POLITICA
Autopistas del Sol: un fallo que alivia al Pro, resuena en el Real Madrid y obliga al Gobierno a definir las tarifas

Manejar por la Panamericana es hoy el mejor negocio que le queda a un automovilista para entrar a Buenos Aires. Según los cálculos del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial, un auto paga en hora pico unos $20 por kilómetro en el Acceso Norte contra $40 en el Acceso Oeste, $50 en la Riccheri-Ezeiza-Cañuelas, $83 en el Camino del Buen Ayre, $90 en la autopista Buenos Aires-La Plata y hasta $403 en las autopistas porteñas de AUSA.
Autopistas del Sol, la única concesionaria sobreviviente de las privatizaciones de los años 90, opera el peaje más barato de todos los accesos al Área Metropolitana. Y ese dato, que hasta ahora era una curiosidad de nicho para especialistas en tránsito, se volvió un tema de otra escala: la Justicia acaba de darle la razón a la empresa en la causa penal que la perseguía desde 2019, y con ese fallo bajo el brazo, lo que viene es una renegociación tarifaria que va a intentar cerrar esa brecha.
La causa penal 4730/19, que durante siete años puso bajo sospecha judicial la renegociación de los contratos de peaje más sensibles del área metropolitana, quedó cerrada de manera definitiva. Fue una mirada ideológica y política de la dupla que compusieron el expresidente Alberto Fernández y su ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Hubo conferencias, anuncios de nulidad, causas penales, amenazas y demás. Esa decisión del kirchnerismo frenó la suba de tarifas, pero sobre todo, el programa de inversiones previsto.
El juez Daniel Rafecas sobreseyó al expresidente de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), Andrés Barberis, y descartó por completo la hipótesis de que el Estado hubiera sufrido un perjuicio económico con los Acuerdos Integrales de Renegociación (AIR) firmados en 2018 durante el gobierno de Mauricio Macri.
Los procesamientos que aún pesaban sobre los exfuncionarios de Cambiemos que negociaron esos contratos —Javier Iguacel, Guillermo Dietrich, Bernardo Saravia Frías y Ricardo Stoddart— también terminaron por caer, aunque por una vía distinta: la prescripción, declarada entre junio y julio de este año. Ninguna de las resoluciones fue apelada por la Fiscalía, la Dirección Nacional de Vialidad ni la Unidad de Información Financiera (UIF), que actuaban como querellantes, por lo que todas quedaron firmes.
El expediente es, en rigor, un desprendimiento de la causa que investigó el otorgamiento de la obra pública durante el gobierno de Macri. Por eso la primera lectura del fallo es política: alivia al Pro. La pieza central de la absolución fue un informe pericial interdisciplinario, elaborado en 2023 por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema junto con expertos de las partes y suscripto sin disidencias, que concluyó que los AIR no generaron perjuicio económico al Estado. Todo lo contrario: según la valoración del juzgado, esos acuerdos le permitieron al Estado saldar de una manera menos gravosa una deuda que arrastraba desde los años 90 por inversiones no amortizadas.
En ese marco, el tribunal sobreseyó al expresidente de la concesionaria y descartó que la renegociación pactada durante la gestión de Macri le hubiera generado algún perjuicio económico al Estado. Para los exfuncionarios de Cambiemos, siete años después de la denuncia, la principal imputación en su contra —haber beneficiado indebidamente a las concesionarias— quedó sin sustento pericial y sin condena.
La segunda derivación cruza el Atlántico y llega hasta el Santiago Bernabéu. Ausol está controlada por el grupo español Abertis Infraestructuras, que posee el 31,6% de sus acciones (el resto se reparte entre la italiana Webuild, con 19,82%, la argentina Natal Inversiones y el mercado); en GCO, la participación de Abertis a través de Acesa trepa al 42,9%. Abertis, a su vez, es controlada por ACS y la italiana Mundys. Y ACS tiene un presidente que en la Argentina es mucho más conocido por otro cargo: Florentino Pérez, que preside la constructora española desde 1993 y desde 2009 también el Real Madrid.
El fallo de Rafecas no lo menciona, pero refuerza directamente la posición de la compañía que él conduce en dos frentes judiciales paralelos. Por un lado, la Justicia argentina, al descartar el perjuicio patrimonial, le quita piso a los reclamos que había impulsado el propio Estado contra el Acuerdo Integral de Renegociaón (AIR). Por otro, alimenta los argumentos de Abertis en el arbitraje que mantiene contra la Argentina ante el Ciadi, donde en 2024 cuantificó en 299,5 millones de dólares la indemnización que reclama por la reversión de las autopistas dispuesta durante el gobierno de Alberto Fernández.
A ese proceso se suman arbitrajes propios de Webuild, accionista de Ausol, y de la malaya IJM, socia en Grupo Concesionario del Oeste (GCO): todos giran, en mayor o menor medida, sobre la misma pregunta que la justicia penal acaba de responder a favor de las concesionarias.
La tercera lectura, y la que probablemente pese más en lo inmediato, es la que recae sobre el gobierno de Javier Milei. La administración libertaria heredó de Alberto Fernández una acción de lesividad que busca declarar nulos los decretos 607 y 608 de 2018, los mismos que ahora la pericia judicial validó como inocuos para las arcas públicas.
Milei no impulsó esa demanda, pero tampoco la retiró: los contratos de Ausol y GCO, que vencen en 2030, siguen cuestionados en los tribunales contencioso-administrativos mientras el propio Estado litiga para anularlos. Esa contradicción —contratos vigentes que el Estado a la vez pide que se anulen— es la que el fallo penal vuelve más difícil de sostener. Con la causa penal cerrada y la pericia oficial descartando el daño patrimonial que le dio origen a los decretos de lesividad, el argumento de fondo para insistir con la nulidad de los AIR pierde buena parte de su base.
Y ahí aparece la letra chica que a Ausol y GCO les interesa mucho más que cualquier sobreseimiento: la tarifa. Con la causa penal cerrada y la razonabilidad de los AIR confirmada por partida doble —pericia y sentencia firme—, la concesionaria tiene en la mano el argumento que necesitaba para reclamar lo que sostiene desde que Milei asumió: que sus peajes, congelados y atrasados frente al resto de los accesos a Buenos Aires, se acerquen a un esquema que le permita sostener el negocio hasta 2030.
La brecha con la Riccheri (recientemente concesionada), con la autopista a La Plata (en manos del gobierno de Axel Kicillof) o con las autopistas porteñas es demasiado ancha para sostenerse sin costo político, pero también demasiado tentadora para la empresa como para no exigir que se achique. Todo indica que la próxima escena de esta historia no se va a escribir en un juzgado, sino en una mesa de renegociación tarifaria entre Vialidad Nacional y las concesionarias, con el fallo de Rafecas como argumento de apertura y con los usuarios del Acceso Norte como los que terminen pagando la diferencia.
Hay otro punto no menor. Si el contrato no generó ningún daño patrimonial al Estado y no se declararía la nulidad, pues entonces lo que está vigente es lo que se firmó en 2018. Es decir, causa efectos desde entonces, entre ellos el cuadro tarifario atrasado y la prórroga de tiempo que llega a 2030.
Así las cosas, todo será motivo de renegociación. Y el principal acceso a la Ciudad, el que comunica los barrios más caros del conurbano con el territorio porteño, seguramente tendrá un peaje más caro. Al menos, irá a empardar al estatista Kicillof que, junto a Katopodis, ahora en el cargo de Obras Públicas provincial, aumentaron la tarifa muy por encima de lo que hizo el gobierno nacional con Ausol.
Diego Cabot,Transporte,Autopista panamericana,Comunidad de Negocios,Conforme a
POLITICA
El Gobierno logró una inestable tregua con sus aliados y toma aire en el Congreso para leyes clave

