ECONOMIA
Alertan por aumentos inminentes de los celulares: cuáles son las causas de la suba de precios que golpeará a la Argentina
El mercado argentino de teléfonos celulares enfrenta subas inminentes en los precios, impulsadas por factores globales y locales que confluyen en un contexto desafiante para fabricantes, distribuidores y consumidores. La presión sobre los costos se intensificó en los últimos meses, principalmente por el encarecimiento de insumos estratégicos como las memorias DRAM y NAND, mientras que la eliminación de aranceles a la importación y la reducción de impuestos internos ayudaron pero no lograron traducirse en una baja sostenida para el público.
La dinámica de los precios en el segmento de la tecnología de consumo viene marcada por la evolución del mercado internacional de componentes. Según fuentes del sector, la cotización de las memorias y otros semiconductores trepó entre 150% y 200% en Argentina desde diciembre. Este salto afecta especialmente a los dispositivos de entrada de gama, donde los chips tienen mayor incidencia en el costo final. En equipos cuyo valor ronda los USD 100, la memoria llegó a representar entre 30% y 40% del costo antes del aumento; en la actualidad, cada chip puede costar entre 130 y 170 dólares, superando el precio total del propio teléfono.
Las empresas del sector reconocen que este fenómeno ejerce una presión directa sobre el “piso” de los precios. En otras palabras, los celulares de menor precio son los que más rápido reflejan el impacto de la suba de insumos, mientras que los modelos premium logran amortiguar el efecto gracias a la incorporación de componentes de mayor valor, como pantallas, cámaras y sensores. Las compañías evalúan estrategias para contener el traslado de estos aumentos, priorizando la fabricación de modelos con menos RAM y enfocándose en segmentos de mayor margen.
El contexto global aporta elementos adicionales que explican la situación. El crecimiento de la demanda de infraestructura para inteligencia artificial (IA) llevó a los grandes fabricantes de chips a priorizar la producción destinada a datacenters, por su mayor rentabilidad. Según fuentes del sector, este año alrededor del 70% de la fabricación mundial estará orientada a cubrir la demanda de centros de datos, lo que dejó a la industria electrónica con una oferta limitada y costos más altos. El estrés en la cadena de suministros global también incide, debido a factores como las restricciones en rutas aéreas, aumentos en el precio del petróleo y demoras logísticas.
En la Argentina, la situación se agrava por la debilidad del consumo interno y la competencia del contrabando, que limita el margen de maniobra para aplicar incrementos de precios. Las fuentes consultadas advierten que el traslado de la suba de insumos a los valores de venta no será lineal ni inmediato. El ajuste dependerá de la política comercial de cada marca, la estructura impositiva futura y la evolución de la cadena de suministro. La decisión sobre cuándo y en qué medida trasladar el aumento global al mercado local quedará sujeta a múltiples variables.
El sector recuerda que en los últimos meses la Argentina experimentó una baja progresiva de aranceles a la importación de celulares, con una reducción del 16% al 8% y la eliminación total en enero, además de una disminución de los impuestos internos del 19% al 9,5%. Este alivio tributario buscó generar mayor competencia y facilitar una baja de precios, aunque la suba internacional de semiconductores y memorias contrarrestó ese efecto. En la práctica, los precios locales apenas se movieron 20% en lo que va del año, si se compara con mayo de 2025, cuando aún impactaba el costo de los stocks importados bajo el régimen anterior. Las fuentes aclaran que, descontando ese efecto, la suba habría sido mayor.
Las empresas que ensamblan dispositivos en Tierra del Fuego y las que importan productos terminados implementaron recortes de producción y ajustes de inventarios. El mercado argentino de celulares terminó 2025 con unas 6,2 millones de unidades vendidas, pero la previsión para 2026 apunta a un descenso hasta las 5,3 millones. El primer trimestre de 2026 se ubicó entre los peores registros de la última década, con menos de un millón de unidades comercializadas, lo que representó una caída interanual del 16%. Las fuentes sectoriales anticipan que el mercado podría tardar varios años en recuperar los volúmenes previos, incluso en un escenario de recuperación gradual a partir de 2027.
