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Andrés Vázquez, nuevo jefe de la DGI, compró a través de sociedades en el exterior tres inmuebles en Miami por US$2 millones que no declaró en la Oficina Anticorrupción

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El jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Edgardo Vázquez, compró a través de sociedades del exterior tres inmuebles en Estados Unidos por más de 2 millones de dólares que nunca consignó –ni las sociedades, ni los inmuebles– en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) , según surge de documentos contables, societarios y bancarios que analizaron y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés).

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El funcionario designado en octubre para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria administra dos de esas propiedades –la tercera la vendió–, mediante un entramado de empresas en las que tiene participación accionaria desde hace 12 años. Esas compañías, de acuerdo a la documentación disponible, continúan activas. Abarca una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) que es controlante de otras dos compañías constituidas en Panamá, que a su vez sirvieron de vehículo para adquirir la propiedad de los inmuebles ubicados en Miami. Si se hubiera desprendido de esos activos no está consignado en ninguno de los registros oficiales donde debería figurar.

No es la primera vez que se relaciona a Vázquez con operaciones en paraísos fiscales. En 2011 afrontó una denuncia porque desde noviembre de 2004 habría controlado junto a su hermana Silvia Mónica Vázquez una cuenta bancaria en el ING Bank NV de la isla de Curazao por US$442.113, fondos que habría remitido en julio de 2006 a una cuenta en el BNP Paribas de Luxemburgo. En aquella ocasión, Vázquez no lo informó ante el fisco argentino y debió sobrellevar una investigación penal, en la que logró ser sobreseído en 2022 porque el juez federal Ariel Lijo no obtuvo respuesta de Luxemburgo, Países Bajos o Curazao para verificar la existencia de esas cuentas. Ante esa imposibilidad, Lijo cerró la pesquisa.

El encabezado de la declaración jurada de Andrés Vázquez, jefe de la DGI

Los funcionarios del nivel de Vázquez están obligados por la Ley de Ética Pública, vigente desde 1999, a presentar ante la OA una declaración jurada que detalle todos sus bienes inmuebles y muebles y participaciones accionarias (incluidos los de su cónyuge). Ese reporte hay que actualizarlo cada año y es de acceso público. No informar parte del patrimonio puede configurar el delito de “omisión maliciosa”, establecido en el artículo 268 del Código Penal, con penas que incluyen la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. También puede derivar en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, si el funcionario no logra justificar el origen lícito de sus bienes.

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Durante las últimas dos décadas, numerosos funcionarios afrontaron problemas judiciales por la presunta omisión maliciosa de bienes. Desde el expresidente Carlos Menem y el exrector de la UBA, Oscar Shuberoff –ambos fueron procesados, pero con los años terminaron beneficiados por la prescripción de la acción–, a Pablo Alejandro Brula, un exfuncionario de la AFIP acusado de ocultar su participación accionaria en una sociedad offshore detectada en los Pandora Papers. La Corte Suprema rechazó su recurso de queja y dejó firme su procesamiento, en septiembre pasado.

procuró contactar a Vázquez desde el miércoles 6 de noviembre, a su correo electrónico personal y a través de un vocero de la AFIP, y se le enviaron preguntas concretas sobre su situación patrimonial, pero hasta el cierre de esta edición optó por no responder.

Documentos de la firma Galanthus, con Andrés Vázquez como accionista
Documentos de la firma Galanthus, con Andrés Vázquez como accionistaAlconada Mon, Hugo (Prosecretario de Redacción)
El registro en el que consta que Andrés Vázquez es director de la sociedad Galanthus Capital LTD, con sede en las Islas Vírgenes Británicas
El registro en el que consta que Andrés Vázquez es director de la sociedad Galanthus Capital LTD, con sede en las Islas Vírgenes Británicas
La firma de Andréz Vázquez y su exesposa en los registros
La firma de Andréz Vázquez y su exesposa en los registros

Vázquez, de 64 años, es funcionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) (ahora renombrada ARCA) desde 1990. Fue referente clave durante años del área de inteligencia fiscal del organismo y director de la estratégica Regional Sur Metropolitana del ente recaudador entre 2009 y 2016, según consignó en su propia cuenta de Linkedin, en la que no aparece una imagen de su rostro.

