Con la ayuda de sus aliados, el oficialismo dictaminó el proyecto para reformar el Régimen de Zonas Frías y reducir el alcance de los subsidios al gas. La iniciativa, titulada “Medidas Energéticas”, propone un cambio de criterio: pasar de un esquema masivo, definido por ubicación geográfica, a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares.

El despacho de mayoría obtuvo 46 firmas de diputados de La Libertad Avanza, la UCR, Pro, MID e Innovación Federal. La sanjuanina Nancy Picón, la tucumana Elia Fernández y los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri firmaron en disidencia.

Fue durante el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, y Presupuesto y Hacienda. Los libertarios Facundo Correa Llano y Alberto “Bertie” Benegas Lynch condujeron el debate como titulares de las respectivas comisiones.

La propuesta quedó en condiciones para debatirse en el recinto de Diputados. El oficialismo ya piensa en una sesión para la próxima semana con este y otros temas que ya cuentan con dictamen, como “Hojarasca” y la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

Del plenario participaron como informantes la secretaria de Energía, María Tettamanti y el subsecretario Damián Sanfilippo.

“El Estado nacional está poniendo $500.000 millones para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país”, sostuvo Tettamanti. “Queremos es que quienes pueden pagar la energía, la paguen, y que quienes no pueden seguir haciéndolo reciban ayuda”, resumió.

El peronismo encabezó las críticas al proyecto oficial. Julia Strada (UP) cuestionó que el Gobierno atribuya la mejora del frente energético únicamente al equilibrio fiscal y remarcó que el aumento de las exportaciones fue posible gracias a inversiones e infraestructura realizadas en años anteriores. “Uno no exporta US$5700 millones de un año al otro por arte de magia”, afirmó.

El dictamen de UP busca sostener el régimen actual de zonas frías y crear una tarifa eléctrica diferencial para el norte argentino. También planteó mecanismos de compensación de deudas con Cammesa para provincias y municipios -sin incluir a Edenor y Edesur- y extender por diez años las exenciones para energías renovables, con el objetivo de que alcancen el 30% de la matriz energética. Además, reclamó al Gobierno un plan federal de infraestructura energética.

El Poder Ejecutivo, en cambio, busca con su propuesta desarmar la ampliación dispuesta por el diputado Máximo Kirchner en 2021, que extendió el beneficio a nuevas regiones del centro y norte del país.

Silvana Giudici (LLA) lo puso en números. Explicó que esa ampliación incorporó al régimen de zonas frías 3.431.000 personas, “subiendo la tasa en la factura a los 47 millones de argentinos”. De esas zonas ampliadas, señaló, el 60% de la población tiene ingresos superiores a 4 millones de pesos.

Muchos de los que hoy acompañaron los recortes apoyaron el proyecto de Kirchner en 2021, como los mendocinos Luis Petri y Alfredo Cornejo, así como el sanjuanino Marcelo Orrego. Estos últimos hoy son gobernadores de sus provincias.

La iniciativa del Poder Ejecutivo apunta a eliminar el subsidio automático del 30% en la llamada “zona ampliada”. En esas regiones -que incluyen amplias zonas del interior de Buenos Aires (como La Plata, Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca), el sur de Santa Fe, el sur y centro de Córdoba, casi toda San Luis y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan- dejarán de recibir el beneficio los usuarios de ingresos medios y altos.

El gobernador más afectado será Axel Kicillof. “1,3 millones de bonaerenses perderán el subsidio”, graficó Jimena López, de UP.

En adelante, el descuento en la tarifa solo se mantendrá para quienes acrediten vulnerabilidad económica a través del registro de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El esquema alcanza a hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas ($4,3 millones, según los últimos datos del Indec), beneficiarios con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) y veteranos de Malvinas. El despacho de mayoría agregó un nuevo grupo a los beneficiarios. Ahora, si en un hogar vive alguien con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), podrán acceder al subsidio por zona fría en las regiones donde este ya no es automático.

En contraste, el proyecto preserva el subsidio pleno -sin filtro de ingresos- en las zonas consideradas de “efectiva severidad climática”. Allí se incluyen la Patagonia (las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa), el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna (abarca zonas andinas de Jujuy, Salta y Catamarca).

Además del rediseño del mapa de beneficiarios, el proyecto introduce modificaciones técnicas en el funcionamiento del régimen. Uno de los cambios centrales es la forma de calcular el subsidio automático del 50%. Hasta ahora, la bonificación se aplica sobre toda la factura de gas. Con la reforma, se limitará únicamente al precio del gas en origen (el valor del combustible), y ya no cubrirá los costos de transporte y distribución. En la práctica, esto reduciría el monto subsidiado.

La santacruceña Ana María Ianni (UP) cuestionó este recorte del subsidio automático a la zona fría y advirtió que el proyecto elimina el “piso legal” del 50% de descuento que tenían los usuarios patagónicos para dejarlo “al arbitrio de la firma de un ministro”.

El cambio ya genera reparos en provincias cuyos gobernadores han sido aliados circunstanciales del oficialismo en el Congreso, como Gustavo Sáenz (Salta). “No podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento”, sostuvo en X.

La propuesta del gobierno también modifica el circuito de pagos. El Estado pasará a compensar directamente a los productores y proveedores de gas, en lugar de hacerlo a través de las distribuidoras. El objetivo es evitar atrasos y deudas en la cadena, un problema recurrente en el sistema actual.

