POLITICA
Belgrano Cargas, AySA y el Correo: el Gobierno busca avanzar con privatizaciones antes de 2027
El Gobierno busca reactivar la agenda con privatizaciones de empresas estatales y concesiones en medio de las tensiones internas. En el Ejecutivo quieren mostrar gestión, acelerar procesos económicos y llegar a 2027 con la mayor cantidad posible de empresas y activos estatales bajo administración privada, concesión o esquemas mixtos. La estrategia va en paralelo al envío de proyectos al Congreso y forma parte del intento de retomar la iniciativa política después de semanas atravesadas por disputas dentro del gabinete.
“Queremos mostrar gestión y que se pueda evidenciar el modelo que proponemos”, agregan. En la Casa Rosada sostienen que el objetivo es que los procesos más avanzados se encaminen durante el segundo semestre de este año. La prioridad no es solo recaudar dólares por ventas o concesiones, sino dejar funcionando nuevos esquemas de gestión antes de la campaña presidencial. En el oficialismo creen que algunos expedientes pueden mostrar impacto concreto en pocos meses, como rutas nacionales con obras en marcha o servicios que pasen a operadores privados antes del verano.
Uno de los procesos que está al caer es Belgrano Cargas. El Ministerio de Economía prevé lanzar en las próximas semanas el esquema para transferir la operación ferroviaria de cargas al sector privado. La definición técnica apunta a dividir el proceso por las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza y permitir ofertas independientes por distintas unidades de negocio: infraestructura, operación ferroviaria y talleres. La intención es evitar un único paquete cerrado y abrir la competencia a operadores que quieran participar solo en una parte del sistema.
Otro expediente que en Balcarce 50 quieren acelerar es el de Correo Argentino. En Nación trabajan para que el proceso salga este año y lo presentan como un caso con mayor margen político que otros servicios públicos. En el corto plazo, además, prevén presentar un balance superavitario de la empresa, que cerca del jefe de Estado describen como el “primero en años”.
Los números del Correo exhiben ingresos corrientes por $774.126 millones y gastos corrientes por $720.308 millones, con un resultado económico positivo de $53.818 millones. Además, a diferencia de otras empresas estatales, no prevé transferencias del Tesoro hacia la compañía; por el contrario, incluye $60.000 millones en transferencias desde el Correo a la Administración Nacional. También contempla ingresos de operación por $754.003 millones, inversiones por $34.745 millones y una baja de dotación de 11.676 empleados a fines de 2025 a 11.436 en diciembre de 2026.
La Hidrovía entró en paralelo en una instancia de definición. El proceso corresponde a la concesión de la Vía Navegable Troncal, el corredor por el que circula buena parte del comercio exterior argentino. El Gobierno ya abrió la etapa económica de la licitación y el proceso quedó cerca de la adjudicación. En la compulsa quedaron posicionadas las firmas belgas Jan De Nul y DEME, que igualaron la oferta económica mínima permitida.
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El Ejecutivo también sigue muy de cerca la privatización de Intercargo, la empresa estatal de servicios de rampa y asistencia en tierra en aeropuertos. La Casa Rosada busca vender el 100% de las acciones y adelantó el plazo para la presentación de ofertas al 2 de junio. Incluye activos, contratos, licencias y continuidad operativa en los aeropuertos donde presta servicios. En Balcarce 50 lo ven como uno de los casos que puede cerrarse más rápido, aunque siguen mirando con atención la participación de operadores internacionales.
El caso de AySA ya entró también en el calendario formal. Nación lanzó la licitación para vender el 90% de las acciones del Estado y mantener el 10% restante en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. La presentación de ofertas está prevista hasta el 27 de agosto y el esquema contempla la incorporación de un operador estratégico nacional o internacional con experiencia en agua potable y saneamiento.
AySA llega a ese proceso con números mejores que otras compañías estatales, pero todavía con necesidades de financiamiento fuertes. El presupuesto 2026 proyecta ingresos corrientes por $1,633 billones y gastos corrientes por $1,370 billones, todos los ingresos corrientes originados en operación. Sin embargo, el plan de acción también prevé transferencias de capital para obras, finalización de proyectos y compromisos financieros.
