INTERNACIONAL
Bloqueos en Bolivia: por qué paralizar las carreteras es una herramienta de presión política
Las principales carreteras de Bolivia están cortadas desde hace más de 45 días por personas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, a quien acusan de traición y de gobernar de manera excluyente en contra de sus intereses.
Aunque el conflicto actual destaca por ser el más prolongado y extendido de los últimos años, el bloqueo de caminos está lejos de ser una medida de presión aislada en la política boliviana. De hecho, fueron la segunda forma de manifestación más recurrente en 2025, solo detrás de las “declaratorias de emergencia”.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, el año pasado se registraron 841 hechos de conflictividad en el país, de los cuales 180 se tradujeron en bloqueos, la mayoría motivados por conflictos políticos derivados del proceso electoral y la debacle financiera que atraviesa el país.
Los piquetes actuales han profundizado la crisis y han generado pérdidas millonarias para sectores estratégicos como el transporte, la industria y el turismo. En La Paz, la sede de Gobierno, la población ha experimentado no solo escasez de alimentos y de combustible a causa del cierre de sus vías de acceso, sino también interrupciones en el transporte público, la suspensión de las clases escolares presenciales y la cancelación temporal de algunos servicios médicos por falta de oxígeno.
Ese escenario convulso puso sobre la mesa el debate sobre la legitimidad de los cortes de caminos como una herramienta de lucha política.
“Todo bloqueo es criminal porque atenta contra los derechos de las personas”, manifestó el diputado Carlos Alarcón, quien presentó un proyecto de ley para penalizar los piquetes. La norma, que está trabada en una comisión de la Asamblea Legislativa, plantea sancionar a quienes corten carreteras con penas que van de 3 a 20 años de cárcel.
El diputado justifica su proyecto porque “se afectan los derechos más básicos y elementales, no solo al libre tránsito sino también a la salud, la educación, el trabajo y la alimentación (…) de personas inocentes que no tienen nada que ver con los reclamos de los bloqueadores”. En entrevista con Infobae, Alarcón señaló que “no se puede corregir lo que se considera una injusticia con una injusticia mayor contra el conjunto de la población”.
Para la socióloga Luciana Jáuregui, más allá del debate sobre la criminalización de las protestas, es necesario comprender el origen de este mecanismo de acción política y las tensiones sociales que lo alimentan.
Jáuregui sostiene que en Bolivia existe una “contradicción estructural” entre la conformación institucional y las organizaciones comunitarias que no están representadas en el Estado. “Las protestas se originan en ese desacople”, señala y explica que las causas tienen que ver con una crisis de mediación institucional, la desigualdad económica histórica y una exclusión simbólica de las poblaciones rurales.
Los sectores que recurren a los bloqueos como medida de presión señalan que es la única manera de ser escuchados. “No hay otra forma de lucha sindical”, afirmó en entrevista con Infobae David Mamani, ex dirigente de la Federación de Campesinos de La Paz Túpac Katari, una de las cuales se manifiesta actualmente contra el Gobierno. “Cuando acudimos a una huelga de hambre, nadie la toma en cuenta. Si hacemos una marcha de protesta, no pasa nada. Todo es chiste para los gobernantes. Entonces, ¿cómo podemos lograr hacernos escuchar?”, justificó.
Los bloqueos prolongados revelan el nivel de organización social que tienen las poblaciones campesinas. La forma de sostener más de seis semanas en las calles es mediante turnos de rotación y la toma de decisiones de manera unánime. “Nadie nos da dinero, es una gran mentira que alguien esté financiando esta movilización, no hay nada de eso”, afirmó sobre las versiones que vinculan las protestas con dinero externo y de organizaciones ilícitas.
El dirigente campesino es consciente del daño colateral de la medida de presión y afirma que toda protesta tiene “causa y efectos”. Aún así, considera que su demanda es justa y que si la administración de Rodrigo Paz no hubiera incumplido sus promesas de campaña, ellos no estarían hoy en las calles. “Estamos en las carreteras porque el Gobierno ha ojo cerrado ha ejecutado decretos anticampesinos”, afirmó.
Sin embargo, los bloqueos como herramienta de lucha política trascienden a las organizaciones campesinas. En los últimos años, las clases medias impulsadas por las instituciones cívicas de Santa Cruz también hicieron bloqueos en vías urbanas -con dinámicas diferentes y bajo la modalidad de “paro cívico”-, para exigir desde la renuncia de Evo Morales en 2019 hasta la realización de un censo de población y vivienda en 2022.
