La discusión sobre el endeudamiento tiene una segunda escena que suele quedar fuera de las estadísticas: el momento en que una persona deja de pagar y comienza a recibir llamadas, mensajes y reclamos para cancelar la deuda. En la Legislatura porteña, ese circuito quedó bajo la lupa después de que un grupo de deudores relatara situaciones de hostigamiento y cuestionara las condiciones en las que algunas empresas intentan recuperar el dinero.

A partir de esos testimonios, Leandro Santoro presentó una iniciativa para regular la cobranza extrajudicial y establecer responsabilidades concretas para quienes participan de ella.

El legislador porteño, que preside la Comisión de Defensa del Consumidor, explicó en Infobae al Regreso que el objetivo es crear un registro para las firmas dedicadas a esa actividad y fijar reglas que permitan identificar quién está realizando un reclamo, en representación de quién y bajo qué condiciones.

Según detalló, existen 275 sociedades inscriptas ante ARCA cuyo objeto principal es la cobranza extrajudicial, aunque el universo incluye también estudios jurídicos y áreas de cobranzas de bancos, comercios de electrodomésticos y billeteras virtuales.

El proyecto, que tiene más de 50 artículos, propone que esas estructuras queden alcanzadas por un régimen específico de inscripción y control. Uno de los puntos centrales establece que cada área de cobranzas deberá contar con un abogado matriculado como responsable, tanto dentro de una empresa como en las agencias que actúan en nombre de terceros. “Mercado Pago, el Banco Galicia, el Banco Ciudad, tiene que tener un responsable en el área de cobro que ponga su matrícula”, sostuvo Santoro.

La iniciativa también apunta a modificar el esquema de sanciones. El legislador cuestionó que determinadas conductas estén prohibidas, pero que las herramientas disponibles para castigarlas resulten insuficientes, y mencionó entre ellas el contacto con familiares del deudor, los llamados en horarios indebidos, la simulación de notificaciones judiciales y el envío de cartas documento falsas. Su propuesta contempla multas y la posibilidad de suspender o inhabilitar a las empresas cuando se comprueben incumplimientos. “Primero, que hay que penalizar. Lo primero que hay que hacer”, afirmó.

El problema que busca abordar la iniciativa aparece con particular claridad cuando las deudas cambian de manos. Santoro explicó que los bancos pueden desprenderse de determinadas carteras cuando las obligaciones acumulan un período prolongado de incumplimiento y venderlas a terceros por una fracción de su valor. “Se desprenden de esas carteras y las venden más o menos al cinco por ciento de su valor”, señaló. En ese proceso, la persona que recibió originalmente el crédito puede encontrarse luego frente a una agencia o empresa distinta, con la necesidad de determinar quién es el nuevo acreedor y cuál es el origen del reclamo.

Durante la entrevista, Mica Mendelevich aportó un caso que expone otra dimensión del conflicto. La conductora contó que terminó pagando $200.000 por una deuda que atribuía a una tarjeta del banco Santander que nunca había activado. Según relató, los llamados no se limitaron a ella, sino que también llegaron reiteradamente a sus padres. La presión terminó cuando su madre decidió transferir el dinero ante la insistencia de los reclamos. Para Santoro, situaciones de ese tipo deberían quedar expresamente contempladas por la regulación, de modo que el deudor pueda conocer qué empresa está autorizada para reclamar y cuál es la obligación que se le atribuye.

Pero el proyecto no se limita a establecer límites sobre las formas de contacto. También incorpora instancias de mediación para facilitar acuerdos y planes de pago, a partir de una de las situaciones que, según Santoro, aparece con mayor frecuencia en los testimonios: personas que aseguran estar dispuestas a cancelar sus obligaciones, pero no pueden afrontar las condiciones que les ofrecen. “El problema es que yo tengo voluntad de pago y las condiciones que me dan no me permiten”, resumió el legislador.

En esa línea, Santoro planteó que la discusión tampoco puede reducirse a la educación financiera. Se mostró a favor de que los consumidores puedan conocer con mayor claridad las tasas de interés, los impuestos y el costo financiero total de los créditos, pero cuestionó que esa responsabilidad recaiga exclusivamente sobre quien tomó el préstamo cuando existen prácticas de cobranza que considera abusivas. “Echarle la culpa a la persona que está siendo víctima de la usura es un problema”, sostuvo.

