El conflicto que venía complicando la operatoria de FADEA, la fábrica de aviones de Córdoba, llegó a su punto más alto y, a pesar de las negociaciones y el diálogo entablado entre autoridades de la firma, empleados y gremios, la actividad en las instalaciones de la estatal se paralizó por completo y sus operarios no volverán a desempeñar funciones hasta nuevo aviso. La compañía debe el 40% de cada salario correspondiente a junio, y ante la falta de fondos para cubrir ese porcentaje, la cúpula consensuó con los operarios una «dispensa laboral» de dos días (viernes y lunes de esta semana) que ahora se prolongará por tiempo indeterminado. FADEA sigue complicada a nivel deuda con proveedores como Cámara Industrial Metalúrgica cordobesa, que hace escasas semanas exigió el pago de compromisos por 20 millones de dólares.

La parálisis de la planta en Córdoba alcanza a los 650 trabajadores de la firma, aunque en las últimas semanas apenas 80 desempeñaban algún tipo de función en las instalaciones de la estatal.

Paro de actividades en la fábrica de aviones

El parate total de la firma continúa a la «dispensa» fijada por las autoridades de FADEA para el viernes pasado y el lunes de esta semana. La cúpula de la compañía espera que el Ministerio de Economía, a cargo de proveer los fondos para el pago de salario, cumpla con esa función antes de que concluya este mes.

La estatal viene de reconocer que «adeuda el 40% de los salarios«, y eso también originó una movilización, y posterior concentración, de sus trabajadores hasta las puertas de la compañía que se mantiene incluso en horas de este martes.

De acuerdo a fuentes cercanas a los operarios de la firma, las autoridades de FADEA reconocieron a fines de la semana pasada que desconocen cuándo Economía hará efectiva la transferencia de los fondos que se necesitan para terminar de completar los salarios.

Ante esa posición, se indicó, el Sindicato de Trabajadores Aeronáuticos(STA) endureció su postura y originó un acta donde expuso que la falta de pago «configura un grave incumplimiento de las obligaciones laborales». Y subrayó el «carácter alimentario de la remuneración», además de exponer que el incumplimiento generó una afectación colectiva para todo el plantel de operarios de FADEA.

La fábrica de aviones y una actividad en caída

Hasta el parate de estos días, señalan fuentes del sector aeronáutico, la estatal apenas mantenía operativa el 30% de su estructura. Como informó iProfesional recientemente, la compañía acumula alrededor de dos años sin formalizar un acuerdo potente con la FAA.

En estas últimas semanas, la escasa actividad que venía mostrando la firma estaba ligada a un contrato de provisión de componentes que se sostiene con la brasileña Embraer.

A la par de los vaivenes dirigenciales y las demoras en el pago completo de los salarios, la preocupación crece por la falta de nuevas alternativas de negocios. Esto último también viene acelerando la reducción del plantel de profesionales de la firma, que perdió entre 200 y 250 empleados en los últimos 33 meses.

Hasta el momento, siguen sin darse avances en el acuerdo dialogado con la FAA para modernizar aviones Pampa por un valor de 110 millones de dólares.

FADEA y la falta de definiciones en un potencial contrato con México

Precisamente, ese pacto en veremos es lo que frena la posibilidad de que la estatal recupere una capacidad industrial que le permitiría cerrar más contratos con actores internacionales.

Esto último pone en dramático suspenso una opción de negocios que, igualmente, navega las aguas de la incertidumbre por el mal momento que atraviesa la fábrica de aviones. Desde el segundo semestre del año pasado la mexicana FEMIA viene buscando abrochar un acuerdo de cooperación con FADEA para el desarrollo de entrenadores IA-63 Pampa III Block 2.

Se trata de una operación que abriría un negocio global del orden de los u$s600 millones, pero esa alternativa también se mantiene en riesgo a partir de la crisis que ostenta la estatal. La falta de un objetivo claro para el destino de FADEA, derivado mayormente de la indefinición que baja del gobierno nacional hacia esa compañía, podría hacer perder una oportunidad comercial y estratégica por demás significativa para la fábrica de aviones.

Los monotributistas que deban modificar su categoría ya pueden realizar la recategorización semestral luego de que ARCA oficializó, este lunes, las nuevas escalas del régimen. El plazo para completar el trámite vence el 5 de agosto y el cambio alcanzará únicamente a los contribuyentes cuyos parámetros de los últimos doce meses determinen una categoría distinta de la actual.

La actualización contempla un incremento del 16,8% en los topes de facturación y en las cuotas mensuales de todas las categorías, en línea con la inflación acumulada durante el primer semestre informada por el Indec. Los nuevos importes comenzarán a aplicarse desde el vencimiento del 20 de agosto, fecha en la que deberá abonarse la cuota mensual con los valores actualizados.

La actualización comprende tanto los topes de facturación como los importes mensuales de las once categorías del régimen. Sin embargo, no todos los inscriptos deben ingresar al sistema para efectuar el trámite. Quienes mantuvieron los mismos parámetros y quienes tienen menos de seis meses de antigüedad dentro del régimen quedan exceptuados de la obligación de recategorizarse.

El procedimiento se realiza de manera online, con clave fiscal, a través del servicio “Monotributo” disponible en el sitio de ARCA. La cuota correspondiente a julio se paga con la categoría vigente hasta ese momento, mientras que cualquier modificación comenzará a regir a partir del vencimiento de agosto.

El tributarista Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios, explicó cuáles son los principales aspectos que los contribuyentes deben revisar antes de confirmar la recategorización y cuáles son los errores más frecuentes que pueden derivar en diferencias con el organismo.

