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ECONOMIA
Avanza en el Congreso la reforma para que todos puedan ingresar al Régimen de Ganancias Simplificado
El ministro de Economía, Luis Caputo, enviará este miércoles al Congreso al proyecto de modificación de la Ley de Inocencia Fiscal que permitirá que todas las personas adhieran al Régimen de Ganancias Simplificado. Podría incluir que aquellos que presenten por el régimen general por no cumplir los parámetros hoy vigentes puedan cambiar después, aunque esto también podría quedar en manos de ARCA.
Por qué todos podrán ingresar a Ganancias Simplificado
Expertos consultados por iProfesional, participantes de las reuniones que hubo en pasadas semanas entre contadores y el ministro Caputo, aseguran que está resuelto que todos puedan ingresar a Ganancias Simplificado, según comentaron los funcionarios, incluso los que ya hayan presentado por el régimen general.
Esos contadores calculan que el permiso para volver a presentar Ganancias por el Régimen Simplificado, si no se pudo hacer antes del vencimiento por superar los actuales límites de ingresos, tanto puede aparecer en la ley como ser establecido por resolución de ARCA con posterioridad.
Se prevé que, en el Congreso, la oposición trate de derogar la posibilidad de que también los funcionarios públicos puedan beneficiarse de la presunción de exactitud del año base (2025) y el tapón fiscal para los años no prescriptos (2022, 2023 y 2024).
Qué dice el proyecto de Ley de Inocencia Fiscal sobre residencia fiscal
Este proyecto de ley de Inocencia Fiscal propone una reforma integral que modifica normativas de índole tributaria y procedimental.
El apartado sobre Modificaciones de Procedimiento Tributario y el Régimen de «Inocencia Fiscal» (Leyes 11.683 y 27.799) introduce cambios sustanciales en la relación entre el contribuyente y el fisco, regulando la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias y delimitando estrictamente las facultades de fiscalización de ARCA.
Para adherirse o permanecer en el régimen, las personas humanas o sucesiones indivisas deben ser residentes fiscales durante la totalidad del período fiscal correspondiente. El incumplimiento de este requisito conlleva la exclusión por parte de ARCA y la habilitación para determinar de oficio y aplicar sanciones.
El requisito de residencia durante todo el año fiscal no se aplicará para quienes ejerzan la opción en el período fiscal 2025.
Qué pasa con los límites de ingresos y patrimonio
El proyecto elimina los límites máximos de $1.000 millones de ingresos anuales y de $10.000 millones de patrimonio para poder adherir a Ganancias Simplificado.
Incluso en el caso de Grandes Contribuyentes Nacionales, pueden adherir con el único fin de presentar la declaración y pagar en término, pero no gozarán de los beneficios, efectos ni presunciones del Régimen Simplificado.
La opción de adhesión se habilita para períodos fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2025.
Cómo es la definición y límites de la «Discrepancia Significativa»
La presunción de exactitud de las declaraciones simplificadas solo puede ser impugnada por ARCA si se detecta una discrepancia significativa. Se considera que esta existe si se verifica alguna de las siguientes condiciones:
1. Que la impugnación de ARCA arroje un incremento del impuesto o una reducción de quebrantos impositivos de al menos el 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.
Pero se introduce un «umbral de tolerancia», y no habrá discrepancia significativa si la diferencia determinada es menor al 5% del monto mínimo establecido en el Régimen Penal Tributario para evasión simple, esto es una diferencia inferior a $5 millones.
2. Que el incremento del impuesto determinado o la reducción de quebrantos supere de manera directa el umbral fijado por el Régimen Penal Tributario para la evasión simple, o sea, $100 millones.
3. Que se verifique la utilización de facturas o documentos falsos, o el cómputo improcedente de ingresos directos (retenciones, percepciones, anticipos o pagos a cuenta), resultando en un aumento del impuesto o disminución de saldos a favor o quebrantos. En este caso, no hay un mínimo.
Un punto clave es el efecto de las declaraciones rectificativas, ya que no se considerará discrepancia significativa la diferencia que surja si el contribuyente presenta una declaración rectificativa dentro de los 15 días hábiles de notificada la liquidación administrativa o determinación de oficio, siempre que regularice y cancele totalmente los saldos e intereses correspondientes.
