POLITICA
Alertan por una maniobra para que una secretaria de un juez K quede al frente de la causa de la mansión atribuida a Toviggino

En los pasillos de Comodoro Py y el Penal Económico comienza a circular un rumor que toma cada vez más fuerza: en medio del Mundial, y mientras toda la atención está puesta en Lionel Messi y los suyos, crece una maniobra para colocar a una secretaria cercana a un juez kirchnerista en una de las causas más sensibles para Claudio Tapia y Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.
El juez vinculado al kirchnerismo Alberto Lugones logró ubicar a su secretaria letrada en la terna para cubrir la vacante en el juzgado que tiene la causa de la mansión de Pilar.
La noticia generó malestar entre Matías Yofe y Facundo del Gaiso, denunciantes del caso, quienes advirtieron en sus redes sociales que se trata de una nueva maniobra de “blindaje” para la AFA.
La candidata en cuestión es María Pérez Cárrega, colaboradora de Lugones en la propia Magistratura, quien pasó del puesto 12 del orden de mérito elaborado tras los exámenes de antecedentes y oposición a integrar la terna definitiva, tal como reveló el diario La Nación.
Tal como publicó Clarín, la designación llamó la atención dentro del propio ámbito judicial porque el Concurso 430, abierto en 2019 para cubrir la vacante del Juzgado Penal Económico N° 10, tuvo un desarrollo inusualmente extenso y cambiante.
El examen escrito se realizó ese año, la primera orden de mérito fue aprobada en diciembre de 2020 y las entrevistas personales recién se concretaron en septiembre de 2022. Sin embargo, la propuesta definitiva de la Comisión de Selección recién fue aprobada en abril de este año y meses después ratificada por el plenario del Consejo.
Actualmente ese juzgado clave para la AFA está subrogado por la jueza Verónica Straccia, que ya tiene el expediente en su mano pero hasta acá se desconoce qué hizo con el caso.
La evolución del concurso es uno de los aspectos que más interrogantes genera. En la primera orden de mérito, elaborada sobre la base de los antecedentes académicos y profesionales y del examen escrito, Pérez Cárrega ocupaba el 12° lugar con 150,20 puntos. Los tres primeros puestos correspondían a Ignacio Labadens, María Juliana Márquez y Matías Alejandro Latino, mientras que otros ocho postulantes también la precedían.
Sin embargo, luego de las entrevistas personales realizadas ante la Comisión de Selección, la situación cambió de manera significativa. El consejero Diego Barroetaveña, encargado de elaborar el informe sobre esa etapa del concurso, sostuvo que Pérez Cárrega había demostrado “un perfil integral y actualizado”, con especial capacitación en perspectiva de género y ética pública, y concluyó que su desempeño justificaba modificar el orden de mérito originalmente establecido. Barroetaveña renunció a la comisión de Etica de la AFA a principios de año.
En ese mismo dictamen señaló que, si bien los concursantes Esteban Horacio Murano, Rodolfo Rodrigo Florez, Mariano Carlos Madiedo, Mabel Elena Castelnuovo, Ramiro Velasco, Eduardo Emilio Botello y Santiago Roldán habían tenido un desempeño correcto y demostrado idoneidad durante las entrevistas, Pérez Cárrega exhibió «un conocimiento más acabado de los temas por los que fue preguntada», circunstancia que —según el informe— justificaba reevaluar el orden de mérito.
Con ese fundamento, Barroetaveña propuso que el listado definitivo quedara integrado por Ignacio Labadens, María Juliana Márquez, Matías Alejandro Latino y María Pérez Cárrega.
El informe fue posteriormente aprobado por la Comisión de Selección con los votos de Alberto Lugones, Vanesa Siley, Santiago Viola, Hugo Galderisi y María Vázquez, y luego ratificado por el plenario del Consejo de la Magistratura.
Desde el punto de vista político, Lugones es el líder de la lista Celeste de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la más cercana al peronismo. Y Lugones, en particular, vota en sintonía con la estrategia judicial de Cristina Kirchner.
El expediente revela además otro dato que resulta relevante. Al momento de elaborarse el dictamen, Labadens integraba simultáneamente varias ternas correspondientes a otros concursos que ya habían sido remitidas al Poder Ejecutivo. Por ese motivo, Barroetaveña recomendó aplicar el artículo 48 del Reglamento de Concursos y disponer que Pérez Cárrega integrara la lista complementaria.
Semanas después, el 25 de junio, el Poder Ejecutivo designó a Labadens como juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 mediante el Decreto 506 firmado por Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Poco después, el Decreto 588 oficializó la terna correspondiente al Juzgado Penal Económico N° 10, integrada por María Juliana Márquez, Matías Alejandro Latino y María Pérez Cárrega.
Entonces, de ocupar el puesto 12 pasó a integrar la nómina definitiva de candidatos para uno de los juzgados con mayor sensibilidad política del fuero, justamente el que deberá resolver buena parte de las investigaciones patrimoniales que involucran a la conducción de la AFA.
Claudio Tapia, AFA
POLITICA
Sobreseyeron a tres hermanos del ministro Caputo en la causa que investigó el financiamiento de Revolución Federal