La evolución tecnológica agregó además una nueva dificultad. El legislador señaló que las billeteras virtuales y los sistemas automatizados de otorgamiento y cobro de créditos introdujeron mecanismos capaces de acceder a información de los dispositivos de los usuarios, que puede terminar siendo utilizada para contactar a personas de su entorno. Frente a ese escenario, planteó que la incorporación de inteligencia artificial no puede convertirse en una forma de diluir responsabilidades: “Cuando la que cobra es la inteligencia artificial, tiene que ser un instrumento, no puede ser un agente en sí. Tiene que haber alguien que ponga la matrícula, un abogado que ponga la matrícula, que sea el responsable final”.

El proyecto deberá ahora atravesar el recorrido legislativo y pasar por distintas comisiones, entre ellas la de Justicia, presidida por La Libertad Avanza. Santoro señaló que había enviado el borrador a Pilar Ramírez y que esperaba que la iniciativa pudiera ser discutida entre los distintos bloques, luego de una primera reunión en la que, según afirmó, participaron sectores diversos de la Legislatura.

El debate se inscribe, además, en un contexto que el propio legislador vinculó con el crecimiento de la morosidad, la expansión del crédito y el aumento de préstamos otorgados sin una evaluación suficiente del riesgo. Según su diagnóstico, el deterioro de la capacidad de pago de algunos consumidores terminó generando un mercado alrededor de la recuperación de esas deudas. “Hay mucha gente que le dieron crédito sin medir el riesgo crediticio. Ahora esa gente no puede pagar, se plancharon los salarios, aumentaron los costos fijos y entonces hay un nicho de negocio”, concluyó.

La propuesta de Santoro busca intervenir precisamente en ese punto: no impedir que una deuda sea reclamada, sino establecer quién puede hacerlo, de qué manera y bajo qué responsabilidad, para que la cobranza extrajudicial deje de depender de prácticas difíciles de controlar y quede sujeta a reglas y sanciones concretas.

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El bloque del PRO en la Cámara de Diputados respaldó este martes la estrategia del oficialismo de cara a la sesión especial convocada por la oposición para este miércoles y sostuvo que forzar el tratamiento de los proyectos sobre morosidad y discapacidad “no los acelera”, sino que “los entorpece”.

En un comunicado difundido este martes, la bancada liderada por Cristian Ritondo señaló que las iniciativas incluidas en el temario opositor “ya están siendo trabajadas en las comisiones correspondientes” y que existen cronogramas de trabajo anunciados para avanzar con su tratamiento.

Sobre las iniciativas vinculadas a combatir el crecimiento de la morosidad, el texto del PRO señala que hay más de 50 proyectos en tratamiento y que la Comisión de Finanzas tiene previsto dictaminar el 30 de septiembre. El bloque adelantó que trabajará en una propuesta propia orientada a “dar respuestas concretas”, promover mayor competencia y transparencia, y mejorar las condiciones de acceso al crédito, “sin adoptar medidas que terminen encareciéndolo o restringiéndolo”.

En relación con la emergencia en discapacidad, el comunicado indica que la comisión ya trabaja en los proyectos vinculados al financiamiento del sistema y prevé dictaminar el 23 de septiembre. “Esto no exime al Gobierno de cumplir con la ley vigente, por eso, le pedimos que presente un cronograma claro de pago a los prestadores”, aclara el comunicado.

Qué pide la oposición

La sesión prevista para este miércoles incluye 50 expedientes vinculados a la morosidad familiar, además de la prórroga de la emergencia en discapacidad. El objetivo declarado de los bloques convocantes —Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, entre otros— no es sancionar los proyectos ese mismo día, sino emplazar a las comisiones -obligarlas a reunirse- de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda para que fijen un plazo de dictamen.

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El pedido se apoya en los 133 votos que la oposición logró reunir hace dos semanas, cuando intentó, sin éxito, ampliar sobre tablas el temario de otra sesión. La diputada Myriam Bregman (Frente de Izquierda) había cuestionado entonces que el oficialismo ofreciera “un cronograma que llega hasta Navidad”, mientras que Pablo Juliano (Unidos) calificó la propuesta de “tomada de pelo”.

En ese contexto, el PRO ratificó su apoyo a la postura del oficialismo, que busca dilatar el tratamiento de las iniciativas opositores, y remarcó: “Creemos que las soluciones reales se construyen respetando el proceso legislativo y fortaleciendo el trabajo de las comisiones. Forzar instancias sobre debates que ya están en marcha no los acelera, los entorpece”.

PRO, Diputados