En medio de un agitado ida y vuelva local e internacional sobre las Islas Malvinas durante las últimas semanas, más el proyecto que Diputados comenzará a discutir pasado mañana para reforzar sanciones, el ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, osciló entre el apoyo al reclamo argentino y la “soberanía” allí de Reino Unido, un país al que calificó de “amigo”.

“Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho”, dijo el funcionario que responde al mandatario del país vecino José Antonio Kast. “Un país amigo, ¿no es cierto? Está hace 200 años, ejerce soberanía”, continuó, en declaraciones a Radio Polar Magallanes.

Seguido a ello, el ministro señaló que “una cosa es apoyar un reclamo frente a la posición de un país amigo”, pero “de acuerdo al derecho internacional, respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”. “No repitamos situaciones de conflicto”, remató.

La cuestión más delicada fue abordada junto a la comercial, otro foco de puja por las funciones de la empresa Sea Lion. En esa línea, el funcionario chileno manifestó: “Hay temas que no discutimos. Uno, es el apego a la ley y, por lo tanto, cualquier actividad que se desarrolle, que respete las disposiciones locales como el derecho internacional, no puede tener ninguna limitación”.

“Chile y la comunidad magallánica tienen el derecho de ejercer el comercio y todas las actividades que permiten las leyes. Por lo tanto, no veo inconvenientes en que se desarrollen esas actividades”, expresó. Y añadió: “Hay un tema puntual, que puede ser un poco más conflictivo, que es el tema de las exploraciones petrolíferas y mineras, que hay que analizar en su momento y ver cómo conjuga eso con los planteamientos que tomó Chile como país, aunque son de carácter político y no obligatorios legalmente, en Mercosur y Unasur”.

Vale recordar que, a inicios del corriente mes, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, confirmó la firma de un contrato entre la Corporación de Desarrollo de Islas Malvinas y la naviera chilena Easter Island con el objetivo de establecer una nueva vía comercial marítima entre esa ciudad y Puerto Argentino, en las Islas Malvinas, asunto que ya encendió las alarmas a ambos lados de la cordillera.

Radonich recordó la rúbrica de Chile a una declaración del Mercosur, en 2011, que prohibió la recalada de barcos con bandera de las islas en los puertos de los países firmantes. Tras ello, la región de Magallanes dejó de percibir unos USD 300 millones. Según su visión, ahora se trata de un “acuerdo entre privados” y el barco encargado de cubrir la ruta “llevará otra bandera”, según consignó semanas atrás a El Mercurio.

En Argentina, el decreto 256, dictado el 16 de febrero de 2010, exige autorización previa para los buques que naveguen entre el territorio continental argentino y las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Sin embargo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), reconoce el derecho a navegar de cualquier buque sin carga de tipo militar por la Zona Económica Exclusiva (ZEE). Debido a esto, el excomandante en jefe de la Armada de Chile Julio Leiva advirtió que esta nueva ruta hacia las Malvinas traería inconvenientes con el país vecino.

De nuevo en el plano local, un plenario de comisiones iniciará el análisis del proyecto de ley de “Soberanía Nacional”, que refuerza las sanciones a empresas relacionadas con las islas. El texto además incluye la creación de un Consejo de Seguridad en el que participarían el Presidente, ministros y el titular de la SIDE. Será dicho organismo quien defina la política de seguridad -de carácter obligatorio- y podrá disponer medidas urgentes ante amenazas “graves e inminentes”. La oposición ya tiene varias observaciones en fila.

El Gobierno oficializó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en toda la Argentina por la visita del papa León XIV, que permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. Además, dispuso otros dos feriados de alcance territorial: el martes 10 en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

La medida quedó establecida mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial este lunes.

El Ejecutivo argumentó que la visita tendrá una “trascendencia institucional, social, cultural y religiosa” y que las actividades previstas convocarán a fieles y visitantes nacionales y extranjeros en distintas jurisdicciones del país.

También sostuvo que los desplazamientos y eventos requerirán medidas especiales de seguridad, logística y ordenamiento de la circulación, y que su implementación podría verse afectada por el movimiento habitual de una jornada laboral, educativa y comercial.

Cómo quedan los feriados por la visita del papa León XIV

El esquema definido por el Gobierno establece tres jornadas consecutivas con distinto alcance territorial.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. El martes 10, la medida regirá exclusivamente en Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires.

Según el decreto, Córdoba, Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires habían solicitado la declaración de feriados con alcance territorial limitado por las necesidades de organización, seguridad, logística y circulación derivadas de la visita.

La norma aclara además que la medida permitirá alcanzar a los organismos, dependencias y actividades sujetos a jurisdicción nacional que funcionan en esos territorios.

El esquema de feriados coincide con el itinerario oficial difundido por la Santa Sede. León XIV tendrá actividades en Buenos Aires y Claypole el lunes 9, viajará a Córdoba el martes 10 y el miércoles 11 encabezará una misa en Luján antes de partir desde Ezeiza rumbo a Lima.

