POLITICA
Autarquía judicial: el proyecto impulsado por la Corte Suprema bonaerense podría naufragar por la falta de apoyo de Kicillof
LA PLATA.- La autarquía financiera y funcional del Poder Judicial impulsada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires ante la Legislatura, a fin de cortar la dependencia económica del Ejecutivo, enfrentará dilaciones por falta de consenso político.
“No veo que salga”, dijo a uno de los presidentes de los bloques peronistas. Sin el aval clave del oficialismo, el proyecto redactado por el máximo tribunal provincial de Justicia está destinado al archivo.
La iniciativa sí podría tener simpatía de otros bloques opositores, como La Libertad Avanza y la UCR. El radicalismo, incluso, ya había presentado una iniciativa similar en la Cámara de Diputados. Lo hicieron en minoría y el tema nunca prosperó. Allí el peronismo admite que es un asunto pendiente, pero afirman que será “complejo” abordarlo este año. “Kicillof reconoce que es legítimo. Pero dada la austeridad de los recursos financieros sólo podría ser aprobado en caso que no requiera más dinero”, sostuvo un diputado peronista que habló del tema con el gobernador bonaerense.
El presupuesto aprobado para este año para el Poder Judicial es de 1.755.396.177.000 pesos. De ese monto, alrededor de 1.158.808.343.000 son destinados a la administración de Justicia, que maneja la Suprema Corte. Otros 596.587.834.000 son asignados a la Procuración.
El 92% por ciento se orienta a sueldos, afirmó Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte. Detalló que no queda resto para infraestructura, tecnología, modernización e innovación.
“Durante años se ha postergado la decisión de dotar de autonomía al Poder Judicial. La autarquía no debe ser una concesión política ni un privilegio corporativo. Es una manda constitucional”, reclamó Torres.
“Un poder que depende de otro para definir su presupuesto, política salarial e infraestructura ve condicionada su capacidad de decidir con imparcialidad”, subrayó. Enseguida, agregó: “La participación del Poder Judicial en el presupuesto de la provincia está en torno al 3,4 o 4,5 por ciento. Y los recibe dentro de un esquema que no control”.
“No hay independencia real sin autonomía financiera. No hay política judicial posible con un presupuesto que en más de un 90 por ciento corresponde a salarios”, recalcó.
el Palacio de JusticiaSantiago Hafford –
“La verdadera independencia judicial no es un concepto abstracto, sino un límite real al avance del Estado sobre el individuo. No podemos hablar de libertad si el árbitro encargado de proteger nuestros derechos frente a los abusos del poder político depende económicamente de quienes debe controlar», puntualizó el diputado provincial de La Libertad Avanza, Pablo Morillo.
Y añadió: “La subordinación presupuestaria al Poder Ejecutivo es, en la práctica, una subordinación institucional que rompe la división de poderes. Para que la República sea una realidad y no una ficción jurídica, el Poder Judicial debe contar con autarquía financiera, permitiéndole gestionar sus propios recursos”.
Para Morillo, “garantizar un piso de recursos y autonomía presupuestaria no es un privilegio sectorial, sino una inversión en seguridad jurídica”.
Entre tanto, el diputado Valentín Miranda (UCR) es autor de un proyecto similar al presentado por la Suprema Corte que “busca saldar una deuda histórica con la división de poderes”. La iniciativa propone la autarquía financiera y la autonomía presupuestaria del Poder Judicial para garantizar que deje de depender de las partidas discrecionales del Ejecutivo para su funcionamiento diario.
En la Cámara baja, el peronismo es la primera minoría. Tiene capacidad para frenar el proyecto a menos que todos los demás se unan.
En el senado, el poder del PJ es mucho mayor: cuenta ahora con 24 de los 46 senadores. Por lo tanto, tiene poder de veto. Esto implica que no avanzará sólo con el aval opositor si el Poder Ejecutivo no habilita los recursos.
El proyecto de autonomía presupuestaría y de autarquía económica para el poder judicial cuenta con el respaldo del Colegio de Magistrados y Funcionarios (CMFBSAS), la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) y los colegios de Abogados; con la adhesión de múltiples poderes judiciales del país, incluida la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus).
