EL CALAFATE.- Cristian Sebastián Ibáñez, también conocido como “Budín”, estaba junto a Claudia Insaurralde, la pareja de Lázaro Báez, el lunes en el aeropuerto de Ezeiza cuando fueron detenidos. La Justicia sospecha que el hombre, de 37 años, es parte de una red narco en Santa Cruz.

“Budín” fue arrestado junto a su pareja, según pudo saber de fuentes judiciales.

Las tres personas fueron detenidas el lunes al arribar en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Río Gallegos. Se sospecha que intentaban fugarse, según pudo reconstruir a partir de fuentes con acceso a la causa. El procedimiento ocurrió a primeras horas de la tarde en el aeropuerto. Además, les fueron secuestradas cuatro valijas grandes por orden del juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez.

Ibáñez sería un hombre de confianza de Báez, pero no está claro su verdadero rol. Algunos aseguran que era una suerte de chofer, pero otras fuentes aseguran que solía presentarse como “mano derecha” del empresario kirchnerista, actualmente preso en la cárcel de Ezeiza. Según la hipótesis de los investigadores, era uno de los líderes de una organización dedicada al transporte de cocaína en camiones, al menos desde diciembre de 2025.

“Budín”, como lo mencionan sus amigos en las redes sociales, tuvo por lo menos cuatro empleadores en Buenos Aires y en Santa Cruz, pero hace tres años no registra ninguna relación de dependencia laboral, según registros oficiales. En este tiempo, fundó Dynter SRL, una sociedad constituida en 2024 en Río Gallegos, con domicilio en la calle Mitre al 700. La constituyó con un capital social de $20 millones y una duración de 99 años.

El objeto social de Dynter es muy amplio: incluye construcción, servicios y logística para empresas petroleras y mineras, transporte de cargas y de personal, alquiler de vehículos, hotelería, turismo y gastronomía. En ese rubro de servicios figura el transporte de cargas a granel, una actividad que coincide con el tipo de operatoria que investiga la Justicia, aunque por ahora no se informó que la sociedad esté bajo investigación.

Al año siguiente de ser creada, la socia de Dynter cedió las acciones a otro socio y sumaron un nuevo rubro a la actividad: el inmobiliario. Ibañez pasó a ser el único gerente de la SRL, según los documentos oficiales consultados por .

Las redes sociales de Ibáñez ofrecen una imagen de sus intereses. El perfil gira casi de manera exclusiva en torno a los vehículos: la protagonista es una Volkswagen Amarok V6, a la que llama “mi bebé”; también exhibe una Ford Ranger V6, una Ford Raptor, una Ford F100, un Falcon, un BMW gris oscuro y una moto deportiva de gran cilindrada.

Sin embargo, pese a mostrarse manejando estos vehículos, Ibáñez solo tiene a su nombre la F100 modelo 1994 y un crédito con Volkswagen Financial Services de 07/2025 por 18 millones de pesos, según documentos consultados por .

En la red TikTok, Ibáñez compartió una foto el 22 de marzo de 2025, donde se ve el frente de la casa de Báez en El Calafate. En esa fecha, el empresario cumplía la prisión domiciliaria junto a su pareja y aún no se había ordenado su traslado a Ezeiza.

En esa red social también compartió imágenes del hotel Bahía, otra de las propiedades de Báez en El Calafate, una enorme mole de varios pisos que nunca se utilizó y luce abandonada. En otra foto comparte el interior de una casa de estancia que, si bien no está identificada, luce el revestimiento en piedra, madera y colores brillantes que caracterizan a las propiedades de Báez.

En 2013, cuando tenía 24 años -y en esa época Báez era el hombre fuerte de la obra pública en Santa Cruz- “Budín” fue condenado a la pena de seis años de prisión de cumplimiento efectivo como autor penalmente responsable del delito de “robo doblemente calificado por el uso de arma y por ser cometido en poblado y en banda”, según consta en los expedientes judiciales consultados por . La sentencia quedó firme el 5 de marzo de 2013.

Su detención de este lunes, junto a su novia y la mujer de Báez, se dio en el marco de dos causas conexas que investigan lavado de dinero y narcotráfico y una serie de delitos vinculados al manejo de bienes del empresario Báez. Tras las detenciones, se realizaron 27 allanamientos simultáneos en Río Gallegos, El Calafate, dos estancias de Santa Cruz y Buenos Aires, que incluyó la celda de Báez en el penal, quien también quedó incomunicado. Por ahora, la causa es de carácter reservado.