Esto es un cambio importante respecto del régimen vigente, ya que se podía rectificar hasta la emisión de un Orden de Intervención por parte de ARCA (inicio de la fiscalización), y ahora hay tiempo hasta la determinación de oficio (fin de la fiscalización).
Cuáles es la regla de la prueba y las presunciones para ARCA
La carga de la prueba recae de forma exclusiva en ARCA, que únicamente podrá basarse en la información declarada por el contribuyente, sus sistemas internos o datos de terceros. Cualquier otro elemento carecerá de valor probatorio para impugnar el régimen.
Además, durante el período de vigencia de las operaciones bancarizadas reguladas por la Inocencia Fiscal, no se aplicarán las presunciones sobre incremento patrimonial no justificado y depósitos bancarios no justificados.
Otras presunciones no podrán utilizarse como fundamento exclusivo del ajuste y requerirán corroboración externa de sistemas o terceros.
Qué dice el proyecto sobre bancarización y lavado de dinero
Los contribuyentes deben instrumentar sus transacciones a través de medios autorizados por el BCRA o la CNV. El requisito se considera cumplido en operaciones inmobiliarias de escrituración pública pagadas en efectivo.
La constancia de adhesión al Régimen Simplificado será evaluada como un «antecedente favorable» para los Sujetos Obligados en el monitoreo de operaciones de lavado de activos. La UIF dictará normas complementarias al respecto.
El organismo recaudador facilitará APIs y consultas automatizadas para que los Sujetos Obligados (como los bancos) verifiquen el estado activo, de baja o exclusión de los clientes en este régimen.
Qué garantías se dan en litigios e infracciones previas
Si la impugnación de ARCA es revocada o anulada judicial o administrativamente con carácter firme, el fisco deberá devolver las sumas que el contribuyente haya tenido que pagar durante el proceso, junto con intereses, en un plazo máximo de 45 días hábiles.
Los contribuyentes que regularicen o hayan regularizado deudas de Ganancias o IVA anteriores a su adhesión quedarán eximidos de las multas de la Ley de Procedimiento Fiscal, siempre que no estén firmes y el contribuyente renuncie a acciones de repetición del impuesto.
La ley entrará en vigencia a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial. Las modificaciones procedimentales e impositivas surtirán efectos para períodos iniciados desde el 1 de enero de 2025.
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ECONOMIA
Una por una, las claves para entender el escándalo del Ueno Bank en Paraguay que derivó en una fuerte crisis política
El colapso del Ueno Bank derivó en una crisis financiera, judicial y política en Paraguay que, en pocos días, cambió el escenario del país. La decisión del Banco Central de intervenir y disolver la entidad dejó a millones de ahorristas sin acceso a su dinero, provocó la detención de directivos y terminó con la renuncia del presidente Santiago Peña.
El caso reúne varios planos que se entrelazan: el crecimiento de un banco que nació como una propuesta digital, las irregularidades que detectó el regulador, los vínculos políticos de sus protagonistas, la respuesta del Estado para devolver el dinero y las consecuencias que alcanzaron incluso a trabajadores en la Argentina.
Ueno Bank era una entidad con alcance masivo. Tenía 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, lo que equivale al 60% de la población adulta. Era el quinto banco del país por volumen de depósitos y el primero por cantidad de clientes. Al cierre de 2025 concentraba el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos de un sistema que cuenta con 16 bancos.
Esa dimensión explica por qué su caída tuvo un efecto inmediato. Además de particulares, la entidad administraba unos USD 850 millones de organismos estatales, entre ellos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de las jubilaciones y las prestaciones de salud.
Cómo nació y creció el banco
El origen de Ueno Bank se remonta a 2021, cuando el Grupo Vázquez compró la Financiera El Comercio. El grupo ya era dueño de la financiera Credicentro. La nueva marca empezó a operar con una propuesta centrada en la aplicación móvil y, tras obtener la autorización bancaria plena, comenzó a funcionar como banco en diciembre de 2023.
Su expansión se apoyó en la cartera de las dos entidades preexistentes, a la que sumó cuentas simples y de bajo costo operadas desde el celular. El salto decisivo llegó en junio de 2024, cuando absorbió a Visión Banco. Esa integración le sumó activos, pasivos y operaciones de una entidad ya instalada, y le permitió pasar de una plataforma enfocada en pagos y crédito de consumo a ofrecer cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones y servicios para empresas.