Acompañan con su firma al proyecto de ley el presidente del CMFBSAS, Matías Rappazzo, la presidenta de la Comisión de Funcionarios de esa entidad, Erika Rodríguez Merino; el presidente del Colegio de Abogados provincial (COLPROBA), Bienvenido Rodríguez Basalo; y el secretario general de la AJB, Hugo Daniel Russo.
¿De qué se trata exactamente el proyecto que tiene consenso en el ámbito judicial, pero que resiste el peronismo?
Instala un régimen de autonomía presupuestaria y autarquía económico financiera al Poder Judicial. La Suprema Corte estaría en ejercicio para elaborar su proyecto de presupuesto para todas las áreas de justicia, incluyendo al ministerio Público. Y sería la encargada de remitirlo directamente a la Legislatura.
Supone que el 65 por ciento de los recursos se destinen a administración de justicia y 35 por ciento, al ministerio público. Y la creación de una cuenta autárquica bajo administración de la Suprema Corte, en el Banco provincia.
Además, propone la creación de un Fondo Fiduciario de Infraestructura e Innovación y de una comisión bicameral de seguimiento legislativo.
La discusión sobre la autarquía está postergada al igual que el debate sobre las vacantes en la Suprema Corte y el cargo de subprocurador.
El artículo 75° de la Constitución dispone que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Procurador y Subprocurador general serán designados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Senado, otorgado en sesión pública por mayoría absoluta de sus miembros.
El peronismo tiene mayoría. No necesita consensuar con la oposición, pero lo complica la interna entre las distintas tribus internas.
En concreto, el PJ no avanzará con el impulso de los pliegos de los ministros en el corto plazo, al menos hasta que no esté bien cerrado un acuerdo que explora para el reparto entre los distintos espacios que conforman los bloques del oficialismo. En principio, un ministro será postulado por Kicillof, uno por el Frente Renovador, uno por el kirchnerismo y se le dará un asiento en la Corte a la oposición.
María José Lucesole,Conforme a
POLITICA
El oficialismo apura la fecha para que Manuel Adorni brinde su informe de gestión en el Senado
La fecha para que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, concurra al Senado a brindar su informe de gestión aparece como una posible salida a la presión de la oposición. La propuesta será llevada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del oficialismo, a la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel para el miércoles 17 a las 18.
Según pudo saber TN al consultar a una alta fuente libertaria, el planteo busca responder a una de las principales quejas de los bloques opositores: saber cuándo Adorni asistirá al Congreso. La Cámara alta tiene previsto sesionar el jueves 18 con una agenda que incluye temas de interés del oficialismo, aunque la oposición dialoguista pidió antes resolver la situación del ministro coordinador.
La presión de Villarruel y el reclamo opositor
“Esta obligación es, al menos, una vez al mes. Sin embargo, el jefe de Gabinete no lo hace desde que asumiera en noviembre del 2025”, planteó Villarruel al convocar a los jefes de bancada para la semana próxima.
La agenda del Senado incluye el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, solicitado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y los pliegos ya dictaminados para cubrir cargos judiciales, principalmente en el fuero laboral. Sin embargo, la discusión quedó atravesada por el pedido para que Adorni se presente ante la Cámara alta.
Fijar una fecha para su exposición podría funcionar como una primera salida política ante la presión legislativa.
La declaración jurada que complicó al jefe de Gabinete
La situación política de Adorni se agravó a partir de la presentación de su declaración jurada de bienes y de sus declaraciones periodísticas para justificar el ocultamiento de 500.000 dólares en sus presentaciones anteriores.
A los cuestionamientos de sectores aliados como la UCR y el PRO se sumaron también dirigentes referenciados en Juan Schiaretti y Carlos Gutiérrez desde la Cámara de Diputados.
En el Senado, las bancadas del PRO y de la UCR, que lideran Martín Goerling Lara y Eduardo Vischi, también solicitaron la presencia del ministro en el recinto.
Leé también: El PRO presiona a Javier Milei: “Queremos que defienda el cambio en vez de defender a Manuel Adorni”
“Adorni nunca vino a rendir cuentas”, señaló Goerling Lara, y recordó que la última presentación de un jefe de Gabinete en la Cámara alta fue el 26 de junio de 2025, cuando concurrió el entonces ministro Guillermo Francos.