Después de estar un mes a la defensiva, el oficialismo en el Congreso logró recuperar casi por completo el control de la agenda y normalizó la relación con algunos de los bloques aliados que habían dejado trascender su malestar por los manejos de la Casa Rosada. Durante octubre, los libertarios se abocarán a avanzar en la Cámara de Diputados con los proyectos sobre Malvinas, la reforma en Discapacidad, los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y el Presupuesto 2027. La oposición, por su parte, luchará por mantener en el centro de la discusión pública los proyectos sobre endeudamiento y mora.
El martes, el oficialismo logró dar vuelta la página tras la polémica que se desencadenó por el ajuste en el área de Discapacidad que contenía el proyecto de Presupuesto 2027. Tras dos semanas de tensión, que incluyeron reclamos públicos de los bloques aliados y pases de factura entre los integrantes de la Mesa Política, los libertarios borraron de un plumazo el texto original que envió el Poder Ejecutivo y llegaron a un consenso con los bloques aliados.
La nueva iniciativa retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión. Sin embargo, ahora todas las partidas estarán incluidas en el Presupuesto y no dependerán de las reasignaciones que defina la Jefatura de Gabinete.
El dictamen representó una clara victoria política porque contó con el acompañamiento de bloques aliados y gobernadores. Si bien hubo acompañamientos “en disidencia”, como los misioneros y salteños de Argentina Federal, el apoyo de la UCR, el PRO, Producción y Trabajo (San Juan), el MID y La Neuquinidad le garantizarían cerca de 127 votos, por lo que los libertarios no deberán hacer grandes esfuerzos para sumar las dos voluntades que restan para llegar a la mayoría simple. De esta forma, la embestida de la oposición dura, que impulsaba la prórroga por un año de la Emergencia, quedó virtualmente neutralizada.

