POLITICA
Alerta meteorológica sobre el clima social

Javier Milei dice que a él le gusta acelerar en las curvas. Y que lo hace aun cuando la pista se pone resbalosa. Es una verdad a medias. El Presidente ya ha demostrado en varias ocasiones que sabe pisar el freno cuando en el tablero de conducción las luces rojas pasan al bordó, sobre todo en materia económico-financiera. Al límite, pero ha sabido frenar.
La mezcla de audacia extrema con moderación acotada es celebrada, sobre todo, por los siempre pragmáticos inversores, banqueros y grandes empresarios, que comulgan ideológicamente con el Presidente, pero que privilegian la viabilidad y sostenibilidad en el tiempo de las políticas promercado antes que las batallas para tener razón, que tantas veces obnubilan al libertario. En ese punto han aparecido algunos interrogantes y han ampliado el radio de consultas.
Las dudas radican en cuánta sensibilidad y qué capacidad de reacción efectiva tiene el conductor cuando acelerar y frenar se vuelven operaciones aparentemente contradictorias, pero que deben realizarse, casi en simultáneo, en circuitos paralelos: el económico, el político y el social. La realidad nunca es unidimensional y el dogma no tiene respuestas para todo. Menos, todo el tiempo.
La determinación para sostener el rumbo económico de manera inalterable en ciertos aspectos, aun cuando empiezan a expandirse sus efectos negativos, o la actitud siempre beligerante para afuera y extremadamente tolerante hacia adentro frente a los escándalos por presuntos hechos de corrupción que tocan a la cima del poder asoman como los focos de duda, que inquietan a los grandes tomadores de decisiones económico-financieras. La sustentabilidad del proyecto mileísta es la gran pregunta que se hacen. Milei lo sabe. Se lo planteó el polémico tecnomagnate Peter Thiel en su controladísima y publicitada visita a la Casa Rosada.
En ese plano, el área metropolitana bonaerense, donde se da la mayor concentración social del país y, al mismo tiempo, los mayores efectos negativos de la política económica, empieza a estar bajo la lupa. Su condición de caja de resonancia con altísima visibilidad obliga a esa mirada (o a esa escucha).
Las señales que surgen de las encuestas, de los grupos focales y de la percepción cotidiana que tienen los referentes políticos y, sobre todo, sociales o religiosos con inserción en ese territorio justifican las prevenciones.
Caída de ingresos, pérdida o temor a la pérdida del empleo, endeudamiento personal y prolongación del esfuerzo sin mejoras a la vista asoman como las causas de un malestar creciente, que se agudiza con escándalos como el incremento del patrimonio inmobiliario y los gastos suntuarios que no logró explicar ni justificar aún el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. O, en menor medida, con la disputa a cielo abierto que se da en el oficialismo. También impactan los recortes en sectores que generan alta sensibilidad social, como la asistencia a discapacitados o los fondos para las universidades.
Las modificaciones en el humor social que se registran en el conurbano bonaerense, además, impactan por su magnitud en las encuestas nacionales respecto de la imagen presidencial y de la gestión de gobierno y profundizan la caída que se viene registrando en los últimos dos meses. Pero no es un fenómeno acotado sino extendido. En el AMBA sólo se profundizan algunas opiniones y sentimientos negativos, hoy superiores a las emociones positivas que despierta el oficialismo.
La extensión del fenómeno se puede ver en casi todas las encuestas de opinión y quedó reflejada en el último Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que realiza Poliarquía para la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), el cual mostró la tercera caída mensual. Se presume que se verá lo mismo en el próximo índice de Confianza en el Gobierno, que ya lleva cuatro meses a la baja.
En el caso del ICC se dio la particularidad de que en el último mes la mayor caída porcentual se dio en el interior del país (10,57), aunque es allí donde la confianza se mantiene más elevada (45,3%). En el Gran Buenos Aires se partía de mucho más abajo: con una caída de solo 1,53%, la confianza solo alcanza al 36,82%. Al mismo tiempo, en los sectores de ingresos más altos fue donde menos cayó el índice (1,8%), mientras que fue muy pronunciada la baja en los hogares de menores ingresos (12,6%).
