El Gobierno nacional se metió, sin ayuda de nadie, en una encrucijada cuyo final es incierto. Casi como si se hubiera propuesto tirar el año parlamentario a la basura, La Libertad Avanza llega a las últimas dos semanas del período ordinario con la ley que más le importa sin siquiera tener dictamen y un apuro que nunca es recomendable para negociar. En el medio -y en consecuencia- las internas afloran y los aliados miran desde afuera esperando a imponer sus condiciones pensando en el año electoral.

Ya es un hecho que la suspensión de las PASO no se aprobará antes del 28 de noviembre y la Casa Rosada se encamina a convocar a sesiones extraordinarias. Sin embargo, aquí se abre la verdadera disyuntiva: si todavía no se aseguró los apoyos, ¿qué le garantiza que los tendrá dentro de 15 dias? ¿Se expondría el oficialismo a sesionar en diciembre sin un triunfo asegurado? Al tener la potestad de elegir el temario, ir a perder sería una decisión de mínima curiosa y de máxima poco estratégica.

“Es más fácil hacer que fracase algo y echarle la culpa a otro que ponerse a trabajar”, sentenció una fuente libertaria a Infobae para intentar explicar los últimos movimientos del Gobierno.

Para avanzar, el oficialismo deberá ajustar los apoyos para evitar nuevas derrotas sobre el final del año, lo que lo enfrentará a la necesidad de ordenar una cuenta pendiente: los acuerdos con los gobernadores aliados.

“No es un lujo convocar a extraordinarias. No era lo que queríamos, pero los tiempos se complicaron”, admitió una fuente legislativa, que descartó grandes sorpresas en el temario.

Luego de semanas de aletargamiento, el Poder Ejecutivo se dispuso a retomar la agenda legislativa y aceleró el tratamiento de la reforma electoral, que si bien algunos la presentan como una más en la lista de pendientes, la consideran necesaria para la reelección de Milei en 2027.

El propio titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló del tema, pidió tratarlo en los próximos 15 días y tensionó a Patricia Bullrich, a quien algunos acusan de no impulsar la iniciativa lo suficiente. A mitad de semana, el bloque libertario convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar por segunda vez la iniciativa el próximo martes 17. Si obtiene dictamen, deberán esperar siete días para llevar el proyecto al recinto del Senado, donde, en un escenario ideal, podrían comenzar a tratarlo hacia fines de noviembre.

“Patricia no tiene nada que ver. Es Rosada la que maneja la negociación y ahí dicen tener los votos”, la escudó un integrante del bloque que conduce la ex PRO, expectante por el desenlace de los próximos días.

Un funcionario involucrado en las conversaciones con los aliados garantizó ante este medio haber recibido el aval de varios gobernadores. Incluso, en Balcarce 50 hablaban de hacer circular entre los integrantes del bloque libertario un listado con los apoyos comprometidos.

Desde la jefatura de Gabinete, a cargo de Diego Santilli, involucrado en la negociación junto a los primos Menem, coincidieron en el optimismo. “Entre ordinarias y extraordinarias en diciembre, sale”, prometieron.

En Casa Rosada saben que extender las sesiones durante el verano los obliga a llegar con el respaldo necesario para sancionar las iniciativas. Con la ventaja de poder fijar el temario desde el Ejecutivo, el margen para un traspié en las extraordinarias se reduce a cero. “Tendríamos que llegar con una base considerable de apoyos, pero son cosas que se irán viendo a medida que se presenten”, admitieron en el oficialismo.

“Vamos a ir paso a paso. Esto es como pagar al contado. Que los gobernadores no nos extorsionen con las PASO cuando a ellos también les sirve eliminarlas. La postura es de acordar, pero también de respetar a los nuestros”, les facturaron a los aliados desde un despacho violeta.

Con Bullrich a cargo de su propio poroteo, el Gobierno contabiliza, hasta ahora, 38 acompañamientos que surgen de los 21 integrantes del bloque libertario, los 10 radicales -que, garantizan, acompañarán- y los tres representantes del PRO. A eso, le suman el respaldo de algunos legisladores que responden a mandatarios provinciales como Ignacio Torres (Chubut), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén).

La apuesta para las próximas semanas es abultar el margen para evitar una derrota que podría golpearlos en la previa al inicio del año electoral.

