La jueza federal María Eugenia Capuchetti hizo lugar al pedido de la fiscal Paloma Ochoa y ordenó una serie de medidas preliminares para investigar si el Gobierno de Javier Milei encubrió la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil a Estados Unidos a través de la Argentina. La causa busca determinar si existieron irregularidades en los controles migratorios y si funcionarios nacionales facilitaron el traslado del dirigente brasileño.

La magistrada dispuso pedidos de informes a distintos organismos públicos para establecer si las autoridades argentinas tenían conocimiento de las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro y qué procedimientos se aplicaron durante su ingreso y posterior salida del territorio nacional.

Entre las medidas ordenadas, Capuchetti requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que informe si recibió alertas o requerimientos previos relacionados con la situación judicial del senador brasileño.

El objetivo es establecer si existieron comunicaciones oficiales que advirtieran sobre las medidas dispuestas por la Justicia de Brasil y si esa información estaba disponible para las autoridades argentinas cuando Bolsonaro atravesó la frontera.

Axel Kicillof reunió este jueves a los intendentes que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) para plantear un cuadro de situación política del peronismo en vistas a las elecciones del año que viene. Los intendentes pidieron por las reelecciones y el mandatario transmitió lo que viene diciendo públicamente: que está a favor de las mismas y que hay que reunir los acuerdos políticos y legislativos necesarios para que la restitución de las reelecciones indefinidas se vote antes de fin de año. El temario también alcanzó la defensa discursiva de las PASO no solo a nivel nacional, sino también en la esfera provincial. Además sobrevoló la posibilidad latente de que la provincia de Buenos Aires no desdoble la elección del año que viene y se encamine a un proceso de concurrencia. Una definición que sigue atada a lo que suceda con las elecciones Primarias en el orden nacional.

El encuentro se realizó en el Salón Francés de la Gobernación y reunió a más de 40 jefes comunales que integran el MDF, junto a ministros con participación en la mesa política bonaerense, como Carlos Bianco (Gobierno), Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores), Gabriel Katopodis (Infraestructura) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad). Una de las expectativas con las que llegaron los intendentes se centraba en la posibilidad de modificar la ley que les impide competir por un nuevo mandato tras completar dos períodos consecutivos.

“Hice más de 500 kilómetros para venir. Vine solamente a esto. Termina y me vuelvo”, expresó antes de ingresar a la reunión un intendente del interior bonaerense que forma parte del espacio político del gobernador. La frase expuso el nivel de interés que generó una discusión que afecta de manera directa las proyecciones electorales de decenas de distritos.

El mensaje que Kicillof transmitió durante el encuentro fue que el asunto deberá resolverse por la vía política. La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense intervenga y declare inconstitucional la normativa vigente había circulado entre dirigentes del oficialismo, pero esa alternativa perdió fuerza ante la postura del tribunal de no involucrarse en una controversia que considera propia de la dirigencia política. Se acordó impulsar el tema desde el PJ bonaerense que preside Kicillof, así como también en el territorio a partir de los PJ locales.

Así, una de las conclusiones básicas fue que el tratamiento deberá pasar por la Legislatura bonaerense. El desafío para el gobernador será construir una mayoría que hoy no tiene garantizada en ninguna de las dos cámaras. Además, se planteó la defensa de las PASO no solo en el orden nacional sino también para definir candidaturas por la sucesión a la gobernación bonaerense.

Reelecciones

La normativa vigente establece que los intendentes solo pueden acceder a una reelección consecutiva. Tras dos mandatos, deben dejar el cargo y no pueden presentarse de manera inmediata para un tercer período. La discusión también abarca a legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares.

La iniciativa que promueve el sector de Kicillof busca eliminar esa restricción. El proyecto fue presentado por la senadora provincial Ayelén Durán, integrante del espacio del gobernador, pero aún no avanzó hacia una instancia de tratamiento en el recinto.

La Ley 14.836 fue sancionada en 2016, durante la administración de María Eugenia Vidal, y fijó el límite para los cargos electivos bonaerenses. Su vigencia podría dejar sin posibilidad de competir en 2027 a 81 intendentes. De ese total, 52 pertenecen al peronismo y 28 están alineados con el Movimiento Derecho al Futuro.