Los pedidos de interpelación son impulsados por la oposición más dura en ambas cámaras del Congreso. En el Senado ingresó una presentación firmada por legisladores del interbloque Justicialista, entre ellos José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Martín Soria.
En Diputados, los reclamos fueron acompañados por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, los radicales críticos, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda y los monobloques de Marcela Pagano y Natalia de la Sota.
El jefe de UxP, Germán Martínez, encabezó la presentación: “Manuel Adorni le mintió en la cara a los 47 millones de argentinos y a los 257 diputados nacionales. Es urgente aplicar el art. 101 de la Constitución Nacional”, dijo.
El artículo 101 de la Constitución Nacional establece las facultades y obligaciones del jefe de Gabinete. Entre ellas, habilita al Congreso a interpelarlo, someterlo a una moción de censura y, eventualmente, removerlo mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.
En la misma línea, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro pidió directamente su remoción: “Los argentinos no merecen un jefe de Gabinete que miente descaradamente para “justificar” su patrimonio. Es inadmisible que siga en su cargo”.
Manuel Adorni, Senado, Patricia Bullrich
Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, denunciaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la presunta comisión del delito de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025.
La presentación judicial sostiene que el funcionario habría incurrido en el delito de falsedad ideológica al ocultar deliberadamente activos e inmuebles durante su gestión, contraviniendo los principios de transparencia exigidos por la Ley de Ética Pública.
En el texto de la denuncia, los legisladores subrayan que Adorni, quien posee formación profesional como contador, atribuyó las omisiones a un “error involuntario” por desconocimiento de las obligaciones legales.
Sin embargo, la presentación desestima el argumento y sostiene que el ocultamiento de bienes —que incluyen criptomonedas, dinero en efectivo y propiedades— evidencia una “intención deliberada” de eludir tanto los controles de legalidad como las obligaciones tributarias correspondientes.
Todavía no se sorteó el juzgado que definirá si avanza con la nueva denuncia, pero es posible que finalmente quede en manos del juez Ariel Lijo, quien tiene en su poder las otras denuncias.
La denuncia también hace foco en el perjuicio institucional generado por las declaraciones públicas del funcionario, quien pasó de afirmar que su patrimonio estaba correctamente declarado a admitir ante la opinión pública que mantenía activos fuera del circuito formal.
Adorni reconoció el miércoles pasado que escondió ingresos en sus declaraciones juradas por unos US$500.000; según él, provenientes de una inversión previa a llegar al Gobierno. Aspira a que eso lo ayude en su causa por enriquecimiento ilícito, donde debe explicar el salto en su nivel de vida, pero quedó al límite de la confesión de otro delito: el de omisión maliciosa.
El artículo 268 (3) del Código Penal castiga a quien, por su cargo, “estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo” y a quien «maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas».
La pena de la “omisión maliciosa” es de quince días a dos años de prisión y de inhabilitación perpetua. Es un delito más leve que el de enriquecimiento ilícito, que Adorni aspira a eludir con esta admisión.
En la investigación que está en marcha en los tribunales de Comodoro Py ya estaba claro que los ingresos declarados por él no bastaban para explicar los más de 406.681 US$ en gastos -sin contar los corrientes- que se le detectaron desde que es funcionario. A eso se suman los 335.000 US$ en nuevas deudas. Tal como informó , a los investigadores los números no les cierran (sobre todo, los gastos) y el fiscal Gerardo Pollicita se preparaba para avanzar contra Adorni con un requerimiento para que justifique sus bienes.
reconoció el miércoles pasado,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Análisis. La “ocultación” como política de Estado,,Minuto a minuto. Santilli, ministro del Interior, se reunió con los gobernadores de Chaco y San Juan,,Repercusiones del caso Adorni. La publicación de Elisa Carrió sobre el Gobierno y la corrupción
POLITICA
La extitular de la UIF sostuvo que el accionar de Adorni podría configurar el delito de “lavado de activos”
Alicia López, extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), cuestionó las explicaciones del jefe de Gabinete Manuel Adorni sobre la incorporación de activos no declarados en sus declaraciones patrimoniales.
En diálogo con Infobae al Amanecer, advirtió sobre dificultades técnicas y legales en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y señaló una posible derivación hacia lavado de activos.
