El ministro Luis Caputo y su vice, José Luis Daza, destacaron en sus últimas presentaciones la importancia de la apertura comercial -medida por la suma de exportaciones e importaciones sobre el PBI- para que la economía crezca de modo sostenido y eleve el ingreso medio por habitante -PBI equivalente en dólares del promedio del año dividido por el total de la población-.

Para respaldar esa afirmación se apoyaron en la relación entre ambos indicadores en países desarrollados y en economías que transitan ese proceso, en su mayor parte miembros o invitados a integrarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Si bien no se trata de una relación fija y concluyente -hay excepciones-, en general se cumple la regla de que un mayor comercio internacional de bienes y servicios se asocia con un mayor nivel de ingreso per cápita, según datos del World Economic Outlook (WEO) del FMI para PBI por habitante en 2025 y del Banco Mundial para el grado de apertura comercial, en ese caso hasta 2024.

La evidencia comparada que cita el equipo económico sugiere que una mayor integración con el mundo tiende a correlacionar con ingresos por persona más altos, aunque con casos que se apartan de esa pauta.

En el universo de 43 países vinculados a la OCDE, el ranking se elaboró con 42 países que cuentan con datos comparables de ambos indicadores. En esa comparación, la Argentina aparece rezagada: se ubica 38° en ingreso por habitante y 42° en apertura comercial.

La apertura al mundo no solo se vincula con la disminución y eliminación de retenciones sobre las exportaciones y de los aranceles (cargos) sobre las importaciones, sino principalmente con el volumen -en valor y cantidades- del intercambio de bienes y servicios en proporción a la generación anual de riqueza. En particular, en un proceso de reactivación de la economía, a diferencia del pasado, cuando el aumento de las ventas externas operaba como salida para compensar la retracción del consumo interno.

Esos dos requisitos se cumplieron en la integración original de la OCDE y en su ampliación.

Los primeros 18 países desde su fundación en 1961 fueron: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Austria, Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia e Irlanda, con el propósito de colaborar en políticas públicas y desarrollo económico.

Luego, el consejo abrió adhesiones a: Japón (1964); Finlandia (1969); Australia (1971); Nueva Zelanda (1973); México (1994); República Checa (1995); Corea del Sur (1996); Hungría (1996); Polonia (1996); República Eslovaca (2000); Chile (2010); Israel (2010); Eslovenia (2010); Estonia (2010); Letonia (2016); Lituania (2018); Colombia (2018/2020, proceso finalizado en 2020); y Costa Rica (2021).

Mientras tanto, se encuentran en proceso formal de adhesión, con expedientes abiertos desde 2022: Argentina, Brasil, Bulgaria, Croacia, Perú y Rumania. Desde 2024 iniciaron conversaciones con la OCDE los gobiernos de Indonesia y Tailandia.

En ese conjunto de 43 países, que representa 65% del PBI mundial en valores corrientes, el PBI por habitante promedio es de USD 47.142 y el grado de apertura de sus economías -exportaciones más importaciones en términos del PBI- promedia 56 por ciento. En ese universo, la Argentina no solo aparece entre las más rezagadas: ocupa el puesto 38 en ingreso por persona y 42 en apertura al mundo, y figura entre las que perdieron posiciones en las últimas cuatro décadas.

En ese período, dentro del grupo de países desarrollados y en proceso de desarrollo vinculados a la OCDE, se destacaron en aumento de la apertura comercial entre extremos: entre 148 y 175 puntos del PBI sobresalieron Luxemburgo e Irlanda, y sus PBI por habitante se multiplicaron por 11 y 19 veces.

En contraste, en Argentina el intercambio se elevó en apenas 13 puntos del PBI y el PBI por habitante aumentó 3,3 veces, la tasa menor de todo el bloque de la OCDE.

Desde la vuelta a la democracia en 1983, la Argentina tuvo un desempeño singular: fue el país con menor crecimiento sostenido del PBI per cápita entre los grandes países latinoamericanos; se mantuvo entre las economías más cerradas de la región durante gran parte del período; y atravesó ciclos de apertura y cierre comercial, sin consolidar una estrategia estable de inserción internacional.