Su designación al frente de la DGI causó revuelo interno en el Gobierno: el decreto de nombramiento lo firmó el presidente Javier Milei junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, participaron del trámite. Tampoco firmó la entonces titular de la AFIP, Florencia Misrahi, a quien Milei terminó por echar el 7 de este mes.

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Mientras ya ejercía cargos jerárquicos en la AFIP, Vázquez tenía participación accionaria en Panchy Ventures Limited y Galanthus Capital Limited, constituidas entre 2015 y 2016 en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Al mismo tiempo la Justicia argentina mantenía abierta la investigación en su contra por sus presuntas cuentas en Curazao y Luxemburgo, pero no avanzaba con los exhortos que solicitaban la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad de Información Financiera (UIF) para obtener datos del exterior.

El origen de la operación

Las compras inmobiliarias de Vázquez en Estados Unidos a través de sociedades del exterior comenzaron en enero de 2013, cuando adquirió dos propiedades en Miami, inscriptas a nombre de Alcorta Corp, según surge de documentos oficiales de esa ciudad. Dos años después, compró un tercer departamento en Miami, adquirido por otra firma panameña, Pompeya Group Corp, según consta en los registros oficiales disponibles del condado Miami-Dade.

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¿De qué propiedades se trata? El 9 de enero de 2013, Alcorta Corp adquirió la unidad 3504 en el complejo de alta categoría Icon Brickell, en el número 495 de la avenida Brickell, por 710.000 dólares. Un día después, el 10 de enero, esa compañía compró otro departamento, cerca de allí, aunque por un monto más bajo: desembolsó 350.000 dólares por la unidad 2811 en el edificio ubicado en el 1060 de la avenida Brickell.

Icon Brickell

Dirección:
495 Brickell Ave., Miami

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Unidad: 3504

Valor:
US$ 710.000

Dos años y medio después, se registró otro movimiento en Estados Unidos. Pompeya Group Corp compró la suite 904 en el condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, según surge también de los registros oficiales del condado Miami. La operación, fechada el 20 de julio de 2015, fue por 980.000 dólares, según consta en los registros consultados.

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Chateau Beach

Dirección:
17475 Collins Ave., Miami

Unidad: 904

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Valor:
US$ 980.000

Después de la publicación global de los Panamá Papers en 2016, Vázquez insertó un eslabón más de distanciamiento entre él y los inmuebles en Estados Unidos. Recurrió para eso a Galanthus Capital Limited, que quedó como la firma holding, controlante de las panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp.

A partir de entonces, la serie de compañías y propiedades perduró estable por algo más de dos años y medio, cuando la primera de las sociedades, Alcorta Corp, se desprendió del inmueble más pequeño. Ocurrió el 22 de marzo de 2018, cuando vendió por 350.000 dólares la unidad 2811 del edificio ubicado en 1060 Brickell Avenue. ¿Su adquirente? Otra sociedad: 1390 Brickell 2811 Corp.

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Brickell 1060

Dirección: 1060 Brickell Ave., Miami

Unidad: 1811

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Valor:
US$ 350.000
La vendió en 2018 por el mismo valor

Tras esa venta, Vázquez continuó vinculado a la firma Galanthus Capital (BVI), sociedad que mantuvo el control sobre Alcorta Corp (Panamá) y Pompeya Group (también de Panamá), manteniendo estas la titularidad sobre las dos propiedades –una cada una–, en Miami y Sunny Isles, en el estado de Florida, por un total cercano a 1.690.000 dólares. Así continúa hasta hoy, de acuerdo a la documentación analizada.

Ante la Oficina Anticorrupción (OA), sin embargo, no consta que Vázquez haya informado esas propiedades, ni la titularidad de las acciones en Galanthus Capital Limited en sus declaraciones juradas anuales. En la última disponible, correspondiente a 2023 y registrada en el sistema el 31 de octubre pasado, sí detalló que es titular de tres cuentas bancarias en Estados Unidos, con depósitos por un total inferior a los 3000 dólares, además de varias propiedades en la Argentina. Por otra parte, no pudo corroborar si Vázquez lo declaró ante el fisco argentino, por encontrarse esa información bajo secreto fiscal.