Esa distribución explica por qué el reclamo tiene peso dentro del armado del gobernador. Varios de los intendentes que respaldan a Kicillof dependen de una modificación legislativa para sostener sus candidaturas locales en la próxima elección provincial. Pero también afecta a una posible candidatura nacional de Kicillof. De darse, el gobernador se apoyará fuertemente en la tracción que haga la provincia de Buenos Aires en una elección nacional.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había reiterado en la previa del encuentro la posición del Ejecutivo. Sostuvo que el límite no surge de la Constitución de la provincia y cuestionó que una ley impida a los votantes elegir a determinados candidatos.

Bianco planteó que la limitación resulta proscriptiva porque restringe la posibilidad de que los vecinos definan en las urnas si un intendente debe continuar o no al frente de su distrito. El funcionario hizo esas declaraciones durante una jornada sobre justicia electoral realizada en La Plata, de la que participó la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan.

Los intendentes reconocen que la decisión política del gobernador no alcanza para garantizar la aprobación de la reforma. Fuerza Patria tiene quórum propio en el Senado bonaerense, pero Kicillof no dispone de una mayoría automática que responda a su conducción. En Diputados, el escenario es todavía más fragmentado y exige acuerdos con distintos sectores internos y externos al oficialismo.

La reforma dependerá de una negociación con el kirchnerismo, el Frente Renovador que conduce Sergio Massa y bloques de la oposición. La Libertad Avanza y el PRO mantienen posiciones contrarias a restituir las reelecciones indefinidas, mientras que dentro de la Unión Cívica Radical hay matices entre los dirigentes legislativos y los intendentes.

En el kirchnerismo, el planteo es que la conversación no se limite a los mandatos municipales. La línea que transmitió Máximo Kirchner a los negociadores legislativos de ese sector apunta a incorporar otros asuntos de la agenda institucional bonaerense.

Entre ellos aparecen la cobertura de las cuatro vacantes en la Suprema Corte de Justicia provincial, la definición del cronograma electoral de 2027 y el tratamiento de iniciativas propias, como un proyecto de regulación integral de las apuestas online. El jefe del bloque de Fuerza Patria en Diputados, Facundo Tignanelli, es uno de los interlocutores centrales en esas conversaciones.

Un dirigente que participó del encuentro aclaró, sin embargo, que “la guerra no es ni contra Máximo ni contra Cristina; tenemos que cagarnos a palos todos los días con Milei y convencernos de que vamos a ganar, porque vamos a ganar”.

Otra discusión que sobrevoló la charla fue la forma en que se organizarán los próximos comicios. El gobierno bonaerense mantiene su respaldo a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, mientras analiza la posibilidad de elecciones concurrentes: votar el mismo día para cargos nacionales y provinciales, aunque con sistemas distintos. Una idea que se sostiene mientras sigan vigentes las PASO en Nación.

En ese escenario, que está sujeto a modificaciones, la provincia debería combinar la Boleta Única de Papel para las categorías nacionales con el mecanismo que defina para las candidaturas bonaerenses. Kicillof conserva la potestad constitucional de establecer las fechas electorales en el distrito, aunque cualquier definición quedará atravesada por las negociaciones internas del peronismo.

El encuentro con los intendentes excedió el debate sobre las reelecciones. Kicillof repasó los escenarios políticos de corto y mediano plazo y pidió fortalecer la organización territorial del Movimiento Derecho al Futuro, un espacio que reúne a intendentes, ministros, legisladores, sindicatos y dirigentes sociales cercanos a su conducción.

Los jefes comunales llegaron con la necesidad de conocer cuál será la estrategia del gobernador frente a la interna del peronismo y cómo se articulará el vínculo con los sectores de Cristina Kirchner y Massa. En las últimas semanas, el acercamiento entre el kirchnerismo y el Frente Renovador volvió a ganar visibilidad en actos y conversaciones legislativas.

El Movimiento Derecho al Futuro busca sostener una estructura propia dentro del peronismo, con presencia en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Los intendentes constituyen una pieza central de ese esquema por su capacidad territorial, sus recursos de gestión y su incidencia en la definición de listas.