El impacto sobre la oferta también se vio en la configuración de los modelos disponibles. Ante el encarecimiento de las memorias, los fabricantes priorizan líneas que requieren menos capacidad de almacenamiento o que permiten al usuario ampliar el espacio con tarjetas micro USB o servicios en la nube. Además, las compañías evalúan lanzar productos premium, donde el peso del chip se diluye en relación a otros componentes de mayor valor, para obtener mejores márgenes y amortiguar el costo de los insumos.
Fuentes de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) descartaron una suba inmediata del 30% en los precios al consumidor, aunque reconocieron que los insumos continúan en alza y que las listas de precios evolucionan en línea con esa tendencia. “No hay mucho margen para ajustar hacia arriba”, señalaron, y advirtieron que incrementos desmedidos sólo potenciarían el contrabando y agravarían el golpe sobre un consumo ya deteriorado.
Desde el sector enfatizan que el mayor incremento se concentra en el costo de los semiconductores, con un promedio estimado de 30% en insumos clave, pero aclaran que el traslado al precio final dependerá de la estrategia de cada marca, la coyuntura impositiva y las condiciones de la cadena logística global. “El supply chain global está completo y absolutamente estresado”, resumió un directivo del área de abastecimiento, aludiendo a las dificultades para el transporte internacional y la volatilidad de los costos asociados.
En el plano internacional, las consultoras IDC y Counterpoint Research proyectan una caída histórica en las ventas de smartphones durante 2026, con descensos cercanos al 13% en la cantidad de unidades a nivel mundial. IDC ajustó sus previsiones y ahora estima que el volumen global oscilará entre 1.100 y 1.200 millones de celulares, el nivel más bajo en más de diez años. Counterpoint Research coincide en el diagnóstico y prevé una baja del 12% en la cantidad de unidades para este año.
El informe de IDC señala que, a fines de 2025, el mercado global se mantenía estable, con una caída marginal del 0,9%. Sin embargo, el cambio de escenario se profundizó en los últimos meses por el redireccionamiento de la producción de semiconductores hacia la infraestructura de IA y por la reconfiguración de las cadenas de suministro internacionales. El impacto afecta tanto a fabricantes de equipos terminados como a proveedores de componentes, y se refleja en los precios y en la disponibilidad de productos en todo el mundo.
La situación de la Argentina se inserta en este marco global, pero suma particularidades propias. El debilitamiento del poder de compra local y la constante presencia del contrabando limitan la posibilidad de trasladar toda la suba de costos al consumidor final. Las fuentes consultadas admiten que el futuro del mercado dependerá de la evolución de la demanda interna, la política impositiva y la capacidad de las empresas para adaptarse a un entorno cambiante.
En las conversaciones con fabricantes y distribuidores, surge una coincidencia: el segmento de celulares más económicos será el más afectado por el encarecimiento de los insumos, mientras que los modelos de gama alta podrán absorber parcialmente la suba. Las estrategias para mitigar el impacto abarcan desde el ajuste de inventarios hasta la focalización en productos con mayor valor agregado y la búsqueda de alternativas para ampliar el almacenamiento sin encarecer el dispositivo.
La competencia con el contrabando constituye un freno relevante para el traslado de los aumentos. En la medida que los precios oficiales suban, la brecha con los productos ingresados irregularmente puede ampliarse, generando distorsiones adicionales en el mercado y dificultando la recuperación del sector formal.
Las fuentes del sector insisten en que el traslado del incremento global al consumidor argentino no será automático ni uniforme. La magnitud y el momento de la suba dependerán de múltiples factores, y las empresas evalúan caso por caso la mejor forma de contener el impacto. Algunas firmas, como Samsung, fabrican internamente parte de sus propios semiconductores, lo que podría otorgarles una ventaja relativa en el acceso y costo de estos insumos, aunque la tendencia general apunta a un encarecimiento sostenido en la industria.
Los datos de ventas y la evolución de los precios en el primer semestre de 2026 delinean un escenario complejo para los próximos meses, con perspectivas de recuperación moderada a partir de 2027, aunque sin garantías de regresar a los niveles previos en el corto plazo.
