El ecosistema laboral de las plataformas digitales de mensajería y reparto a domicilio en la Argentina encendió las luces de alerta ante un fenómeno de endeudamiento creciente que afecta de forma directa a sus eslabones más vulnerables. El Sindicato de Trabajadores de Repartidores de Aplicaciones (Sitrarepa) denunció de manera pública la crítica situación financiera que atraviesan miles de repartidores debido al otorgamiento de créditos financieros diseñados por las propias empresas de delivery, cuyas tasas de interés pueden trepar hasta un alarmante 700 por ciento anual.

Al carecer de recibo de sueldo tradicional o de un historial comercial tradicional, los cadetes quedan completamente marginados del circuito bancario clásico por no poseer scoring crediticio, una exclusión estructural que abrió las puertas a un agresivo mercado de financiamiento no bancario dentro de las propias plataformas.

La secretaria general de Sitrarepa, Belén D’Ambrosio, analizó con crudeza el impacto de estas líneas de financiamiento al explicar que «las firmas multinacionales utilizan estos esquemas financieros como un mecanismo de presión operativa», ya que se trata de créditos de carácter estrictamente selectivo destinados a aquellos operarios que acumulan extensas jornadas de labor sobre sus vehículos.

La mayoría de estos microcréditos se gestionan con el único propósito de costear la compra, el mantenimiento o la reparación de las bicicletas y motocicletas, herramientas de trabajo indispensables sin las cuales los repartidores quedan imposibilitados de generar ingresos diarios. En declaraciones al matutino Clarín, la referente gremial advirtió sobre la dependencia extrema que se genera hacia las corporaciones y reclamó que estos préstamos de usura deberían estar regulados de forma urgente por el Estado.

El fenómeno de las aplicaciones actuando como prestamistas privados de su propia fuerza de trabajo fue reflejado con precisión en un informe técnico elaborado por el Banco Central dedicado a las entidades no bancarias que otorgan crédito. La autoridad de contralor monetario englobó esta dinámica dentro de la denominada «economía gig» o economía de plataformas, caracterizada por la digitalización de los flujos de dinero y la informalidad de los contratos. Según los datos estadísticos revelados por el BCRA, la cantidad de deudores insertos en este circuito se expandió un vertiginoso 122% durante el año 2025, consolidando una tendencia que ya venía registrando subas previas del 177% entre los períodos de 2023 y 2024.

El puntaje invisible de las apps y el nivel de endeudamiento

Los técnicos del Banco Central determinaron que, ante la falta de una carpeta crediticia convencional, las plataformas de mensajería construyen un scoring alternativo basado de forma exclusiva en la información y las métricas de desempeño que cada trabajador genera dentro de la interfaz digital.

Los factores que evalúa el algoritmo corporativo para convalidar la aprobación de un desembolso monetario se estructuran bajo las siguientes variables de productividad:

• Antigüedad del perfil: Los años de permanencia activa prestando servicios para la firma en cuestión.
• Tasa de aceptación de viajes: El porcentaje de pedidos aceptados de forma consecutiva, penalizando los rechazos del repartidor.
• Calificación del usuario: El puntaje promedio que otorgan los clientes particulares al momento de recibir el paquete.
• Carga horaria: La disponibilidad del repartidor para conectarse al sistema durante los picos de más alta demanda horaria o bajo condiciones climáticas adversas.

Los cálculos per cápita de la autoridad monetaria arrojaron que, hacia finales del año 2025, la deuda promedio para los monotributistas que prestan servicios en estas aplicaciones se ubicó en torno a los $900.000 por persona. El estudio concluyó de manera taxativa que los denominados trabajadores independientes representan el 54% de los tomadores de estos créditos y concentran más del 62% del saldo total otorgado, lo que demuestra que las plataformas están financiando a su propia base de trabajadores para sostener la continuidad de su logística callejera.

Flexibilidad laboral versus precarización y dependencia

Las corporaciones defienden la herramienta argumentando que estas líneas apuntan a dotar de inclusión financiera a un sector desatendido por la banca de consumo tradicional. Por ejemplo, desde la firma PedidosYa indicaron que abrieron la posibilidad de préstamos a repartidores en 2024, habiendo otorgado hasta la fecha un total de 57 mil créditos por una suma global de 84 millones de dólares en la región, aclarando que en el caso de los cadetes se trata de líneas con amortización a seis meses que no pueden comprometer más del 30% de sus ingresos mensuales. En paralelo, otras empresas buscan expandir sus herramientas financieras mediante alianzas corporativas, como el reciente convenio sellado entre el Banco Galicia y Rappi para ofrecer soluciones integrales de pago, financiamiento y bancarización tanto a repartidores como a los comercios minoristas adheridos.

Sin embargo, desde la perspectiva sindical, la realidad de las calles dista significativamente de los enunciados corporativos de inclusión. La titular de Sitrarepa, Belén D’Ambrosio, alertó que las comisiones por cada viaje continúan deprimidas y desvinculadas del valor real del pedido, percibiendo montos de apenas $1.500, $2.000 o $3.000 por entrega. «Tenemos situaciones de compañeros que extienden obligatoriamente su jornada laboral para poder devolver los préstamos contratados», graficó la dirigente, detallando que hoy en día un repartidor debe pedalear o conducir entre 10 y 12 horas diarias únicamente para cubrir los costos fijos estructurales de su actividad y abonar las cuotas de la propia aplicación, transformando la promocionada flexibilidad horaria en una nueva forma de subordinación financiera.