CÓRDOBA.- La Casa Rosada abrió la billetera y habría más anticipos financieros a provincias. A pocos días del pago del medio aguinaldo y en medio de las negociaciones políticas que determinarán, al menos en el Congreso, el futuro del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno nacional autorizó anticipos de hasta $400.000 millones para Entre Ríos (el segundo en el año), Santa Fe y Jujuy. Además, otorgó garantías de recursos de la coparticipación.

El ministro del Interior, Diego Santilli, encargado de las negociaciones con las provincias, había acordado con su par Luis Caputo un margen limitado para liberar recursos a los gobernadores. Los adelantos a las tres provincias son a una tasa del 15% anual, una condición mucho mejor que la que ofrece el mercado.

Estas negociaciones son coincidentes con los datos que muestran que las provincias volvieron al rojo, con 2025 como uno de los peores años con déficit fiscal desde 2019. Si bien después del fuerte ajuste del 2024, las provincias lograron recuperar parte de sus ingresos el año pasado, esa mejora no alcanzó para sostener el equilibrio de las cuentas públicas. Según Alejandro Pegoraro, director de la consultora Politikon Chaco, el 2025 terminó con un déficit financiero equivalente al 0,33% del PIB.

En el 2025, tenían superávit tanto primario como financiero. En apenas un año, el escenario se revirtió: los gastos crecieron más rápido que los ingresos y la mayoría de las provincias vio deteriorarse su posición fiscal.

En abril de este año la Casa Rosada realizó una primera ronda de anticipos -también con un tope de $400.000 millones- para una docena de provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. El argumento fue igual al de ahora, que esas administraciones tenían problemas para atender financieramente los compromisos más urgentes.

Esta nueva tanda de adelantos financieros se da a poco más de un mes de que, por resolución, hubiera fuertes recortes en programas que impactan directamente sobre las finanzas subnacionales. En “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional” del Ministerio del Interior la contracción fue de $320.711 millones, el principal ítem es “Asistencia financiera y ATN”, es decir, el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.

Con una máxima restricción a los ATN los adelantos funcionan como prenda de negociación. Los números que evidencian el estrés financiero de las provincias son contundentes: mientras los ingresos totales crecieron 3,4% en términos reales durante 2025, el gasto total avanzó 6,6%. El déficit primario es equivalente al 0,22% de los ingresos totales y a un déficit financiero del 2,12%. Un año antes, esos indicadores habían mostrado superávits de 2,7% y 0,9%, respectivamente.

Los $131,1 billones de ingresos para los 24 distritos implican una mejora respecto del crítico 2024, pero en comparación con 2023, continúan 9,8% abajo en términos reales.

Los recursos tributarios provinciales crecieron 3,6%, mientras que los provenientes de impuestos nacionales aumentaron apenas 1,1%. Mostraron avances importantes las transferencias corrientes (28% arriba interanual) y los ingresos no tributarios (9,5% frente al 2024).

Pero, respecto del 2023, los recursos tributarios de origen nacional están 7,2% por debajo; los provinciales muestran una caída de 4,2% y las transferencias corrientes registran un derrumbe de 56,3%. Los giros de capital, vinculados principalmente a obras y financiamiento, están 65% por debajo.

La otra cara de la moneda fue el comportamiento del gasto que se incrementó 6,6% internaual en términos reales. Los corrientes, que explican más del 90% de los presupuestos provinciales, aumentaron 6,8% (se destacan las prestaciones de la seguridad social con un alza de 11%; la de los bienes y servicios, 9,2% arriba; los intereses de la deuda con una evolución de 8,8% y los salarios del sector público que están 7,4% por encima del 2024)

Hubo una recuperación parcial de la inversión pública. La inversión real directa aumentó 21,2%, aunque otras partidas vinculadas al gasto de capital mostraron retrocesos, como las transferencias de capital (-9,7%) y la inversión financiera (-41,7%).

Politikon Chaco en su reporte refleja que el gasto provincial todavía se mantiene 9,4% por debajo de los niveles de 2023.

Necesidad de recursos

Las cajas provinciales siguen resentidas en lo que va de este año. La caída acumulada de coparticipación hasta mayo acumula 2,5% (795.962 millones). La mejora de mayo evitó que el número fuera peor.

En lo que hace a las recaudaciones provinciales, tampoco hay buenas noticias. Con datos de 17 provincias, en mayo, la baja es del 7%. Ingresos Brutos (ligado directamente a la actividad económica), el principal impuesto en los ingresos propios, tiene una retracción del 8% en el consolidado.

Con base a datos de 14 provincias, en el primer trimestre los ingresos totales caen al 3,5% y el gasto lo hace apenas en 0,3% (no es un alza homogénea, hay distritos con ajustes fuertes), lo que ratifica el desequilibrio fiscal y profundiza la necesidad de financiamiento.

En 2024 apenas tres provincias registraron déficit primario; en el 2025 fueron 12. En materia financiera, el empeoramiento fue aún más marcado: las jurisdicciones con déficit pasaron de seis a 14.

En total, solo 11 lograron cerrar 2025 con superávit primario y apenas nueve mantuvieron un resultado financiero positivo.