Asimismo, el temario de las extraordinarias no se limita a la eliminación de las PASO. También incluiría otras iniciativas y no descartan sumar nuevos proyectos durante diciembre, decreto mediante. Por estos días, la lista contempla al Presupuesto 2027, a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que esperan tratar el próximo 25 en Diputados, además del Súper RIGI y la Ley de Discapacidad, entre otras iniciativas.

“Extraordinarias es el último plazo antes de la agenda totalmente electoral. Convocarlas es extender un poco la chance de lograr las cosas que tengas pendientes. Si tenes la posibilidad de agregarte un mes lo haces sea para rendir un final, para la entrega de un laburo o para aprobar una ley”, justificó una fuente que transita a diario los pasillos de Casa Rosada.

Casi contraria a la complejidad evidenciada durante el año legislativo, la ilusión por resolver en el último sprint del año sobrevuela en varios despachos libertarios. “Vamos a sacar todas las leyes”, prometió una fuente karinista que trabaja en la articulación legislativa. ¿Ahora sí?

El debate que se posterga, el bando que se impone y los escenarios

El ala política todavía tiene definiciones pendientes, pero detrás de esas postergaciones se esconde la imposición de uno de los bandos que dividen al círculo de poder. Pese a la insistencia de los Caputo y de Bullrich, los Menem lograron posponer las conversaciones con los mandatarios provinciales sobre eventuales acuerdos electorales.

“Cuando se acerque la fecha de las elecciones iremos cerrando. Todavía hay pocas provincias que definieron calendarios”, argumentaron cerca de los primos. “Algunos están cerrados. Lo haremos de manera escalonada”, coincidieron desde la coordinación de ministerios.

En paralelo, las diferencias también persisten en torno a las posibilidades de avanzar con la reforma electoral sin los acuerdos consolidados. Si bien entre los más escépticos empieza a ganar lugar la posibilidad de un desenlace favorable para la Casa Rosada, todavía ejercen presión. “Si sacamos dictamen la semana próxima es porque los votos están y los acuerdos están encaminados. No creo que seamos tan boludos”, planteó un funcionario.

Aún quedan quienes descreen de la posibilidad de aprobar la reforma y se inclinan por suspender las PASO el próximo año como alternativa más viable. “No la veo. Los gobernadores usan la reforma como moneda de cambio para las alianzas y nosotros la queremos, lo que no quiere decir es que hayamos encontrado el punto de negociación”, admitió un integrante de la mesa política.

“No sirve de nada convocar a extraordinarias sin los acuerdos, pero siempre es más fácil echarle la culpa a alguien más. A los gobernadores para no acordar, a Patricia (Bullrich) para que no sea vicepresidenta, a Caputo para sacarle ARCA o al que sea”, advirtió otra fuente con acceso al despacho presidencial.

Temporada de patos y una novela sin fin

A la par de las decisiones legislativas, el oficialismo adeuda el ordenamiento de una interna que multiplicó sus terminales y que escaló hasta el propio Milei, que suele mantenerse al margen de este tipo de tensiones.

“Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, fue la frase que compartió el mandatario en una historia de Instagram y que, según aseguran en su entorno, estaba dirigida a la senadora. Días después, fiel a su estilo, le dio me gusta a un mensaje en X de un usuario que acusaba a los medios de comunicación y a los Menem de querer atentar contra la fórmula Milei-Bullrich, a la que considera capaz de ganar en primera vuelta en 2027.

Desde el entorno de los Menem le bajaron el precio al posteo y aseguraron que el mandatario no se percató de la mención. Otros integrantes del Gabinete responsabilizan a la tropa digital de Santiago Caputo por la difusión del tema para perjudicar a los primos.

Pese al reciente gesto, los últimos contrapuntos de Bullrich, que promete no guardarse nada, calaron profundo entre los Milei, que tragan la bronca y evitan tomar medidas por la necesidad de mantener a la legisladora dentro del espacio. A la postura se plegaron varios actores del ecosistema, incluso, los que, como el asesor presidencial, oficiaron de aliados alguna vez.

“Es la primera vez que todo el arco político defiende, sin fisuras, la candidatura de Javier Milei”, planteó un alfil violeta, que identificó la foto de la exministra con su equipo como una amenaza.

En Casa Rosada hacen alarde de contar con el número necesario en el Congreso para sostener un veto presidencial. En ese contexto, leyeron el retrato bullrichista como un mensaje “mafioso”, en el que la senadora exhibió el control de su propia tropa. Si la ruptura se concretara, el blindaje parlamentario podría verse vulnerado.