La persistencia de la mala percepción de la marcha de la economía y de la gestión parece ser clave para la agudización de las emociones negativas. Así surge de los grupos focales realizados por la consultora Trespuntozero.
“Hay una sensación generalizada de imposibilidad: aunque uno se esfuerce, no logra salir adelante. Se registra una tensión constante entre la penuria y la resistencia activa: se rechaza la idea de la resignación, pero se reconoce que el margen se va achicando. El enojo le empieza a ganar a la angustia, y el clima comienza a parecerse al que llevó a Milei al poder”, señala Shila Vilker, directora de la consultora que hizo el estudio cualitativo. El universo de consultados incluyó a trabajadores formales e informales y desempleados, con hijos y sin hijos a cargo.
Una de las particularidades que surgió en esos grupos y llamó la atención de los encuestadores fue la dificultad para conciliar el sueño que se expuso espontáneamente y se registró sin diferencia de edades y segmentos.
“De noche la cabeza da vueltas con preocupaciones económicas”, es una de las conclusiones del informe. Y se destaca la mención extendida al “consumo de alcohol y ansiolíticos como auxiliares para dormir, así como la decisión de recurrir a la atención psicológica”. A eso, Vilker agrega: “Aparece en la narrativa el concepto de que la crisis atraviesa el cuerpo y lo afecta. Eso no lo habíamos visto en focus anteriores”.
Cuando se le pregunta por las consecuencias de ese estado de ánimo, la consultora dice que “hay más clima de implosión que de explosión”, aunque el avance del factor enojo abre interrogantes.
En eso coincide el sociólogo y antropólogo Pablo Semán, que realiza de forma sostenida trabajos de campo en los sectores populares, especialmente, en el área metropolitana.
“La caída de planes, de asistencia alimentaria, de empleo de todo tipo y los programas nacionales pisados hacen que la situación en los barrios sea muy complicada. Domina la angustia y parece que la situación va a implotar. Pero es terreno fértil para cualquier cosa”, explica el investigador.
“Hacia afuera parece salir en forma de hurtos, robos más violentos, violencia intrabarrios, junto con el comercio y el consumo de sustancias tóxicas. El problema es que en muchos lugares se está rompiendo la cadena de contención que había entre vecinos, referentes barriales e intendentes”, agrega Semán.
Al respecto, explica: “Los intendentes, mayoritariamente, no tienen plata y muchos tampoco saben bien qué pasa. Los referentes no quieren pegarles a los intendentes, pero tampoco reciben nada como para dar y los vecinos no reciben nada de ellos. Así, los referentes se quedan sin capital y sin influencia, y los intendentes rezan para que no pase nada. La caída de la recaudación y de la coparticipación los está matando”.
La baja de los ingresos municipales por reducción de la actividad económica y, en consecuencia, de la coparticipación ha potenciado un círculo vicioso que se traduce en aumento de tasas para tratar de compensar por precio lo que las comunes pierden por cantidad, lo cual aumenta el malestar de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones. Una combinación explosiva.
Con esa pintura coinciden a grandes rasgos intendentes bonaerenses de diverso signo (camporistas, kicillofistas, cristinistas, macristas y radicales), aunque también destacan algunos matices.
“Los que se la rebuscan mejor, paradójicamente, son los de los municipios más grandes, porque, aunque tienen más demanda, también tienen más recursos. Y, sobre todo, los que pusieron plata a plazo fijo. Ahora están aguantando con eso, pero no les sobra nada”, dice un estrecho asesor del intendente de uno de los dos distritos más grandes del conurbano.
Para completar el cuadro, el director del Observatorio de la deuda social de la UCA, Agustín Salvia, señala: “Hoy tenemos menos inflación y eso es un beneficio. Pero hay más trabajo informal, aumentó la precarización laboral y hay más dependencia de los programas sociales que antes”.