Las rutas nacionales son otro frente que el Gobierno quiere mostrar con impacto visible. Economía informó la apertura de sobres para la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, con más de 3900 kilómetros distribuidos en ocho tramos estratégicos. Se presentaron 20 oferentes y la intención oficial es terminar la adjudicación de tramos para que algunos corredores ya estén funcionando durante el verano con obras asociadas. En Nación sostienen que el esquema puede generar además movimiento en la construcción, no solo alivio fiscal por transferencia de operación al sector privado.
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El frente energético ya tuvo un avance concreto con la adjudicación de la participación estatal en CITELEC, controlante de Transener, a Genneia y Edison Transmisión por US$356 millones, por encima del precio base de US$206 millones. En el Ejecutivo lo usan como antecedente para mostrar interés privado en infraestructura regulada. Ahora miran otros activos vinculados a ENARSA, centrales térmicas, concesiones hidroeléctricas y procesos que quedaron dentro del mapa de desinversión estatal. También aparecen bajo seguimiento Casa de Moneda y Tandanor, aunque no todos avanzan por el mismo carril jurídico que las empresas habilitadas por la Ley Bases.
El caso más complejo sigue siendo Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT). En la Casa Rosada todavía no hay una definición cerrada y una de las opciones que se evaluó fue transferir la operación a la provincia de Santa Cruz, bajo una lógica similar a la de YMAD con Catamarca. La empresa combina baja atracción de mercado, alto costo fiscal, peso laboral y sensibilidad política territorial.
La excepción más relevante es Trenes Argentinos, que no prevén privatizar este año porque consideran que no están dadas las condiciones para hacerlo sin una suba fuerte del boleto. La apuesta oficial, entonces, es selectiva. En Balcarce 50 quieren acelerar todo lo que pueda mostrar resultados antes de 2027: cargas, rutas, rampas aeroportuarias, agua y saneamiento, correo, energía e infraestructura logística.
Gobierno, privatización
POLITICA
Crisis entre Milei y Lula: la trama política, personal y geopolítica detrás del mayor choque diplomático entre Argentina y Brasil
La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil tiene una cronología conocida. El sábado, Javier Milei viajó a San Pablo para respaldar la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro y en el acto lanzó agrias descalificaciones a Luiz Inácio Lula da Silva y al ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ayer, el gobierno brasileño respondió llamando a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, en la señal diplomática más severa desde la llegada del líder libertario a la Casa Rosada.
Esa secuencia no alcanza para explicar lo ocurrido. La crisis no empezó este fin de semana ni nació con un discurso o con una decisión de Itamaraty. Tiene una historia anterior que ayuda a entender por qué una relación construida durante cuatro décadas sobre intereses permanentes terminó, al menos por unos días, subordinada a la lógica de la política doméstica.
Para encontrar el origen hay que retroceder casi tres años.
El 28 de agosto de 2023, ocho días después de que Milei sorprendió al sistema político argentino al imponerse en las PASO, Sergio Massa viajó a Brasilia para reunirse con Lula. Infobae estuvo presente en aquella visita al Palacio del Planalto.
No fue una reunión protocolar. Fue un encuentro político entre dos dirigentes que compartían un mismo objetivo: impedir que el candidato libertario llegara a la Presidencia.
“Hacé lo que tengas que hacer, pero tenés que ganar”, le dijo Lula a Massa durante aquella conversación, según reconstruyeron ante Infobae quienes participaron del encuentro. Hubo otra frase que también quedó grabada entre los presentes: “Juntá votos, no dólares”.
Alrededor de esa mesa estaban la entonces secretaria de Energía, Flavia Royón (hoy senadora por Salta); el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren (a quién Milei acusó de “ladrón” en la Rural); el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo (hoy también senador por Entre Ríos); y el entonces embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, hoy secretario de Turismo del gobierno de Milei.
Aquel encuentro confirmó algo que ya era evidente: Lula había decidido involucrarse políticamente en la campaña presidencial argentina. Nunca ocultó esa preferencia. La expresó en público y también en privado.