No obstante, los libertarios necesitan de la legisladora para los objetivos que se vienen, por lo que evitarán tomar definiciones, al menos, hasta el fin de la actividad legislativa. “No sobra nada. Es una aliada clave y hoy no nos podemos permitir romper. Pasada la reforma, habrá otro tipo de conversaciones”, prometieron desde el entorno del mandatario, que aplaza desde hace semanas un eventual accionar.

Tras la publicación de la foto en sus oficinas, Bullrich cruzó algunas palabras con Karina Milei durante la coordinación de la visita de León XIV y habría aprovechado ese intercambio para justificar la reunión con su equipo. “Entendió. Recogió el guante y bajó el nivel de conflictividad”, le destacan desde el entorno de la menor de los Milei.

Con el calendario como principal condicionante y las definiciones en suspenso, el Gobierno encara semanas decisivas para ordenar un esquema de poder que acumula tensiones. “La culpa, querido Bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos”, le adjudicó Shakespeare a Casio en Julio César.

En Casa Rosada parecen haber tomado nota. La apuesta es llegar a diciembre con las reformas encaminadas y las diferencias contenidas. Sin embargo, la dificultad no parece estar solamente en sumar los votos: el verdadero desafío empieza por conseguir hacia adentro los consensos que buscan hacia afuera.

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Comienza una semana definitoria para la agenda legislativa del Gobierno, en la que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunirá el martes para retomar el debate sobre la reforma electoral, luego de dos meses en los que el expediente quedó trabado por la falta de acuerdo con los bloques aliados.

Ya sin mucho margen para eliminarlas por completo, la Casa Rosada busca avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, para lo cual necesita reunir al menos 37 votos que todavía no tiene garantizados y que dependen, en buena parte, de las provincias.

La convocatoria para reanudar la discusión se hizo en medio de las presiones de la Casa Rosada sobre Patricia Bullrich, titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, que en las últimas semanas planteó diferencias con la actual administración nacional en temas económicos, legislativos y políticos.

La relación de la cúpula libertaria con la ex ministra de Seguridad se tensó aún más después de que sectores del oficialismo cuestionaran sus gestos de autonomía y sus posicionamientos de cara al año que viene.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recordó en una entrevista radial que el avance de la reforma está supeditado a que se destrabe en el Senado, donde Bullrich conduce la bancada libertaria: “Al final dependés de personas que terminen levantando la mano por la afirmativa”, afirmó.

Según pudo saber Infobae, en la cúpula de La Libertad Avanza aspiran a conseguir la media sanción en el Senado dentro de 15 días, para que la Cámara de Diputados termine el tratamiento durante diciembre, en la primera etapa de las sesiones extraordinarias.

El objetivo es evitar que la iniciativa se apruebe recién en enero porque ya sería en el 2027 y la Cámara Nacional Electoral pidió que cualquier modificación a las reglas de votación se apruebe con la mayor antelación posible.

La reunión de la comisión tomó por sorpresa a parte del entorno de Bullrich, que no tenía previsto que el debate se reactivara esta semana. La senadora sostiene que todavía no están garantizadas las voluntades necesarias, mientras que desde la Casa Rosada aseguran que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, logró incorporar adeptos en las conversaciones con los gobernadores aliados.

El cálculo más optimista del Gobierno parte de los 21 senadores de La Libertad Avanza y suma a los 10 integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR), los tres del PRO y por lo menos cuatro legisladores vinculados con gobernadores provinciales. De esa manera, la Casa Rosada llega a 38 votos potenciales, apenas uno por encima del mínimo requerido.

Entre los apoyos que el oficialismo considera accesibles figuran Edith Terenzi, de Despierta Chubut, vinculada al mandatario Ignacio Torres; Julieta Corroza, de La Neuquinidad, cercana a Rolando Figueroa, y los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, que llegaron al Senado por el espacio relacionado con Claudio Vidal.

También aparecen en las conversaciones Guillermo Andrada, de Catamarca, que responde a Raúl Jalil; Alejandra Vigo, de Córdoba, vinculada al gobernador Martín Llaryora, y Carlos “Camau” Espínola, de Corrientes, aliado de Juan Pablo Valdés.

Dentro de la UCR, Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, de Corrientes, son referenciados en Valdés; Eduardo Galaretto, de Santa Fe, en Maximiliano Pullaro, y Silvana Schneider, de Chaco, en Leandro Zdero.

