A diferencia de la movilización en apoyo a los jubilados de la semana pasada, cuando resultó difícil identificar a un grupo detrás de la protesta que terminó en represión policial, la convocatoria para esta tarde se anticipa más organizada, con agrupaciones políticas, sindicales y movimientos sociales en la primera línea, lo que le daría un marco de mayor contención al reclamo callejero.

A pedido de la mesa coordinadora de jubilados, que recibieron el apoyo de las dos vertientes de la CTA, se consensuó con los diferentes sectores convocantes desplazar esta vez del centro de la escena a los presuntos barrabravas. Si bien se abrieron negociaciones con los referentes de las hinchadas, las barras de los principales clubes del país decidieron mantenerse otra vez al margen y no participar de la manifestación, según averiguó de fuentes del Ministerio de Seguridad y operadores políticos y sindicales acostumbrados a tratar con las barras. El miércoles pasado hubo solo cinco de los 114 detenidos relacionados con la violencia en el fútbol, según informó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. La de hoy será otra prueba para el Gobierno sobre el control de la calle.

Como todos los miércoles, se improvisará un escenario en la plazoleta, frente al Congreso. La intención de los organizadores es que, desde allí, a las 17, los representantes de los jubilados lean un documento con todas las adhesiones que cosecharon en su reclamo por mejoras en los haberes. La intención es que se pronuncien integrantes de cada una de las 15 organizaciones que conforman la mesa coordinadora. Pedirán que las centrales obrera convoquen a un paro general, algo que sucedería al día siguiente, cuando la CGT confirme su tercera huelga contra el Gobierno, muy posiblemente para el 10 de abril.

Con la nueva fórmula de movilidad establecida por Javier Milei mediante el decreto 274/24, las jubilaciones mínimas (de actualmente $279.121,71) son un 27,9% más bajas que si continuara vigente la fórmula anterior ($356.962), afectando mayormente a los jubilados que cobran la mínima, que son el 70% del total, según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Después de los incidentes de la semana pasada, cuando desde el Gobierno denunciaron la presencia de supuestos barrabravas, se decidió reforzar el operativo de seguridad. El Congreso estará vallado para evitar desbordes, pero también porque a partir de las 10 se debatirá en el recinto el decreto presidencial para aprobar el nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI). No se precisó el número de efectivos que estarán afectados al operativo, pero ayer hubo una reunión estratégica en la Casa Rosada de la que participaron la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el asesor presidencial Santiago Caputo, y los cabecillas de la Secretaría de Inteligencia, Sergio Neiffert y Diego Kravetz.

A pesar de que la ministra Bullrich respaldó el accionar de las fuerzas de seguridad en la marcha del miércoles pasado, la Gendarmería Nacional inició una “investigación interna”, para determinar responsabilidades en relación con el disparo de la cápsula de gas lacrimógeno que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo, que pelea por su vida. La funcionaria, además, fue denunciada en la Justicia por Beatriz Blanco, una jubilada de 87 años que fue agredida por un policía. A partir de estos episodios, el juez Martín Cormick, que rechazó una medida cautelar para suspender el “protocolo antipiquetes”, dijo que irá personalmente a la manifestación para observar si es que hay excesos por parte de la policía.

En la marcha, prometen presencia los movimientos sociales (como los nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular), entidades gremiales (algunas agrupadas dentro de la CGT, y otras, en las dos vertientes de la CTA), políticas (como La Cámpora), y grupos piqueteros de izquierda (como el Frente de Lucha Piquetero, que incluyó en sus consignas el pedido de renuncia de Bullrich). Un punto de concentración fuerte será el cruce de las calles Yrigoyen y Virrey Cevallos, donde el fotógrafo Grillo recibió el impacto de la cápsula de gas lacrimógeno. “Será una marcha más de aparato que marginal y anárquica, como la del miércoles pasado”, reconoció un activista vinculado a la izquierda.

Marcelo Bailaque, juez federal de Rosario, acostumbraba usar el quincho de su edificio, cercano al Parque Independencia, para hacer reuniones de “trabajo”. En realidad, eran una mezcla de placer y también, a veces, negocios. Degustar buenos espumantes, cocinar una paella, una especialidad que aprendió en Caleta Olivia, Santa Cruz, donde inició su carrera judicial, o unas tiras de asado, y conversar con “amigos”, como Carlos Vaudagna, que entre 2015 a 2020 fue jefe de ARCA en Rosario.