En ese recorrido predominó una lógica de “vivir con lo nuestro”, consigna asociada al ex ministro de Economía Aldo Ferrer, que la propuso tras analizar las políticas y el fracaso de experiencias aperturistas de los setenta.

Argentina pasó de niveles de apertura similares a Brasil en los años ’80, a quedar muy por detrás en la última década, y más aún de Chile y México, con una integración comercial en torno de 28%, frente a 36% de Brasil, 64% de Chile y 75% de México.

En PBI por habitante, la Argentina tenía en 1983 un nivel que superaba al de Brasil en 249%; al de Chile en 123%; y al de México en 57 por ciento. También superaba a Rumania en 86%, a Corea del Sur en 76%, a Portugal en 40%, a Polonia en 92% y a Hungría en 93 por ciento. Cuarenta años después, supera al mayor socio del Mercosur en apenas 32%, fue equiparada por México y se retrasó con el resto: la brecha llega a 33% con Rumania y a 63% con Corea del Sur.

1983–1990: regreso de la democracia e inestabilidad económica; crisis de deuda pública heredada; hiperinflación; economía relativamente cerrada; y estancamiento del ingreso per cápita.

1991–2001: Convertibilidad; apertura comercial y financiera; fuerte crecimiento inicial; aumento de productividad; aumento del endeudamiento para financiar el déficit fiscal; posterior crisis de competitividad por deliberada apreciación del peso y colapso en 2001, con pesificación asimétrica entre depósitos y préstamos, default e inmovilización de los depósitos en cuentas bancarias fuera del sistema. La apertura comercial pasó de aproximadamente 14% a más de 20% del PBI durante los 90.

2002–2023: rebote y estancamiento; auge de los precios de las materias primas; fuerte recuperación hasta 2011, aunque con default parcial de la deuda pública y exceso de regulaciones. Luego se sumaron restricciones cambiarias que derivaron en un crecimiento muy débil hasta 2015, y la actividad se movió con altibajos en los años siguientes. La apertura alcanzó más de 40% del PBI tras la crisis de 2002, pero volvió a caer hacia niveles cercanos a 25–30% durante la última década.

2024–2026: ajuste de tarifas; recuperación del equilibrio fiscal; recapitalización y acumulación de reservas del BCRA; desregulación; recorte de subsidios a las tarifas de los servicios públicos; y reapertura del comercio exterior.

¿La apertura explica toda la diferencia? No. La evidencia internacional muestra que la apertura suele ayudar al crecimiento, pero funciona mejor cuando está acompañada por: estabilidad macroeconómica, baja inflación, reglas previsibles, inversión en capital humano e instituciones sólidas.

La evidencia del Banco Mundial para América Latina también sostiene que los mercados abiertos son importantes, pero no suficientes por sí solos, para impulsar un ciclo de desarrollo económico sostenido y una mejora del ingreso real de la población.

En la última semana, la vicepresidenta del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra, y el director para Argentina, Peter Siegenthaler, se reunieron con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien estuvo acompañado por el viceministro, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase, para repasar el estado de las negociaciones del acuerdo de garantías de préstamos por hasta USD 2.000 millones.

Luego de reunirse con el presidente Javier Milei, Cordeiro Guerra escribió en X: “Fue un gusto compartir perspectivas y conocer de primera mano los avances que se están logrando en materia de estabilidad macroeconómica, así como contribuir, a través de la garantía, al acompañamiento de la agenda del Gobierno para facilitar un acceso más eficiente y en mejores condiciones a los mercados internacionales”.

El viceministro José Luis Daza resaltó que el país no solo cuenta con recursos naturales que pocos países tienen y que el mundo demanda con mayor intensidad, como alimentos, energía y combustibles, minerales como el cobre y el litio, y servicios asociados a la economía del conocimiento. También mencionó la respuesta de la inversión extranjera a la apertura y a los incentivos que, con respaldo legislativo, impulsa el Gobierno, como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), las inversiones de las medianas industrias (RIMI) y el super RIGI, para nuevas actividades.

