El PRO volvió a cuestionar al jefe de Gabinete Manuel Adorni y pidió que se presente en el Congreso de la Nación para dar explicaciones, en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y tras la presentación de su declaración jurada.

En diálogo con Radio Mitre, el diputado del partido amarillo, Álvaro González, sostuvo que en términos políticos, «es un problema del Gobierno» y añadió que debe ser decisión del Poder Ejecutivo el futuro del ministro coordinador. “¿Por qué le tengo que resolver el problema con la moción de censura, sabiendo que después no la va a tomar?“, comentó.

“El jefe de Gabinete podría resolver esta situación renunciando. Y si el jefe de Gabinete no quiere renunciar, por algún motivo, el presidente de la Nación le podría pedir la renuncia, que pareciera ser que le tiene toda la confianza del mundo. Entonces, es un problema del Gobierno”, remarcó.

González se manifestó en contra del mecanismo parlamentario, aunque aclaró que su rechazo no responde a razones de fondo sino a una lógica estrictamente política. “No estoy de acuerdo con la moción de censura porque automáticamente te dicen que sos funcional al kirchnerismo”, advirtió el legislador.

Para el diputado porteño, el mecanismo disponible no resuelve nada en la práctica. Un jefe de Gabinete censurado por ambas cámaras quedaría, según sus propias palabras, en un “estado vegetativo”. “Explicame qué inversión va a poder traer, con qué banco internacional se va a poder sentar, qué instrucción le va a dar a un ministro si ya está censurado por todo el arco político”, planteó González ante la emisora.

En tanto, tampoco descartó que el Gobierno ignorara el resultado de una eventual aprobación. Como antecedente, recordó que el presidente Javier Milei no cumplió con la ley universitaria y se preguntó por qué habría de acatar una moción de censura aprobada por el Congreso. “No sé si vetarlo. No instrumentarlo sería”, precisó al ser consultado sobre los mecanismos con los que el Ejecutivo podría eludir la decisión legislativa.

La salida que propone González es, a su juicio, directa. “O renuncia el señor Adorni o le pide la renuncia el presidente. No es ciencia oculta”, afirmó. Para respaldar esa posición, trazó un paralelo con decisiones anteriores del propio Gobierno: así como Milei le solicitó la renuncia a su primer jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y luego a Guillermo Francos, podría hacer lo mismo en esta ocasión.

En esa misma línea, González recuperó la advertencia que Mauricio Macri formuló el mismo día en que se anunció la designación de Adorni. “Macri le dijo en su momento: ‘Poné a alguien de jefe de Gabinete que te ayude en la gestión’. Y pusieron a alguien de su propio riñón político, no a alguien que lo ayudara en la gestión”, señaló.

Lo que González sí reclama con firmeza es la interpelación. “Yo pretendo que Adorni venga al Congreso en su calidad de interpelado y explique lo que hasta ahora parece inexplicable”, sostuvo, y recordó que en su última visita a la Cámara, el funcionario concurrió acompañado de un numeroso equipo y respondía las preguntas tras consultar con sus asesores. “Ahora como le van a preguntar sobre su vida, sobre su pasado económico y su presente económico, no va a necesitar a nadie, puede responderlo directamente”, ironizó.

El diputado también apuntó contra el historial del funcionario frente al Parlamento. “Nosotros institucionalmente ya tuvimos a Adorni en el Congreso y nos mintió en la cara”, afirmó, y agregó que cada vez que el jefe de Gabinete intentó dar explicaciones sobre su situación patrimonial, “lejos de echar luz sobre lo que pasó, lo que ha hecho es echar más sombra”.

En ese contexto, González mencionó que Adorni tiene previsto comparecer ante el Senado, aunque consideró que esa presentación no alcanzará para descomprimir la situación. “El problema está claro: no puede exhibir después de haber estado dos años y medio diciéndonos a todos que éramos unas lauchas”, dijo, en referencia al discurso anti-casta que caracterizó al espacio gobernante desde su llegada al poder.