El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Flavio, Hugo y Rosana Caputo, hermanos del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, en la causa que investigó, en una de sus líneas, el presunto financiamiento de la familia a Revolución Federal, el violento grupo de derecha que impulsó marchas contra el kirchnerismo, repartió amenazas públicas contra sus dirigentes y quedó ligado al atentado contra Cristina Kirchner, en septiembre de 2022.
La hipótesis que hoy descartó el juez se apoyaba en pagos que hizo la sociedad Caputo Hermanos a Jonatan Morel, líder del grupo, y a otras personas de su entorno por trabajos de carpintería. Para el juez, la investigación no probó que esos desembolsos -por un total de más de 6 millones de pesos, detectados por la Unidad de Información Financiera (UIF)- hayan sido para financiar las actividades de la agrupación.
El juez dio por acreditado que el trabajo de carpintería existió, que los muebles en cuestión fueron fabricados y luego trasladados a la provincia de Neuquén, donde la familia Caputo desarrolla un emprendimiento ligado al despegue de la zona por Vaca Muerta.
“Es decir, no se encuentra probada una participación criminal de Caputo Hermanos en el accionar de Revolución Federal. No se obtuvieron comunicaciones en ese sentido, ni testimonios, ni prueba informativa o documental alguna que permita afirmar que la relación comercial con Morel fuera una pantalla para justificar un aporte a sus actividades criminales”, dice el fallo.
Revolución Federal, nacido en redes sociales, irrumpió en la escena pública como un violento grupo antikirchnerista con marchas, escraches y amenazas contra dirigentes de ese espacio.
En esta misma causa, el fiscal Gerardo Pollicita pidió llevar a juicio oral a cinco de sus integrantes, entre ellos Jonatan Morel y Leonardo Sosa, acusados por el accionar de la agrupación y las amenazas.
Pese a que nunca se probó que el grupo tuviera algo que ver con el atentado contra la expresidenta, el kirchnerismo mantuvo viva esa hipótesis, dentro y fuera del expediente, apoyado en distintas circunstancias, como que los autores del ataque, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte -ambos condenados- , participaron de una de las marchas más recordadas del grupo, dos semanas antes del atentado.
La defensa de los Caputo estuvo a cargo de Matías Cuneo Libarona, hermano del exministro de Justicia de Javier Milei.
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POLITICA
La Cámara del Trabajo dispuso cambios en la intervención de la UOM y presentó una denuncia contra Abel Furlán en el fuero penal

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso un giro radical en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM): ordenó la designación de un nuevo interventor en la seccional Zárate-Campana y de un triunvirato a nivel nacional, que integra Alberto Biglieri, el actual interventor, para administrar y llamar a elecciones con el fin de normalizar la vida interna de la organización gremial metalúrgica.
Al mismo tiempo, trasladó una denuncia penal sobre supuestas irregularidades en la gestión del desplazado titular del sindicato, Abel Furlán, a partir del informe trimestral de gestión presentado por Biglieri, al considerar que allí se detallan situaciones que “deberían ser abordadas por la justicia criminal”.
Para ello, se remitió el informe a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y a la Cámara Criminal y Correccional Federal, donde se tramitan las causas en las que se investiga la contratación de USEM, una empresa vinculada con La Cámpora, por parte de la UOM para administrar millonarios fondos sindicales.