El especialista agrega que, si bien se registra una caída de la pobreza, “hay más pobreza crónica estructural. Y los niveles de pobreza están solo un punto abajo de los que teníamos en 2023”.
La referencia temporal de Salvia parece explicar el humor que se registra en algunos sectores sociales donde las demandas continúan sin ser satisfechas o donde se agravaron las penurias por efectos del programa económico que afectó fuertemente a rubros dadores de mano de obra intensiva. Un clima que para Vilker empieza a asemejarse al que hizo posible el acceso de Milei al Gobierno. Pero sin un Milei que lo capitalice. No es un dato menor.
La compleja situación en los grandes conglomerados urbanos también es expuesta por la Iglesia católica. “La demanda de alimentos en los comedores de Cáritas ha crecido en los últimos meses. También, registramos dificultades para acceder a otras cosas básicas, como medicamentos, y reclamos por la falta de trabajo”, dijo a LN+ el arzobispo de Luján, Jorge Scheinig, en la previa a la misa por el aniversario del papa Francisco a la que asistieron funcionarios de los gobiernos nacional y bonaerense, y dirigentes de diversos partidos políticos.
El pedido de paciencia social reclamado con impaciencia por Milei, como agudamente señaló el politólogo Vicente Palermo, parece demostrar que en la Casa Rosada hay o empieza a haber conciencia del clima social crecientemente adverso. Tanto como exhibir las dificultades de forma y de fondo que tiene el Gobierno para hacerle frente a esa realidad.
La iracundia mileísta con la construcción constante de enemigos y la intolerancia a sus contradictores nunca deja de alcanzar nuevos picos. Un camino que lo lleva a refugiarse en su núcleo duro, mientras las encuestas muestran una caída de los neutrales y un aumento de los disconformes.
El show pirotécnico que promete protagonizar pasado mañana Adorni y la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, con el apoyo presencial de Milei, difícilmente ayude a sumar nuevos amigos. Justo cuando necesita conseguir voluntades para algunos proyectos de ley cruciales como la reforma electoral.
Las preguntas que emergen sobre la sustentabilidad del programa libertario reparan en esos asuntos aun entre quienes celebran los logros macroeconómicos del Gobierno y valoran la moderación en ciertos aspectos como el cambiario o el financiero, con la baja de tasa y de encajes bancarios para tratar de dinamizar una microeconomía golpeada.
De todas maneras, también aparecieron recientemente algunas voces de alerta para el mediano plazo, aún de quienes coinciden en que si se atravesaran con éxito las turbulencias y desequilibrios actuales las perspectivas a futuro son excepcionalmente favorables. Eso sí, con varios perdedores, en el camino.
Al llamado de atención que viene haciendo uno de los economistas más apreciados por la Casa Rosada, como es Ricardo Arriazu, por la alta velocidad de destrucción y la lenta capacidad de construcción de la transformación en marcha, se le han sumado otras expresiones más críticas.
Entre ellas, la del economista Roberto Frenkel, que advirtió que si no hay modificaciones, entre otras en el tipo de cambio, “esto no es sostenible ni durable”. En la misma línea se expresó su colega Martín Rapetti, cuya consultora esta semana le dio una alegría al Gobierno al difundir una recuperación de la actividad en marzo, después de la sonora caída que exhibió el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en febrero. Rapetti también puso en cuestión la viabilidad del modelo si no se introducen cambios y advirtió que aún con esa recuperación de marzo el nivel de actividad del trimestre será negativo y el del año bastante menor que el estimado por el Ministerio de Economía.
Con todos esos datos no parece difícil explicar el alerta sobre el clima social. La pregunta que se hacen cada vez más actores es si los atiende, los entiende y cómo los procesa el Gobierno. Parece hora de activar más radares.
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POLITICA
Acusaciones cruzadas en el Gobierno por los cambios en la emergencia en Discapacidad que incluyó el Presupuesto

La primera gran polémica del Presupuesto 2027 se concentró en los fondos para Discapacidad. Así se desató otro altercado puertas adentro de la Casa Rosada, con acusaciones cruzadas sobre el origen y las intenciones del articulado, mezcladas asimismo entre las internas del oficialismo.