El PRO tampoco confirmó una posición común. Martín Goerling Lara, de Misiones; Andrea Cristina, de Chubut, y María Victoria Huala, de La Pampa, sostienen objeciones sobre el proyecto y defienden la continuidad de las PASO, aunque podrían discutir una alternativa si la negociación incorpora otros puntos, como Ficha Limpia y reclamos vinculados con los presupuestos provinciales.

En ese escenario, el resultado dependerá de los gobernadores, ya que varios de los senadores que todavía no definieron su postura responden directamente a alguno de ellos, que se tomaron el fin de semana para estudiar la situación, en plenas negociaciones con la Casa Rosada por diferentes asuntos.

“No tengo una posición tomada todavía. Se está manejando con las provincias porque es una decisión más general que no puedo tomar solo”, explicó un legislador.

En este sentido, el dirigente remarcó que, si bien en varios espacios hay pensamientos diferentes sobre las PASO, “quizás es más fácil” llegar a la votación con una misma idea “para los partidos que gobiernan provincias”, como es su caso.

En los últimos días, los mandatarios radicales mantuvieron contactos para evaluar una posición común frente a la reforma electoral. “Es muy probable que todos acuerden tomar una definición unificada en torno a esta cuestión, están en esas charlas precisamente en estos momentos”, sostuvo a este medio una persona que tiene diálogo permanente con uno de los mandatarios provinciales de la UCR.

Santilli intentó aprovechar la Argentina Week, realizada en Francia meses atrás junto a Javier Milei y un grupo de gobernadores, para cerrar un entendimiento sobre las PASO, pero las conversaciones no alcanzaron para despejar las diferencias.

Tras ese viaje, Bullrich resumió el estado de las tratativas: “Parecía que después de París estaba todo resuelto y no fue tan así. Todos van como midiendo la situación”, precisó.

La principal resistencia provino, justamente, de los mandatarios radicales, que condicionaron su respaldo a garantías electorales de cara a 2027 y a acuerdos sobre reclamos provinciales.

En este marco, “El Colo” podría recibir a gobernadores en la Casa Rosada durante los próximos días para continuar las negociaciones, aunque todavía no está confirmado el cronograma de visitas.

El jueves 19, sin embargo, ya tiene en agenda un viaje a Mendoza para participar de la Cumbre de Minería Sostenible, donde tendrá como anfitrión a Alfredo Cornejo, uno de los gobernadores que todavía no dio garantías de acompañar la reforma.

La relación entre ambos está atravesada por una tensión electoral. La Casa Rosada respalda la candidatura para el año que viene en ese territorio de Luis Petri, mientras que el actual mandatario pretende que su sucesor sea uno de sus ministros.

Durante la cumbre, Santilli también se cruzará con Raúl Jalil, de Catamarca; Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta, y Marcelo Orrego, de San Juan. Los cinco gobernadores integran junto a Cornejo la Mesa del Cobre y participarán de actividades en el Hotel Hilton de Guaymallén.

Antes de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la Casa Rosada evalúan convocar el martes a la Mesa Política, que no se reúne desde hace casi un mes por los viajes presidenciales, la agenda legislativa y la visita del papa León XIV.

Si el encuentro no vuelve a postergarse, será la primera oportunidad para que Bullrich se reencuentre con el resto de la cúpula libertaria después de sus sucesivos gestos de distanciamiento.

Diego Santilli,Gobernadores

La delegación que representó a la Argentina en las dos audiencias del Tribunal del Mar (TIDM) que se realizaron esta semana en Hamburgo esperaba que el Reino Unido utilice en sus alegatos el discurso que Javier Milei pronunció en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y así fue. La fiscal general Ellie Reeves abrió la réplica de Londres con ese argumento: las declaraciones del Presidente, sostuvo, evidenciaban que Buenos Aires no tiene interés en una solución negociada para discutir la soberanía de las Malvinas.

Recordó, además, que en su exposición en Nueva York, Milei había calificado a la ONU de “organización inútil” que solo sirve a “parásitos arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados”. Se trata de la misma institución cuyas resoluciones Argentina invoca como base jurídica de su reclamo ante el TIDM. Una chicana previsible, y una contradicción difícil de ignorar para los abogados británicos.