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La copia del pasaporte

¿Cómo se vincula Vázquez con el entramado de sociedades? En Panchy Ventures Limited aparece en los registros junto a Silvia Ivone Rodríguez –su primera esposa, también funcionaria de la AFIP, de la que luego se divorció–, con un título de copropiedad con derecho de supervivencia, y un paquete de 50.000 acciones que repartieron entre ambos por mitades, hasta que la sociedad se disolvió en 2022. En Galanthus Capital Limited, en tanto, Vázquez figura como único director de la sociedad creada por el bufete Trident Trust, que lo categorizó como “Persona Políticamente Expuesta” (PEP) y abrió un legajo en el que constan una fotocopia de la primera página de su pasaporte, su email personal y una dirección en la calle Julieta Lanteri de Puerto Madero, el mismo que obra en el pasaporte de Vázquez.

Edad: 64 años

Cargo: director de la Dirección General Impositiva (DGI)

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Trayectoria: Trabaja en la AFIP desde 1990, donde ocupa cargos de alta responsabilidad desde hace más de 20 años

La copia del pasaporte que Vázquez remitió a Trident Trust incluye, además, la única fotografía que se conoce del rostro del funcionario y que reproduce en esta investigación. Vázquez se ocupó durante años de que no circulen fotos suyas en Internet, incluso a pesar de las exigencias propias de su función como titular de la DGI.

Vázquez recurrió a Galanthus Capital Limited para administrar inmuebles en Estados Unidos que ya poseía a través de las dos sociedades comerciales constituidas en Panamá, Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp.

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La reconocida simpatía futbolística de Vázquez aportó un último dato. Identificado con el club Huracán, al que donó sumas pequeñas de dinero en 2011 para obras de infraestructura, su correo electrónico privado alude a ese club (”La Quema”), y los nombres de las dos sociedades constituidas en Panamá también refieren a esa institución: el estadio de Huracán queda sobre la avenida Alcorta, en el barrio de Pompeya.

De “cuevas” y omisiones

Vázquez registra un antecedente conflictivo con su patrimonio: se lo acusó de no haber declarado ante el fisco argentino sus cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción y el fisco entre 2000 y 2009, a pesar de ser funcionario del propio organismo, según surge de la investigación que el actual titular de la DGI afrontó en la Argentina.

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De ese expediente judicial surge, también, que la UIF había recibido alertas sobre él –o un homónimo– de una unidad antilavado extranjera en 2005, según consta en un informe reservado de la Procelac. Pero resultó sobreseído el 15 de noviembre de 2022.

La causa se inició en 2011, cuando el juez en lo Criminal, Osvaldo Rappa, remitió a los tribunales de Comodoro Py los datos hallados sobre Vázquez en la “cueva” que el BNP Paribas operaba en el barrio porteño de Catalinas. Consideró que debían investigarlo en el fuero federal, dada su condición de funcionario público, confirmaron fuentes judiciales. También envió testimonios a la AFIP para que evaluara iniciar actuaciones administrativas.

El material proveniente del fuero ordinario tramitó por sorteo en el Juzgado Federal N° 12, que estaba a cargo de Sergio Torres hasta que asumió como ministro de la Suprema Corte bonaerense. Hoy el juzgado 12 lo subroga Lijo. La causa en la que estuvo investigado Vázquez, número 8316/2011, afrontó varias dificultades. Entre ellas, la reticencia del Juzgado para solicitar datos a Luxemburgo mediante un exhorto. Vázquez negó ser el titular de esas cuentas bancarias y afirmó al ser indagado que era víctima de una “operación de prensa” por haber encabezado el megaoperativo de la AFIP contra el Grupo Clarín, ejecutado en septiembre de 2009, en plena ofensiva del gobierno kirchnerista contra esa empresa.

