Luego de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones a las empresas extranjeras que exploten el petróleo de las Islas Malvinas y vulneren la soberanía nacional sobre el archipiélago, la causa por daño ambiental y soberano avanzará en el fuero federal. Así, el Juzgado Federal de Tierra del Fuego intervendrá en el hecho.

En ese contexto, la jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción preventiva contra las dos petroleras extranjeras que forman parte del proyecto Sea Lion.

Según pudo constatar Infobae, se trata de un yacimiento offshore producto de la unión comercial entre la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. Ambas tienen previsto perforar y extraer petróleo de la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, es decir, en la plataforma continental argentina.

La presentación fue promovida por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que solicitaron el cese de las tareas vinculadas con el emprendimiento hidrocarburífero.

Como argumento, las organizaciones sostuvieron que las compañías avanzaron con etapas logísticas y de construcción bajo licencias emitidas de manera unilateral por el Reino Unido. Por este motivo, denunciaron que el proyecto carece de una evaluación de impacto ambiental ante autoridades argentinas y del certificado de aptitud ambiental previsto en la Ley General del Ambiente N° 26.675.

Además de asumir la competencia, Borruto ordenó dar participación a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Según el sitio Fiscales, la magistrada consideró que el área donde se proyecta la iniciativa se encuentra dentro de la jurisdicción provincial, por lo que el Estado fueguino posee atribuciones sobre los recursos naturales y la regulación ambiental.

De esta manera, la resolución dispuso que la Fiscalía de Estado provincial tendrá diez días para ejercer la representación correspondiente en resguardo del patrimonio y el ambiente estatal. También intimó a los demandantes a que, en un plazo de cinco días, informen si iniciaron procesos con el mismo objeto en otros tribunales.

En línea con esto, las organizaciones deberán traducir los documentos redactados en idiomas extranjeros y presentar en formato digital la documentación necesaria para analizar las medidas cautelares solicitadas.

La decisión judicial coincide con el dictamen de la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, a cargo del fiscal Marcelo Rapoport y con intervención de la auxiliar fiscal Lorena Bendaña. En este documento, el Ministerio Público Fiscal entendió que el eventual impacto ambiental excede una jurisdicción local, debido a la conexión oceanográfica de las aguas del Atlántico Sur con las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur.

Según lo informado, el proyecto Sea Lion contempla una infraestructura de pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además de ductos y conductos verticales. Por esto, para Borruto esas instalaciones se ubicarían sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental bajo jurisdicción marítima nacional.

En el dictamen, Bendaña sostuvo que las empresas pretenden desarrollar una actividad capaz de provocar daños sobre recursos naturales de la República Argentina sin que las autoridades nacionales hayan evaluado sus consecuencias.

En este sentido, la Fiscalía remarcó que los organismos argentinos no pudieron acceder ni controlar de forma integral la información técnica de la iniciativa, requerir estudios independientes, garantizar instancias de participación ciudadana ni resolver sobre su aprobación o rechazo. Así, el planteo se apoya en el carácter preventivo del derecho ambiental ante daños que podrían ser irreversibles o de difícil recomposición.

Por otro lado, la jueza Borruto también consideró que la demanda involucra un posible daño a la soberanía nacional, más allá de la discusión ambiental. En su resolución, señaló que el reclamo comprende la defensa de un interés federal vinculado con la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

En consonancia con este planteo, la Fiscalía citó la Ley de Hidrocarburos N.º 26.659 y su modificatoria, la Ley N.º 26.915, que establecen la ilegalidad de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental.

Por esta razón, el dictamen añadió que la explotación unilateral de recursos naturales por parte del Reino Unido resulta incompatible con el proceso de negociaciones promovido por las Naciones Unidas. Según el Ministerio Público Fiscal, las resoluciones internacionales reconocen la existencia de una controversia de soberanía y exhortan a las partes a evitar medidas unilaterales mientras permanezca abierta.

A raíz de esto, la Fiscalía remarcó que la combinación de un presunto daño ambiental interjurisdiccional, la afectación de un interés soberano y la ubicación del proyecto en la plataforma continental argentina configura un caso de competencia federal. Con las medidas ordenadas, el expediente quedará a la espera de la intervención de Tierra del Fuego y del cumplimiento de los requerimientos dirigidos a las organizaciones demandantes.