El operativo especial que prepara el Gobierno para la visita del Papa

Además de los feriados, el DNU creó dentro de la Jefatura de Gabinete de Ministros una Unidad Ejecutora Especial Temporaria destinada a planificar y coordinar la visita oficial.

El organismo tendrá a su cargo tareas vinculadas con logística, infraestructura, seguridad, emergencias, protocolo, relaciones institucionales y contrataciones necesarias para desarrollar las actividades.

La estructura contará con un coordinador ejecutivo y responsables específicos de logística e infraestructura, seguridad y emergencias, protocolo y relaciones institucionales y apoyo legal.

Entre las funciones previstas aparece la contratación y coordinación de instalaciones, transporte, insumos, sistemas informáticos y servicios necesarios para el operativo.

En materia de seguridad, el área correspondiente deberá coordinar acciones con organismos competentes para garantizar la atención de emergencias y adoptar medidas preventivas de protección. También tendrá que articular con organismos nacionales en cuestiones migratorias, aeroportuarias y de defensa vinculadas con el ingreso y egreso de participantes de los distintos eventos.

La coordinación de protocolo, por su parte, intervendrá en la organización de reuniones, eventos y actividades oficiales, institucionales y protocolares que formen parte de la agenda del Pontífice en la Argentina.

El oficialismo senatorial y la oposición dialoguista acordaron sesionar mañana para cambiar el proyecto que modifica la Carta Orgánica del Banco Central: quitarán los 2/3 para la remoción de autoridades por ambas Cámaras, para que reste la mayoría absoluta sólo en la alta -hoy es simple-, por lo que no intervendrá Diputados. Bajo este panorama, volvería allí en segunda revisión.

Para el mediodía de mañana también fue agendada la iniciativa de “zonas frías”, que recorta la ampliación kirchnerista sobre subsidios en gas y compensa a otros distritos -energía eléctrica- a través de “zonas cálidas”. No obstante, y si bien el bloque libertario -comanda Patricia Bullrich– desliza tener los votos, lo cierto es que desde varios espacios confiaron a Infobae que el tema “es un despelote” y que está “atado con alambres”, lo cual llena de incertidumbre las próximas horas en cuanto a si habrá quorum o si faltará en algún momento de la sesión. De obtener luz verde, quedará sancionada.

La definición de todo se consumó esta tarde, en la reunión de Labor Parlamentaria que lideró el presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis), ya que Victoria Villarruel se encuentra a cargo del Ejecutivo por el viaje de Javier Milei a la Asamblea General de la ONU, en la ciudad estadounidense de New York. Durante el cónclave además participaron referentes de las bancadas de la UCR, el PRO, silvestres provinciales y el peronismo.

El proyecto sobre el Banco central apunta a garantizar la independencia del mismo a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de las distintas administraciones centrales. Tampoco podrá comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa impulsada desde Balcarce 50 da marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el cristinismo, en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Si el Gobierno lograra la sanción en la Cámara alta, el único fin será preservar el valor de la moneda.

Por otro lado, se prohíbe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o por diferencia de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse de forma prioritaria a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. Además, dispone la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y se actualizan las reglas relativas a la administración y resguardo de las reservas internacionales.

Entre las modificaciones también se destacaba una variación en los mecanismos para remover al presidente de la entidad y a los integrantes del directorio, para lo cual se necesitará acreditar una “causal grave” y la aprobación con mayoría de dos tercios en el Senado y Diputados. Esto último es lo que decidieron repensar en Labor Parlamentaria y, por ende, la iniciativa regresaría en segunda revisión a la Cámara baja, que podrá insistir con la versión original o aceptar las observaciones. Por eso será clave mañana si el texto consiguiera, con la nueva idea, los 2/3 a la hora de ser aprobado, ya que quedaría bastante blindada la opción.

“Una locura las mayorías que pusieron en Diputados. Resulta que para cambiar esta misma ley precisarías menos votos que para los 2/3. Delirante que haya pasado los filtros técnicos y políticos de allá”, reconoció a este medio un jefe de bancada una vez finalizada Labor Parlamentaria. Es más: cada pliego que se envíe de una autoridad del Central -designado en comisión- tendrá vigencia de un período legislativo, tal como ocurre cuando se envía una propuesta para la Corte Suprema. Con ello, se estimulará el tratamiento de los mismos en comisión y en el recinto de la Cámara alta.

Durante Labor Parlamentaria hubo un momento de tensión: fue cuando se pidió incorporar el proyecto de falsas denuncias de la radical Carolina Losada (Santa Fe), que eleva penas -cárcel incluida- por ese delito. El jefe kirchnerista, José Mayans (Formosa), puso el grito en el cielo y prometió un recinto implosionado. Al final, dicho articulado continuará en espera.

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