Aunque todavía quedan pendientes algunos reclamos de los aliados, como una redacción clara que ratifique que las prestaciones se actualizarán mensualmente por inflación y el cronograma de pago de las compensaciones adeudadas, el oficialismo prevé llevar el tema al recinto el próximo 7 de octubre.
Esa mega sesión también incluirá el proyecto para proteger los recursos del Atlántico Sur y reforzar el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas. El puntapié inicial del debate será el miércoles 30 de septiembre, en un plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, conducidas por los oficialistas Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente.
El cronograma continuará el martes 6 de octubre con otro plenario de comisiones donde los libertarios buscarán firmar dictamen. Así el texto quedará listo para debatirse en el recinto de la Cámara de Diputados al día siguiente.
Si bien todavía no hay confirmación oficial, fuentes del oficialismo señalaron a Infobae que la reforma del Banco Central también estará incluida en el temario de esa sesión. Los cambios en la Carta Orgánica que apuntan a garantizar la independencia de la entidad monetaria respecto del Poder Ejecutivo fueron aprobados este jueves en el Senado. Pero el texto que venía de Diputados sufrió una modificación importante, por lo que deberá volver en revisión a la Cámara de origen.
A instancia de los gobernadores, y con acuerdo del peronismo, se cambió la redacción en un punto clave: la mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras para remover a las autoridades del Banco Central fue reemplazada por una mayoría absoluta (37 votos afirmativos) solo en el Senado. Ese cambio fue aprobado casi por unanimidad (66 votos a favor y sólo dos en contra), por lo que será matemáticamente imposible que Diputados pueda insistir con el proyecto original (debería llegar a los dos tercios pero no puede lograrse sin el peronismo).

Por su parte, la oposición avanzará este martes 29 de septiembre con el dictamen de las iniciativas sobre endeudamiento. En estos días el peronismo y los bloques dialoguistas buscan unificar una propuesta que no tenga costo fiscal (para evitar un veto presidencial), mientras que el oficialismo y sus aliados presentarán una propuesta propia que tendrá como eje principal la concientización (sin ningún tipo de refinanciación obligatoria de las deudas). La oposición aún no define cuándo convocará a una sesión ya que no tienen los 129 votos del quórum asegurados.
Finalmente, durante el tramo final del año, oficialismo y oposición se abocarán a la negociación del Presupuesto 2027. El cronograma incluirá reuniones informativas el 13, el 14, el 20, el 21 y el 27 de octubre. En tanto que el miércoles 28 prevén firmar el dictamen para avanzar en el recinto el miércoles 4 de noviembre.
Esta negociación estará atravesada por el armado de las alianzas electorales de cara a los comicios del año que viene y condicionará directamente otro de los objetivos principales del Gobierno: la eliminación de las PASO.
celeste salguero/comunicación senado.-
POLITICA
Para garantizar la aprobación de la reforma de la carta orgánica del BCRA, el Gobierno prevé aceptar los cambios que introdujo el Senado