Javier Milei arrancó la semana con una reunión de gabinete. El objetivo fue claro: mantener en agenda el reclamo por Malvinas. Este lunes 14 enviará a Diputados el proyecto de defensa de la soberanía. La pregunta, ahora, es: ¿Qué es lo que realmente busca el Presidente? Anticipo la respuesta: busca que la Argentina, lobby petrolero y diplomacia mediante, pueda participar de las regalías por recursos que se extraigan de esa cuenca.

¿Puede la cuestión Malvinas cambiar la agenda social y política? Es un tema que capta al público nacionalista, parte del cual ya milita con Milei, pero también detrás de Victoria Villarruel y el kirchnerismo. Malvinas es tanto una cuestión transversal como sentimental.

Por ahora, el primer ministro Andy Burnham ayudó a sostener la confrontación: dijo que “Londres será inflexible en la defensa de la soberanía” y que respaldará la voluntad de los isleños que decidieron ser ingleses. Burnham es el líder de los parlamentarios laboristas y con esa frase respondió a una pregunta que, durante un debate legislativo, le había efectuado la líder de los conservadores, Kemi Badenoch.

La posición de Gran Bretaña y de sus líderes es internamente uniforme: a las declaraciones de los líderes laborista y conservador se sumó el jueves la de Nigel Farage, dirigente de la agrupación de derecha radical Reform UK: cruzó mensajes con el canciller israelí y dijo que la soberanía inglesa sobre las islas es innegociable. Milei, en su viaje de octubre al Reino Unido, tenía previsto reunirse con su amigo Farage, pero canceló su visita al Reino Unido.

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Todo marcha de acuerdo al plan. Aunque, en realidad, Trump no volvió a hablar sobre el tema: en las conversaciones que mantuvo con Burnham hablaron sobre el conflicto con Irán y el que mantienen Rusia y Ucrania. Inclusive, los británicos le reclaman a Israel que acepte la creación del Estado de Palestina. Pero, hasta donde se sabe, el presidente norteamericano no reprendió a los ingleses por la cuestión colonial en nuestro archipiélago.

La oposición, por su parte, cree haber encontrado una línea discursiva. En lugar de ponerse en contra del Gobierno, lo que terminaría por beneficiar a Milei y lo ayudaría a instalar el debate, el peronismo decidió redoblar la apuesta oficial: el diputado Guillermo Michel planteó que si la idea es sancionar a empresas inglesas, directamente que las excluyan de participar del régimen RIGI y que se les prohíba beneficiarse con los tratados de doble imposición. Así como también plantean aumentar el gasto militar por encima de lo que propone el Gobierno.

Por su parte, el canciller Quirno, junto con el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, continuaron toda la semana con la presentación de denuncias en Comodoro Py contra empresas que operan en la cuenca Malvinas y también contra accionistas, ejecutivos y proveedores.

El verdadero objetivo detrás de la estrategia por Malvinas

¿Cree realmente el Gobierno que podrá recuperar el control sobre las islas? Tal vez falten décadas para que la bandera argentina vuelva a flamear allí. Los objetivos son otros.

En primer lugar, encarecer al proyecto Sea Lion el costo de explotación offshore. Esa perforación está en aguas profundas, a 600 kilómetros de los puertos San Julián y Deseado. Quienes trabajen allí no podrán usar los puertos de la costa argentina. Halliburton, Baker Hughes y SLB representan el 53 por ciento de los servicios petroleros de todo el mundo y anticiparon la semana pasada que no van a prestar servicios en Malvinas. Y las empresas y proveedores que lo hagan serán denunciadas.

En segundo lugar, el verdadero objetivo: el Gobierno argentino busca abrir una negociación para que el Reino Unido coparticipe a nuestro país en ese negocio petrolero.

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Una alta fuente del Gobierno deslizó que en el equipo de Milei saben que será muy difícil sentar al Reino Unido a negociar la soberanía. Y la vía diplomática no es suficiente para forzar a Londres. Entonces, Milei, más allá del reclamo real de soberanía, está buscando una diagonal: que el universo de empresas petroleras, perjudicado por no poder trabajar a la vez en Vaca Muerta y en Sea Lion, presione a Londres para incluir a la Argentina en el negocio.

De allí en más, todo es imaginable: que YPF pueda participar en Sea Lion, se distribuyan regalías por una explotación de recursos naturales que son argentinos pero que están fuera de nuestro alcance, etcétera. Una suerte de paraguas en el debate de la soberanía, que permita discutir negocios comunes. Se busca que el lobby petrolero realice un trabajo silencioso y consiga un éxito de la mejor diplomacia.