North America
ECONOMIA
Luz, agua, transporte, prepagas y colegios privados: cuánto aumentarán los servicios a partir de julio
A partir de este miércoles 1° de julio, los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires enfrentarán una nueva ronda de aumentos en servicios y gastos cotidianos que se acumulará sobre una canasta de servicios públicos que ya escaló 919% entre diciembre de 2023 y junio de este año. Luz, gas, agua, transporte, medicina prepaga, alquileres y colegios privados registrarán subas que, en la mayoría de los casos, toman como referencia la inflación de mayo, de 2,1% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Según el Reporte de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, un hogar promedio del AMBA sin subsidios destinó $282.758 en junio para cubrir sus gastos en energía, transporte y agua potable —un 10,1% más que en mayo y un 54% por encima de junio de 2025. La canasta acumula un alza de 919% desde diciembre de 2023, frente al 236% que registró el índice general de precios en el mismo período.
El transporte concentra el 40% de esa canasta y es el rubro de mayor impacto sobre los ingresos del hogar. En junio, el gasto mensual de un hogar promedio en este ítem llegó a $116.688. En julio, las tarifas vuelven a moverse.
Los colectivos bajo jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires subirán 4,1%, mientras que las líneas provinciales tendrán un incremento del 4,3%. Con esos valores, el boleto mínimo en CABA —recorridos de hasta tres kilómetros— pasará a costar $820,60, y en la Provincia ese mismo tramo ascenderá a 1.059,28 pesos.
El subte porteño también ajustará 4,1%. El boleto pasará de $1.558 a $1.621 para usuarios con SUBE registrada; quienes no cuenten con tarjeta nominalizada pagarán $2.541 por viaje. La tarifa social quedará en $567 y la estudiantil en 226 pesos.
Los trenes del AMBA tendrán un esquema escalonado definido por la Secretaría de Transporte: 8,6% en julio —con el boleto de primera sección en $380,10—, 10,5% en agosto —hasta $420,01— y 7,1% en septiembre, cuando la tarifa llegará a 449,83 pesos.
Las autopistas porteñas seguirán el mismo criterio de actualización que el transporte de superficie y tendrán un aumento del 4,1%. En la Autopista 25 de Mayo y la Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.613,65 en horario normal y $6.538,29 en hora pico. En las autopistas Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, las tarifas para autos irán de $1.922,15 a $2.718,21 según el horario.
La factura de gas fue el componente de mayor peso en la suba de la canasta de servicios de junio: según el IIEP de la UBA-Conicet, trepó 23,4% respecto de mayo por la combinación de ajustes en los cargos fijo y variable —4,4% y 2,2% respectivamente— con el salto estacional propio del inicio del invierno. En julio, los usuarios verán nuevos incrementos: aunque el cuadro tarifario exacto aún no fue publicado en el Boletín Oficial, las facturas del período de junio acumularán un aumento promedio del 2,81% a nivel nacional. La estacionalidad agrava el impacto: julio es históricamente el mes de mayor consumo de gas.
La energía eléctrica siguió una dinámica similar en junio. El mayor uso hogareño de cara al invierno, sumado a aumentos del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio, arrojó un incremento del gasto del 14,8% respecto de mayo, con la factura del usuario N1 sin subsidio en alrededor de $60.640 mensuales. Para julio, las distribuidoras Edenor y Edesur aplicarán un ajuste promedio del 1,5% sobre las facturas correspondientes al período de junio, en línea con el esquema de indexación mensual vigente. Un factor a seguir: la emergencia energética que enmarca el actual régimen tarifario vence precisamente en julio.
AySA aplicará en julio una suba del 3% sobre las tarifas de agua y cloacas para usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del conurbano bonaerense. El agua fue el servicio con menor variación en junio —apenas 0,2%—, aunque en la comparación interanual acumula un alza del 48%, según el IIEP.
Las principales empresas de medicina prepaga ya informaron a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) los incrementos que aplicarán en julio. Swiss Medical, Osde, Medifé, Sancor Salud y Avalian, entre otras, tendrán una suba del 2,1%, en línea con la inflación de mayo. Omint irá más arriba: sus aumentos llegarán hasta el 2,9% según el plan contratado.
