la inflación de dos meses previos.

Respecto de este tema, fuentes de la Casa Rosada alegaron que en los tres presupuestos que mandó esta gestión siempre se estipuló de esa manera, y que después este cambio no fue aprobado por los legisladores, por lo que se mantuvo el esquema ya vigente. En el oficialismo no tienen expectativas de que prospere la anulación de la movilidad.

Desde el Ministerio de Capital Humano aclararon que hay un “compromiso” con garantizar la cobertura de las prestaciones sociales y que, más allá de si se mantiene o no la movilidad, esa cartera tiene un acuerdo asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que la cobertura orbite alrededor del 95% de la Canasta Básica Alimentaria.

La Justicia suspendió este viernes el aumento en las tarifas de luz que se venían aplicando desde agosto en la provincia de Buenos Aires, tras una medida cautelar presentada por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.

La decisión fue tomada por un juzgado de Bahía Blanca y alcanza a las firmas Empresa Distribuidora La Plata (Edelap); Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDES); Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) y a Empresa Distribuidora de Energía (EDEN).

A partir de esta resolución, las compañías deberán aplicar el cuadro tarifario anterior al incremento.

A su vez, aquellos usuarios que ya habían pagado los nuevos valores recibirán un saldo a favor en la siguiente factura.

“Tras una presentación que hicimos desde Defensoría la Justicia ordenó suspender el aumento de la tarifa eléctrica en la Provincia. Las empresas distribuidoras no pueden trasladar aumentos a las familias sin cumplir con la obligación legal de informar y debatir previamente”, manifestó Lorenzino desde sus redes sociales tras la resolución.

La determinación fue adoptada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola, quien suspendió la Resolución 585/2026 del Ministerio Infraestructura y Servicios Públicos firmada por el gobierno de Axel Kicillof.

La disposición del gobierno bonaerense contemplaba la aplicación de los aumentos en el cuadro tarifario a partir del 1° de agosto.

“La medida busca resguardar los derechos económicos de los consumidores y garantizar el derecho constitucional a una información adecuada y a la participación en la toma de decisiones tarifarias”, había presentado la Defensoría del Pueblo bonaerense.

En el pedido de la cautelar, Lorenzino había cuestionado el incremento de la tarifa, en particular el componente del Valor Agregado de Distribución (VAD), que refiere a la parte que se retribuye a la empresa distribuidora por llevar la energía desde los puntos de entrega hasta los hogares y comercios.

Según su postura, antes de la aplicación de nuevos aumentos se requiere de una audiencia pública que permita la participación de los usuarios, con el objetivo de que puedan acceder a toda la información disponible.

De acuerdo a la resolución, a la que tuvo acceso , el Gobierno bonaerense respondió que existió una audiencia donde se establecieron los criterios para el cálculo y el régimen de los cuadros tarifarios.

Sin embargo, esa instancia data de 2016, motivo por el cual juez dio lugar a los argumentos de la Defensoría.