La obligación de realizar el trámite alcanza únicamente a quienes deban subir o bajar de categoría como consecuencia de los parámetros registrados durante los últimos doce meses. En cambio, quienes mantuvieron los mismos parámetros no deben efectuar ninguna gestión. En esos casos, el sistema conserva automáticamente la categoría vigente.

También quedan exceptuados los contribuyentes que cuentan con menos de seis meses de permanencia dentro del régimen, ya que todavía no reúnen el período necesario para evaluar si corresponde una modificación.

Uno de los errores más frecuentes consiste en tomar como referencia el dinero efectivamente cobrado durante los últimos doce meses.

La normativa exige considerar los ingresos devengados y no los percibidos. Esto implica que la facturación debe computarse según el momento en que se emitió y se devengó cada operación, independientemente de cuándo ingresó el pago.

Como ejemplo, señaló que una factura emitida en junio de 2026 y cobrada recién en agosto igualmente integra el período comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, porque el criterio aplicable es el devengamiento.

La facturación no constituye el único elemento que determina la categoría del monotributo.

Para establecer si corresponde una modificación, ARCA considera cuatro variables:

• Ingresos brutos acumulados.
• Alquileres devengados por el inmueble afectado a la actividad.
• Superficie destinada a la actividad.
• Energía eléctrica consumida durante los últimos doce meses.

Por ese motivo, un contribuyente puede mantener un nivel de facturación similar al del período anterior y, aun así, quedar obligado a cambiar de categoría si alguno de los otros parámetros registró una variación significativa.

La recategorización de julio coincidió con la actualización semestral de las escalas del régimen.

ARCA oficializó los nuevos topes de facturación y los nuevos importes de las cuotas correspondientes a las once categorías del monotributo, de acuerdo con el mecanismo de actualización previsto para el régimen.

Los contribuyentes que deban modificar su categoría realizarán el trámite utilizando esas nuevas escalas, que comenzarán a aplicarse a partir de agosto.

Los nuevos topes anuales de ingresos son los siguientes:

• Categoría A: hasta $12.009.410,45.
• Categoría B: hasta $17.595.182,74.
• Categoría C: hasta $24.670.494,31.
• Categoría D: hasta $30.628.651,43.
• Categoría E: hasta $36.028.231,33.
• Categoría F: hasta $45.151.659,41.
• Categoría G: hasta $53.995.798,87.
• Categoría H: hasta $81.924.660,37.
• Categoría I: hasta $91.699.761,90.
• Categoría J: hasta $105.012.519,20.
• Categoría K: hasta $126.610.838,75.

A su vez, las cuotas mensuales, que incluyen el impuesto integrado, el aporte jubilatorio y la obra social, quedan de la siguiente manera:

• Categoría A: $49.527,18 (servicios y bienes)
• Categoría B: $56.379,08 (servicios y bienes)
• Categoría C: $66.020,12 (servicios) | $64.530,58 (bienes)
• Categoría D: $84.612,93 (servicios) | $82.564,81 (bienes)
• Categoría E: $119.811,45 (servicios) | $108.267,51 (bienes)
• Categoría F: $150.784,21 (servicios) | $129.930,65 (bienes)
• Categoría G: $230.312,94 (servicios) | $158.815,05 (bienes)
• Categoría H: $522.706,68 (servicios) | $317.895,01 (bienes)
• Categoría I: $963.747,86 (servicios) | $474.992,78 (bienes)
• Categoría J: $1.167.299,76 (servicios) | $580.793,69 (bienes)
• Categoría K: $1.614.446,04 (servicios) | $702.103,24 (bienes)

ARCA ofrece una modalidad de recategorización simplificada que muestra la facturación registrada por el organismo sobre la base de los comprobantes electrónicos emitidos y propone automáticamente una categoría.

Domínguez advirtió que aceptar esa sugerencia sin revisar previamente toda la información constituye uno de los errores más habituales del procedimiento.

El especialista recomendó contrastar la información que aparece en el sistema con la facturación real del contribuyente e incluir también los cobros realizados mediante transferencias, billeteras virtuales y posnet, ya que esos movimientos pueden no encontrarse reflejados en su totalidad dentro de la propuesta automática.

Por ese motivo, la categoría sugerida por el organismo no necesariamente coincide con la que corresponde según la totalidad de la información disponible.

ARCA no limita sus verificaciones a la facturación declarada.

El organismo también cruza los comprobantes electrónicos con los consumos, las compras, los movimientos bancarios y las acreditaciones registradas en billeteras virtuales. Cuando detecta que las compras, los gastos o las acreditaciones bancarias superan el límite máximo de ingresos brutos anuales correspondiente a la categoría declarada, puede iniciar una recategorización de oficio.

Si verifica que el contribuyente excedió el tope máximo previsto para permanecer dentro del régimen, también puede disponer la exclusión del monotributo y su incorporación al régimen general.

Quienes estaban obligados a recategorizarse y no completan el procedimiento dentro del plazo continúan, en principio, en la categoría en la que se encontraban.

Sin embargo, si ARCA detecta posteriormente que los parámetros no coincidían con la categoría declarada, puede efectuar una recategorización de oficio.

En ese caso, notificará la decisión a través del Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los diez días hábiles administrativos posteriores al vencimiento del plazo para realizar el trámite.

Además, podrá exigir el pago de las diferencias correspondientes junto con los intereses y las sanciones previstas por la normativa vigente.

Domínguez aclaró además que, cuando un contribuyente debía bajar de categoría y no realizó el trámite, ARCA no efectuará esa modificación de oficio.

La recategorización definirá la categoría y el importe mensual que cada monotributista abonará hasta el vencimiento de enero de 2027.