Santiago del Estero, presentó el año pasado los mejores números fiscales del país según el análisis de datos oficiales de Politikon Chaco. Sus ingresos crecieron 29,8% real, muy por encima del promedio nacional, mientras que los gastos aumentaron 21%. Cerró el ejercicio con un superávit primario equivalente al 21,5% de sus ingresos y un superávit financiero del 21,4%.

Fue, además, la que más recursos destinó a gasto de capital, con una participación del 28,8% sobre el total de sus erogaciones, triplicando ampliamente el promedio nacional.

Detrás aparecen Salta, San Luis, San Juan, Neuquén y Jujuy, todas con resultados financieros positivos. En el extremo opuesto quedó Tierra del Fuego.

Caso por caso

Esa provincia registró una caída real de sus ingresos del 2,8%, mientras que sus gastos crecieron 12,8%. Esa combinación derivó en un déficit primario del 15,4% de sus ingresos y un déficit financiero del 16,3%, los peores indicadores del país.

También mostraron desequilibrios Santa Cruz, Chubut, Corrientes, Buenos Aires, Mendoza y Chaco.

Entre las provincias de mayor peso económico, Córdoba volvió a exhibir una de las situaciones fiscales más ordenadas y Santa Fe conservó un leve superávit primario de 0,6%, aunque terminó el año con un pequeño déficit financiero de 0,2%.

Mendoza pasó de un superávit financiero de 4,6% en 2024 a un déficit de 5,7% en 2025. Situación similar atravesaron Chubut, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires.

Neuquén es la jurisdicción con mayor peso de ingresos propios (85,4%), seguida por la Ciudad de Buenos Aires con 81,9%. En el otro extremo aparecen La Rioja (14%), Catamarca (18%) y Jujuy (23,6%), mucho más dependientes de los envíos nacionales.

La oposición no consiguió hoy reunir el quorum necesario para abrir la sesión especial convocada para debatir la interpelación de Manuel Adorni y una eventual moción de censura. La ausencia de Pro, la UCR y los bloques provinciales que habitualmente acompañan al oficialismo terminó por frustrar la ofensiva contra el jefe de Gabinete y confirmó el acuerdo político que el Gobierno había tejido durante las últimas horas para evitar una definición en el recinto.

La sesión, prevista para las 14, quedó obturada por la decisión de los bloques dialoguistas de no bajar al recinto. Solo 117 diputados avalaron la discusión.

A cambio, el oficialismo se comprometió a abrir desde el miércoles próximo la comisión de Asuntos Constitucionales para discutir allí el procedimiento y los alcances de una eventual interpelación.

La decisión de no dar quorum no se limitó a Pro, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y la UCR. También alcanzó a los bloques provinciales que suelen garantizarle gobernabilidad a La Libertad Avanza (LLA). Los legisladores vinculados a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) optaron por mantenerse al margen de la sesión.

Ninguno de esos espacios quiere cargar con el costo político de precipitar la caída del jefe de Gabinete ni aparecer alineado con una ofensiva impulsada por el kirchnerismo.

La salida les permite a todos ganar algo. Los libertarios consiguen tiempo para intentar descomprimir la crisis y preservar la agenda legislativa del Gobierno. Los aliados, por su parte, evitan quedar alineados con el kirchnerismo en una votación que podría haber acelerado la caída política del funcionario.

La estrategia fue acordada durante las últimas horas entre Martín Menem y los principales referentes de los bloques que suelen acompañar al oficialismo. El presidente de la Cámara baja buscó desactivar una sesión que amenazaba con monopolizar la agenda parlamentaria y poner en riesgo, además, los proyectos económicos que el Gobierno aspira a aprobar este miércoles.

Entre ellos figuran el acuerdo para pagar US$171 millones a los holdouts Bainbridge y Attestor y el denominado “Súper RIGI”, el régimen de incentivos para inversiones superiores a los US$1000 millones.

La apertura de la comisión de Asuntos Constitucionales funciona, en ese contexto, como una salida intermedia. El oficialismo acepta discutir la situación de Adorni, pero traslada el debate a una instancia que le permite ganar tiempo y diluir, al menos por ahora, cualquier intento de avanzar con una moción de censura.

También funciona como un mensaje al Senado, donde la semana pasada se avanzó con un acuerdo entre el oficialismo y la oposición de avanzar con la interpelación en el recinto sin contar con despacho de comisión o el voto de los dos tercios para tratar un proyecto sobre tablas. Se trata de una guerra por la interpretación del artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula la moción de censura para el jefe de Gabinete.

Pese al fracaso de la sesión, la oposición decidió permanecer en el recinto y dar un debate en minoría para capitalizar políticamente el escándalo que rodea al jefe de Gabinete. El mensaje entre líneas es que el oficialismo logró evitar una votación, pero no clausurar la discusión sobre la situación de Adorni.

Permaneció en el recinto Unión por la Patria (UP), la Coalición Cívica (CC), el Frente de Izquierda, dos catamarqueños ligados al gobernador Raúl Jalil, Marcela Pagano (Coherencia) y la radical Karina Banfi. El bloque Provincias Unidas se dividió: solo dieron el presente los jujeños de Carlos Sadir, los socialistas y el radicalismo crítico de Martín Lousteau y Pablo Juliano. Los cordobeses también se escindieron: Carlos Gutiérrez, Juan Brugge y Juan Schiaretti avalaron la sesión mientras que los más ligados al gobernador Martín Llaryora, como Ignacio García Aresca, se ausentaron.