Massa se reunió con Lula a fines de agosto de 2023 en Brasilia, en una conversación que, según reconstruyó Infobae en ese momento, giró en torno a un objetivo compartido: evitar que Javier Milei llegara a la Presidencia. Con el paso del tiempo, ese antecedente se convirtió en una referencia central para explicar por qué la confrontación actual entre Buenos Aires y Brasilia tiene, además de una dimensión ideológica, un componente personal y político que se arrastra desde 2023.
Con el correr de las semanas, comenzó una colaboración más estrecha entre dirigentes y especialistas vinculados al Partido de los Trabajadores y el equipo de campaña de Unión por la Patria. Formalmente, la estrategia seguía bajo la conducción del consultor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí, otro viejo enemigo de Milei. En paralelo se incorporaron referentes como Edinho Silva, uno de los dirigentes históricos del PT que había participado de la campaña que permitió el regreso de Lula al poder en 2022.
Milei nunca dejó de hablar de aquel episodio. Durante la campaña y después de asumir la Presidencia sostuvo reiteradamente que dirigentes brasileños vinculados al PT habían participado de la estrategia negativa desplegada en su contra. Para el líder libertario, ellos estuvieron detrás de las peores acusaciones sobre su vínculo con Karina Milei y sus perros. En los últimos días volvió sobre ese recuerdo durante una entrevista radial desde el predio de la Sociedad Rural. Lo hizo casi tres años después, pero con la misma convicción.
Ese antecedente no explica por sí solo la dureza del discurso pronunciado el sábado en San Pablo. Pero ayuda a entender por qué la confrontación con Lula nunca fue una discusión exclusivamente ideológica: también tiene una dimensión personal y política que viene desde 2023.
El dato importa porque marca el momento en que la política doméstica empezó a cruzar la frontera de la política exterior. Lula actuó entonces como un actor político interesado en el resultado de las elecciones argentinas. Milei respondió ahora como presidente de la Argentina. Y allí aparece una diferencia fundamental: lo que hace tres años podía interpretarse como un episodio de campaña terminó proyectándose sobre la relación entre dos Estados.
Sería un error, sin embargo, explicar esta crisis únicamente desde Buenos Aires. Porque la confrontación tampoco resulta políticamente inconveniente para Lula.
El presidente brasileño atraviesa una campaña electoral difícil. En octubre buscará la reelección en un escenario de fuerte polarización con el bolsonarismo y con una economía que, si bien muestra indicadores más sólidos que los de otros países de la región, ya no le garantiza por sí sola el respaldo político que obtuvo en 2022.
En ese contexto, la disputa con Milei aparece como una oportunidad para reforzar un discurso que el Palacio del Planalto viene construyendo desde hace meses: la defensa de la soberanía brasileña frente a las presiones externas. Ese relato comenzó a consolidarse cuando Donald Trump endureció su política comercial hacia Brasil y vinculó parte de esa estrategia con la situación judicial de Jair Bolsonaro. El gobierno de Lula respondió presentando ese conflicto como una injerencia de Washington en asuntos internos brasileños.
La aparición de Milei en San Pablo, respaldando al hijo del ex presidente y cuestionando al actual mandatario y a uno de los ministros del Supremo Tribunal Federal, encajó en esa narrativa. No significa que Lula buscara esta crisis. Sí explica por qué el gobierno brasileño decidió responder con firmeza.
El canciller Mauro Vieira resumió esa posición. Calificó las declaraciones de Milei como “muy graves”, sostuvo que constituyeron una “interferencia en asuntos domésticos” de Brasil y pidió explicaciones al gobierno argentino. Al mismo tiempo dejó una señal que pasó relativamente inadvertida, pero resulta decisiva para entender el momento diplomático.
“La retirada de embajadores es un paso de gran gravedad. No vamos a hacer eso ahora”, afirmó. Y agregó una definición que probablemente exprese mejor que ninguna otra el desafío que enfrentan ambos gobiernos: “Tenemos que trabajar por el entendimiento entre las naciones, y la diplomacia se hace de conversaciones”.