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El megaoperativo de la AFIP en el Grupo Clarín, de 2009, que estuvo a cargo de Andrés Vázquez
El megaoperativo de la AFIP en el Grupo Clarín, de 2009, que estuvo a cargo de Andrés Vázquez

El 17 de noviembre de 2022, Lijo sobreseyó a Vázquez y a su hermana ante la “imposibilidad” de avanzar con la pesquisa. En otras palabras, no porque se haya comprobado que Vázquez no tuviera esas cuentas bancarias, sino por la renuencia de las autoridades de Curazao, Países Bajos y del Gran Ducado de Luxemburgo a responder los exhortos argentinos. Indagados y sobreseídos en 2018 por el juez Sergio Torres –decisión que la Cámara Federal revocó–, Lijo los volvió a sobreseer cuatro años después. La resolución quedó firme.

Un año después del fallo que lo sobreseyó en la Argentina, Vázquez declaró un amplio listado de activos en el país y en el extranjero, en su última declaración jurada disponible, correspondiente a 2023. Precisó que es dueño de 10 inmuebles en la Argentina que obtuvo con ingresos propios, por donaciones o por herencia –desde departamentos y una cochera, hasta la mitad de una casa en un country–, además de 10,5 millones de pesos en efectivo y tres cuentas bancarias en Estados Unidos por 2,1 millones de pesos. Es decir, poco menos de 2700 dólares al tipo de cambio entonces vigente.

Vázquez también declaró tres sociedades en la Argentina: Más Más SA, DVQP Sport SA y Consultora San Andrés SA. En esta última figura como vicepresidente la misma hermana con la que controló las cuentas bancarias en Curazao y Luxemburgo­. En ninguna de las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción aludió directa o indirectamente a las sociedades en el Caribe ni a las propiedades en Estados Unidos.

Los documentos completos de los departamentos en Miami

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Hugo Alconada Mon,LA NACION,Política

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POLITICA

Fuerte rechazo del Gobierno a la decisión de Irán de nombrar terroristas a las Fuerzas Armadas argentinas

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El Gobierno de Irán anunció este miércoles la designación de la Armada y la Fuerza Aérea argentinas como “organizaciones terroristas”, en una medida que la Cancillería de Teherán presentó como respuesta directa a la decisión del Ejecutivo de Javier Milei de incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en el mismo listado. El comunicado oficial cerró con una advertencia dirigida a Buenos Aires: “El gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto”.

La resolución que se conoció en los últimos minutos del Papa León XIV en la Argentina en donde trajo un discurso de concordia y de paz, fue difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, invoca el “principio de reciprocidad” y se ampara en una ley nacional de 2019 que habilita represalias contra los Estados que respalden la calificación de Estados Unidos sobre el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) como entidad terrorista.

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Según el texto oficial iraní, “la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina están sujetas a las disposiciones de la citada ley y las designa como organizaciones terroristas”.

Tras conocerse el comunicado iraní, el gobierno argentino emitió un comunicado oficial en el que rechaza la decisión del régimen y le recuerda las resoluciones de la Justicia argentina que señala la responsabilidad de funcionarios iraníes en los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, en 1992 y 1994 respectivamente, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Esta medida carece de todo fundamento y constituye una acusacion inadmisible contra instituciones legitimamente constituidas, subordinadas a la Constitución Nacional y dedicadas a la defensa de la soberania nacional. que desarrollan sus funciones con estricto respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y acuerdos internacionales y a la soberanía de los Estados”, sostuvo la respuesta oficial del gobierno del presidente Javier Milei.

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Luego agrega: “la Justicia argentina atribuyo responsabilidad a la República Islámica de Irán por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994. Iran continúa sin cooperar con la Justicia argentina, no cumple las órdenes internacionales de detención vigentes y ha designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por nuestros tribunales. Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”.

Lla senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta y exministra de Seguridad, por su parte publicó un mensaje en la red social X en el que calificó la medida como una definición de la posición argentina en el plano internacional. “Que un Estado terrorista nos declare terroristas a nosotros marca de qué lado estamos”, escribió la legisladora.

En el mismo posteo, Bullrich enumeró una serie de señalamientos contra el régimen iraní en materia de derechos humanos. “Un país que le niega la libertad y los derechos humanos a su propio pueblo, que cometió dos atentados en nuestro país, asesinó a más de 35.000 personas por manifestarse a principios de este año y ejecutó en la horca a 1.700 mujeres por ‘exceder sus derechos’”, sostuvo, y agregó que la represión alcanzó también a “homosexuales, manifestantes y otros ciudadanos” dentro del territorio iraní.