“Un quilombo”, resumió una alta fuente libertaria.
Otra vez, en la gestión de Javier Milei la discapacidad vuelve a ser un tema de discordia, en medio de los recortes sobre un área de altísima sensibilidad, sobre la que además hubo graves denuncias de corrupción y sobreprecios que tramitan en la Justicia. Esto al mismo tiempo que las familias y los pacientes siguen en la calle con marchas y reclamos por los déficits prestacionales.
La nueva tensión se detonó anoche cuando diputados libertarios notaron que el texto que su propio gobierno remitió al Congreso iba en un sentido opuesto en Discapacidad a las conversaciones ya encaminadas en la Cámara baja. El Presupuesto descarta la actualización obligatoria de las prestaciones, y habilita a las obras sociales y a las prepagas a fijar sus propios precios, sobre un mínimo.
Esta tarde, con la polémica detonada, en la Casa Rosada se pasaban la pelota entre las áreas por la redacción del apartado y las teorías fluían.
Ante la consulta de , desde el Ministerio de Salud, donde reporta la Secretaría de Discapacidad, se limitaron a remitir las inquietudes a la Casa Rosada. De esta forma, y sin decirlo, se despegaron de la redacción y por ende de cualquier responsabilidad. Las voces autorizadas del Gobierno evitaron asimismo una réplica oficial.
No obstante, en los distintos despachos se deslizaron todo tipo de versiones. Hubo fuentes que refirieron que el titular de Diputados, Martín Menem, no sabía lo que incluía el Presupuesto oficialista en Discapacidad, una cuestión que se debate en la Cámara que preside. Hay voces que mencionaron que ni el jefe de Gabinete, Diego Santilli, ni su vicejefe Ignacio Devitt (otro de los arietes con el Legislativo), conocían el texto al detalle. En la Jefatura de Gabinete esta tarde primó el silencio, a la vez que Santilli recibía a gobernadores en un intento de limar las asperezas que se multiplicaban en el Congreso.
Algunos dirigentes apuntaron los cañones contra la Secretaría de Legal y Técnica, ya que marcaron que los textos no salen de Balcarce 50 sin “pasar por el filtro” del área que conduce María Ibarzábal, el “cerebro” caputista y jurídico de la gestión Milei.
Por el contrario, otras fuentes de la Casa Rosada -las únicas que intentaron un justificativo de la norma- refirieron que en el Presupuesto se incluyó el proyecto de Discapacidad “que aprobó el Presidente”, que no es el mismo que Menem y el jefe de Discapacidad, Alejandro Vilches, debaten actualmente con la oposición ya que, acusaron esas voces, “rompe el equilibrio fiscal”.
Una parte del oficialismo dijo que el Presupuesto se gestó en el Ministerio de Economía, por lo que la cartera de Luis Caputo debía dar las explicaciones. Hasta el momento de la publicación de esta nota, los voceros del Palacio de Hacienda no dieron declaraciones oficiales.
“Vamos a cumplir la ley como venimos haciendo. Si implica que algunas partidas tengan que subir, entonces se reasignarán. Nosotros no nos correremos un ápice de la ley”, fue lo único que dijo Milei hoy en Neura.
En la Cámara baja optaron por continuar con el debate en comisiones. Así buscaron calmar las aguas con los socios diciéndoles que las conversaciones mantendrían el sentido que ya traían. La idea del oficialismo en Diputados es lograr dictamen hacia el 23 de septiembre y tratarlo antes del debate del Presupuesto, lo que obligaría -en caso de aprobarse ese proyecto que llaman “superador”- a después modificar la letra del esquema de gastos previstos por el Ejecutivo para el año que viene.
Ahora la pregunta es si el Gobierno no vetará una iniciativa que -pese a estar acordada con los aliados- va a contramano de lo que el mismo Ejecutivo planteó en el Presupuesto.