De hecho, en la reunión se resaltó la construcción del MDF en cada distrito y el crecimiento en todo el país. “Nada de esto ocurrió espontáneamente ni por casualidad, es el resultado del trabajo político que venimos haciendo entre todos” resaltó Kicillof y destacó el rol fundamental de la mesa de intendentes bonaerenses: “son la columna vertebral de este movimiento”, dijo.

Coincidieron en señalar que se tiene por delante una tarea fundamental: ganarle a Milei, porque 4 años más de este modelo de exclusión, desempleo, salarios bajos y desindustrialización serían terribles para los argentinos.

“Tenemos que entender la responsabilidad histórica que nos toca”, destacaron los presentes.

La reunión también incluyó referencias a la agenda de gestión. Según reconstruyó Infobae, Kicillof hizo mención al proyecto del Presupuesto 2027. Ese debate puede abrir una nueva etapa de conversaciones con los bloques opositores y con los demás sectores que integran Fuerza Patria.

Para los intendentes, la definición sobre las reelecciones sigue siendo el punto más urgente. Si la ley no cambia antes de la inscripción de candidaturas de 2027, los dirigentes alcanzados por la restricción deberán dejar sus municipios o buscar otros cargos electivos. Kicillof busca llevar esa discusión a la mesa política. De máxima, la expectativa es que la Legislatura resuelva el tema antes del cierre del año.

La jueza Mariel Borruto formalizó la participación de la provincia de Tierra del Fuego en la demanda contra el proyecto petrolero Sea Lion y ratificó la vigencia de la medida cautelar que desde septiembre impide a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum iniciar o continuar obras.

La decisión del Juzgado Federal de Río Grande rechazó, además, la convocatoria del Estado nacional al expediente.

La causa fue impulsada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) junto a la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas. La cautelar dictada el 16 de septiembre prohíbe a las compañías realizar perforaciones, instalar infraestructura submarina, unidades flotantes de producción o ejecutar obras terrestres y portuarias de apoyo, hasta que se concrete una evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina competente.

Según la jueza, esa medida sigue en pie porque aún no se incorporaron los informes ordenados ni se notificó a las empresas demandadas, condiciones necesarias para revisar su alcance.

Tierra del Fuego ingresó al proceso a través de su Fiscalía de Estado, pero la jueza admitió su intervención de manera acotada. La provincia actuará de manera accesoria y subordinada a la parte actora. Podrá formular alegaciones, aportar elementos de juicio y promover prueba, pero no ampliar el objeto de la demanda ni introducir pretensiones autónomas.

Borruto fundamentó la limitación en que la Fiscalía no presentó una posición material diferenciada y comparte el propósito de prevenir el daño ambiental de incidencia colectiva.

El tribunal rechazó también el pedido de incorporar recaudos adicionales para revisar la cautelar y de ordenar a Rockhopper y Navitas la presentación de pólizas de seguros y garantías ambientales.

También se desestimó la convocatoria del Estado nacional, al considerar que ya se ordenaron informes a la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental, a la Secretaría de Energía y a la Cancillería, cuya incorporación al expediente sigue pendiente.

El proyecto Sea Lion

Sea Lion es un yacimiento offshore ubicado en el Atlántico sur, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y a 450 metros de profundidad. De avanzar según lo previsto, sería el primer desarrollo de crudo en aguas cercanas al archipiélago.

El proyecto es impulsado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.

El hallazgo del yacimiento se remonta a mayo de 2010, cuando Rockhopper anunció el descubrimiento de crudo en la zona. Tras años de estudios, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025, lo que implica que el proyecto es considerado viable desde el punto de vista técnico y económico.

Según datos de Navitas, al 31 de julio pasado el yacimiento contaba con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables. La primera fase apunta a una producción de 50.000 barriles diarios, con el primer petróleo previsto para marzo de 2028.

La inversión inicial será de USD 1.800 millones hasta la obtención del primer crudo, a los que se sumarán otros USD 2.100 millones para el resto de la explotación, que se proyecta a 30 años.