La exposición pública de Adorni, quien admitió haber ahorrado en negro y justificó la existencia de fondos sin declarar a través de inversiones en Bitcoin entre 2013 y 2018, motivó la presentación de nuevas declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La rectificación patrimonial incorpora USD 513.000 en criptomonedas y concentra el eje de la investigación judicial.
La extitular de la UIF sostuvo que la estrategia declarativa de Adorni implica riesgos penales más graves que los discutidos al inicio. Según López, “es grave porque Adorni en una de las declaraciones dijo: ‘Yo ahorré en negro, o sea, soy evasor, como todas las personas’. Entonces, está diciendo que todas las personas son evasores, que también es un delito. Es un delito tributario”.
La especialista explicó que, como las inversiones declaradas por Adorni corresponden a un período anterior a su desempeño como funcionario público, la figura de enriquecimiento ilícito pierde peso y la investigación podría encuadrarse en el delito de lavado de activos. “En la ley que se modificó del lavado de activos en 2012, el delito tributario pasó a ser un delito antecedente. Por ende, en el periodo que él está declarando, al no ser funcionario público, este origen espurio entra dentro de la configuración del delito de lavado de activos”, indicó.
También planteó que la situación procesal de Adorni y del fiscal a cargo se vuelve más compleja por la necesidad de demostrar el origen y la trazabilidad del dinero involucrado, en especial por la naturaleza de las inversiones en criptomonedas.
Las dudas sobre el relato patrimonial
Para la exfuncionaria, el argumento de Adorni resulta poco verosímil desde el punto de vista técnico y de la experiencia del mercado. “Me da la impresión que Adorni se metió en un tema que está mal asesorado. Primero porque habla de colocaciones que hizo en un periodo, 2013-2018, yo soy contadora y en el 2013 poco y nada podía saber de las inversiones en criptomonedas, bitcoin fundamentalmente, y tampoco me hubiera atrevido a utilizar mis ahorros en algo que desconocía. La conclusión es poco creíble, esa es la realidad”, sentenció.
López consideró que las inconsistencias en los relatos de Adorni se suman a otras declaraciones previas cuestionadas y que la rectificación patrimonial no despeja las sospechas. “Es poco creíble todo lo que dijo antes. O sea que esto es algo que viene a acompañar todas las cosas que dijo antes con dos jubiladas, con mutuos, exactamente”.
López advirtió que la operatoria con criptomonedas dificulta la posibilidad de probar el origen de los fondos y su titularidad real. “Cuando vos iniciaste el ahorro en cripto, tuviste que tener cash. No hay forma de iniciar ninguna inversión si no es a través de cash. Hay que encontrar a dónde lo depositó”, explicó.
La extitular de la UIF detalló que, para acreditar la legitimidad de la inversión, Adorni debería presentar comprobantes financieros de una entidad reconocida que respalden el movimiento inicial de fondos. “Lo que sirve es el comprobante financiero de una entidad en la cual él puso el dinero cash y que le otorgó ese algoritmo”, señaló.
López agregó que las criptomonedas adquiridas en negro y la ausencia de regulación en 2013 dificultan la reconstrucción documental. “El primer problema es encontrar en dónde se puso el dinero. Si es que se transforma en lavado de activos, como yo pienso, porque no era funcionario público, ya ahora queda en manos de la Justicia empezar a demostrar toda esta trazabilidad”, afirmó.
Además, mencionó la posibilidad de simular titularidad mediante la compra de billeteras virtuales ajenas. “Una persona que tenía una billetera en 2013, son algoritmos y tienen una clave secreta, o sea, no dice que es Adorni. Él perfectamente le pueden dar una de aquella época y decir: ‘Es esta’”.
En su intervención, López también repasó el uso de instrumentos como los mutuos y las operaciones back to back en maniobras de lavado de dinero. “Los mutuos son muy utilizados por los lavadores. Porque es un instrumento válido para el back to back. Yo te doy la plata y vos me prestás algo. Y se registra todo en un mutuo”, comentó.
La exfuncionaria expresó su escepticismo sobre la transparencia y el control de los nuevos instrumentos financieros no regulados, y sostuvo que las explicaciones de Adorni resultan insuficientes para sostener su versión. “Me parece que realmente cada vez la va empeorando más”, cerró.
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