El Gobierno prevé ratificar en Diputados los cambios que introdujo el Senado a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, pese a las diferencias internas que generó la modificación del mecanismo para remover al presidente y a los directores de la entidad. La definición todavía debe terminar de ordenarse dentro del oficialismo y será uno de los temas de la mesa política del martes 29.
“La idea es convalidar los cambios”, responden en Nación sobre si el Ejecutivo intentará recuperar la versión original que Diputados aprobó el 26 de agosto. En el armado legislativo reconocen también que ven difícil conseguir la mayoría necesaria para revertir el cambio.
La diferencia principal está en el artículo 3. El proyecto aprobado originalmente por Diputados establecía que la remoción del presidente, vicepresidente y directores del BCRA debía contar con el respaldo de dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso. El Senado eliminó ese esquema y dispuso que la decisión quede exclusivamente en manos de la Cámara alta, por mayoría absoluta.
El cambio alcanza además al procedimiento de designación. La nueva redacción establece que los integrantes del directorio propuestos por el Poder Ejecutivo deberán contar con mayoría absoluta del Senado, y utiliza la misma mayoría para una eventual remoción.
La modificación fue aprobada en particular por 66 votos contra dos, con el respaldo del peronismo, pese a que ese bloque rechazó la reforma general. Esa votación tiene una consecuencia directa sobre el margen que tiene ahora la Cámara de Diputados.
El artículo 81 de la Constitución establece que, cuando la cámara revisora modifica un proyecto con dos tercios de los miembros presentes, la cámara de origen no puede recuperar su redacción original por mayoría simple. Para insistir en ese texto necesita también reunir dos tercios de los presentes.
Eso significa que Diputados puede aceptar la modificación del Senado con mayoría absoluta de los presentes, pero necesita dos tercios para restablecer el mecanismo original en el artículo modificado con esa mayoría agravada. Tampoco puede introducir una tercera redacción diferente durante esta instancia de revisión.
POLITICA
LLA analiza bajar a su candidato a gobernador en Chubut para acompañar la reelección de Torres

En Chubut, el tablero electoral de 2027 comenzó a ordenarse alrededor de una negociación que podría modificar la competencia por la gobernación: La Libertad Avanza analiza la posibilidad de resignar una candidatura propia y acoplarse al proyecto de reelección de Ignacio “Nacho” Torres.
El movimiento implicaría que el espacio libertario desista de presentar un postulante propio para la gobernación y se incorpore al armado que conduce el mandatario provincial. La definición forma parte de las conversaciones que la Casa Rosada mantiene con el oficialismo chubutense y se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno nacional para cerrar acuerdos electorales con dirigentes provinciales.
Torres, en diálogo con Infobae, reconoció la posibilidad de un acercamiento electoral con la Casa Rosada, aunque remarcó que todavía “faltan definiciones”.
La eventual candidatura de César Treffinger es uno de los puntos centrales de esa negociación. El diputado nacional de LLA había expresado su intención de competir por la gobernación, pero su postulación todavía no cuenta con una definición política de la conducción nacional del espacio.
En ese contexto, una alternativa que comenzó a tomar forma es que Treffinger deponga su aspiración provincial y sea considerado para una candidatura al Senado. Para la conducción libertaria, esa opción permitiría preservar a un dirigente propio dentro del armado electoral y, al mismo tiempo, avanzar en un acuerdo con Torres.
El propio Treffinger admitió ante su entorno la posibilidad de alcanzar un entendimiento con el gobernador y resignar su candidatura a la gobernación. La decisión, en ese caso, quedaría supeditada a la estrategia que definan los principales armadores nacionales de La Libertad Avanza.
La negociación tiene una lógica estrictamente electoral: si LLA finalmente retira a su candidato, Torres ampliaría su base de sustentación y evitaría una competencia libertaria que podría fragmentar el electorado no peronista. Del otro lado, la Casa Rosada obtendría una vía para mantener presencia política en Chubut a través de un acuerdo con el oficialismo provincial.