Jáuregui explica que estos conflictos suelen estallar en una sociedad dividida y con intereses antagónicos cuando una de las partes no controla los recursos institucionales y económicos del Estado. “Eso sucede en los dos casos (…) cuando no existen canales de ejercicio de poder, se recurre a la calle”, apunta la analista que ve en las instituciones bolivianas un “Estado parcial” que no logra reflejar “la estructura plural de poder que existe en la sociedad”.
Estas diferencias se traducen también en la forma en la que se miran las protestas: mientras unos consideran los bloqueos una medida de presión legítima para obtener beneficios colectivos, otros creen que es un atentado cruel contra los derechos fundamentales.
“¿Cuánto tiempo más nos falta sufrir? ¿Qué quieren? ¿Qué comencemos a robarnos entre nosotros para dar de comer a nuestros hijos? Tanto bloqueo, bloqueo, bloqueo no es justo; nosotros solo queremos trabajar”, manifestó entre lágrimas una mujer comerciante de La Paz, a la que ya no le llegan productos ni clientes. “Nosotros no estamos a favor de nadie, lo único que queremos es poder vender tranquilas”, agregó.
Aunque el diputado Alarcón defiende su proyecto de ley “antibloqueos” como una norma constitutiva de un nuevo ordenamiento social y garantiza los otros métodos de protesta reconocidos en la Constitución Política del Estado —marchas, huelgas, mítines, etc.—, el dirigente Mamani anuncia una “absoluta” resistencia a la aprobación de esa norma.
Esta pulseada latente revela un problema más profundo: la dificultad de una sociedad fragmentada para construir consensos mínimos que le permitan dirimir sus diferencias por vías institucionales.
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INTERNACIONAL
La reunión del CAPTAC-DR abre en Guatemala una agenda para la estabilidad económica regional
Guatemala abrió la XVIII reunión del CAPTAC-DR para coordinar con bancos centrales, ministerios de finanzas y organismos internacionales una agenda orientada a la estabilidad económica regional, en un escenario de incertidumbre global y con debates sobre inversión, innovación institucional y estadísticas macroeconómicas que continuarán durante dos días.
La agenda incluye el análisis de perspectivas macroeconómicas globales, posibles choques externos, innovación tecnológica en los bancos centrales, fortalecimiento institucional y oportunidades para atraer inversión extranjera directa.
La segunda jornada comenzó este viernes con una sesión sobre panorama e innovaciones en estadísticas macroeconómicas y con una revisión de los nuevos manuales del Sistema de Cuentas Nacionales.
Según información del Ministerio de Finanzas Públicas y del Banco de Guatemala, el encuentro se realiza junto con el Consejo Monetario Centroamericano y el Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
La cita reúne a presidentes de bancos centrales, ministros de finanzas y hacienda, representantes del Fondo Monetario Internacional y socios para el desarrollo.
La ceremonia inaugural fue presidida por Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, quien también ejerce como presidente del Consejo Monetario Centroamericano y del Comité de Dirección del CAPTAC-DR. Lo acompañaron Jonathan Menkos ministro de Finanzas Públicas de Guatemala, Magín Díaz ministro de Hacienda y Economía de República Dominicana y presidente pro tempore del COSEFIN, y Ari Aisen director del CAPTAC-DR.
Durante la apertura, Menkos sostuvo que el objetivo del diálogo es fortalecer la articulación regional para diseñar e implementar mejores políticas macroeconómicas y financieras con apoyo de asistencia técnica y capacitación internacional. En ese marco, afirmó: “Centroamérica, República Dominicana y Panamá no pueden ser espectadores en la economía global”.
El ministro agregó: “Tenemos ya un peso que vale la pena trabajar en conjunto y, por supuesto, desde el Gobierno de Guatemala estamos claros que podemos caminar bien si caminamos en sintonía”. También agradeció, en nombre del gobierno y del presidente Bernardo Arévalo, la participación de las delegaciones y su compromiso con la integración regional.
Menkos propuso cuatro líneas de trabajo: una estrategia conjunta para fortalecer producción, exportaciones e inserción en cadenas globales de valor; un pacto regional para reforzar la resiliencia fiscal y asegurar financiamiento sostenible; una agenda de inclusión y conectividad física, digital y financiera; y una posición coordinada para representar los intereses de la región en foros internacionales.
González Ricci destacó que Guatemala alberga la sede del Centro desde 2009 y subrayó el papel del CAPTAC-DR en el fortalecimiento de las capacidades técnicas de bancos centrales, ministerios de hacienda y superintendencias de bancos. Indicó además que la asistencia técnica y la coordinación promovidas por el Centro siguen siendo herramientas centrales para responder a los desafíos de las instituciones económicas y financieras.