Esa aclaración no es menor. Brasil decidió elevar el costo político de los dichos de Milei, pero evitó cruzar un umbral que hubiera colocado a la relación bilateral en una situación mucho más delicada. El mensaje fue doble: las declaraciones del Presidente argentino resultan inaceptables para el gobierno de Lula, pero el vínculo entre ambos países sigue siendo demasiado importante como para quedar atrapado en una escalada sin retorno.
Ese matiz aparece también cuando se observa el tablero internacional. Mientras Milei profundiza un alineamiento con Trump e Israel, Lula intenta ampliar los márgenes de autonomía de Brasil.
No fue casual que el mismo domingo en que estallaba la crisis diplomática el presidente brasileño mantuviera una extensa conversación con Xi Jinping. Hablaron de profundizar la relación comercial entre China y el Mercosur, de cooperación económica, de seguridad energética y también de los conflictos internacionales que dominan la agenda global. Ambos expresaron preocupación por la situación humanitaria en Gaza y por las consecuencias que los conflictos en Medio Oriente pueden tener sobre la economía mundial.
Es una mirada muy distinta de la que sostiene Milei, uno de los principales aliados internacionales de Israel y uno de los presidentes occidentales que respaldó explícitamente la ofensiva militar impulsada por Estados Unidos para neutralizar las amenazas vinculadas con Irán y sus aliados regionales.
La distancia entre Buenos Aires y Brasilia, entonces, no se limita al vínculo personal entre Milei y Lula. Empieza a reflejar dos maneras muy diferentes de entender la inserción internacional de América Latina. Mientras la Argentina privilegia el alineamiento con Washington, Brasil intenta consolidar una estrategia de mayor autonomía, profundizando al mismo tiempo sus vínculos con Estados Unidos, China, Europa y el Sur Global.
En ese contexto, la pelea entre ambos deja de ser solamente una disputa bilateral. Empieza a expresar dos proyectos distintos sobre el lugar que la región debería ocupar en el nuevo escenario internacional.
Hay otro dato, menos visible, que ayuda a entender hasta qué punto la política argentina y la brasileña siguen entrelazadas. Mientras Milei profundizaba su confrontación con Lula, la ex presidenta Cristina Kirchner terminó de incorporar a su estrategia judicial internacional al jurista brasileño Rafael Valim, un reconocido especialista en Derecho Constitucional y derechos humanos que integró el equipo de abogados del actual mandatario brasileño y mantiene una estrecha relación con el Partido de los Trabajadores.
Su incorporación no tiene consecuencias diplomáticas directas ni modifica la situación judicial de la ex presidenta. Pero vuelve a mostrar que los vínculos construidos entre el lulismo y el kirchnerismo siguen activos y trascienden los cambios de gobierno en ambos países. Es otra manifestación de una relación política que nunca desapareció. La diferencia es que, esta vez, encontró del otro lado a un presidente argentino que tampoco está dispuesto a separar la política doméstica de la política exterior.
Esa transformación es la que preocupa a buena parte del cuerpo diplomático argentino. En conversaciones con Infobae, dos embajadores que conocen como pocos la relación bilateral —Diego Guelar, ex representante argentino en Brasil, Estados Unidos y China, y Jorge Argüello, ex embajador en Estados Unidos, Portugal y las Naciones Unidas— llegaron, desde recorridos políticos muy diferentes, a una conclusión parecida.
Guelar definió la crisis como “innecesaria” y advirtió que tendrá “un impacto negativo en la relación bilateral”, aunque descartó que pueda alterar una integración económica construida durante décadas. Argüello fue todavía más lejos desde el plano conceptual. “Los presidentes pueden tener posiciones políticas e ideológicas, pero lo que no pueden hacer es imponerlas sobre el interés nacional”, dijo a Infobae.
La frase resume uno de los principios históricos de la política exterior argentina. Los gobiernos cambian, las coaliciones llegan y se van, las mayorías electorales se construyen y se pierden. Pero el interés nacional debería conservar cierta estabilidad.