Todas las medidas fueron ordenadas por el juez federal de Río Gallegos a pedido del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

La investigación tiene dos causas conexas: la de narcotráfico derivó en una segunda, que indaga si Báez, desde la cárcel de Ezeiza, administraba y ponía en circulación activos de origen ilícito sustraídos a la ejecución de sus condenas.

Ibáñez sería el punto de contacto entre ambas: el jefe de la banda de estupefacientes sería a la vez integrante de la organización que movía esos bienes. Entre las pruebas clave figurarían escuchas judiciales entre el jefe de banda y Báez, y anotaciones donde el hombre de confianza detallaba las operaciones.

En la causa, además de los tres detenidos en Buenos Aires, hay por lo menos cuatro personas más que fueron detenidas en Río Gallegos en los procedimientos; según los nombres que trascendieron, uno de ellos es familiar político de Ibáñez.

Para este jueves están previstas las dos audiencias en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, una por la causa de la red narco y la otra por lavado de dinero.

Con la colaboración de Ricardo Brom

El Estatuto del Periodista Profesional perderá vigencia en febrero de 2027 como consecuencia de la ley de Modernización Laboral, sancionada en febrero de este año. Aunque se presentaron distintos proyectos para impedir su derogación, ninguno consiguió avanzar en las comisiones del Congreso encargadas de su tratamiento.

La eliminación de la ley 12.908, vigente desde 1946, fue aprobada junto con la derogación de otros regímenes especiales, como los de viajantes de comercio, peluqueros y choferes particulares. En Diputados, el capítulo obtuvo 126 votos a favor, 119 en contra y cuatro abstenciones. En el Senado fue respaldado por 38 legisladores, mientras que 31 votaron en contra. El oficialismo consiguió avanzar con el apoyo de sus aliados de Pro, la UCR y los bloques provinciales.

La derogación supone la eliminación de disposiciones específicas para los trabajadores de prensa, entre ellas la jornada de 36 horas semanales, el régimen indemnizatorio agravado por despido y las categorías profesionales. La actividad quedará comprendida en el régimen laboral general, sin perjuicio de los derechos que puedan mantenerse por convenios colectivos.

El oficialismo sostiene que el estatuto quedó desactualizado frente a las transformaciones tecnológicas y laborales del sector y que su eliminación permitirá flexibilizar las condiciones de contratación. Los sindicatos de prensa, por su parte, consideran que la medida reducirá las protecciones laborales y podría afectar la independencia profesional.

En Diputados, Sebastián Galmarini y Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, presentaron iniciativas para revertir la derogación. Los expedientes fueron girados a las comisiones de Legislación del Trabajo y Libertad de Expresión, presididas por los libertarios Lisandro Almirón y Guillermo Montenegro, respectivamente. Ninguna registró actividad durante este año.

En el Senado, Jorge Capitanich y otros legisladores de la oposición propusieron prorrogar por un año la vigencia del estatuto. El proyecto fue girado a Trabajo y Previsión Social, presidida por Carmen Álvarez Rivero, y a Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, encabezada por Carolina Moisés. Esta última abordó el tema, pero no pudo avanzar con el dictamen al no ser la comisión cabecera.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también se opuso a la derogación. En una nota enviada al Senado, reconoció que el estatuto necesita actualizarse, pero advirtió que su eliminación podría afectar las condiciones laborales de los periodistas y su independencia. Por eso, propuso reformarlo en lugar de derogarlo.

A fines de octubre, Álvarez Rivero generó una controversia en redes sociales al señalar que la precarización del periodismo existe desde hace décadas, y reivindicó el principio de igualdad ante la ley. Sus declaraciones motivaron reclamos para que convocara a la comisión que preside.

En paralelo, las organizaciones gremiales impulsan una actualización del estatuto que incorpore cuestiones vinculadas con el teletrabajo y la inteligencia artificial, además de evaluar presentaciones judiciales contra su derogación.

Hasta el momento, ninguno de los proyectos obtuvo dictamen y su tratamiento continúa pendiente.