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Otro que salió a responder fue el actual diputado Luis Petri que en su cuenta de X escribió “no nos van a amedrentar, y menos si las amenazas y las calificaciones son de un Estado Terrorista que perpetró atentados en la AMIA y en la Embajada de Israel en Argentina. Vamos a seguir luchando para obtener justicia y vamos a seguir condenando a Irán y a sus proxy terroristas”.

“Frente al terrorismo, no se puede ser neutral, porque la neutralidad es complicidad. Nuestras fuerzas armadas son fuerzas democráticas y de paz y la declaración de Iran no hace más que confirmar que con Javier Milei estamos del lado de quienes defienden los valores de la vida y la libertad”, agregó.

La Cancillería fue la respuesta oficial del gobierno argentino que, mediante un comunicado que califica a la medida como carente de “todo fundamento y constituye una acusación inadmisible”. Asimismo, le exige a Irán que coopere plenamente con la Justicia de la Argentina,

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El antecedente

La decisión de Teherán responde a una resolución adoptada por el Gobierno argentino a fines de marzo, cuando incluyó a los Guardianes de la Revolución en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). En aquel momento, la Casa Rosada justificó la medida con “informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino”, en referencia a la presunta responsabilidad de la estructura militar iraní en dos ataques ocurridos en la década del noventa: el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, que dejó 29 muertos, y el ataque contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, con un saldo de 85 fallecidos y más de 300 heridos. Ambos casos permanecen impunes y la Justicia argentina atribuyó responsabilidades a Irán y al grupo chií libanés Hezbollah.

El proceso de tensión diplomática tuvo capítulos previos. En enero, el Gobierno argentino había incorporado al mismo registro a la Fuerza Quds, brazo exterior de la Guardia Revolucionaria. El canciller Pablo Quirno fijó entonces la postura oficial: “Argentina no va a ser neutral ante el terrorismo de Irán”. Semanas después, ante las Naciones Unidas, el funcionario condenó el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Teherán con una frase similar: “Frente al terror, la Argentina no es tibia, responde con determinación”. En abril, la Argentina expulsó al encargado de negocios iraní en el país, Mohsen Soltani Tehrani, con un plazo de 48 horas para abandonar el territorio nacional.

Un mecanismo que Irán ya aplicó contra otro país

La designación contra las fuerzas armadas argentinas no es un caso aislado. A principios de noviembre, Teherán había recurrido al mismo principio de reciprocidad contra Reino Unido, al declarar a la Armada Real y a la Fuerza Aérea Real británicas como organizaciones terroristas, además de calificar al servicio de inteligencia exterior MI6 como un grupo hostil. En ambos casos, la Cancillería iraní utilizó el mismo marco legal de 2019 y el mismo argumento de represalia frente a terceros países que acompañaron la postura de Estados Unidos sobre el CGRI.

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El comunicado de este miércoles no precisó qué tipo de acciones concretas podría derivar de la nueva designación contra las fuerzas argentinas, más allá de la advertencia genérica sobre las “consecuencias” que deberá afrontar el Gobierno de Milei.

Armada Argentina,buque militar,muelle

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El Gobierno acelera el debate para suspender las PASO sin saber si tiene los votos asegurados

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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anticipó la jugada de la Casa Rosada: insistir con la suspensión de las PASO, pese a no tener asegurados los votos de sus aliados y los bloques provinciales. Para sorpresa de propios y ajenos, el oficialismo convocó para este martes a una reunión de comisión en la que buscará dictaminar una ambiciosa reforma electoral que, según los borradores a los que accedió , suma la posibilidad de incorporar listas de acople, uno de los reclamos de los gobernadores aliados.

Esta vez la negociación no pasa por el Congreso, sino que se maneja de “arriba para abajo”, según repiten varios legisladores acostumbrados al poroteo, marginados de las conversaciones entre el Gobierno, encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los mandatarios provinciales. Aunque desde la Casa Rosada insisten en que cuentan con los apoyos necesarios para avanzar con la iniciativa, la percepción en el Senado es bien distinta.