En ese ambiente relajado se terminó de moldear una maniobra que podría terminar en la destitución del magistrado federal y hasta en su detención, luego de que ese comensal, que fue un hombre poderoso de la exAFIP durante 12 años –antes fue titular del organismo en Santa Fe- se quebrara y declarara como arrepentido en una constelación de causas que llevan adelante una decena de fiscales federales. Vaudagna prefirió hablar para evitar ir a la cárcel, un peligro que lo había llevado caer en una grave depresión. Era tan fuerte la presión y lo que estaba en juego que –según contó gente de su entorno- hasta estuvo cerca de quitarse la vida.

El exjefe de ARCA reconoció ante los fiscales que lo entrevistaron varias veces que tramó una extorsión con Bailaque a los empresarios Claudio Iglesias y Jorge Oneto. Se investiga que el exjefe de la AFIP y el magistrado no fueron dos lobos solitarios, sino que en el fondo de esta trama aparece un engranaje de corrupción en el que participaron operadores judiciales de alto nivel en el país y empresarios que monetizaban “favores”.

La “extorsión” tuvo dos objetivos: cobrar una coima en dólares, aunque la misión principal, según interpretan varias fuentes ligadas al caso, era arruinar la reputación de Iglesias, que en ese momento aspiraba a convertirse en presidente del Grupo San Cristóbal Seguros, una compañía que está entre las cuatro que más facturan en el rubro, y era un hombre fuerte en el Mercado de Valores de Rosario. Después de la extorsión, Iglesias renunció a los dos cargos.

Está claro que Vaudagna y Bailaque extorsionaron a estos dos empresarios, pero fue por pedido de alguien. Las sospechas apuntan a un operador judicial de alto nivel, que se mueve en Buenos Aires, a un funcionario de la Corte Suprema de la Nación, cercano al ministro Ricardo Lorenzetti, y al financista Fernando Whpei, un hombre que acarrea causas por lavado de dinero en la Asociación Mutual Unión Provincial, que nunca prosperaban. En diálogo con , Lorenzetti negó tener alguna relación con los acusados en esta causa. “Nunca vi en mi vida a Vaudagna y con Bailaque tengo un vínculo puramente institucional”, afirmó el ministro de la Corte Suprema.

Detrás del caso Bailaque hay una batalla dentro del máximo tribunal y también dentro de la justicia federal de Rosario. La puesta en marcha del sistema acusatorio, en el que los fiscales tienen un rol protagónico, favoreció a que se activara una investigación que trasciende las fronteras de Rosario. También surgieron resistencias. Corrió peligro de que la causa quedara sin juez, luego de que el magistrado Gastón Salmain fuera apartado. Los fiscales lo recusaron por tener una relación con el exjefe de ARCA.

Bailaque quedó al descubierto en este caso que ganó mayor notoriedad, pero estaba en la mira desde hacía tiempo. Tenía una red de contención que evitaba que se abriera una investigación. Los rumores eran cada vez más precisos sobre el comportamiento de un magistrado que usaba métodos clásicos en el rubro de la corrupción judicial: el paso del tiempo.

La dilación en una investigación, como ocurrió con el jefe narco como Esteban Alvarado, uno de los más poderosos de Rosario, significó engrosar la fortuna del capo criminal y que tuviera tiempo para matar a sus enemigos, traer cargamentos de droga en avionetas desde Bolivia y Paraguay, diluir gente en ácido –como contó el testigo Carlos Arguelles, que después mandó a asesinar-, o enterrarla viva.

La lenta cadencia de Bailaque para investigar, que también fue un espejo en otros magistrados de Rosario, explica en parte el crecimiento de la violencia narco, en una ciudad que durante 15 años vivió ensordecida por las balas, las extorsiones, los atentados y las muertes. La tasa de homicidios llegó a 24 asesinatos cada 100.000 habitantes.

Las principales bandas criminales, como los Monos, Alvarado, los Funes, Julio Rodríguez Granthon, entre otros, fueron investigados y condenados por crímenes y asociación ilícita por fiscales provinciales, antes de ser sentenciados por narcotráfico, un delito federal. La justicia federal de Rosario pareció vivir en una burbuja durante más de una década, pero esa abstracción tenía una explicación, que empieza a develar el caso de Bailaque.

Los primeros que mencionaron la responsabilidad del Estado en omitir investigaciones que contribuyeron a que Rosario fuera escenario de un territorio arrasado por la violencia narco fueron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que advirtieron en los alegatos del juicio contra Alvarado que este jefe narco construyó su poder no sólo a partir de la violencia extrema, sino también a partir de la “complicidad del Estado”.

Los dos fiscales, que lograron en 2022 que Alvarado fuera condenado a prisión perpetua, fueron los primeros que dejaron expuesto a Bailaque. Estos fiscales también llevaron adelante otras causas relevantes, donde se cristalizaba la “influencia” de actores políticos en las tramas criminales. Edery terminó sancionado y suspendido, acusado de tener una relación inapropiada con una testigo. Schiappa Pietra está abocado ahora a los delitos juveniles. El mensaje y la respuesta del propio sistema político fue lapidario.