Miles de contratos de alquiler también se actualizarán en julio. Los ajustados por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central tendrán una actualización del 31,54%. Quienes ajusten por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de manera semestral enfrentarán un incremento del 16,7%, y los que lo hagan en forma trimestral, del 8,1%. Los porcentajes varían de forma considerable según la fecha y la modalidad del contrato firmado.
Los aumentos en las cuotas de los colegios privados aún no fueron oficializados, pero se esperan incrementos atados a las subas salariales de paritarias: 5% en CABA y 3,5% en la provincia de Buenos Aires.
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«Los trabajadores no queremos ser la variable de ajuste del sistema. Por eso decimos basta». Con este contundente título, el consejo directivo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) volvió a advertir tanto a los empresarios como al propio gobierno, la posibilidad de aplicar medidas de fuerza que afecten el servicio de colectivos del AMBA, dejando a miles de usuarios sin transporte.
El gremio insistió sobre la situación crítica de la actividad y el repetido fracaso de las negociaciones salariales, que consideran estancadas. Asimismo, apuntó que el transporte de pasajeros se sostiene a través de un esquema de subsidios nacionales, provinciales y municipales y de las tarifas que pagan los pasajeros. Al respecto, detalló que los análisis basados únicamente en números o planillas «no reflejan el verdadero funcionamiento del sistema».
Explicó que «para que funcione el sistema deben estar presentes los trabajadores, los empresarios y el Estado en sus diversos niveles», al tiempo que denunció que hoy son «únicamente los trabajadores quienes salen a dar explicaciones, mientras empresarios y funcionarios mantienen silencio frente a una situación que se agrava».
Cómo puede actuar el gobierno frente a un paro e interna gremial
En las últimas semanas, la UTA advirtió que «peligra la paz social» desafiando a la Casa Rosada que hoy cuenta con la Ley de Modernización Laboral para desactivar conflictos que tienen alto impacto en la población, como el tema del transporte. Desde la secretaría de Trabajo ven que cualquier posibilidad de paro en los colectivos puede ser desactivado con la denuncia de esencialidad del servicio, que debe garantizar un 75% del transporte.
A esto se agrega la atomización que sufre la conducción del gremio a cargo de Roberto Fernández, cuestionado por distintos sectores que se presentarán como opositores en las próximas elecciones para renovar el consejo directivo. De hecho, el personal del Grupo Dota siempre van a contramano de las decisiones de la conducción de la UTA.
Estado de alerta y paritaria congelada
El sindicato ratificó el estado de alerta y movilización, aunque nunca habló de medidas de fuerza concretas, aunque fue uno de los impulsores de un paro de 36 horas con marcha en la reciente reunión del consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT), aunque sin consenso.
En un comunicado, la UTA recordó que la actualización salarial continúa congelada, con una fuerte pérdida del poder adquisitivo. Apuntó que «el salario no alcanza y las paritarias deben ser realmente libres», dejando entrever una intromisión del Poder Ejecutivo en las discusiones salariales a través del ministerio de Economía.
Subrayó que varias líneas de colectivos permanecen paralizadas por falta de pago de salarios, una situación que «genera conflictos innecesarios y pone en riesgo tanto las fuentes laborales como la continuidad del servicio público«, afirmando que «peligran el salario, las fuentes de trabajo y el sistema de transporte de pasajeros».
El documento detalló que la actividad genera alrededor de 150.000 puestos de trabajo directos e indirectos en todo el país y planteó la incertidumbre que atraviesan diariamente los choferes por no saber si cobrarán sus haberes en tiempo y forma. Sin embargo, declaró que los trabajadores y trabajadoras «continúan cumpliendo con sus tareas a pesar de la inseguridad, el deterioro de calles y avenidas y las dificultades propias de la actividad, mientras deben afrontar compromisos económicos sin garantías de percibir sus salarios en fecha».
El gremio criticó tanto a los empresarios como al Estado
En el reparto de críticas, la UTA cuestionó al Estado por la falta de planificación, diciendo que «solo le preocupan las cuestiones financieras» y que, en algunos casos, favorece situaciones de concentración o monopolio, «lo que termina debilitando aún más al sistema». Fuentes gremiales manifestaron que «los sucesivos cambios en la secretaría de Transporte también son una señal de la falta de políticas para el Estado».