El financiamiento del régimen de Zona Fría seguirá siendo solventado por el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas a través del recargo de 7,5% en las facturas finales. El proyecto establece que el recargo en las facturas que reciben todos los hogares del país para financiar el esquema de subsidio podrá ser ajustado por el Poder Ejecutivo -al alza o a la baja- en un margen de hasta el 50%.

La iniciativa incluye, además, un capítulo de regularización para el mercado eléctrico mayorista. Propone un esquema excepcional para que distribuidoras con deudas con Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico) puedan cancelarlas mediante compensaciones vinculadas a créditos acumulados durante los períodos de congelamiento tarifario.

En paralelo, establece nuevas pautas de transparencia en las facturas: los costos de la energía deberán trasladarse de manera directa a las tarifas y se busca limitar la inclusión de tributos locales ajenos al servicio.

Como contrapartida a los recortes, el proyecto extiende beneficios fiscales para energías renovables hasta 2045 y propone eliminar regímenes de promoción y acceso a divisas para el sector hidrocarburífero, con el argumento de reducir gastos tributarios.

Puntualmente establece una prórroga a la ley 27.191 de energías renovables y propone la eliminación del decreto 929/2013, que fijó un régimen de promoción para Vaca Muerta que permitió a las petroleras exportar libremente el 20% de la producción a partir de inversiones de 250 millones de dólares.

Tettamanti defendió mantener la estabilidad tributaria para los proyectos de energías renovables. Señaló que actualmente representan cerca del 20% de la generación eléctrica del país y destacó que son la fuente que más rápidamente incorpora nueva potencia al sistema.

El nuevo esquema de zonas frías, en caso de aprobarse, tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

La Corte Suprema le dio ingreso a la causa que promovieron 59 universidades nacionales contra el Poder Ejecutivo y quedó en condiciones de resolver si deja firme la medida cautelar dictada contra el Gobierno. Los jueces, sin embargo, no tienen aún un plazo fijado para resolver.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) les pidió este martes que se expidan “a la mayor brevedad posible” y que dejen firme la cautelar que le impone al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario.

La cautelar en cuestión fue dictada por el juez de primera instancia Martín Cormick y ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Pero no está vigente porque el Gobierno presentó un recurso extraordinario y la Cámara le habilitó el camino a la Corte.

Con esta instancia abierta, Cormick frenó la implementación de su medida cautelar hasta que la Corte decida.

En este momento, las tres instancias tienen decisiones por tomar. Cormick tiene pendiente pronunciarse sobre el fondo del amparo; es decir, si le exige al Poder Ejecutivo el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario (lo resuelto hasta ahora es sólo la cautelar). La Corte, en tanto, tiene a estudio el pedido del Gobierno para que la cautelar quede sin efecto, y la Cámara de Apelaciones recibió un planteo de las universidades para que revise la suspensión de la cautelar que dispuso Cormick.

El abogado constitucionalista Pablo Manili, que representa al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), dijo a que la Cámara debe restablecer la cautelar porque la ley sostiene que una sentencia de primera instancia ratificada por la Cámara debe ejecutarse, aunque la Corte tenga a estudio un recurso extraordinario.

El artículo que citan las universidades es el 258 del Código Civil y Comercial, que dice que si una sentencia de la cámara “fuese confirmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solicitar la ejecución de aquélla, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera revocado por la Corte Suprema”.

“El 258 es categórico: tienen que darle luz verde al incidente de ejecución de la cautelar”, dijo Manili a . Si la Cámara actuara como espera el abogado, la cautelar entraría en vigencia de inmediato, sin esperar una definición de la Corte Suprema.

Las universidades se quejan de la estrategia del Gobierno de demorar los trámites. Cuestionan que haya recusado a todos los jueces; incluidos los tres ministros de la Corte Suprema, que deberá tratar esas recusaciones antes de decidir sobre el destino de la cautelar.

“Es la primera vez en la historia que un gobierno litiga en contra de las universidades para no cumplir una ley”, dijo Manili.

Las universidades celebran, en cambio, la celeridad con la que la Corte le dio ingreso formal al expediente, ni bien lo recibió, con una breve resolución que dice “Autos”.

El constitucionalista Gustavo Arballo explicó en X que “Autos” es la expresión recortada del clásico “Llamamiento de autos para despacho”, que significa que el tribunal recibió la causa y está a la consideración de los ministros. Arballo advierte que esta expresión de la Corte “no necesariamente es indicio de pronta resolución”.

El camino de la ley

La Ley de Financiamiento Universitario, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023, fue aprobada por el Congreso el 22 de agosto pasado. Tras el veto presidencial, ambas cámaras la sostuvieron.

En el último día del plazo para hacerlo, en octubre pasado, el Gobierno finalmente la promulgó, pero nunca la aplicó. Al igual que sucedió con la Ley de Discapacidad, el Ejecutivo argumentó que no lo haría hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Fue por eso que los rectores decidieron ir a la Justicia.

El 29 de octubre de 2025, el CIN interpuso su acción de amparo contra el Estado Nacional. El 23 de diciembre de 2025, el juez Cormick ordenó el inmediato cumplimiento del artículo 5 y 6, que refieren a las actualizaciones salariales y de las becas, y el 29 de diciembre de 2025, el Estado apeló la medida.

El 31 de marzo de 2026, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la medida cautelar a favor de las universidades.

El Gobierno presentó entonces su recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema y la Cámara se lo concedió. Por eso, Cormick frenó la implementación de la cautelar.