En tercer lugar, en el proyecto el agravamiento de las sanciones también alcanzará a las empresas que se dedican a la pesca. Un sector en el que operan ilegalmente los buques chinos y es un tema que interesa a los Estados Unidos.

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Más allá de la legitimidad del reclamo argentino, nuestro país debe ser muy cuidadoso en no malinterpretar los mensajes que distintos políticos extranjeros dan sobre las islas: Trump nunca dijo expresamente que apoya el reclamo nacional y no hay nada que haga suponer que EE.UU. vaya a romper su alianza con Gran Bretaña.

Por otra parte, el ministro de Seguridad Nacional de Israel y el hijo de Benjamin Netanyahu se pronunciaron en favor de la soberanía argentina sobre Malvinas, pero eso no debe ser sacado de contexto porque en las últimas semanas el Reino Unido cuestionó la violencia de los colonos judíos sobre los palestinos.

El rumbo institucional de la Argentina, basado en razones legales e históricas, es serio y no debe ser confundido con interpretaciones meramente sentimentales que pueden alimentar decisiones equivocadas.

Seguridad y educación, dos temas que aprovechó el Gobierno

El Gabinete también aprovechó dos temas que le llegaron servidos en bandeja.

Una jueza bonaerense decidió suspender la aplicación de la ley penal juvenil que baja la edad de imputabilidad. Sebastián Pareja dijo que LLA le pedirá el juicio político, una ONG denunció penalmente a la magistrada y los fiscales bonaerenses dijeron que seguirán aplicando la norma que, además, sigue vigente en todo el resto del país. Contra el garantismo que impulsa el kirchnerismo, que deriva en impunidad, Diego Santilli aprovechó para cuestionar a Axel Kicillof.

Por otro lado, los malos resultados en las pruebas PISA en lengua, ciencias y matemáticas. La Argentina quedó ubicada en el fondo de la tabla mundial. Décadas de desmanejos con la educación, bajos salarios, las escuelas, infinitos paros docentes y permitir que los adolescentes aprueben sin muchas exigencias. Arriba, en la cima del mundo, están China, Singapur, Japón, Corea y, bastante cerca, el Reino Unido. El común denominador de los mejores: valorar la exigencia, mérito y disciplina de estudio. El Gobierno aprovechó esos resultados para culpar a los gobiernos kirchneristas. La decadencia lleva décadas.

La inflación baja, pero preocupa el nivel de actividad

En materia económica, el dato más positivo de la semana para el Gobierno fue el índice de inflación: el Indec informó que en agosto fue de 1,7 por ciento, un descenso muy importante respecto del índice de julio (2,1 por ciento). El martes había existido un anticipo: la inflación en la Ciudad fue de 1,7, mucho más baja que el 2,9 de julio.

Lo positivo: la reducción fue muy importante y responde a la caída de los precios de alimentos y transporte, la caída de precios por baja demanda y a la deflación en indumentaria.

Lo negativo: los servicios subieron 2,8 por ciento, muy por arriba del promedio general, y la Canasta Básica Total, límite de la pobreza, creció 2,6 por ciento.

Los riesgos: el menor ingreso de dólares en la segunda parte del año y la presión que pueda ejercer cualquier movimiento del dólar.

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La UIA sostiene que la reducción de la inflación no alcanza y afirma que lo importante es el nivel de actividad. Esta semana difundió su Monitor de Desempeño Industrial: el 49,7 por ciento de las empresas están afectadas por la caída de las ventas, por lo cual el 42 por ciento redujo su producción. Los motivos: caída del poder adquisitivo, la apertura de importaciones y el flagelo del contrabando. El miércoles, el Indec confirmó el derrumbe: la producción industrial bajó en julio 4,9 por ciento interanual y 5 por ciento desestacionalizado. Y la construcción no se quedó atrás: cayó 4,5 por ciento interanual y 4,6 por ciento respecto de junio.

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que la economía marcha a distintas velocidades y que hay sectores a los que les va a costar más tiempo salir adelante. Y Patricia Bullrich dijo que esa situación preocupa al Gobierno.

El otro tema económico de la semana tuvo que ver con los deudores morosos: la oposición logró instalarlo en la agenda, tenía asegurado el quórum y obligó a LLA a girar en el aire para hacer un control de daños. El proyecto no pasará por la Comisión de Presupuesto, por lo cual cualquier solución que adopte el Congreso no deberá tener costo fiscal. Martín Menem y LLA vieron el desenlace como un triunfo.