El subgerente general de banca minorista del Banco Ciudad, Maximiliano Coll, en diálogo con Infobae en Vivo, dijo que el mercado de créditos hipotecarios “se está reactivando”, afirmó, y recordó que el regreso de esta herramienta financiera fue relativamente rápido, aunque aclaró que el impacto suele demorarse algunos meses.

“Un préstamo hipotecario no es algo que se hace enseguida. Tenés que salir a buscar la propiedad, hablar con tu familia, ir al banco, que te evalúen. Desde que aparece la oferta hasta que se empieza a desembolsar pasan un par de meses”, explicó.

Según detalló, durante 2024 y gran parte de 2025 la actividad mostró un crecimiento sostenido. En la Ciudad de Buenos Aires, donde cuentan con más información, las operaciones financiadas con hipotecas llegaron a representar el 20% de las compraventas. Sin embargo, el aumento del dólar y de las tasas de interés registrado hacia septiembre de 2025 provocó una desaceleración.

“Tuvimos un parate y recién, tímidamente, en el verano se volvió a mover el mercado”, señaló. Agregó que, tras una nueva reducción de tasas en marzo, comenzó a observarse nuevamente una recuperación gradual. “Cuando reactivás, tarda un poquito en empezar a moverse. Todos los meses están empezando a haber cada vez más operaciones”, sostuvo Coll.

Actualmente, estimó que entre el 10% y el 12% de las operaciones se concretan con financiamiento hipotecario y aseguró que la tendencia es creciente. Explicó que el desfase entre el lanzamiento de los préstamos y el cierre efectivo de las operaciones responde a los tiempos propios del proceso.

Respecto del perfil de quienes acceden a estos créditos, señaló que se trata principalmente de familias de clase media, generalmente personas de entre 30 y 45 años que pueden demostrar ingresos formales. En muchos casos, agregó, participan dos o más integrantes del grupo familiar para alcanzar los requisitos exigidos por los bancos.

“Para un préstamo estándar de $100 millones, que son unos USD 70.000, tenés que demostrar ingresos familiares de alrededor de $3,3 millones”, explicó. Por ese motivo, las entidades financieras incorporaron la figura del garante, habitualmente un padre u otro familiar, que permite sumar ingresos y acceder a montos mayores.

Coll destacó además que las condiciones actuales favorecen la demanda de créditos hipotecarios. Entre los factores mencionó la estabilidad económica, la amplia oferta de propiedades, la mejora del salario medido en dólares y el hecho de que los valores de los inmuebles no aumentaron al mismo ritmo. “La cuota es muy parecida a la de un alquiler”, afirmó.

Como ejemplo, indicó que la cuota de un préstamo de $100 millones ronda los $800.000 mensuales, un valor similar al alquiler de un departamento de dos ambientes o de algunos tres ambientes pequeños en la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, recordó que las familias deben contar con un ahorro previo equivalente aproximadamente al 25% del valor de la propiedad.

Por otra parte, aseguró que la mora en la cartera hipotecaria es prácticamente inexistente. En ese sentido, explicó que el principal requisito para acceder al financiamiento es no registrar antecedentes negativos en el sistema financiero.

“No es lo mismo tener una deuda irregular importante o un préstamo que no pagaste, donde demostraste falta de voluntad de pago, que haber quedado marcado por una situación administrativa menor”, señaló. Como ejemplo, mencionó los casos de clientes que olvidan cancelar una cuenta bancaria o abonar el mantenimiento de un paquete de productos y terminan registrando una deuda de bajo monto. “En ese caso sabemos que fue un error y se analiza de manera diferente”, concluyó.

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En mayo, el ministro de Economía, Luis Caputo, logró un superávit primario por $ 1,9 billones y con ello, en los primeros cinco meses del año, ya alcanzó la mitad del objetivo que pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1,4% del Producto Bruto Interno (PBI) para 2026. Sin embargo, se trató de un mes atípico: aunque se registraron ingresos adicionales por el impuesto a las Ganancias de sociedades, el Gobierno debió aumentar el gasto en sectores sensibles por demandas sociales, mientras mantuvo la motosierra en otras áreas.