En los pasillos del Gobierno las especulaciones sobre lo que ocurrió con esta parte del articulado que desató la controversia fueron variadas.
Algunos comentaron que pudo estar vinculado a la interna entre karinismo y caputismo; otros, que tal vez responda a las disidencias dentro del propio Ministerio de Salud; más voces, que se haya incluido para generar ruido público y que así pasen por debajo del radar otros vericuetos del Presupuesto.
“Nosotros tenemos dos proyectos de ley que estamos analizando: uno es el presentado por Unión por la Patria junto con otros diputados que proponen la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad; y otro, que no está en tratamiento de manera directa, pero que sí está sobrevolando esta sala, es el de Presupuesto que entró ayer. Tal como lo dice su título, ambos son ‘proyectos’. De manera que está sometido a consideración de los bloques de esta Cámara qué artículos o qué contenido finalmente va a quedar de esas dos cuestiones”, refirió esta tarde en el Congreso la diputada libertaria -ex Pro- Laura Rodríguez Machado, a quien el menemismo ungió como “la voz oficial” en materia Discapacidad.
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POLITICA
Causa AMIA: el juez Rafecas sumó a un nuevo acusado para que sea sometido a juicio en ausencia

El juez Daniel Rafecas resolvió este miércoles que Alí Asghar Hejazi sea sometido a juicio en ausencia por su presunta participación en el atentado contra la AMIA.
La decisión se adoptó a pedido del fiscal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, y se fundó en la “actitud obstructiva” del imputado y en la “ausencia de cooperación efectiva” de Irán ante los pedidos de detención preventiva para una eventual extradición.
Hejazi se suma al resto de los iraníes que ya tienen pedido de captura internacional en la causa y fueron incluidos en el mecanismo de juicio en ausencia: Mohsen Rezai, entonces comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica; Ahmad Vahidi, responsable de la Fuerza Al Quds; Alí Fallahian, a cargo del Ministerio de Inteligencia; y Alí Akbar Velayati, responsable de Asuntos Exteriores.
Hejazi tiene captura nacional e internacional desde el 10 de abril, cuando fue citado a indagatoria. Ese mismo mes se pidió a Interpol la difusión roja. Se publicaron edictos, se requirió a Irán la detención provisoria con base en la Ley 24.767 de Cooperación Internacional en Materia Penal y se notificó al Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.
En mayo se le comunicó la declaración de rebeldía por exhortos. El juez consideró cumplidos los requisitos para avanzar sin su presencia y descartó “toda posibilidad razonable de desconocimiento del proceso judicial”.
En la resolución, Rafecas afirmó que el imputado “adoptó una conducta orientada deliberadamente a sustraerse de la acción de la justicia argentina, eludiendo comparecer en el proceso pese a su efectivo y demostrado conocimiento”.
También señaló que, por el rango que ocupó y por la “gran atención internacional” de la causa, resulta “prácticamente imposible” que no hubiera sido informado de los requerimientos. “Pese a tener conocimiento, optó por eludir, no presentarse, responder o acatar” las medidas, concluyó el magistrado.
En el mismo fallo se indicó que las conductas atribuidas pueden considerarse constitutivas de crímenes de genocidio y de lesa humanidad.
El atentado a la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 cuando un coche bomba destruyó la sede de la mutual judía en Pasteur 633, en el centro de Buenos Aires. Murieron 85 personas. Según la acusación fiscal, la planificación, la decisión y la ejecución del operativo estuvieron a cargo de agencias del régimen iraní “estrechamente ligadas” a las oficinas de Khamenei.
La resolución judicial sostiene que la decisión concreta de atentar contra la AMIA se definió en Teherán, en el Comité Vijeh, un organismo estatal encabezado por el líder supremo y dirigido por Hejazi.
Ese comité, de acuerdo con la investigación, reunía información, analizaba el objetivo y elaboraba la propuesta del ataque.
El juicio en ausencia
La Ley 27.784 fue sancionada en febrero de 2025 y se limita la figura del juicio en ausencia a causas de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, agresión o instrumentos internacionales contra el terrorismo.