La relación con Brasil fue, probablemente, uno de los mejores ejemplos de esa lógica. Desde que Raúl Alfonsín y José Sarney decidieron transformar una vieja rivalidad geopolítica en una asociación estratégica, radicales, peronistas, liberales y socialdemócratas administraron ese vínculo con una premisa casi inalterable: las diferencias ideológicas no debían poner en riesgo una relación considerada estratégica para ambos países.
Eso no significó ausencia de conflictos. Los hubo. Hubo disputas comerciales, diferencias dentro del Mercosur, desacuerdos sobre política internacional e incluso fuertes contrastes personales entre algunos presidentes. Pero existía una frontera relativamente clara entre la competencia política y la política de Estado.
Esa frontera hoy aparece mucho más difusa. Lula decidió involucrarse activamente en la campaña presidencial argentina de 2023 porque entendía que el triunfo de Milei afectaba el proyecto político que representaba en la región. Milei respondió tres años después involucrándose de manera igualmente explícita en la campaña brasileña, respaldando al principal adversario político de Lula y utilizando un lenguaje que rompió con las formas tradicionales de la diplomacia.
No son hechos equivalentes. Pero revelan una misma tendencia: la creciente dificultad para separar la disputa política interna de la relación entre los Estados.
Eso explica por qué esta crisis no puede analizarse únicamente como un intercambio de agravios. También expresa un cambio más profundo: la política exterior empieza a quedar condicionada por la lógica de las campañas permanentes.
Por eso la pregunta más importante que deja esta crisis no es si Milei y Lula volverán a cruzarse públicamente, ni cuándo regresará el embajador brasileño a Buenos Aires. La verdadera incógnita es otra: si, cuando pasen las elecciones, las campañas y las cuentas pendientes que ambos líderes arrastran desde 2023, la Argentina y Brasil volverán a colocar el interés permanente de la relación bilateral por encima de las necesidades coyunturales de sus dirigentes.
Porque ese equilibrio, construido con avances y retrocesos durante más de cuatro décadas, no parece haberse roto definitivamente este fin de semana. Pero sí quedó sometido, probablemente como nunca desde el regreso de la democracia, a una tensión que obliga a preguntarse cuánto espacio conservará la política de Estado en una época dominada por la confrontación permanente.
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El diario estadounidense The Washington Post volvió a dedicar un editorial al presidente Javier Milei y destacó el rumbo económico del Gobierno, al tiempo que vinculó esa evolución con la reciente mejora en la calificación crediticia de la Argentina otorgada por Moody’s.
Publicada el sábado, la columna lleva el título “El renacimiento de la Argentina continúa” y sostiene que las perspectivas económicas del país siguen mejorando, un escenario que, según el periódico, comenzó a atraer nuevamente el interés de los inversores.
“El mensaje de las agencias de calificación es que las reformas orientadas al mercado del presidente Javier Milei están funcionando”, expresó la publicación. La semana pasada, Moody’s subió las notas de emisor de largo plazo en moneda local y extranjera de Caa1 a B3 y, además, mejoró la perspectiva de la Argentina de “estable” a “positiva”.
Esta decisión se sumó a las mejoras que ya habían sido dispuestas previamente por Fitch Ratings y S&P Global Ratings.
El periódico recordó que, cuando Milei asumió la Presidencia en diciembre de 2023, la Argentina era considerada un país con un riesgo de incumplimiento muy elevado. “Menos de tres años después, la Argentina superó su calificación de ‘altamente problemática’ y ya no posee una de las deudas más riesgosas del mercado global”, subrayaron y afirmaron que la “ambición de Milei” es alcanzar una calificación de grado de inversión en un plazo de aproximadamente cinco años.
Según el editorial, la mejora de la nota crediticia no responde a “la magia ni la suerte”, sino al proceso de estabilización económica. En ese sentido, citó la explicación de Moody’s, que sostuvo que la estabilización macroeconómica “superó la fase de ajuste inicial y se consolidó como una mejora más duradera de los fundamentos crediticios”.