Respecto a la posición institucional del bloque, González aclaró que habló a título personal, ya que la reunión formal del PRO en Diputados está prevista para el jueves. “Yo te estoy adelantando lo que le voy a decir a mis compañeros del bloque”, precisó, y reiteró que su postura es que la renuncia de Adorni —o el pedido presidencial de la misma— es la única vía que resuelve el problema sin que el Congreso cargue con las consecuencias de una decisión que, a su entender, corresponde exclusivamente al Ejecutivo.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina confirmó que Bolivia rechazó el ingreso de un grupo de ciudadanos argentinos que viajaron al país andino como parte de una “autodenominada Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos”. El canciller Pablo Quirno difundió un comunicado oficial en el que detalló que las autoridades bolivianas detectaron inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso y las actividades anunciadas públicamente por la delegación. “En función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas, decidieron no admitir el ingreso”, explicó el funcionario.

La delegación había llegado al aeropuerto de La Paz el 15 de junio de 2026 con “el autodeclarado propósito de realizar un relevamiento de los derechos humanos en Bolivia a pedido de diputados bolivianos”, escribió el funcionario. Entre sus integrantes se encontraban legisladores nacionales y porteños, así como referentes sindicales. El diputado nacional Juan Marino, de Unión por la Patria, confirmó la situación a través de su cuenta en la red social X: “No nos permitieron ingresar a Bolivia. Ya estamos en vuelo volviendo a Argentina”, escribió, y anunció una conferencia de prensa para las 16:30 en el aeropuerto de Ezeiza.

El comunicado de Cancillería precisó además que los miembros del grupo se encontraban retornando al país y que la Embajada argentina en Bolivia, junto con los Consulados Generales en La Paz y Santa Cruz de la Sierra, activaron de inmediato los mecanismos de asistencia consular, manteniendo contacto permanente con las autoridades competentes.

“Las autoridades bolivianas han comunicado oficialmente que, durante los controles migratorios realizados, se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas públicamente por la delegación, así como cuestiones vinculadas al cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación boliviana”, detalló Quirno.

Luego agregó: “en función de ello, y en ejercicio de las facultades soberanas que corresponden a todo Estado para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio, decidieron no admitir el ingreso de los integrantes del grupo, quienes se encuentran retornando a la República Argentina”.

Desde el aeropuerto de La Paz, la legisladora porteña del Frente de Izquierda Alejandra Barry grabó un video en el que describió lo ocurrido en primera persona. “Nos retuvieron los documentos y por ahora no nos dejan ingresar sin ningún tipo de explicación. Nos querían llevar a una habitación de inadmitidos. Dijimos que no”, relató Barry, quien subrayó que la misión tenía como objetivo “relevar, poder hacer un informe, poder acercarnos a todas las víctimas y a todos los que están siendo vulnerados sus derechos por ejercer su legítimo derecho de protesta”.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Germán Martínez aportó un dato que complejiza el cuadro: según indicó en su cuenta de X, Marino “ya había ingresado al país y hecho trámites migratorios en Santa Cruz” antes de ser retenido en el aeropuerto de La Paz. Martínez exigió a las autoridades bolivianas que el legislador pudiera “realizar las tareas para las que fue invitado” y exhortó a los funcionarios consulares argentinos a “garantizar su libertad e integridad física”.

La reacción desde el lado boliviano fue igualmente contundente. La senadora Tomasa Yarhui pidió la expulsión de los activistas argentinos que, a su juicio, no respetaran la soberanía del país. Yarhui señaló que la Cancillería boliviana debía asumir cualquier injerencia extranjera en asuntos internos y que Bolivia debía mantener buenas relaciones con otras naciones, “pero sin permitir intromisiones políticas en los conflictos nacionales”.

En la misma línea, el diputado boliviano por Unidad Alejandro Reyes afirmó que la llegada del grupo evidenciaba “una coordinación internacional para favorecer el retorno de regímenes autoritarios” y solicitó investigar quién financiaba los pasajes, la estadía y otros gastos de los visitantes. Reyes también pidió la expulsión de quienes, según sostuvo, respaldan a Evo Morales.

El comunicado de Cancillería argentina resaltó que los Estados poseen “facultades soberanas para regular el ingreso, permanencia y salida de personas extranjeras de su territorio”, y confirmó que los mecanismos de asistencia consular permanecen activos.

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