En marzo de este año, el banco emitió bonos por USD 350 millones con vencimiento en 2031. Fue el único banco local con títulos negociados en mercados internacionales y la tasa que le pidió el mercado fue menor al 7%, un nivel que no anticipaba dificultades.
Qué detectó el Banco Central
La tormenta empezó con un sumario del Banco Central del Paraguay (BCP). La investigación detectó créditos otorgados a empresas relacionadas con el Grupo Vázquez, controlante del banco. Según el organismo, esas operaciones derivaron en incumplimientos y en el deterioro de los indicadores de liquidez de la entidad. Por el peso del banco en el sistema, el regulador advirtió que existía un riesgo de que las dificultades se extendieran al resto.
Según el diario paraguayo Última Hora, en junio de 2026 Ueno Bank transfirió una cartera de créditos por USD 74,4 millones a una empresa vinculada, Vinanzas SA. La operación se hizo después de que la Superintendencia de Bancos le exigiera desprenderse de préstamos otorgados a esas compañías, e incluía acreencias sobre el Grupo Hendy, el Grupo M y MOWI, entre otras firmas relacionadas con el grupo.
El BCP encontró indicios de que Vinanzas, también vinculada a Ueno, no tenía recursos propios suficientes para pagar esa cartera y que habría sido financiada de manera indirecta por el propio banco. Para el Ministerio Público, ese mecanismo podría haber ocultado la situación patrimonial real de la entidad, ya que los créditos habrían quedado, en los hechos, bajo el financiamiento de la misma institución que los cedió.
La intervención y el congelamiento de los fondos
El martes 3 de noviembre, el BCP ordenó la intervención y disolución de Ueno Bank, luego de comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido por la normativa. El directorio dispuso el cierre de las operaciones, suspendió la aplicación móvil, las tarjetas y el resto de los servicios, y puso los activos y pasivos bajo administración del regulador.
Desde ese momento, los clientes no pudieron acceder a sus cuentas. Se formaron largas filas frente a las sucursales y hubo protestas nocturnas en Asunción.
El bloqueo alcanzó también al sector público y a otras instituciones. Los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), colocaciones a plazo fijo, dejaron de pagarse. Entre los afectados figuran el IPS, el Ministerio de Economía, la Confederación Sudamericana de Fútbol, sociedades de Bolsa, empresas y cajas de jubilaciones.
El vínculo político
El caso adquirió una dimensión política por los antecedentes de dos de sus protagonistas. El ahora ex presidente, Santiago Peña, fue accionista de Ueno Bank hasta marzo de 2025. Por su parte, Carlos Carvallo, titular del BCP, había presidido la entidad hasta julio de 2023, cuando dejó ese cargo para asumir en el Banco Central. Es decir, pasó de conducir el banco a encabezar el organismo que debía supervisarlo.
Al oficializarse la intervención, Peña le pidió la renuncia a Carvallo. Como reemplazo designó a Raúl Vera Bogado, economista y exministro de Industria, que ya había dirigido el Banco Central entre 2001 y 2002. También nombró a dos nuevos directores. El nombramiento de Vera Bogado deberá ser ratificado por el Senado.
La causa judicial
La Fiscalía imputó a 27 personas: ocho directivos de Ueno Bank y otras 19 vinculadas a empresas bajo investigación. Los fiscales Jorge Arce, Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera sostienen que, entre 2025 y 2026, se otorgaron préstamos y sobregiros a empresas del mismo grupo económico en condiciones que no se ajustaban a los parámetros habituales de evaluación de riesgo crediticio.
Los cargos son conducta indebida en situación de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de las normas sobre llevanza de libros de comercio.
Miguel Vásquez, mayor accionista y uno de los fundadores de la entidad, compareció junto a otros siete directivos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. El Ministerio Público pidió prisión preventiva para Vásquez y arresto domiciliario para el resto. Los directivos fueron trasladados esposados, con el rostro cubierto y chalecos antibalas, frente a manifestantes que los increpaban en las afueras de la sede fiscal.
Cómo se devuelve el dinero a los ahorristas
El BCP informó que los ahorristas recibirían un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes, unos 1.675 dólares. Después, el Congreso sancionó en tiempo récord una ley de emergencia, que Peña promulgó el miércoles de esta semana.