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Ni siquiera los legisladores libertarios comparten el optimismo del Poder Ejecutivo. Según pudo constatar , el oficialismo tiene hasta el momento 31 votos asegurados de los 37 que necesita para darle media sanción a la iniciativa. Pero antes deberá superar un obstáculo más inmediato: conseguir el dictamen de comisión, el martes que viene.

Legisladores de distintos bloques anticipan un debate “difícil” en Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista fueguino Agustín Coto. Podrían abrirse allí nuevos frentes y quedar frustrada la intención de Balcarce 50 de avanzar con el proyecto para tratarlo en el recinto el próximo 26 de noviembre.

Es que, aunque la composición de la comisión favorece a los libertarios, necesitan reunir diez firmas y, para alcanzar ese número, dependen del respaldo de cuatro representantes del radicalismo y los bloques provinciales. Parte de la resistencia se explica porque hasta este fin de semana la mayoría de los senadores desconocía el contenido del borrador que el Gobierno pretende dictaminar.

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El texto retoma los puntos de la iniciativa original, entre ellos los cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la incorporación de Ficha Limpia, pero reemplaza la eliminación de las PASO por su suspensión y agrega la posibilidad de habilitar listas colectoras.

Patricia Bullrich y Jorge Capitanich. Debate en la Comisión de asuntos constitucionales del senado la reforma política, paso y ficha limpia. Diputados, Congreso Nacional Santiago Filipuzzi

Sobre lo que puede suceder el martes, las lecturas son variadas. Hay quienes creen que el Gobierno logrará reunir las firmas necesarias, aunque con algunas disidencias que podrían derivar en cambios durante un eventual debate en el Senado. Los más escépticos, en cambio, anticipan una discusión más extensa, con legisladores clave que podrían resistirse a acompañar el dictamen mientras buscan negociar con el Ejecutivo.

Negociaciones

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Entre las firmas que el Gobierno busca asegurarse figuran las de los tres radicales Eduardo Vischi (Corrientes), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Flavio Fama (Catamarca). Se descuenta que los dos primeros acompañarán a LLA, luego de que sus respectivos gobernadores alcanzaran acuerdos con Santilli.

En el caso del gobernador correntino, Juan Pablo Valdés, una de las condiciones sería la inclusión de dos senadores de su espacio en las listas. Para el mendocinoi Alfredo Cornejo, en cambio, la concesión sería bastante más generosa, ya que implicaría dejar fuera de la competencia por una candidatura oficialista al actual diputado Luis Petri.

Distinta es la situación del catamarqueño Fama, que no responde al gobernador Raúl Jalil y cuyo respaldo todavía está en duda, en un escenario de incertidumbre por la renovación de su banca el próximo año.

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Entre los provinciales, la cordobesa Alejandra Vigo mantiene sus cartas bajo reserva hasta último momento, aunque desde su entorno recuerdan que siempre se mostró a favor de suspender las primarias.

Patricia Bullrich y Jorge Capitanich. Debate en la Comisión de asuntos constitucionales del senado la reforma política, paso y ficha limpia. Diputados, Congreso Nacional Santiago Filipuzzi

Con la necesidad de sumar otros dos apoyos para alcanzar las diez firmas, cobran especial relevancia las posiciones de algunos legisladores provinciales. Uno de ellos es Carlos “Camau” Espínola, que mantiene bajo reserva su postura y podría definirla a último momento. Está en duda el acompañamiento de Carolina Moisés (Jujuy), de Convicción Federal, cuya decisión estará sujeta a las conversaciones entre los gobernadores del norte, que se reunirán este lunes, y otros referentes del PJ, entre ellos Sergio Massa, con quien mantiene diálogo.

En tanto, es de prever que la tucumana Beatriz Ávila, del espacio Independencia, siga las directivas de Osvaldo Jaldo, quien hace gala de su buena sintonía con la Casa Rosada, pero ya manifestó su rechazo a la eliminación de las PASO.

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Frente a este escenario, prima la confusión entre algunos legisladores sobre las verdaderas intenciones del ala política que responde a Karina Milei y los Menem. “El proyecto estaba dormido y lo reactivaron. Es una forma de marcarle la cancha a Patricia”, repitieron en los pasillos del Senado, en alusión a la interna que mantiene la jefa del bloque libertario con un sector de la Casa Rosada.