El titular de la Junta Monetaria también presentó avances alcanzados por el CAPTAC-DR durante el año fiscal 2026 y reconoció el aporte de expertos residentes y externos. Añadió que la coordinación con distintas áreas del Fondo Monetario Internacional permitió ampliar el alcance de la asistencia técnica y consolidar una agenda de trabajo con mayor capacidad de respuesta ante los retos económicos regionales.
En la reunión, Luis Cubeddu director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI presentó un análisis sobre perspectivas macroeconómicas globales y choques externos que podrían incidir en la región.
Su exposición puso el foco en la necesidad de contar con instituciones sólidas, análisis macroeconómicos oportunos y cooperación estrecha entre los países de Centroamérica, Panamá y República Dominicana.
Aisen, por su parte, sostuvo que el fortalecimiento institucional requiere programas de desarrollo de capacidades alineados con las prioridades de los países miembros. Explicó que esa tarea apunta a mejorar la formulación de políticas económicas, la gestión institucional y la resiliencia de las economías de la región.
Como parte del programa, autoridades del Consejo Monetario Centroamericano, del COSEFIN y del CAPTAC-DR participaron en una sesión conjunta sobre perspectivas y experiencias vinculadas con el grado de inversión. El intercambio buscó identificar prácticas y lecciones que puedan contribuir al fortalecimiento de las políticas económicas e institucionales.
En esa sesión intervinieron Óscar Valencia, asesor económico regional del Banco Interamericano de Desarrollo, y Siobhan Morden, directora general de Santander Investment Securities. Ambos expusieron condiciones que han permitido a distintos países alcanzar y mantener ese reconocimiento.
La segunda jornada sumó un bloque técnico sobre producción de información económica regional. Allí se analizaron avances, desafíos y perspectivas para fortalecer las estadísticas macroeconómicas, junto con el impacto de las actualizaciones derivadas de los nuevos manuales del Sistema de Cuentas Nacionales sobre la comparabilidad y la calidad de los datos.
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INTERNACIONAL
Former British MP and reality TV star Ann Widdecombe found dead; man arrested for murder
British Prime Minister Keir Starmer says he will resign amid political turmoil
British Prime Minister Keir Starmer has resigned, announcing his decision outside Number 10 Downing Street amid significant political turmoil. Fox News senior foreign affairs correspondent Greg Palkot reports that Starmer’s leadership has been plagued by economic struggles, immigration issues, and declining support from his Labour Party. Andy Burnham, a popular former mayor, is now considered a frontrunner to become the UK’s seventh Prime Minister in a decade.
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A 26-year-old man has been arrested on suspicion of the murder of Ann Widdecombe, a former British member of Parliament and reality TV contestant, police said.
Widdecombe, 78, was found dead Thursday in her home on the edge of Dartmoor National Park in southwest England. Authorities said she died of serious injuries, Reuters reported.
The name of the suspect has not been released.
LABOUR MP PUTS CABINET ‘ON NOTICE,’ THREATENS TO TRIGGER LEADERSHIP CHALLENGE AGAINST STARMER BY MONDAY
Britain’s European Parliament member Ann Widdecombe, right, of the Brexit Party, speaks during a debate at the European Parliament on Jan. 14, 2020, in Strasbourg, eastern France. Widdecombe was found dead in her home this week and a 26-year-old man has been arrested, authorities said. (Jean-Francois Badias/AP)
«This is really shocking news, and my thoughts, I think all of our thoughts, will be with the family and friends of Ann Widdecombe at this awful time,» Prime Minister Keir Starmer said. «Ann was a distinguished politician over many, many years with many achievements, and it’s a huge, huge loss.»
Investigators don’t believe the killing was politically motivated, Devon and Cornwall Police Assistant Chief Constable Matt Longman said.
«Our murder enquiry is in its early stages but moving at a significant pace,» Devon and Cornwall Police said in a statement.
Starmer said the security of lawmakers was «of the utmost importance,» and urged people to rise above political differences.
BRITISH PRIME MINISTER KEIR STARMER FACES POTENTIAL LEADERSHIP CHALLENGE FROM NEWLY-ELECTED ANDY BURNHAM
Former British member of Parliament Ann Widdecombe reads a statement outside the Old Bailey in London after the sentencing of Ali Harbi Ali in relation to the murder trial of the late British lawmaker David Amess. (John Sibley/Reuters)
Widdecombe served in Parliament, but found fame after leaving office as a contestant on the Strictly Come Dancing and Celebrity Big Brother reality television shows. She later joined the Brexit Party and became a spokeswoman for the anti-mass migration Reform UK party.
In a post on X, former British Prime Minister Boris Johnson called Widdecombe «a heroic Brexiteer and a great speaker who could move Tory audiences to such ecstasy that she was a very hard act to follow.»