No fueron las sospechas de complicidad con el narcotráfico las que complicaron a Bailaque, sino haber resquebrajado un límite: tramar una extorsión con todo el aparato del Estado. Los Monos realizaban extorsiones de manera permanente a empresarios, pero no utilizaban a la Gendarmería, como ocurrió con el juez. Una cosa es la corrupción, muchas veces hasta permitida dentro del sistema, y otra llevar adelante una acción con el aparato judicial para extorsionar.

Para evitar intermediarios, Vaudagana fue en persona el 14 de agosto de 2019 al juzgado Nº4 de Bailaque para llevar el anónimo que él mismo había redactado y al que le había dado curso dentro de la exAFIP. En resumen, decía que Iglesias y Oneto lavaban dinero. Bailaque abrió una causa y, a contramano de lo que hacía siempre, no delegó la investigación en ningún fiscal.

El 1º de noviembre ordenó a Gendarmería allanar las oficinas de Iglesias, que era el principal objetivo, y de su socio Oneto, un hombre de negocios que había ganado mala reputación al estar involucrado y después sobreseído en lo que se llamó una “megaestafa” inmobiliaria. Esa causa también tuvo un capítulo oscuro: para beneficiar a algunos de los imputados fue designado como jefe de los fiscales de Rosario Patricio Serjal, que después terminó preso, acusado de cobrar sobornos que maniobraba el senador peronista Armando Traferri.

Bailaque había ordenado los allanamientos, después de recibir dos informes sobre la situación fiscal de los dos empresarios, que había realizado la Dirección de Investigación de la exAFIP. La causa avanzó con información trucha, que confeccionó Vaudagna en el organismo, hasta que se abrió una negociación y los financistas terminaron abonando el soborno, cuya cifra aún no se expuso en la justicia.

Bailaque indagó el 17 de agosto de 2021 a ambos y, sin ningún motivo, dictó la falta de mérito 20 días después. La motivación, entienden los fiscales, fue que Iglesias y Oneto habían accedido a pagar el soborno. Luego, Iglesias renunció a San Cristóbal Seguros y a su cargo en la Bolsa de Comercio de Rosario. Toda esta trama, que ya estaba siendo investigada por fiscales de Rosario, Santa Fe, Reconquista, de PROCUNAR y PROCELAC, fue la que reconoció el exjefe de ARCA.

El testimonio del arrepentido dejó a Bailaque en una situación compleja. El Consejo de la Magistratura, que desde el año pasado investiga al juez, pidió la declaración como arrepentido de Vaudagna. Y si bien los procesos en el Consejo son lentos y se requiere una mayoría de dos tercios para suspender a los jueces, los tiempos se acortan para Bailaque, que comenzó su carrera judicial a fines de los 90 a 1900 kilómetros de Rosario, en Caleta Olivia. Este viernes los fiscales sumaron delitos a la imputación contra el magistrado.

En 2008 Bailaque dejó el viento helado de la Patagonia por el calor húmedo del litoral, cuando regresó a su ciudad natal con el cargo de juez federal bajo el brazo. Habían servido las largas charlas con Carlos “Chino” Zannini, cuando era ministro de la Corte Suprema provincial y las conexiones con una clase política que en 2003 llegó al poder con Néstor Kirchner.

Bailaque decidió emigrar a Santa Cruz a mediados de los 90 porque un amigo le avisó que había una vacante en la Defensoría oficial. Necesitaba el trabajo. De ese cargo pasó a ser juez de instrucción y a vincularse con la precuela del kirchnerismo. Los que lo conocen de casi toda la vida recuerdan que fue clave el respaldo del diputado Carlos Kunkel en el Consejo de la Magistratura para su designación, que luego tuvo el visto del Senado en la maratónica sesión del 19 de diciembre de 2007. La cámara alta aprobó su pliego a las 15.18.

Bailaque se adaptó rápido al perfil de funcionario de la justicia federal de Rosario. Era un bicho extraño para una casta judicial que con los años se transformó en una gran familia con graves problemas. El juez, nacido y criado en Rosario, conocía cómo nadie los pliegues de esa parentela. Se asimiló tan bien que después entraron a la justicia federal sus tres hijos, que ocupan cargos en el Tribunal Oral Federal Nº3, en el juzgado federal Nª1, y en el Tribunal Oral en lo Criminal de Rosario.

También hizo ingresar a su propio juzgado al hijo de un amigo de la infancia: Sebastián Mizzau, hoy jefe de despacho en el TOF Nº3. El padre de este abogado de 30 años es Gabriel Mizzau, un contador particular: llevaba las cuentas personales del magistrado y de las empresas Sagrado Corazón y Logística Santino, que estaban a nombre de Rosa Capuano, expareja del jefe narco Esteban Alvarado.

