El Papa León XIV visitará la Argentina los primeros días de noviembre. Será el segundo Pontífice en la historia en venir a nuestra tierra. Habrán pasado casi cuarenta años desde la última visita de Juan Pablo II, quien pisó y besó nuestro suelo en dos oportunidades (1982 y 1987). Uno se pregunta entonces, más allá de lo pastoral, cuáles pueden ser los temas en los que pondrá énfasis el Santo Padre, en sus homilías y discursos. Difícil saberlo exactamente, pero, no me caben dudas, que habrá de referirse en algún momento a lo tratado en su primera encíclica “Magnifica Humanitas” (Magnífica Humanidad), sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la Inteligencia Artificial. Es de notar, que la mayoría de los análisis que se han hecho sobre la encíclica, se han referido al tratamiento de lo que tiene que ver con los avances en el uso de la Inteligencia Artificial y sus posibles consecuencias, así como en la forma de regularla. Sin embargo, al leerla, uno puede hacer hincapié también en las referencias que hizo el Santo Padre sobre la Doctrina Social de la Iglesia, su carácter, evolución y los principios en los que se apoya; doctrina que, desde siempre ha despertado posiciones encontradas. Es a ello a lo que quiero referirme.

Respecto al carácter de la Doctrina Social, la encíclica nos recuerda que es dinámico, es decir que surge de una Iglesia “que camina con la humanidad”; que “reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política y, precisamente, por eso, aspira a servir al bien común”; que “se ofrece como una presencia que ayuda a leer en profundidad la realidad”; que se “sitúa a la par del mundo sin imponerse sobre él”. En una palabra, que la Iglesia, a través de su Doctrina Social, “participa con compromiso en los caminos a través de los cuales la sociedad misma crece y se organiza, y ofrece su contribución al logro de una convivencia más justa y fraterna”. “No es un manual de principios y normas que hay que aplicar, sino un camino de discernimiento comunitario”.

Promover o procurar el bien común, pareciera ser un principio que no debería generar demasiadas controversias: todo individuo es un ser en relación con otros y con una comunidad

En cuanto al desarrollo y evolución de la Doctrina Social, la encíclica parte de los tiempos en que fue promulgada la Rerum novarum, por parte de León XIII, en 1891, que trataba sobre la llamada “cuestión obrera”, hasta terminar mencionando las de Francisco, Laudato si y Fratelli Tutti, sobre el cuidado de la creación, la centralidad de la paz y la fraternidad. Asimismo, en la encíclica, León XIV, como un continuador de alguna manera de León XIII, no sólo por el nombre elegido, sino por esta primera temática abordada, nos recuerda los cinco principios en los que se apoya la Doctrina Social de la Iglesia, partiendo del reconocimiento de la dignidad de todos los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios y del altísimo valor de los derechos humanos. Veamos muy brevemente algo de lo que el Papa nos quiso recalcar de cada uno de ellos:

Promover o procurar el bien común, pareciera ser un principio que no debería generar demasiadas controversias, ya que todo individuo es un ser en relación con otros y con una comunidad. Así, los intereses del conjunto representan un bien mayor agregado al individual. “El bien común es un plus, resultado de la interacción y de la influencia recíproca que une diferentes acciones, iniciativas, esfuerzos y decisiones. Si se sumaran simplemente los bienes individuales, no se podría explicar la existencia de este plus que los supera y al mismo tiempo los enriquece”, dice la encíclica, para luego agregar: “Trabajar juntos en pos del bien de todos significa tener un proyecto compartido”. Y refiriéndose al rol del Estado señala: “Corresponde al Estado garantizar la cohesión, la unidad y una justa organización de la sociedad civil, para que el bien común realmente pueda ser procurado con la contribución de todos.”

El principio del destino universal de los bienes, puede entrar en conflicto entre quienes reducen todo a los derechos absolutos sobre la propiedad privada y los que no. Como si los primeros dijeran: esto es mío y hago lo que quiero con él. La encíclica nos recuerda “que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones, y que toda persona tiene un derecho originario al uso de dichos bienes”. Pero aclara que, “no es conforme con el designio de Dios, usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos”. Y al referirse a los bienes, habla de los materiales y de los inmateriales y culturales, entre ellos las nuevas tecnologías. En este sentido, la tradición de la Iglesia siempre ha visto en la propiedad un medio “para custodiar y administrar los bienes de manera que puedan servir mejor al bien común”, pero nunca como un derecho absoluto o intocable, sino que “su función social debe ser considerada como una doctrina cierta de la Iglesia”.