Cloud9 Management, which represented Widdecombe for more than a decade, said her life was driven by her «strong Christian values and commitment to public service.»
«She loved the cut and thrust of political debate and, 16 years after leaving Parliament, was still actively campaigning for Reform UK and offering forthright views on the hot topics of the day across numerous radio and television programmes (sic). Ann was a valued patron of many causes, particularly her animal charities,» the company said in a social media post.
Brexit Party member and then-MEP Ann Widdecombe speaks during a Brexit Party news conference in London on Aug. 27, 2019. (Henry Nicholls/Reuters)
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In the past decade, two serving British members of parliament have been murdered.
In the midst of the Brexit campaign of 2016, Labour lawmaker Jo Cox was shot and stabbed by a Nazi-obsessed loner. Conservative lawmaker David Amess was fatally stabbed in 2021 by a man inspired by the Islamic State terror group.
The Associated Press contributed to this report.
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NEWYou can now listen to Fox News articles!
The Trump administration on Friday released its fourth tranche of declassified unidentified anomalous phenomena (UAP) records, including newly released military infrared videos and additional details about a 2015 unidentified object reported near the nation’s primary nuclear weapons assembly facility.
Officials said the latest release is part of the administration’s effort to expand public access to UAP records while protecting information that could reveal sensitive military capabilities, eyewitness identities or national security operations.
Among the newly released files is an 18-second infrared video submitted by U.S. Indo-Pacific Command in 2025 showing an object officials described as resembling a six-pointed star.
UFO EXPERT WARNS MYSTERY CRAFT ARE OUTMANEUVERING US MILITARY IN RESTRICTED AIRSPACE
An infrared image released by the Department of War shows an object described by officials as resembling a six-pointed star during a U.S. Indo-Pacific Command mission over the Yellow Sea on Jan. 1, 2025. (Department of War)
The footage, captured by an infrared sensor aboard a U.S. military platform over the Yellow Sea, shows the sensor tracking what the government described as an «area of contrast» while cautioning that the video’s description should not be interpreted as an official conclusion about the object’s identity or significance.
The latest release also includes a newly declassified Department of Energy report detailing a 2015 incident involving an unidentified object over the Pantex Plant near Amarillo, Texas, the nation’s primary facility for assembling, maintaining and dismantling nuclear weapons. Portions of the report had previously been released in a more heavily redacted form, but Friday’s tranche includes additional details and imagery.
The release also includes a 1-minute, 46-second infrared video submitted by U.S. Indo-Pacific Command in 2024 that shows a military sensor tracking an elongated area of contrast. As the sensor zooms in, the object appears as a line of several points moving across the field of view before becoming less distinct as it recedes into the distance. Officials cautioned that the video’s description should not be interpreted as an official conclusion about the object’s identity or significance.
Another newly released Navy «Range Fouler Debrief» — a standardized report used to document unauthorized intrusions into military training airspace — describes a military operator observing a «quite small» object with a metallic appearance and reflective underside that continued traveling in a constant direction. The report cautions that the descriptions reflect the observer’s impressions at the time and are not definitive assessments of the object’s characteristics.
A screenshot of video footage from an alleged unidentified anomalous phenomenon (UAP) sighting in the northeastern United States in July 2025, which was detailed in files released by the DOW and originally obtained by the FBI. (DOW/FBI)
PENTAGON FILES REVEAL AGENTS’ REPORTS OF ‘ORBS LAUNCHING ORBS’ NEAR SENSITIVE US SECURITY SITE
The release also features additional infrared videos submitted by U.S. Central Command, the Air Force and Indo-Pacific Command. One 2024 video shows what appears to be an elongated area of contrast that later resembles a line of multiple bright points as the military sensor tracks it. Another 2023 video captures two areas of contrast crossing the sensor’s field of view in opposite directions.
In at least one case, AARO included technical context alongside the footage, noting that apparent flickering in a 2019 Air Force infrared video could result from the sensor’s automatic contrast adjustments when tracking an object whose temperature closely matched its background.
An artist’s rendering released by the U.S. Department of War depicting a 2023 sighting of «orbs launching other orbs» near a national security site in the western United States. (Department of War)
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Congress established AARO in 2022 to investigate reports of unidentified objects across air, sea, space and other domains, with a focus on determining whether incidents could pose flight safety or national security risks. The office is tasked with assessing whether sightings can be attributed to foreign adversaries, classified U.S. programs or conventional explanations before labeling them unresolved.
The latest release is the fourth tranche in a series that is part of President Donald Trump’s directive to expand public access to UAP records, adding that redactions were limited to protecting eyewitness identities, sensitive military locations and unrelated government facilities.
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