ECONOMIA
Los alojamientos turísticos canarios tendrán que implantar camas elevables antes de 2033 Por EFE

Santa Cruz de Tenerife, 15 abr (.).- El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con la única abstención de Vox, una modificación de la Ley de Ordenación del Turismo que obliga a los establecimientos alojativos a instalar antes de 2033 camas elevables mecánicas, así como carros motorizados para el traslado de textiles y útiles de limpieza, para reducir las lesiones físicas de las camareras de piso.
La nueva norma, fruto de una proposición de ley promovida por el PSOE y que ha alcanzado un consenso mayoritario, ha sido impulsada por la histórica lucha de las camareras de piso, también conocidas como las kellys (acrónimo de “las que limpian”), para mejorar la penosidad del trabajo en los hoteles de las islas de este colectivo, afectado por la alta incidencia de lesiones musculoesqueléticas.
En esta ley se establece un régimen estricto de evaluación de las cargas de trabajo y la obligatoriedad de implantar camas elevables y carros motorizados en los establecimientos turísticos de las islas, con un calendario flexible hasta 2033, aunque con algunas excepciones para alojamientos pequeños o familiares en islas como El Hierro o La Gomera, según una enmienda in voce incorporada en la sesión plenaria.
Para los establecimientos hoteleros de cuatro y cinco estrellas, el porcentaje de implantación de camas elevables y carros motorizados será del 25 % hasta el fin de 2027, del 45 % hasta el fin de 2029, del 75 % hasta el fin de 2031 y del 100 % antes del 31 de diciembre de 2033.
En el resto de establecimientos hoteleros, extrahoteleros y viviendas de uso turístico, el calendario exige los siguientes objetivos: el 10 % hasta el fin de 2027, el 20 % hasta el fin de 2029, el 35 % hasta el fin de 2031 y el 100 % al final de 2033.
La norma contempla excepciones específicas, como las camas supletorias y los establecimientos de hasta 30 habitaciones ubicados en Bienes de Interés Cultural (BIC) o en espacios protegidos.
La exigencia incluye a los propietarios o explotadores de viviendas de uso turístico que comercialicen cinco o más inmuebles o agrupen veinte o más plazas alojativas en una misma parcela.
La ley obliga a las empresas integrar los factores ergonómicos y psicosociales en sus evaluaciones de riesgos laborales y evaluar el incremento de la carga física que supone el uso de elementos de gran volumen, como los edredones nórdicos.
Otra de las obligaciones empresariales es realizar mediciones objetivas de los tiempos reales que las camareras de piso emplean en la limpieza de los distintos tipos de habitaciones, con el fin de evitar sobreesfuerzos.
El incumplimiento de los plazos de instalación o la vulneración reiterada de las condiciones preventivas se tipificarán como infracciones muy graves, de acuerdo con el régimen sancionador de la nueva ley.
Para facilitar la transición hacia la implantación total de las camas elevables y los carros motorizados, está previsto que haya subvenciones por parte del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares.
Gustavo Santana, del PSOE, promotor de la proposición de ley, reconoció que no es habitual que una iniciativa legislativa de la oposición sea finalmente aprobada y agradeció al resto de los grupos su disposición.
Destacó especialmente el impulso de las camareras de piso, que demuestra que «la lucha obrera» es esencial para mejorar las condiciones laborales y salariales.
El proceso, dijo, ha estado marcado por «numerosos obstáculos y la oposición de sectores económicos con gran capacidad de influencia», que pretendían plantear la salud de las camareras de piso como «moneda de cambio» en la negociación colectiva.
«Se equivocaron: con la salud no se negocia, es un derecho», subrayó Santana, quien recordó que solo el 12 % de los hoteles de Canarias cuenta con camas elevables y apenas el 6 % con carros motorizados.
ECONOMIA
Arrasan mar Argentino: barcos chinos y europeos elevaron 85% la pesca incluso en aguas nacionales

El impacto negativo que atraviesa el Atlántico Sur a partir de la pesca industrial que, desde hace décadas, vienen llevando a cabo flotas asiáticas y europeas mantiene a ese ecosistema en un estado de crisis cercano a lo terminal. Al margen de lo que ocurre en las aguas internacionales, esto es, a partir de la milla marítima 201, lo cierto es que buques chinos, coreanos, taiwaneses, portugueses y españoles, también han sido sorprendidos o detectados efectuando capturas ilegales en zonas marítimas bajo soberanía argentina. Dicho de otra forma, el saqueo también comprende el Mar Argentino y en eso coinciden desde la Prefectura Naval Argentina (PNA) hasta sendas organizaciones nacionales e internacionales. Ahora, una investigación realizada en España, y basada en datos de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera, afirma que la depredación de especies como el calamar se multiplicó por 10 en los años más recientes.