El principio del destino universal de los bienes, puede entrar en conflicto entre quienes reducen todo a los derechos absolutos sobre la propiedad privada y los que no

El principio de subsidiariedad, también despierta oposición entre quienes consideran que los Estados no deben intervenir en nada o los que piensan que debe intervenir en todo. La encíclica nos dice que la Iglesia “llama subsidiariedad al principio según el cual aquello que pueden hacer las personas, las familias, las comunidades locales y los cuerpos intermedios no debe ser absorbido por instancias superiores. Las instituciones de nivel superior deben reconocer, proteger y promover la libertad y la creatividad de los niveles inferiores, coordinando sus aportaciones para que cooperen eficazmente al bien común”. De alguna manera nos está sugiriendo que en todo aquello que pueda realizar la llamada actividad privada o el tercer sector, no debiera inmiscuirse el Estado, salvo para algún tipo de armonización en busca de un sano equilibrio. Y más adelante, señala que este principio “alienta a superar toda forma de gestión paternalista o asistencialista de la vida social, promoviendo un estilo de corresponsabilidad: un Estado que valora la iniciativa de los ciudadanos y una sociedad civil capaz de generar vínculos y activar energías al servicio del bien común”.

El principio de solidaridad, pareciera, en general, darse por aceptado, pero en la práctica no resulta tan así, ya que este principio, como dice la encíclica, está estrechamente vinculado al de subsidiariedad y ambos al del bien común. La encíclica menciona que este principio “nace de la visión de persona concebida por la fe; todo ser humano es creado a imagen de Dios e incorporado a una red de relaciones que lo vinculan a los demás, a los pueblos y a la creación… La solidaridad, pues, es el reconocimiento concreto de que el destino de cada uno está ligado al destino de todos”. Y menciona aquello de que nadie se salva solo. “La solidaridad nace precisamente cuando decidimos no permanecer indiferentes frente a aquello que le sucede a nuestro prójimo y transformamos vínculos inevitables en itinerarios de intercambio, de cooperación y de cuidado mutuo, aprendiendo a pensar y actuar en términos de comunidad”. Pero hace una advertencia respecto a estos dos últimos principios, que resulta de interés remarcar: “Cuando la subsidiariedad no está acompañada de la solidaridad, termina por transformarse en la simple protección de intereses particulares”.

El principio de solidaridad, pareciera, en general, darse por aceptado, pero en la práctica no resulta tan así

Por último, está el principio de justicia social. Ya sabemos todas las controversias que genera, sobre todo en nuestro país, donde algunas fuerzas políticas lo han utilizado a lo largo de la historia como una de sus banderas, tal vez procurando una cooptación del electorado por sus creencias religiosas, y otros la rechazan haciéndola culpable de los males que nos aquejan. “La justicia social se reconoce, por la capacidad de un orden social, económico y político que permita a todos, y en particular a los más frágiles, vivir de manera realmente humana, sin que ninguno se quede atrás. En esta perspectiva, la justicia social exige mirar a las personas y a los pueblos comenzando por los que son más vulnerables: los pobres, los migrantes, los refugiados, los desplazados internos, las víctimas de la violencia, las personas que viven en periferias urbanas o existenciales”, nos recuerda entre otras cosas la encíclica. En este sentido, aparece con claridad para la Iglesia, la llamada “opción preferencial por los pobres”. “El Magisterio reciente ha insistido en el hecho de que la justicia social exige una mirada cuyo punto de partida sean los últimos”. Además, señala que “la idea de justicia social ayuda a reconocer que las injusticias no nacen sólo de decisiones equivocadas de los individuos, sino también de estructuras, mecanismos, sistemas económicos y culturales que producen desigualdad casi automáticamente”.