Después del repunte del gasto en abril, en mayo volvió a descender, aunque a un ritmo menor que los ingresos. De acuerdo con la consultora LCG, el gasto cayó 2% interanual en términos reales, mientras que los ingresos retrocedieron 4% en la misma comparación. Esto llevó a una nueva reducción del resultado primario. Esta dinámica estuvo influida por la cancelación de deuda flotante, especialmente la vinculada a las universidades.

Según el reporte de la consultora, hasta el cuarto mes del año las universidades acumulaban una deuda flotante equivalente al 23% del gasto devengado, que se saldó completamente en mayo. Esta cancelación impulsó las transferencias a este sector, que crecieron 79% anual real en el mes y 11% en los primeros cinco meses de 2026. La presión sobre el gasto también se manifestó en los rubros atados a la movilidad. El gasto en jubilaciones se mantuvo constante en relación con el año previo, mientras que las asignaciones familiares, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH), subieron 4% en términos reales.

No obstante, estas subas se vieron compensadas por recortes en distintas áreas. Según LCG, los programas sociales cayeron 4% interanual en términos reales, los salarios del sector público disminuyeron 5%, los subsidios bajaron 20%, el gasto de capital retrocedió 30% y las transferencias a provincias se redujeron 40%. A pesar de estos ajustes, en los primeros cinco meses del año el gasto en subsidios energéticos alcanzó el 0,23% del PBI, por encima del nivel registrado en igual período de 2025. Los analistas explicaron este aumento por los mayores precios de la energía y la demora en la aplicación de los ajustes tarifarios.

En este aspecto se refleja que la desaceleración de la inflación fue la prioridad para el equipo económico después del pico de 3,4% en marzo. Con el argumento del conflicto en Medio Oriente y el aumento en los precios del petróleo y el gas, se otorgaron bonificaciones adicionales en las facturas de gas y electricidad. La Secretaría de Energía extendió estos beneficios también a junio, lo que seguirá generando presión sobre los ingresos.

En el detalle, Energía comunicó una extensión en la bonificación extraordinaria del 25% en la boleta de gas de junio para los usuarios residenciales de menores ingresos inscriptos y validados en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esa decisión mantendrá el subsidio total en un 75%: el 50% de la bonificación general establecida por el Decreto 943/25, más otro 25% adicional extraordinario prorrogado por esta resolución. A su vez, en cuanto a la factura de energía eléctrica, se fijó para junio una bonificación extraordinaria del 11,97%, lo que elevó el subsidio al 62% del consumo base.

En la misma línea fueron en Balanz, donde remarcaron que la caída real en los subsidios económicos resultó de menores desembolsos tanto en subsidios energéticos (-18,5%) como en subsidios al transporte (-21,7%). Al mismo tiempo, subrayaron que la racionalización de subsidios sigue siendo una de las principales herramientas del Gobierno para controlar el gasto y sostener el superávit fiscal en los próximos meses.

El Gobierno ratificó su compromiso de cumplir la meta de reducir los subsidios energéticos a través de un aumento de tarifas para los usuarios. Según datos oficiales citados por la consultora, el objetivo de bajar los subsidios al 0,5% del PBI en 2026 se mantiene, con la expectativa de que los usuarios asuman una mayor proporción de los costos en comparación con 2025. Además, el equipo económico ya acordó con el FMI medidas complementarias para asegurar el superávit fiscal primario, entre ellas postergar la puesta en marcha de iniciativas de la reforma laboral, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que comenzará a regir en noviembre.

La clave para el ministro de Economía Caputo es que los ingresos del Estado comiencen a crecer y ello depende del repunte de la actividad. “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno (PBI). Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, explicó Caputo en el programa Economía de quincho.

El resultado primario mantuvo su curso, pero la dinámica subyacente de los ingresos planteó desafíos para sostener el equilibrio fiscal. LCG y Balanz coinciden en que el recorte del gasto se apoyó principalmente en la reducción de transferencias a provincias, subsidios y salarios, mientras que las subas en jubilaciones, asignaciones y transferencias a universidades respondieron a mecanismos de indexación y a la cancelación de deuda flotante. El aumento de los precios energéticos y la demora en la actualización de tarifas explican la suba en los subsidios energéticos acumulados en el año.