El trabajo reconoce que al menos 25 barcos españoles operan en el Atlántico Sur, incluida la zona de Malvinas y con permisos de capturas entregados por los kelpers. Al mismo tiempo, el informe coloca en una cifra cercana a los 500 los buques que pescan en esa área y pertenecen a gobiernos o capitales privados de China, Corea del Sur y Taiwán.
Junto a los chinos, los españoles también operan en la Patagonia
«El esfuerzo pesquero de la flota china ha experimentado un aumento explosivo, creciendo un 85% entre 2019 y 2024 y ya extrae entre 1,5 y 3 millones de toneladas anuales de Illex argentinus (una de las especies que denominamos como pota) …», se detalla.
«Para hacerse una idea, en una temporada récord en aguas nacionales argentinas, como la de este 2026, las capturas de este animal difícilmente llegan al millón de toneladas», añade, a modo de comparación.
En el mismo informe, reproducido por el medio español El Confidencial, se subraya que la Patagonia «no es la única costa en la que se da un fenómeno similar aunque no tenga tanto glamour. Solo unos miles de kilómetros más hacia el oeste, en el Pacífico Sudoriental, la flota china también lidera las capturas de otra especie de pota o potón, el Dosidicus gigas o calamar gigante».
«El tirón de este animal, más grande y barato que el calamar tradicional y el Illex, ha hecho que Perú haya pasado de 31 embarcaciones de pota en 2023 a 1.043 en 2026«, precisa.
Otro dato confirma que, al margen de China, España también está a la cabeza del negocio de la pesca en el Atlántico Sur: «Siendo pulcros, España sigue controlando la captura de calamar en el mundo. Lo hace, sobre todo, porque monopoliza las 16 licencias que da Islas Malvinas (o más bien Islas Falklands) para la pesca del Loligo gahi en sus costas. Esta especie es la que realmente se conoce como calamar o calamar patagónico y la que más se asemeja al calamar local, Loligo vulgaris, que puedes encontrar en cualquier litoral».
La flota extranjera depreda Mar Argentino y aguas internacionales
La actividad depredadora que lleva adelante la flota de buques extranjeros apostada sobre la milla 201, pero que irrumpe de forma permanente en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina, sigue arrojando números que se agravan. Integrada en más de un 90% por unidades chinas, la armada en cuestión también integra embarcaciones españolas y portuguesas.
En semanas recientes, dichos barcos fueron penalizados por la Prefectura Naval Argentina tras detectarse que efectuaban maniobras coincidentes con la captura de especies marinas mediante redes de arrastre. Otro informe detalló que la flota extranjera extrae de Mar Argentino hasta cuatro veces más recursos que la industria pesquera nacional. Y que eso produce una depredación de fuerte impacto a nivel económico y laboral.
De acuerdo a un informe elaborado por la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), los volúmenes de extracción pesquera en la zona crecieron 65% entre 2019 y 2024. Al mismo tiempo, se informó que la flota china aumentó 85% su «esfuerzo», amenazando con un agotamiento de especies en apenas uno o dos años más.
Según el trabajo mencionado, mientras la pesca argentina desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales, las flotas internacionales llegan a capturar entre 1,5 y 3 millones de toneladas cada año.
Se estima que la pesca ilícita en la ZEE, con foco en la captura del calamar, representa un negocio que alcanza los 1.000 millones de dólares.
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ECONOMIA
Milei quiere prohibir por ley la emisión de pesos para financiar el déficit: similitudes y diferencias con el modelo peruano

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será una de las prioridades del Gobierno en los próximos meses. El adelanto realizado por Javier Milei a un grupo de legisladores de La Libertad Avanza procura restringir al máximo o directamente prohibir la emisión monetaria para financiar al fisco. Se trata de un fuerte cambio respecto a un esquema mucho más laxo que está vigente desde 2012, aunque el texto todavía no se conoce.