Sin embargo, incluso en el escenario más optimista para el oficialismo, en el que lograra sortear sin contratiempos la reunión del martes, para muchos el verdadero desafío estará en reunir los 37 votos necesarios para aprobar la iniciativa en el recinto.

Los votos

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En esa instancia, el bloque de la UCR, encabezado por Vischi, tendrá un papel determinante, dado que cuenta con diez senadores. Según pudo saber , el Ejecutivo ya alcanzó acuerdos no solo con Valdés y Cornejo, sino también con Maximiliano Pullaro (Santa Fe), a quien le habría garantizado despejarle el camino electoral, y Leandro Zdero (Chaco), otro de los mandatarios dialoguistas.

gobernadores radicales Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro, Alfredo Cornejo, Juan Pablo Valdés y Leandro Zdero

De esta manera, el radicalismo aportaría al menos siete votos a los 21 de LLA: Eduardo Galaretto (Santa Fe) y Carolina Losada (Santa Fe), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Mariana Juri (Mendoza), Mercedes Valenzuela (Corrientes), Vischi (Corrientes), y Silvana Lorena Schneider (Chaco).

Dentro del bloque también hay quienes se muestran incómodos con el tire y afloje entre las provincias y la Nación. “Me tengo que tragar el sapo”, admite, en una suerte de sincericidio, un senador del partido centenario que asegura estar éticamente en contra de suspender lo que considera “una herramienta de la democracia”. Aun así, descuenta que seguirá las directivas de su gobernador.

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Más incierto es el panorama de Maximiliano Abad (Buenos Aires), Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa). Ninguno se referencia a un gobernador y, aunque los tres dejaron entrever que podrían acompañar al oficialismo, esa autonomía eleva su poder.

En las filas libertarias también dan por confirmado el respaldo de los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, con terminales directas con el gobernador Claudio Vidal. A ellos se suma la neuquina Julieta Corroza, con lo que el oficialismo reuniría, por ahora, 31 votos.

Un capítulo aparte merece la definición del bloque de Pro, presidido por Martín Goerling Lara, que defiende las bondades de las PASO. Desde el espacio, integrado también por Andrea Cristina (Chubut) y María Victoria Huala (La Pampa), aclararon a que todavía no tienen una postura tomada, ante los cambios previstos en la iniciativa y sin ocultar su malestar por la falta de circulación del borrador. “Si presentan eso, se abre una discusión de cero, más allá de que tengan los números”, advirtieron.

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Por su parte, desde Convicción Federal, el bloque que responde a los gobernadores del norte, señalaron que cualquier definición llegará después de la reunión que mantendrán este lunes Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Después, se encargarán de bajar sus directrices a Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza.

La salteña Flavia Royón, que integra un monobloque, también aguardará la decisión de Sáenz, aunque desde su entorno anticipan que está “más cerca de un no que de un sí”.

Mientras tanto, no faltan los libertarios que, a contramano de la seguridad que exhibe el ala karinista, ven cierta improvisación en la convocatoria a la Comisión de Asuntos Constitucionales, con su propio presidente, Agustín Coto, al margen del asunto, al igual que Patricia Bullrich. “Si sale, sale, y veo hasta dónde llego”, resumen sobre la estrategia del Gobierno. “Impulsarlo directamente en extraordinarias no era lo más prudente”, deslizan.

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Sobre los cambios de última hora, también asumen reparos. Después de todo, dentro de las propias filas, Bullrich siempre se mostró en contra de las listas colectoras. Resta saber si la incorporación de este sistema de adhesiones abrirá un nuevo frente de conflicto o dará lugar a otro desmarque de la exministra.



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Federico Beligoy, el protegido de Chiqui Tapia que está de los dos lados del mostrador

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Cuando Claudio “Chiqui” Tapia asumió la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en marzo de 2017, supo que uno de sus primeros enemigos sería Guillermo Marconi. Exárbitro devenido sindicalista -y también columnista de fútbol-, oficiaba como secretario general del Sindicato de Árbitros Deportivos de la República Argentina (SADRA). Combativo con la AFA de Julio Humberto Grondona, Tapia y su principal ladero, el tesorero Pablo Toviggino, supieron de entrada que tenían que encontrar otro interlocutor con los hombres de negro con silbato. La pregunta era quién.