“Lo habíamos mapeado y teníamos la respuesta armada. Esperábamos que fueran con eso”, reconoció a Infobae uno de los integrantes del equipo de abogados que viajó a la ciudad ubicada a norte de Alemania. El embajador Mario Oyarzábal, agente designado en las audiencias, contestó de manera formal y recordó que -en aquella intervención-, Milei también dejó en claro que creía en la paz y en encontrar soluciones dentro del marco del derecho internacional.

“Cada uno usa sus herramientas como quiere, pero creo que no corresponde: es un tema más político que nada tiene que ver con lo jurídico. De todas formas se respondió muy bien”, señalaron desde la representación argentina. También objetaron el punto central de la defensa británica: que el pedido de Argentina para frenar el proyecto petrolero Sea Lion esconde un planteo sobre la soberanía de las Islas y que, por ello, no es competencia del Tribunal del Mar.

“Ellos quisieron plantear que esto implica resolver soberanía, lo cual no es así. Su planteo pasó más por ese lugar, y el resto no hubieron argumentos que nos hayan tomado por sorpresa”, evaluaron desde el Gobierno.

Por primera vez en la historia, la Argentina enfrentó al Reino Unido ante un tribunal internacional para discutir los recursos del mar alrededor de las Islas Malvinas. Las audiencias se realizaron el 10 y 11 de noviembre, ante un panel de 21 jueces presidido por el camerunés Maurice Kamga. El fallo se conocerá el 28 de noviembre.

Buenos Aires pidió cuatro medidas provisionales contra Londres: que suspenda toda nueva perforación de explotación e instalación de infraestructura vinculada al proyecto Sea Lion en la cuenca norte de las Malvinas; que se abstenga de usar la información obtenida en exploración en detrimento de los derechos argentinos; que cese de impedir que Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR); y que no otorgue nuevas autorizaciones sobre la plataforma continental en disputa.

Del lado argentino, la delegación estuvo encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, e incluyó al embajador Oyarzábal, los asesores legales externos Marcelo Kohen y Nico Schrijver, y funcionarios de Cancillería y la Procuración. El Reino Unido presentó un equipo de seis abogados liderado por la fiscal Reeves.

Para el Gobierno, este arbitraje representa “una pieza dentro de un esquema más amplio” contra el Reino Unido en el marco de la Causa Malvinas, que incluye el proyecto de Defensa de la Soberanía de Malvinas, iniciativa que tuvo varios cambios respecto a su versión original y se debatirá en el recinto el próximo miércoles, y los procesos penales ya iniciados contra directivos de las empresas operadoras de Sea Lion, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

En las últimas horas, el diario británico The Guardian reveló que el gobierno argentino amenazó con prisión al CEO de Rockhopper, Sam Moody, y a su director financiero, mediante una carta enviada el 1° de septiembre en la que los intimó con “procesamiento penal, encarcelamiento y multas” bajo la legislación doméstica argentina.

“Tanto Rockhopper como Navitas y sus directivos están cometiendo delitos que, según la legislación argentina, merecen estas actuaciones”, indicó el canciller Pablo Quirno a radio Rivadavia el pasado jueves. En esta línea, desde Casa Rosada explicaron a Infobae que “las estrategias tienen que ser multifocales: políticas, jurídicas, diplomáticas. Es la mejor forma de presionar donde hay que presionar”.

La preparación de las audiencias

La arquitectura jurídica argentina en el TIDM se apoya en dos resoluciones de la ONU: la 2065 de 1965, que reconoció la existencia de la disputa de soberanía, y la 31/49 de 1976, que instruyó a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales mientras la controversia permanezca abierta.

El neerlandés Nico Schrijver y abogado rosarino Marcelo Kohen fueron fundamentales en las audiencias. Este último fue árbitro en al menos 14 casos internacionales, y representó a la Argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en el caso de la fragata ARA Libertad (2012), en el que el tribunal ordenó como medida provisional la liberación inmediata del buque.

El argumento ambiental completó el cuadro. Si ocurriera un derrame en Sea Lion, es la Argentina —no el Reino Unido, situado a más de 12.700 kilómetros— quien debería coordinar la respuesta de emergencia. El propio plan de contingencia del operador estimaba en un 30% la probabilidad de que el petróleo de un eventual reventón alcanzara aguas argentinas no sujetas a disputa en un plazo de 30 días. “Si pasa, estamos muy cerca de que ese derrame llegue a aguas territoriales argentinas”, advirtieron desde el Gobierno.

