A paso lento se mueve la promesa de cancelación de la deuda que arrastra la obra social de los militares, estimada en $2.100.000 millones. Mientras tanto, la crisis se profundiza a partir del cierre de las 31 farmacias propias y una decena de centros médicos, a lo que podría sumarse la desactivación de algunas delegaciones en el interior.

Todo se da en un contexto de prestaciones cortadas que afecta a gran parte de los 330.000 afiliados que reúne hoy la Obra Social de las Fuerzas Armadas. También hay denuncias de despidos, como viene reclamando la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Como publicó , las autoridades de la obra social negocian el pago de gran parte del pasivo con unos 30 grandes acreedores, aunque la deuda se extiende a unos 2.000 prestadores, entre los que se encuentran clínicas, farmacias, laboratorios, asociaciones y colegios profesionales.

Según pudo saber , la obra social ofrece tres opciones a los acreedores: cobrar el valor histórico de la deuda, sin actualización y con una quita del 50%; recibir el pago en tres cuotas, con una quita del 25% y aceptar el pago en 12 cuotas, sin quita.

En todos los casos, la propuesta incluye la condición de que se comprometan a continuar los servicios. Si no, la única alternativa sería reclamar la deuda en un juicio.

El administrador del proceso de liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), Gonzalo Secchi, ordenó “cerrar y dar de baja” la red de 31 farmacias propias distribuidas en todo el país, desde la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza hasta Bahía Blanca, Puerto Belgrano, Mar del Plata y Ushuaia, entre otros sitios.

Similar destino les esperaría a los centros médicos localizados en Morón, Devoto, Olivos, Quilmes y Lomas de Zamora, entre otros.

Y avanzaría un plan para mantener solo trece de las 24 delegaciones actualmente en funciones en todo el país.

“Un nuevo modelo”

Según explicaron fuentes de la obra social militar, el objetivo de los cambios es “transformar el modelo de funcionamiento para tener atención médica de calidad y una organización financieramente sustentable”.

Respecto de la prometida cancelación de la deuda, se abonaron reintegros y pagos pendientes a prestadores por más de $14.800 millones. “Es más de la mitad de la deuda en concepto de reintegros solicitados por afiliados”, se explicó. En cuanto a la deuda con prestadores, se firmaron y pagaron más de 500 acuerdos, sobre un total cercano al millar.

Ante una consulta de , en la obra social de los militares confirmaron que el modelo para la atención de afiliados en farmacias no será a través de una red propia, dado que ese sistema “generaba un déficit superior a los 7000 millones de pesos”.

Las autoridades insisten en que “la prioridad es sanear la obra social, lo que implica recuperar prestaciones, saldar la deuda e implementar un modelo de funcionamiento en OSFA –la nueva obra social constituida por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti–, para que no se repita lo que sucedió con el IOSFA”, tal la denominación anterior de la entidad, que reunía también a las fuerzas de seguridad y es la que acumuló la suculenta deuda.

En el nuevo esquema, los hoteles y centros recreativos no constituyen una prioridad, por lo que ya comenzaron a ser cedidos a las propias Fuerzas Armadas, que los ofrecen en las redes como centros residenciales.

Un día después de una jornada clave en el Congreso, donde el oficialismo nacional logró frenar una sesión especial gracias a los gobernadores aliados, varios mandatarios se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con nuevos pedidos de obras de infraestructura.

Los más cercanos a la Casa Rosada insistieron en la necesidad de “acuerdos federales” y “una visión federal”.

Minutos antes del inicio del encuentro, Diego Santilli lanzó una dura advertencia. El jefe de Gabinete sostuvo que si Axel Kicillof ganara las elecciones “los que tendrían que estar preocupados son los gobernadores”. “Volverían los cortes de rutas, los piquetes, la quita de coparticipación, en el sur avanzarían las tomas de tierras, se ocuparían campos, dicen que quieren retroceder con los regímenes de inversión, imaginen cómo impactaría en Neuquén y Río Negro, qué pasaría con Córdoba si vuelve la 125 con las retenciones, qué pasaría con el gobernador de Santa Fe si lo vuelven a dejar solo en la lucha contra el narcotráfico, qué pasaría en Salta con la minería”, detalló.

Encargado de alcanzar acuerdos políticos con las provincias, el jefe de Gabinete -quien también pasará por el encuentro del CFI junto con Federico Sturzenegger- afirmó en declaraciones a Radio Mitre, “nosotros trabajamos con los gobernadores que creen en un país distinto, que siguen luchando para que lleguen sus inversiones y para que se genere trabajo en sus provincias”.

Por la reunión del CFI pasó Kicillof (quien ayer estuvo en la plaza del Congreso), el cordobés Martín Llaryora, el santiagueño Elías Suárez y el entrerriano Rogelio Frigerio, quienes compartieron la mesa de arranque, en la que el diagnóstico común fue que la Argentina tiene serios problemas de infraestructura, que encarece el traslado de productos y quita competitividad.

Con más o menos intensidad, todos señalaron que la Nación debe poner en marcha un plan federal de infraestructura.

El anfitrión de la Cumbre Federal de Logística es Ignacio Lamothe, un peronista que tiene vínculo con todos los mandatarios provinciales. Recibió sus elogios a lo largo de la jornada por el financiamiento y la asistencia técnica del organismo.

Esos planteos contrastan con los cuestionamientos libertarios, que apuntan a que el CFI es una “caja política” de los gobernadores.

Referentes de la Casa Rosada lo ven como un espacio donde los mandatarios provinciales diseñan estrategias de confrontación.

Hace poco más de un año, de una reunión de todos los gobernadores en el CFI surgieron los proyectos de ley para una nueva distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles. Fue la primera y única vez de reacción conjunta.

De la cumbre de logística participan técnicos y empresarios del sector; unas mil personas siguieron las exposiciones de los mandatarios.

En la mesa de los gobernadores prefirieron apuntar a los consensos que mantienen y subrayar la necesidad de que el país logre continuidad sobre determinadas políticas públicas, como es la relacionada a infraestructura.

En contacto con , Llaryora señaló que entre los gobernadores, la charla previa se centró sobre el efecto del Súper Niño: “Estamos todos muy preocupados, y comentamos lo que venimos haciendo cada uno ya que ya hay situaciones complicadas. Insisto en que es necesario una economía ordenada, pero también infraestructura, y plan industrial”.

Fuentes de Frigerio confirmaron que “no hubo” mención a la agenda nacional en el Congreso y que esas negociaciones son individuales entre la Casa Rosada y cada gobernador. “Cada uno está concentrado en lo suyo”, deslizaron.

Todos los mandatarios prefirieron irse sin tener contacto con los periodistas y no hubo referencias a las declaraciones de Santilli que apuntó a qué pasaría con Neuquén y Río Negro y los proyectos vinculados con Vaca Muerta y la infraestructura de exportación de hidrocarburos, si Kicillof llega al poder y revisa el RIGI.

La infraestructura es el tema permanente de reclamo de los gobernadores de todos los colores políticos. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei vienen reclamando por el freno a la obra pública. El modelo elegido por Luis Caputo es el de las concesiones para las rutas; hace poco firmó la de ocho corredores viales que atraviesan 11 provincias.