El escenario también está condicionado por la posición del peronismo, que todavía no logró ordenar su oferta electoral. Juan Pablo Luque y Dante Bowen mantienen sus aspiraciones y disputan espacios de poder dentro del armado opositor. Esa interna constituye, por ahora, uno de los principales obstáculos para consolidar una candidatura competitiva frente a Torres.
Torres amplía su base política
Mientras LLA define qué hará, Torres avanza en la consolidación de una construcción política de alcance provincial. El gobernador busca ampliar su coalición y preservar una lógica de armado transversal, que reúne a sectores del PRO, radicales, peronistas disidentes y dirigentes libertarios.
En agosto, Torres respaldó el acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, aunque planteó que cualquier entendimiento debía construirse sobre una agenda común de gestión y desarrollo, y no limitarse a una alianza electoral.
“Los acuerdos tienen que venir de la mano de para qué nos juntamos. El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección”, sostuvo el mandatario.
La definición expone una de las claves de la estrategia del gobernador: ampliar su base electoral sin perder autonomía política frente a la Casa Rosada.
En Chubut, Torres ya gobierna con una coalición que excede al PRO y que incorporó dirigentes provenientes de distintos espacios políticos. La eventual incorporación formal de LLA significaría un nuevo salto en esa construcción y le permitiría llegar a 2027 con un frente electoral todavía más amplio.

La reciente interna radical también fortaleció el esquema del gobernador. La victoria de Gerardo Merino en Esquel fue interpretada dentro del oficialismo provincial como un respaldo al alineamiento de la UCR con Torres y a la continuidad de esa sociedad política.
El peronismo intenta ordenar su interna
Del otro lado del tablero, el peronismo chubutense comenzó a mover sus piezas, aunque todavía enfrenta dificultades para definir una conducción electoral común.
El principal nombre opositor es Juan Pablo Luque, quien fue derrotado por Torres en las elecciones de 2023, cuando puso fin a dos décadas de gobiernos peronistas en la provincia.
Pero Luque no es el único dirigente que pretende disputar el liderazgo del espacio. Dante Bowen, intendente de Dolavon, mantiene firme su intención de competir por la gobernación.

Bowen sostuvo que su carrera política solamente tendría continuidad si logra ser candidato a gobernador y descartó, al menos públicamente, la posibilidad de ocupar otro cargo dentro de un eventual armado peronista.
“Soy candidato a gobernador o me voy a mi casa”, resumió durante una entrevista televisiva.
La definición profundiza la tensión interna del peronismo, que deberá resolver primero su mecanismo de selección de candidaturas antes de intentar construir una estrategia común para enfrentar a Torres.
Una de las alternativas que circuló para ordenar el tablero consiste en que Luque vuelva a competir por la intendencia de Comodoro Rivadavia, cargo que ocupó entre 2019 y 2023, y deje despejado el camino provincial para Bowen.
Sin embargo, esa posibilidad todavía no forma parte de un acuerdo político consolidado.
“La razón por la que quiero ser gobernador es porque me preparé toda la vida para esto”, sostuvo Bowen, al explicar que su recorrido político estuvo orientado hacia ese objetivo.
La disputa entre ambos dirigentes se desarrolla mientras distintos sectores del peronismo buscan reconstruir una estructura capaz de competir por el poder provincial. La foto de unidad entre Luque y otros referentes, el diálogo con José Glinski y la construcción de Chubut Futuro, alineada con el Movimiento Derecho al Futuro que impulsa Axel Kicillof, forman parte de ese proceso de reconfiguración.
Por ahora, ninguna de las principales fuerzas terminó de cerrar sus candidaturas. Torres trabaja en ampliar su base política; el peronismo intenta resolver su disputa interna y La Libertad Avanza debe definir si competirá con una candidatura propia o si resignará esa postulación para integrarse al armado del gobernador.
La negociación entre la Casa Rosada y Torres puede convertirse, así, en una de las definiciones centrales del tablero electoral chubutense de cara a 2027.
Rolando Figueroa,Ignacio Torres,Alberto Weretilneck,gobernadores,política,Argentina
ECONOMIA2 días agoLa pobreza subió al 32,3% en el primer semestre del año y afectó a 15,5 millones de personas
INTERNACIONAL3 días agoEx-Democrat shares abortion pill experience that left her ‘hemorrhaging in the bath’
CHIMENTOS3 días agoFue un polémico participante de Gran Hermano, tuvo varios escándalos con una ex y se separó de su nueva novia a 2 años en medio de rumores de infidelidad



