La primera jornada comenzó con una particularidad logística: la fiscal Reeves no llegó a tiempo para la apertura. Fue la agente Sally Langrish quien abrió la sesión e informó al tribunal de la demora. Mientras tanto, del lado argentino, Oyarzábal tomó la palabra sin demoras para plantear el marco político del caso. Recordó que en 1995 ambos gobiernos habían intentado un esquema de cooperación en la zona, pero que el Reino Unido lo había vaciado de contenido. “La Argentina no abandonó la cooperación”, dijo. “Pero, como bien saben los argentinos, el tango se baila de a dos. Lamentablemente, el Reino Unido prefiere bailar solo”.

La segunda jornada de audiencias fue la más intensa. La delegación argentina, según supo Infobae, había decidido ir “más al hueso” y plantear a los jueces, y ante la atenta mirada del equipo legal británico, los ceos de Rockhopper y Navitas, y funcionarios del gobierno ilegítimo de las Islas, presenten en la sala, que “si no se actúa ahora, no habrá statu quo que preservar”.

“Una vez perforado el primer pozo de desarrollo, no quedará statu quo que preservar. Ningún tribunal del Anexo VII podrá actuar antes de eso. Este Tribunal sí puede. Si no es ahora, nunca será”, sintetizó Schrijver. En relación a este punto, en el Gobierno planteó una diferencia entre daño económico y daño irreparable. Las empresas que invierten en Sea Lion pueden alegar pérdidas, argumentó el equipo argentino, pero ese daño es compensable. El petróleo extraído, no.

La síntesis del pedido argentino quedó condensada en cuatro palabras que Oyarzábal pronunció al cierre de la primera ronda: Ninguna perforación nueva mientras el tribunal arbitral del Anexo VII no esté constituido y en condiciones de actuar. “Si las medidas no son ordenadas, una de las dos partes quedará privada en forma permanente de sus derechos sobre la plataforma continental y sobre un recurso no renovable que, una vez extraído, no puede ser restituido”, insistió.

La comitiva argentina se alojó en un hotel retirado del centro de Hamburgo. Un dato llamativo: ambas delegaciones se alojaron en el mismo edificio, dado que el TIDM está retirado del centro de la ciudad y la oferta hotelera cercana es escasa. El equipo a cargo de Ibarzabal logró que el hotel habilite un sector específico con acceso restringido para sus reuniones de trabajo. Aun así, los cruces en el desayuno con los representantes británicos —y con los propios CEOs de las empresas en Sea Lion, Ian Ramsay y Samuel Moody, fueron inevitables.

La mayor incertidumbre interna fue la preparación de la réplica. El Reino Unido optó por no presentar ningún alegato escrito antes de las audiencias, lo que dejó a la delegación de Buenos Aires frente a un punto ciego. “Siempre teníamos el fantasma de si iban a sacar un conejo de la galera que no estuviéramos viendo”, admitieron desde el equipo legal. Y remarcaron: “Ninguno de los argumentos nos tomó por sorpresa”.

La expectativa por el fallo

Sobre el fallo que el Tribunal dará a conocer el 28 de noviembre, en el Gobierno sostienen que “hay que ser precavido” y que “hay que esperar”, aunque reconocen una “buena sensación interna” de que los argumentos argentinos estuvieron “planteados con claridad” frente a un equipo rival “de primer nivel”.

“Nosotros no le estamos pidiendo a este Tribunal que resuelva el tema de la soberanía. Por lo tanto, nada de esto afecta en absolutamente nada nuestro reclamo de soberanía. Si no llega a salir, la Argentina va a seguir en esta senda. Vamos a seguir con todo”, plantearon.

Especialistas vinculados a la causa son más optimistas. “En todos los casos donde se pidió, el Tribunal dio medidas provisionales. No se declaró incompetente. No siempre dio las que le pidió el Estado solicitante, a veces dio distintas, pero siempre dio medidas. Yo creo que estamos muy bien”, evaluó un experto con acceso al expediente.

Desde la Cancillería, además, se apuntó a un efecto político concreto de un fallo favorable: debilitaría la posición británica de que no existe ninguna controversia activa por la soberanía de las Malvinas. “El Reino Unido está diciendo que no hay controversia, que ya es suya y no discute más. Si el tribunal le dice que sí hay una controversia, esa posición queda debilitada”, señaló un funcionario del Palacio San Martín.

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