La sentencia desmenuza el informe presentado por Biglieri, quien describió dificultades “insalvables” para concretar elecciones tanto en la seccional Zárate-Campana como a nivel nacional. La imposibilidad de normalizar con mayor rapidez al gremio derivó en la intervención directa del tribunal, que apunta ahora a una reconfiguración integral de la intervención: designó al abogado Pablo Daniel Iglesias al frente de la seccional Zárate-Campana de la UOM, desplazando a Biglieri.
En el fallo se subraya que Iglesias “formó parte del cuerpo de agentes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta hace poco tiempo, cuenta con notablesy muy valiosos conocimientos jurídicos en la materia y tendrá las mismas funciones legales, reglamentarias y estatutarias de gobierno” que su antecesor. La misión que le atribuyen es llamar a elecciones y restablecer la democracia sindical en el menor tiempo posible.
Además, el fallo determinó que la conducción de la UOM a nivel nacional no quedará en manos de un solo interventor, sino de un triunvirato con poder de decisión: estará formado por Biglieri, Iglesias y Ariel Martín Alonso, con iguales atribuciones y rango, y sus “decisiones deberán ser adoptadas por simple mayoría”.

La medida, según la sentencia, busca garantizar gobernabilidad y evitar que “la conducción pudiera presentar –disidencia, ausencia, enfermedad, etc.–” vacío de poder o bloqueos decisorios.
La resolución judicial apuntaría a garantizar el objetivo de la intervención en la UOM debido a que Biglieri tendrá simultáneamente otras tareas vinculadas con su candidatura como titular de una de las listas que participará de las elecciones del próximo 20 de octubre para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Biglieri fue designado interventor de la UOM en mayo pasado por decisión de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló las elecciones realizadas a principios de marzo en la UOM Zárate-Campana por graves irregularidades.

Para fundamentar su fallo, los camaristas Pesino y González hicieron hincapié en la falta de garantías de “elección confiable, segura ni transparente” en la votación en esa seccional del gremio metalúrgico, donde su titular, Furlán, compitió contra una lista opositora liderada por Angel Derosso.
El tribunal explicó que la mecánica adoptada para el resguardo y el recuento de votos durante los tres días de los comicios “destruyó la objetividad de todo el proceso” y vulneró los principios de libertad y democracia sindical establecidos en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
Contraofensiva de Furlán
La semana pasada, como anticipó Infobae, Furlán presentó dos escritos en expedientes que tramitan ante juzgados distintos para pedir su sobreseimiento, rechazar las acusaciones sobre la contratación de USEM y brindar aclaraciones sobre la militante kirchnerista María Soledad Calle, quien compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner.
Los escritos sostienen que no existió una cesión del control de los fondos sindicales a USEM, aseguran que el servicio contratado fue efectivamente prestado y que las decisiones fueron tomadas por los órganos internos de la UOM. También cuestionan lo que definen como una campaña político-mediática vinculada a la disputa sindical interna del gremio metalúrgico.
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POLITICA
Los abogados de Cristina Kirchner anunciarán “información de relevancia” sobre la presentación ante la ONU por la causa Vialidad