El 26 de junio de 2025, Rafecas aceptó los pedidos de familiares y de la fiscalía y ordenó el juicio en ausencia. La Cámara Federal porteña confirmó esa decisión en octubre. El defensor oficial Hernán Silva apeló y el expediente quedó en Casación.
POLITICA
El presupuesto 2027 para Defensa contempla la compra de tres submarinos por 2300 millones de dólares

Los recursos para el Ministerio de Defensa en 2027 ascenderán a $5,2 billones y crecerán un 20% respecto de este año, por debajo de la inflación anual prevista, estimada en un 30% por analistas privados.
Así se desprende del proyecto del presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que contempla como novedad una autorización al Gobierno para la toma de crédito público con miras a la compra de tres submarinos convencionales, por 2300 millones de dólares, y dos fragatas multimisión, por 1200 millones de dólares.
Ambas posibles adquisiciones se destinarán a la Armada, en momentos en que golpeó con fuerza en el mundo castrense la investigación que lleva adelante la Justicia por maniobras fraudulentas por sumas millonarias en el pago de haberes del personal naval, como denunció la propia Armada en sede judicial.
Este reequipamiento tiene lugar, además, en medio de la creciente tensión entre el gobierno de Javier Milei y el Reino Unido por la Cuestión Malvinas. La escalada con Gran Bretaña se da, además, en momentos en que la Armada Argentina no tiene submarinos operativos desde el trágico hundimiento del ARA San Juan, en noviembre de 2017.
Las gestiones que hasta el momento realizó la administración libertaria para la recuperación de la capacidad submarina apuntan a la posible construcción o adquisición de tres submarinos clase Scorpène. El año pasado, el propio presidente Milei declaró en una entrevista que la Argentina negociaba con Francia la compra de submarinos y de buques para patrullaje marítimo.
La mirada está puesta en los submarinos Scorpène, un modelo convencional que ya opera en la Armada de Brasil. El gobierno de Lula Da Silva viene desarrollando, por su parte, la construcción de un submarino de propulsión nuclear, que sería el primero en la región.
Las cuentas para 2027
A los a $5,2 billones asignados para el instrumento militar del país, en el Ministerio de Defensa suman otros $2,8 billones que corresponden a la seguridad social del personal de las Fuerzas Armadas. Son los retiros y pensiones militares que se canalizan a través del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), un organismo que funciona en jurisdicción de la cartera que conduce el teniente general Carlos Presti. Con ese añadido, el presupuesto total es de 8 billones.
En un área en la que cerca del 75% de los recursos se va en sueldos, el presupuesto para el próximo año contempla la asignación de $2,5 billones al Ejército, $1,3 billones a la Armada, $1 billón a la Fuerza Aérea y $63.200 millones al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La planificación en el Ejército prevé $1,1 billón para el apoyo al alistamiento operacional, $155.000 millones para el mantenimiento de medios y $46.500 millones para la Dirección General de Inteligencia, entre otros rubros.
El plan prevé la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano, por $37.600 millones. También se espera financiar con $10.000 millones la modernización de la infraestructura de la VI Brigada Aérea de Tandil y el Área Material Río Cuarto, donde se asientan las aeronaves supersónicas F-16 compradas a Dinamarca con el sistema de armas provisto por Estados Unidos.
Las previsiones para el alistamiento operacional de la Fuerza Aérea contemplan la incorporación de seis aeronaves F-16 y la realización de 30 ejercicios militares y 98.300 horas de operación.
En sintonía con la ofensiva del gobierno por fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur, se destinarán $30.433 millones a la construcción del muelle en la Base Antártica Conjunta Petrel. A ello se suma el refuerzo presupuestario de $218.000 millones anunciado recientemente por el Presidente para el avance de la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia. Como señaló el sitio especializado Pucará Defensa, es llamativo que el Gobierno no asigne nuevos fondos para esa base, cuando la Armada estimó que su construcción exigirá una inversión de 300 millones de dólares.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Malvinas,Conforme a
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