“El auge de las exportaciones también mejoró las perspectivas del país, en parte gracias a la expansión del sector energético“, resaltaron, en línea con lo que dijo el presidente Milei durante su discurso en la inauguración de la Rural este domingo, cuando afirmó que el crecimiento del sector energético y la minería será lo que financiará la quita de retenciones al campo.
En el tramo final, The Washington Post puso el foco en la desaceleración de la inflación. Recordó que, cuando Milei llegó a la Casa Rosada, la inflación mensual rondaba el 25%, mientras que en junio de este año fue del 1,9%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
“Milei también abordó los persistentes déficits fiscales del país y registró un modesto superávit apenas un año después de su investidura», celebraron en alusión al ajuste del gasto público que se implementó en la Argentina desde que asumió Milei y que, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), equivale a unos US$67.000 millones en los últimos 26 meses, cerca del 10% del PBI.
El editorial concluyó con una valoración favorable del programa económico del Gobierno: “Esto mejora la vida de los argentinos. Además, ofrece un modelo para otras economías estancadas que buscan recuperarse”.
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POLITICA
El canciller de Brasil calificó de “graves e inaceptables” los dichos de Javier Milei sobre Lula da Silva y escaló la tensión diplomática
En plena escalada de tensión diplomática, el canciller de Brasil, Mauro Vieira, tildó de “graves e inaceptables” los dichos del presidente Javier Milei sobre su par Lula da Silva, al que había calificado de “ladrón” y “presidiario”. El funcionario brasileño advirtió: “Todo este episodio es sumamente grave e inaceptable». Aunque aclaró: “Pero debemos trabajar para lograr el entendimiento entre las naciones, y la diplomacia se basa en eso, en el diálogo”.
Vieira dijo: “Las declaraciones del presidente de Argentina fueron muy graves y generaron una muy mala recepción. Dichas declaraciones fueron críticas y muy agresivas hacia el gobierno brasileño, el pueblo brasileño, las instituciones, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el propio Presidente de la República. Constituyeron una injerencia en los asuntos internos, en los asuntos nacionales”.
El canciller de Brasil aclaró igualmente en declaraciones a TV Globo, en plena escalada de tensión entre ambos países: “La retirada de los embajadores es una medida muy seria. En este contexto de preservación, no vamos a hacer eso ahora. Necesitamos explicaciones del gobierno argentino: ¿por qué el presidente de Argentina vino a territorio brasileño para hacer este tipo de declaraciones, tan duras, groseras e inaceptables?“.
El gobierno de Brasil convocó de urgencia al embajador argentino para que dé explicaciones por los dichos de Milei
El canciller de Brasil convocó de urgencia al embajador de la Argentina en ese país, Daniel Raimondi, para transmitirle el rechazo de ese gobierno “a los improperios emitidos por el Presidente Javier Milei durante su visita privada a São Paulo, el 25 de julio, y cobrarle explicaciones sobre el comportamiento del mandatario argentino en territorio brasileño”, de acuerdo a un comunicado oficial.
Desde la cancillería de Brasil advirtieron: “No hay precedentes de un presidente extranjero que, en territorio nacional, haya acumulado agresiones y ofensas contra el Jefe de Estado, las instituciones democráticas, incluido el Poder Judicial, y el pueblo brasileño. Es especialmente lamentable que ese episodio infamante involucre al presidente de un país con el que Brasil mantiene 203 años de amistad y cooperación y que tiene, en Brasil, su principal socio comercial”.
El gobierno de Brasil además llamó a consultas a su embajador en la Argentina, Julio Bitelli, como anticipo TN. Fue luego de las duras críticas de Milei contra Lula, el sábado, durante un acto en San Pablo, de acompañamiento al lanzamiento de la candidatura presidencial del senador, Flávio Bolsonaro.
Milei dijo además: “Si en la Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el ‘riesgo kuka’, acá, en Brasil, hoy tienen el ‘riesgo Lula’, que se refleja en las acciones y los mercados, estoy hablando de ese mismo que mete preso a opositores por el solo hecho de ser opositores».
Brasil, Argentina, Javier Milei, Lula Da Silva
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