Más de un mes después de la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas por la condena en la causa Vialidad, los abogados de la expresidenta Cristina Kirchner –Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego– brindarán esta tarde una conferencia de prensa en un hotel porteño para “anunciar una información de relevancia” respecto de la estrategia internacional.
Con la “comunicación individual” presentada el 29 de julio, la exmandataria apunta a mantener viva la posibilidad de convertirse en una alternativa electoral para las presidenciales de 2027, en medio de la cruda interna que atraviesa el peronismo. En rigor, una de las medidas cautelares presentadas ante el organismo internacional reclama que se le levante la inhabilitación para poder competir el año próximo.
Es que Cristina Kirchner fue condenada en el caso Vialidad a seis años de prisión –que cumple de forma domiciliaria en su departamento de San José 1111– y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena quedó firme en junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó la última queja de la defensa.
Además del intento de revertir la inhabilitación, la presentación incluye otras dos medidas cautelares que pretenden relajar las condiciones de la prisión domiciliaria y modificar la composición de la Corte con el argumento de que no puede tener solo tres jueces.
La resolución final del Comité adopta la forma de una “recomendación” al Estado. Para el equipo de abogados de la expresidenta, una decisión de ese tipo sería constitucionalmente vinculante, aunque la Corte Suprema ha tenido pronunciamientos previos en los que señaló que los organismos internacionales no constituyen “una cuarta instancia de revisión”.
El anuncio de las novedades respecto de la presentación en Naciones Unidas llega un día después de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara un recurso de queja de la defensa de Cristina Kirchner contra los embargos preventivos dispuestos sobre el departamento donde cumple su condena e inmuebles pertenecientes a las empresas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., que deben ser ejecutados para cumplir la sentencia en la causa Vialidad.
Tal como lo hicieron tras el anuncio original de la estrategia, Beraldi, Valim y Borrego, los tres abogados al frente de esta presentación, encabezarán hoy la rueda de prensa. Beraldi es el abogado que llevó la defensa de la expresidenta en la causa Vialidad, mientras que Valim y Borrego se sumaron recientemente al equipo de abogados en tren de encarar la presentación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la conferencia de prensa pasada, Beraldi señaló que la Justicia condenó a “una persona inocente” por un delito que “de ningún modo pudo cometer”, mientras Borrego consideró que en el proceso hubo “tantísimas violaciones y arbitrariedades”.
El brasileño Valim, profesor universitario especialista en “lawfare”, participó de la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien acudió al mismo Comité en 2016 tras su condena por corrupción. Su presentación fracasó respecto de las medidas cautelares, pero terminó con una decisión favorable sobre el fondo de la cuestión. No obstante, la decisión llegó cuando la sentencia en su contra ya había sido anulada por la justicia de Brasil.
Por su parte, el español Borrego es exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Participó de un congreso organizado por Vox –en el que protagonizó una polémica al simular ser una mujer llamada “Francisca Javiera”– y presentó un escrito contra la inhabilitación electoral de Marine Le Pen, dos referencias de la ultraderecha europea.
Candidatura
La estrategia internacional de Cristina Kirchner reactivó la esperanza de La Cámpora respecto de una candidatura presidencial de su jefa política en 2027. La organización que comanda Máximo Kirchner agita un operativo clamor por su postulación. El diputado nacional advirtió que su madre “se prepara y por eso fue a la ONU a reclamar por sus derechos políticos”.
La propia Cristina Kirchner publicó aquel 29 de julio una carta que cerró con una frase que entusiasmó a sus seguidores: “Muy pronto volveremos a encontrarnos”.
Tal como reconstruyó tras la presentación ante la ONU, todos los sectores del peronismo asumen que la jugada internacional –si no prosperara a nivel judicial– podría volver a ubicar a la expresidenta, al menos, en la mesa de negociaciones.
Respecto de una eventual voluntad de participación de la expresidenta en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la defensa planteó una interpretación técnica sobre el alcance de la inhabilitación.
“¿Las elecciones primarias son para ocupar un cargo público? No. Son elecciones preparatorias de las futuras elecciones. Entonces se podría presentar”, sostuvo Borrego. Sin embargo, ante la repregunta puntual sobre esa postulación, Beraldi matizó la postura y dijo que está sujeta a cómo avance el proceso “en el plano internacional”.
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