La respuesta estaba en el otro gremio arbitral y tenía nombre y apellido: Federico Beligoy. Máxima autoridad de la Asociación Argentina de Árbitros (AAA, el otro gremio arbitral) desde 2013, había sido internacional entre 2008 y 2013 y dirigió en primera entre 2004 y 2018. Nunca fue designado para un Mundial y su único superclásico fue un amistoso en Córdoba en octubre de 2015. “Fede”, como se lo conoce, siempre fue de trato más afable con dirigentes e incluso futbolista. Había heredado la diplomacia de uno de sus primeros trabajos: vendedor de libros para la editorial Santillana.

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A la AFA le llevó 16 meses armar al nuevo interlocutor arbitral. En julio de 2018, Beligoy asumió como nuevo Director Nacional de Arbitraje y se transformó en la máxima autoridad del área. El jefe supremo. El que los designa para los partidos y el que los defiende, por cuestiones gremiales. Y el que los llama en los entretiempos para marcarle errores, como alguna vez reconoció en una entrevista televisiva.

Beligoy lleva entonces ocho años a ambos lados del mostrador: director del área en la AFA, secretario general en el gremio principal -porque la AAA se deglutió al SADRA, como siempre quiso la AFA-. “Es una vergüenza absoluta, que nunca corregirán porque lo necesitan”, cuenta un dirigente cercano a Tapia ante la consulta de . La mayoría opina como él y no tiene un buen concepto del máximo responsable arbitral. Los vertiginosos ascensos de Julián Beligoy -alias “Beli”, hijo de Federico- y de Sebastián Martínez Beligoy -ya internacional, sobrino de “Fede”- no hacen sino levantar más interrogantes sobre el poder casi absoluto del director. Ahora, Beligoy cobró protagonismo no por los fallos arbitrales sino por una operación inmobiliaria millonaria en la que se investiga el origen del dinero.

Hace un tiempo, la AFA nombró como gerente técnico del área a Fernando Rapallini, otro exárbitro internacional, con mejor reputación que Beligoy. Hubo quienes pensaron -o creyeron- que era un primer paso hacia la remoción del ya histórico director. La pregunta que todos se hacían era cómo convivirían ambos. Y si Rapallini tendría autoridad sobre el plantel arbitral más allá de reportar a Beligoy.

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Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje, durante el Media Day Arbitral en Ezeiza

Los meses siguientes demostraron que el director era -es- intocable. Y que el nuevo gerente apenas pudo hacer algo de maquillaje: una cuenta de X para explicar algunos fallos arbitrales y poco más. Los escándalos en las diferentes categorías del fútbol argentino siguen siendo moneda corriente. Ni el VAR “de seis puntos sobre diez” -que pagan los clubes- pudo transparentar las decisiones que se toman en la cancha. Peor aún, las estadísticas de las intervenciones de la tecnología demuestran que hay equipos más beneficiados que otros. Barracas Central -o Tapia FC- es uno de ellos.

“Cuando Tapia ve que está en problemas o que los dirigentes despotrican por los fallos arbitrales convoca a Beligoy a las reuniones de comité ejecutivo de la AFA. Lo expone ante los dirigentes para que le pregunten o lo interpelen. Y en la mayoría de las veces los directivos… ¡se quedan callados!”, relata alguien que conoce de memoria los entresijos de la AFA. En una de sus últimas intervenciones, Beligoy mostró las bondades del offside semiautomático, que se estrenará en la final del torneo Clausura. “Fede” tiene un par de mantras que repite a quien quiera escucharlo. Asegura que el arbitraje argentino “está entre los mejores del mundo”. Y esgrime como pruebas que haya réferis nacionales convocados para trabajar en Europa o en Medio Oriente. Y también dice que el arbitraje argentino “es creíble”. Aunque los hinchas no le canten como a Tapia en cada estadio del fútbol argentino, hace rato que no le creen ni una palabra. Pero ahí sigue, de los dos lados del mostrador.



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