En cuanto a las empresas, las responsabilizó por limitarse a plantear que los recursos «no alcanzan», sin ofrecer soluciones concretas. Al respecto, el gremio dijo: «Queremos saber si es cierto el ‘no alcanza’ y qué tan claro es el Excel». Los voceros expusieron que las patronales «solo exigen una mejora tanto de la tarifa como de los subsidios, sin aportar ningún tipo de ideas a la mejora del sistema».
Frente a este panorama, solicitó transparentar las cuentas del transporte, abrir los números del sistema y convocar a todos los actores involucrados para encontrar una salida que garantice la continuidad del servicio sin afectar a los trabajadores.
Ratificó que «buscamos la paz social y la tranquilidad de todos los actores. Somos protagonistas, no nos rebajemos a meros espectadores».
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El mes de junio se acerca a su fin y el calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) transita sus últimas jornadas. El cronograma de pagos, que se determina por la terminación del DNI de cada titular y contempla feriados nacionales, organiza la distribución de haberes, asignaciones y bonos extraordinarios para jubilados, pensionados y titulares de planes sociales en todo el país.
La fecha de cobro es clave este mes, ya que junio incluye el pago del medio aguinaldo, un adicional que eleva significativamente el ingreso de quienes están alcanzados por las diferentes prestaciones previsionales y sociales.
Hoy, cobran los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo cuyos DNI terminan en 8 y 9. Este grupo accede al pago de sus haberes de junio junto con el medio aguinaldo, conforme a las fechas establecidas por el organismo previsional.
El 22 de junio inició el período de cobro de la Segunda Quincena para las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento), el cual se extiende hasta el 8 de julio para todos los documentos.
Continúa habilitado el cobro para todas las terminaciones de DNI. El período para acceder a este beneficio comenzó el 8 de junio y se extenderá hasta el 8 de julio.
Hoy, lunes 29 de junio, acceden al cobro los beneficiarios de Progresar cuyo documento finaliza en 6 o 7. Este pago corresponde al mes de mayo y abarca a estudiantes de todos los niveles que cumplen con los requisitos del programa, incluyendo alumnos de nivel obligatorio, superior y formación profesional.
En junio de 2026, la jubilación mínima asciende a $403.317,99 brutos, tras el ajuste del 2,58% por la fórmula de movilidad. Una vez descontado el aporte del 3% al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), el monto neto es de $391.218.
Además, los beneficiarios de la mínima reciben un bono extraordinario de $70.000, vigente desde marzo de 2024, y el medio aguinaldo, que equivale a $201.659 brutos ($195.609 netos). El total bruto del mes para quienes cobran la mínima llega a $674.976,99 ($656.827,67 netos).
La jubilación máxima en junio alcanza los $2.713.948,17 brutos. Tras el descuento de PAMI, el ingreso neto se reduce a $2.563.211. El aguinaldo para este grupo es de $1.356.974 brutos $1.281.605,41 netos), por lo que el ingreso total del mes asciende a $4.070.922,27 brutos ($3.844.816,23 netos).
La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) se ubican en $144.932 por cada menor de 18 años o mujer embarazada. De ese total, se abonan $115.945,60 mensuales y se retienen $28.986,40, que solo se liberan cuando el titular presenta la Libreta AUH o la documentación obligatoria en el caso de la AUE. Este mecanismo busca garantizar el cumplimiento de los controles de salud y educación.
Las Asignaciones Familiares (SUAF) para trabajadores en relación de dependencia y monotributistas varían de acuerdo al ingreso familiar. En el primer rango de ingresos, hasta $1.122.074 mensuales, la Asignación por Hijo es de $72.474 y la Asignación por Hijo con Discapacidad asciende a $235.967. Estos montos se abonan por cada hijo registrado en el grupo familiar, y su valor disminuye progresivamente para rangos de ingreso superiores.
En cuanto a las Asignaciones de Pago Único (APU), los valores estipulados para junio son los siguientes:
- Por Nacimiento, el monto es de $84.478;
- Por Matrimonio, asciende a $126.489;
- Por Adopción, se abonan $505.070 en un solo pago. Estos beneficios corresponden a eventos puntuales y se otorgan tras la aprobación del trámite por parte de ANSES.
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