Pienso que, con el paso de los días y la mayor cercanía de la visita papal, la reflexión individual y colectiva sobre estos principios, puede preparar nuestro espíritu y corazón, más allá de cualquier ideología, para una acogida más plena de sus posibles palabras, recordando siempre que el Papa cuando habla lo hace pensando no sólo en la comunidad que visita, sino en toda la humanidad y que, en ello, reside la catolicidad.

El autor es licenciado en Administración y escritor. Su último libro es una biografía sobre San Carlo Acutis (V&R)

gas,subsidios,tarifas,energía,petróleo,renovables,vaca muerta

En un contexto en que la irregularidad en los créditos se mantiene elevada, el 19,4% de los deudores jóvenes registra por lo menos una línea de deuda morosa con una fintech, frente al 7,9% que presenta atrasos con entidades bancarias. La diferencia convierte a los jóvenes en el único grupo etario en el que las plataformas financieras superan a los bancos en la proporción de clientes con deudas impagas.

Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), el indicador ubica a los jóvenes como el único grupo etario en el que las entidades financieras tecnológicas concentran una mayor proporción de deudores en mora que los bancos. Entre ese segmento, el 7,9% tenía al menos una deuda impaga con entidades bancarias.

El sistema financiero acumuló 5.715.202 personas con deudas morosas, una cifra equivalente al 12% de la población, de acuerdo con el relevamiento. Los bancos y las fintech reunieron la mayor cantidad de casos.

La deuda morosa con fintech pierde peso a medida que aumenta la edad de los clientes. El informe señala que la relación se invierte en los grupos de mayor edad, donde los bancos reúnen más deudores con atrasos que las plataformas financieras.

En la franja de 15 a 20 años, se registraron 53.445 casos de mora en fintech, frente a 21.669 en bancos. El total de deudores morosos de ese grupo alcanzó las 95.825 personas.

Entre quienes tienen de 21 a 35 años, los bancos concentraron 905.007 deudores morosos y las fintech, 667.055. El segmento fue el de mayor volumen, con 2.188.442 personas con al menos una deuda en mora dentro del sistema.

Los bancos acumularon 2.468.367 registros de deudores morosos, seguidos por las fintech, con 1.533.434. Las otras emisoras de tarjetas sumaron 1.261.470 casos y las entidades financieras no bancarias, 804.697.

En el tramo de 36 a 50 años hubo 922.075 deudores morosos en bancos y 557.217 en fintech. Para las personas de 51 a 65 años, las cifras descendieron a 429.878 y 206.194, respectivamente.

Entre los mayores de 66 años, los bancos registraron 189.738 casos de mora, mientras que las fintech reunieron 49.523. El total de deudores morosos de ese grupo fue de 404.903.

Cabe destacar que en julio, el 38,1% de los deudores de entre 15 y 29 años tenía al menos una deuda en mora, frente al 31,73% entre quienes tienen entre 30 y 44 años y al 23,05% en el grupo de 45 a 59 años. La proporción baja al 16,77% entre las personas de 60 a 74 años y al 14,47% entre quienes tienen 75 años o más.

Además, ese mismo mes 882.173 deudores tenían compromisos transferidos a empresas de cobranza, una cifra que crece con fuerza desde mediados de 2025. Once entidades concentran estas carteras, que representan el 9,6% de las líneas de crédito en mora y el 3,6% del monto total, y alcanzan al 15% de los deudores morosos. El IAG advierte que estas agencias pueden recurrir a prácticas de presión y hostigamiento para recuperar las deudas.

El Centro de Estudios para la Ciudad incorporó una herramienta para seguir la evolución de quienes renegociaron sus obligaciones entre abril y agosto de 2026. Según los resultados, el 50,6% permaneció en la misma categoría de morosidad, mientras que el 30,5% consiguió mejorar su situación.

“El problema no tiene tanto que ver con esa necesidad de las personas de poder refinanciar la mora, sino que el problema radica en los ingresos”, afirmó el director del centro, Mariano Almeyda, en diálogo con Infobae en Vivo.

“Se puede refinanciar reiteradamente o hacerlo una sola vez, pero siempre se estará condicionado a la imposibilidad de generar más ingresos para cancelar la deuda refinanciada”, sostuvo.

Corporate Events,South America / Central America