En aquel momento se dispuso a través del artículo 20 de la Carta Orgánica que el BCRA puede otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional hasta el equivalente de 12% de la base monetaria. Adicionalmente, puede prestar hasta 10% de los recursos en efectivo de la recaudación obtenida durante los últimos doce meses.
Pero eso no es todo. En la última modificación se agregó que en situaciones extraordinarias, cuando “la situación o las perspectivas de la economía nacional o internacional así lo justificaran”, el Central queda autorizado a financiar al Tesoro, vía adelantos transitorios, por otro monto adicional de hasta 10% de los recursos en efectivo de los últimos 12 meses.
El modelo peruano aparece como el que más se adapta a los próximos pasos que quiere dar el Gobierno en materia monetaria y cambiaria. Perú implementó el esquema que está vigente en la actualidad a principios de la década de 1990, con Alberto Fujimori en el poder y como respuesta a la hiperinflación que había dejado su antecesor, Alan García. Fue casi al mismo tiempo que el inicio de la Convertibilidad. La diferencia es que en ese país el modelo ya lleva inalterado más de 30 años, mientras que el “1 a 1″ duró poco más de diez años.
En Perú, la política monetaria se encuentra, desde 1993, enmarcada dentro de la Constitución Nacional, donde se establece la autonomía de su Banco Central junto con su propia Carta Orgánica.
Por ley, se dispuso que la autoridad monetaria tiene prohibido “establecer regímenes de tipos de cambio múltiples”. En otras palabras, no puede constituir cepos cambiarios como viene sucediendo en la Argentina. Además, el Central tiene vedado el financiamiento al sector público y dar créditos sectoriales.
En la estrategia peruana, el dólar pasaría a tener vigencia legal y se puede utilizarse para cualquier transacción, con poder cancelatorio. Esto lo acerca al esquema de competencia de monedas que también quiere imponer el gobierno argentino.
Otro aspecto polémico tiene que ver con la transferencia de utilidades del Central al Tesoro, algo que sí ha efectuado este Gobierno. Este año ese giro fue de $ 24,4 billones, producto de las ganancias obtenidas en 2025. Sin embargo, como parte de esas ganancias se obtuvieron por la revaluación de las reservas al tipo de cambio oficial muchos lo critican por considerarlo una manera encubierta de financiación al fisco.
La reforma del 2012, impulsada por la presidenta del BCRA de entonces, Mercedes Marcó del Pont, dispuso diversos cambios. El kirchnerismo puso especial énfasis en modificar el artículo 3, que establecía como “función primaria y fundamental” de la entidad “preservar el valor de la moneda”. Esa función se reemplazó por un mandato múltiple que sumó “promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.
Con ello, se aspiraba a que el rol del Central no se limite a contener la inflación sino que tenga también obligaciones que la orienten a fomentar el crecimiento de la economía y promocionar el empleo, pese a existir otros organismos del Estado a cargo de esas tareas. Tal fue el impulso a esa idea, que Marcó del Pont mandó a cambiar el cartel montado en el ingreso al edificio de Reconquista 266 con el antiguo artículo 3 para que pudiera leerse el nuevo.
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ECONOMIA
Nuevos CEDEARs de bonos y lo «positivo» de no ser mercado Emergente: definiciones del CEO de BYMA

El dato es contundente: uno de cada dos argentinos de la población económicamente activa ya tiene inversiones en el mercado de capitales. Es decir, ya existen 24,6 millones de cuentas comitentes obtenidas por un total de 12,3 millones de personas. Y el crecimiento es tan fuerte que, desde 2018 a la actualidad, escaló casi un 2.000%.
«El volumen total diario negociado ya llega a un total de u$s12.300 millones, expresados en dólar MEP; por eso no entiendo cuando se dice que el mercado argentino es ‘chico’, algo que no es cierto», afirmó Gonzalo Pascual Merlo, el CEO de Bolsas y Mercados Argentinos (ByMA), la entidad que agrupa a toda la plaza bursátil nacional, ante un grupo reducido de periodistas en el que participó iProfesional.
En este sentido, destacó la diversificación e incorporación de nuevos instrumentos como impulsores de este crecimiento, junto a la expansión y mayor accesibilidad que brindan las billeteras virtuales y los brokers digitales.