Mientras el Presidente siempre sostuvo que el debate no es real sino una fake news instalada por la oposición para desgastar a Milei, la Iglesia reitera su reclamo de mayor justicia social. No es un dato menor que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA haya publicado un informe que muestra que 30 de cada 100 familias necesitan pedir dinero a familiares, amigos o billeteras virtuales para llegar a fin de mes, mientras que entre las familias que están en situación de pobreza el problema alcanza al 44 por ciento.

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Uno de los aliados más fieles de LLA, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, buscó mostrar empatía: decidió que a los deudores morosos les reducirá Ingresos Brutos y los eximirá del Impuesto de Sellos.

En el Gobierno no todos coinciden con la dureza con la que Milei lleva adelante su plan económico.

El sector más político, la mesa política, teme el impacto que la economía pueda tener en los votantes. Milei lo ve distinto: la gente me votó para bajar la inflación y él lo está logrando.

¿Qué dicen las encuestas? Tanto las que maneja el Gobierno como la oposición coinciden en dos datos: Milei conserva una imagen positiva que está entre el 32 y 37 por ciento —según las distintas encuestadoras—; Atlas Intel acaba de relevar que el 38 por ciento aprueba la gestión del Presidente; se frenó su caída y varios estudios coinciden en mostrar que, del casi 70 por ciento restante, hay un 50 por ciento que asegura que jamás volvería atrás para votar al kirchnerismo. En otras palabras, este último sector podría decantar, a falta de opción, en favor de Milei o no iría a votar. Salvo que aparezca un outsider, que todavía no aparece claro, o un insider. Falta mucho: 12 meses hasta la fecha de las PASO, que por ahora no se definieron.

Igualmente, ese panorama es suficiente para entusiasmar al peronismo, un sector que hace unos meses consideraba que no tenía chance alguna. Ahora, sus referentes empezaron a soñar. La muestra la dio el martes: las distintas tribus del peronismo —excepto La Cámpora— se juntaron para un nuevo homenaje por la muerte de De la Sota y para tomarse una foto política. Unidad con competencia, recomendó Sergio Massa, que levanta lentamente el perfil y no descarta ni confirma que pueda ser candidato.

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Desaceleración de precios y caída abrupta de actividades productivas. Revés legislativo después de avances con proyectos propios. Impacto del llamativo giro de Javier Milei en el tema Malvinas, acompañado por limitaciones para su uso doméstico. La realidad política y económica asoma contradictoria para los planes del oficialismo, atados sin vueltas al objetivo reeleccionista. Nada es uniforme. Y eso mismo desinfla la estrategia libertaria que busca mostrar éxito permanente y confrontación con algún enemigo. Todo, en blanco o negro.

Se trata de un ejercicio -expresión de su concepción política- extendido a cualquier área de gestión, incluso las más sensibles, como la educación. En ese terreno, tampoco es algo novedoso: al contrario, es tan repetido en el tiempo que suena ingenuo esperar políticas de Estado. Acaba de ocurrir frente a un nuevo informe sobre el deterioro en el rubro educativo, resultado que mezcla serios problemas de arrastre y agudización actual. En rigor, la reacción del oficialismo no fue sorprendente, sino amplificada por el contraste con un antecedente inmediato. En los dos casos, el trazo saliente fue la carga sobre el pasado.

Vale aclararlo: son dos relevamientos cercanos en el tiempo pero diferentes por las franjas de alumnado abarcadas, por metodología y por su alcance. Uno es nacional y otro incluye a la Argentina como parte de un trabajo internacional. Importa el reflejo oficialista. Hace un par de meses, el informe sobre las pruebas locales Aprender fue celebrado por mejoras en lengua y matemática respecto del 2023. El Gobierno lo destacó como un éxito mileista y, por supuesto, en espejo con la etapa de Alberto Fernández y CFK. Esta semana, los resultados de las pruebas PISA mostraron otra vez un grave deterioro a nivel nacional en matemática, lectura y ciencia. Y el mensaje fue responsabilizar a las gestiones anteriores.