La norma habilita un anticipo del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD): cada depositante podrá cobrar hasta 40 salarios mínimos mensuales, equivalentes a 121,7 millones de guaraníes, unos 19.787 dólares. El Banco Central de Paraguay debe instrumentar el pago en un plazo de 24 horas y, como máximo, dentro de los cinco días hábiles posteriores a la entrada en vigencia de la ley.
Por su parte, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), que reúne a los 14 bancos privados del país, entre ellos Ueno, aseguró que el resto del sistema opera con normalidad.
El impacto en la Argentina
La crisis también tuvo efectos en Buenos Aires. Kaitel SRL Sucursal Argentina, que forma parte de ITTI, la compañía que presta servicios tecnológicos a unas 40 empresas del grupo vinculado a Ueno Bank, tiene más de 900 trabajadores en el país, según fuentes con conocimiento de la operación.
Parte del personal recibió una notificación de suspensión sin goce de haberes entre el 5 de noviembre y el 4 de diciembre de 2026. La empresa atribuyó la medida al “procedimiento de resolución e intervención de Ueno Bank dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP) y comunicado públicamente el 3 de noviembre”, que, según el correo, afectó los mecanismos de financiamiento de la compañía y provocó “la paralización temporal de sus actividades”.
Durante la suspensión, la relación laboral continúa vigente, los empleados deben retomar sus tareas el 5 de diciembre, salvo comunicación en contrario, y la empresa mantiene a su cargo la cobertura de medicina prepaga.
Empleados consultados por Infobae indicaron que no se acreditaron los depósitos ni en las cuentas locales en pesos ni en Deel, la plataforma que se usa para abonar un adicional. En Paraguay, según relataron, el personal cobró, pero el dinero estuvo disponible apenas tres horas antes del bloqueo de las cuentas. La empresa no informó cuántos trabajadores fueron suspendidos ni una fecha para cancelar los salarios pendientes.
El juicio político y la renuncia de Peña
La crisis bancaria derivó en un conflicto político. El miércoles, un grupo de diputados opositores y disidentes del oficialismo presentó ante la Cámara de Diputados un libelo acusatorio contra Peña y su vicepresidente, Pedro Alliana, amparado en el artículo 225 de la Constitución. El documento reunió 35 firmas y pidió una sesión extraordinaria para el jueves.
Peña difundió un video en esa red social en el que anunció su renuncia. Sin embargo, el Congreso no la aceptó. Diputados y senadores del Partido Colorado abandonaron el Congreso durante la votación, lo que dejó la sesión sin quórum. En medio de las versiones sobre su paradero, desde el Gobierno confirmaron que Peña permanece en Paraguay.
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El riesgo país duplicó el nivel respecto a julio. En el mercado advierten que la dinámica será alcista hasta que mejoren las expectativas electorales.
Puntos importantes
El riesgo país trepó a 850 puntos por inestabilidad política y externa, amenazando con llegar a 1.000 unidades.
La suba impide el acceso a crédito internacional y encarece el financiamiento para empresas locales.
El alza presiona al tipo de cambio y frena inversiones, aunque los fundamentos fiscales dan esperanza.
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ECONOMIA
La tormenta global volvió a impactar en el riesgo país argentino y suma más complicaciones para el año electoral
- El viento de fuerte sopla con fuerza: la caída en los mercados neoyorkinos es significativa, con un Nasdaq que ya perdió más de 12% en el mes, mientras que el S&P 500 cae 7%. El impacto se sintió sobre los bonos emergentes, pero es cierto que en el caso argentino el efecto fue mucho más importante.
- La incertidumbre electoral aumentó y es difícil que se diluya: sin un horizonte claro de lo que podría pasar en las elecciones es casi imposible que los inversores decidan apostar fuerte en Argentina. Más bien, todo el mundo está muy cauteloso y prefiere no dar pasos en falso, porque además no está claro dónde podría estar el piso de las cotizaciones de bonos y también de las acciones. El temor a un regreso del populismo sigue siendo el tema principal de preocupación para Wall Street.
- Se complicó el programa financiero: el año que viene hay que pagar USD 25.000 millones y con riesgo país en alza hay que cambiar varios de los supuestos que se habían fijado para el 2027. Esto también genera ruido, aunque podría considerarse algo que se encuentra en un segundo plano en lo que a preocupaciones del mercado se refiere.
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