Y adelantó que tiene la idea de sumar CEDEAR de bonos y obligaciones negociables (ON). Además, indicó que su objetivo es que las empresas utilicen cada vez más al mercado de capitales como forma de financiamiento, donde la negociación de «facturas» con clientes sólidos puede empezar a generar todo un nuevo mercado.
Respecto al total del volumen diario promedio operado, la renta fija ronda los u$s7.000 millones al MEP, por lo que creció un 1.200% respecto a 2017, mientras que la renta variable representa unos u$s219 millones. De todas las cuentas, alrededor de un millón se encuentran activas cada mes al generar movimientos de activos.
El importante crecimiento de los últimos años de la cantidad de inversores en Argentina se genera gracias al fin del cepo cambiario para individuos y a la gran diversificación que ha habido en los instrumentos de inversión, vinculadas a renta fija, renta variable y alternativas de cobertura. En especial, el mayor crecimiento en los últimos años fue, en primer lugar, de los CEDEARs, seguidas por las cauciones y las obligaciones negociables (ON).
Se vienen los CEDEARs de bonos y obligaciones negociables
Un dato relevante es que entre enero y mayo de 2026 los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs) fueron uno de los instrumentos más elegidos por los inversores, al representar el 49% del volumen total operado en ByMA. Incluso, los CEDEAR registraron un crecimiento interanual del 98%, alcanzando operaciones por más de u$s77.500 millones. De hecho, unas 878.000 cuentas operaron este instrumento durante el último año.
Por esta importancia, Pascual Merlo indicó que busca impulsar este instrumento, que localmente emite el Banco Comafi, y lanzar alternativas de CEDEAR de bonos y ON, es decir, de renta fija, algo que sería completamente innovador en la plaza doméstica debido a que, hasta el momento, sólo existen Certificados de acciones de empresas mundiales y de índices (ETF) sectoriales.
«Me encantaría que podamos sumar CEDEAR de bonos y ON, que es una idea que tenemos, pero hay toda una negociación y tiempos para plasmar eso. Además, primero queremos generar más volumen con los de renta variable y no diversificarnos tanto, más allá de que son diferentes», detalló el CEO de ByMA.
Cabe recordar que los CEDEARs son un activo que cotiza en el ByMA, y que el ahorrista puede comprar en pesos, que representan una fracción de una acción que cotiza en dólares en mercados internacionales. Por ende, su precio es mucho más accesible que el «papel» original y permite diversificar inversiones y, a su vez, obtener cobertura cambiaria, ya que ajusta en base al movimiento del contado con liquidación.
En resumidas cuentas, Pascual Merlo dijo: «Queremos que el inversor acceda a todos los productos bursátiles sin tener que ir al exterior, y que acceda la mayor cantidad de gente».
El impacto de no ser mercado Emergente para el índice MSCI
Uno de los temas consultados por iProfesional fue el impacto que puede tener el mercado argentino tras la noticia del mes pasado de que Morgan Stanley Capital International (MSCI), por el momento, no tendrá en cuenta al país para ascenderlo desde su actual situación de «Standalone» (independiente) a mercado «Emergente».
Hecho que significa que no ingresarán unos u$s4.500 millones hacia las acciones argentinas de parte de los fondos de inversión internacionales que toman como referencia el índice MSCI de Mercados Emergentes (tanto de gestores activos como pasivos), para invertir en integrantes del mismo. En especial, por preponderancia en sectores estratégicos y volumen de operaciones, las firmas más afectadas por la prometedora llegada de capitales del extranjero iban a ser YPF, Grupo Galicia (GGAL), Vista Energy (VIST), Banco Macro (BMA), Pampa Energía (PAMP) y Transportadora de Gas del Sur (TGS).
Al respecto, Pascual Merlo indicó: «Nos hubiese encantado ser Emergentes, pero se puede decir que es mejor no ingresar este año a esa categoría para evitar la volatilidad de 2027 por las elecciones presidenciales, algo que puede impulsar la salida de más flujos de capitales al exterior y que genere un impacto peor en el mercado».
Por lo tanto, concluyó que, en este momento, el mercado se encuentra en una postura de «wait and see» (esperar y ver), para «analizar cómo se le siguen sumando nuevos fundamentos a la economía argentina» y conocer qué pasa en las elecciones del año que viene.
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