Con el mismo simplismo de campaña permanente, y a pesar de cierto agotamiento como recurso discursivo, fue abordado el dato de la inflación de agosto. El IPC anotó un 1,7%. Fue una caída respecto de julio (2,1%) y hay que retroceder hasta junio del año pasado para encontrar un número inferior (1,6%). Otros datos expusieron el impacto de rubros como servicios y la baja en renglones como vestimenta. El IPC Núcleo se mostró más inquietante: se mantuvo en el 1,8%, es decir, igual que el mes anterior.

Por supuesto, el Gobierno celebró el dato del INDEC. Y se sucedieron elogios al ministro Luis Caputo por parte de Milei, de varios funcionarios y de algunos legisladores, además de despliegue en las redes sociales. Eso fue de la mano con el núcleo del discurso más amplio: destacar algún logro insistiendo sobre su significado para remontar la situación dejada por la experiencia peronista/kirchnerista.

Ese recurso expresa un modo básico de la confrontación libertaria. Pero ocurre que en el terreno económico los datos no dan para el relato lineal. Hay blancos, negros y grises. Con un añadido: pueden quedar expuestos con diferencia de pocos días. Antes del esperado índice de precios, la semana había arrancado con informes del INDEC realmente críticos sobre actividad económica. La producción industrial manufacturera registró en julio una baja de 5 puntos porcentuales -respecto del mes anterior y en la medición interanual- y la construcción dejó una postal parecida, en torno del 4,5%.

Frente a esos números, no parece alcanzar con el recurso narrativo según el cual la economía se mueve en diferentes velocidades. Y eso alimenta preocupación interna en el oficialismo, algunas demandas que encuentran respuesta cerrada de Olivos. Por lo pronto, en materia de datos oficiales, el calendario del INDEC incluye para las próximas semanas la difusión de otros informes habituales, desde precios mayoristas a ventas y salarios, además del Estimador Mensual de Actividad Económica. Este mes, para completar, será publicada la información sobre pobreza e indigencia en el primer semestre del año.

El Congreso tampoco aporta un panorama allanado, sin sobresaltos, para el juego del oficialismo. El revés en Diputados con dos temas sensibles -emergencia en discapacidad y morosidad- pintó para LLA un cuadro con trazos inquietantes: después de varios meses, el temario fue a contramano de su voluntad y eso consagró una movida que incluyó, naturalmente, a la oposición dura, pero también a legisladores de espacios dialoguistas, vinculados a jefes provinciales de trato habitual con el Gobierno.

El resultado fue la imposición de fechas concretas para el trámite de los dos temas en comisiones. Se verá cómo sigue. Por lo pronto, el dato significativo resultó ser un quórum sin sobresaltos a pesar de los esfuerzos violetas para evitarlo. Alcanzó para ratificar que el Congreso puede sumar señales buenas, regulares o malas para Olivos. Avances, como el tratamiento de la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y la segunda entrega de Inocencia Fiscal, a la espera de sesión en el Senado. Complicaciones, como ocurre con el RIGI II y la reforma electoral. Y disgustos, como acaba de ocurrir con endeudamiento familiar y discapacidad.

No es lo único. El Congreso espera ahora el proyecto sobre Malvinas. Según la última versión difundida desde filas libertarias, sería enviado el martes. Y trascendió que, en materia de sanciones, podría ser más amplio que la actividad petrolera. Apuntaría a evitar que la oposición dura busque doblar la apuesta. En cualquier caso, el tratamiento de los proyectos difícilmente exponga posiciones divergentes sobre el reclamo de soberanía. Y ese es un punto central.

El tema de fondo -es decir, la soberanía- no ofrece espacio para la confrontación. No hay enemigo político. En todo caso, puede haber disputa y cruces sobre aspectos prácticos de los proyectos, como el Consejo de Seguridad Nacional, cuyo alcance podrá ser considerado cuando el Gobierno envíe el texto al Congreso. Más claro es que el giro presidencial por Malvinas no domina de manera excluyente el temario público y, menos, cierra la puerta a otros debates.

La búsqueda de contrapuntos en este terreno es difícil. En todo caso, es una prueba a saldar primero con la historia propia. La postal de Pablo Quirno y Carlos Presti en Ushuaia puede ser vista en ese contexto. El canciller y el ministro de Defensa viajaron para mostrar la intención de reanimar -iniciar, prácticamente- la construcción de la Base Naval Integrada. Una obra anunciada en la gestión anterior, sin avances serios en aquel momento y tampoco en lo que va del gobierno mileista.

Luis Caputo,Argentina,ministro de economía,discurso