El 11 de junio pasado, reveló esta trama, que fue confirmada por el propio magistrado. Se cristalizó después en otra causa contra Bailaque, que era quien tenía el expediente por lavado de dinero de Alvarado, manipulado en el juzgado por el hijo del contador del narco. El juez reconoció en una extensa charla con que prefería hacer ingresar a su juzgado “a gente que conocía”. Dijo también que desconocía que Gabriel Mizzau, su contador, era también quien llevaba las cuentas de las empresas de Alvarado. Los documentos que obtuvo este diario donde constan que Mizzau firmaba los balances de las empresas figuraban en el expediente que se tramitaba en su juzgado. ¿Cómo podía desconocerlo?

Bailaque está sospechado de hacerle “favores”, que se convertían en beneficios económicos, a otros dos amigos: los financistas Fernando y Guillermo Whpei, a quienes le dio la administración de los fondos de la Cooperativa de Estibadores de Puerto San Martín, que eran más de 10.000 millones de pesos. Estos empresarios pretendían quedarse con la cooperativa, que había sido intervenida en la época en que la conducía Herme Juárez, alias Vino Caliente.

Los miembros de la cooperativa que tomaron la posta del manejo de la entidad pretendían que se normalizara la compleja situación legal, luego de dos intervenciones. En mayo de 2021 trabajadores de la cooperativa denunciaron ante la Cámara Federal de Rosario que la intervención, a cargo de Rubén Pasqualino primero y Daniel Sorrequieta después, había transferido 10.000 millones de pesos a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, una de las financieras que pertenecían al Grupo Unión, que está controlada por los hermanos Wphei, exdueños de medios periodísticos y del extraño Museo de la Democracia de Rosario, al que algunos apodan el museo del lavado.

A la par, en la exAFIP, Vaudagna también embolsaba beneficios a través de “favores”, que ahora fueron calificados como delitos, y que él mismo reconoció.

En su declaración, el extitular de ARCA complicó al expresidente de la agroexportadora Vicentin Omar Scarel, que está preso desde el sábado pasado por otra causa por estafa en el fuero provincial. Vaudagna admitió que era asesor personal de Scarel y que benefició a la empresa cerealera que entró en default en diciembre de 2019 al eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones, por un monto total de $143.254.723,61, cometido en los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Los directivos de Vicentín se beneficiaron luego con el blanqueo que dispuso Javier Milei.

El exjefe de la AFIP también reconoció que entre mayo de 2018 y julio de 2019 intercedió y ejerció su influencia ante funcionarios de ARCA que estaban a cargo en la fiscalización e inspección de créditos fiscales indebidamente percibidos por Vícentín SAIC. La maniobra de Vaudagna, según admitió, fue evitar que fueran impugnados y reducir el monto del ajuste fiscal determinado por la exAFIP con la finalidad de esquivar una denuncia penal contra la empresa. consultó al abogado de Scarel, que respondió que por ahora no iba a hacer declaraciones.

En su declaración como arrepentido, Vaudagna afirmó que brindó, siendo jefe del organismo recaudador, asesoramiento técnico y contable a Carlos Felice, secretario general del sindicato de Turf, al principal accionista del diario El Litoral Carlos Nahuel Caputto y a la contadora María Virginia Copello, para que mediante un complejo entramado de sociedades comerciales en las que intervino la empresa Deusto SA –cuyo director es Caputto- pudieran obtener fracciones de terrenos de las islas Los Mellados y Sirgadero, ubicadas en la ciudad de Santa Fe. En esas islas estaba previsto que se realizara el traslado del puerto, proyecto que después se cayó. De concretarse, el propietario de esas tierras iba a ser favorecido con las expropiaciones de parte del Estado provincial.

El extitular de la exAFIP también contó que facilitó a Caputto información reservada sobre distintos contribuyentes y que intercedió para que los agentes de ARCA omitieran fiscalizar las empresas vinculadas a este empresario. Por ejemplo, ordenó que se archive una investigación contra la empresa Consultora Arcadia SA, ligada a Caputto. Este diario envió una serie de preguntas a Caputto, que se encuentra en este momento de viaje en el extranjero, pero no respondió.

El extitular de la exAFIP aceptó, además, dar las claves de su teléfono Iphone que fue secuestrado en noviembre pasado para que la justicia pueda realizar las pericias y avanzar en una investigación que conmueve al poder. A partir de este nuevo peritaje puedan destejerse una maraña de intereses cruzados que confluyen en una corrupción que parece parte del sistema.