POLITICA
Bullrich confirmó que el Senado tratará el jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

La presidenta del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó hoy que el Senado tratará el próximo jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos económicos prioritarios del Gobierno de Javier Milei. Si se aprueba sin cambios, la iniciativa quedará convertida en ley.
El proyecto obtuvo dictamen el miércoles pasado en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda. Durante el debate expusieron el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning. La Cámara de Diputados ya lo había aprobado el 26 de agosto.
“La Carta Orgánica del Banco Central se va a discutir el jueves que viene”, dijo Bullrich durante una exposición ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Fernanda Mierez, en un almuerzo en la sede de la calle Montevideo, donde estuvo acompañada por los socios de algunos de los principales estudios jurídicos del país, entre ellos Marval O’Farrell Mairal, Cassagne, Beccar Varela, Bomchil, Allende & Brea, Martínez de Hoz & Rueda, PAGBAM y Bruchou, entre otros.
De acuerdo a lo que anticipó la senadora oficialista, la previsión es que la Cámara alta celebre ese día su séptima sesión del período ordinario. En la agenda económica también figura el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, que cuenta con media sanción de Diputados y dictamen de comisión.
El oficialismo busca sumar al temario otras iniciativas, entre ellas la reforma del régimen de biocombustibles y convenios para transferir competencias judiciales penales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto redefine la misión del Banco Central y limita el financiamiento al Tesoro
La reforma del Banco Central ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno. El texto fija como misión principal de la entidad “la preservación del valor de la moneda nacional”, modifica el esquema de objetivos vigente desde la reforma de 2012 y establece límites más estrictos al financiamiento del Tesoro.
La iniciativa también endurece las condiciones para destituir al presidente y a los integrantes del directorio del BCRA. Además, elimina el concepto de reservas de libre disponibilidad, modifica el régimen de distribución de utilidades y dispone un mecanismo para cancelar de forma progresiva las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.
Bullrich presentó los cambios como un intento de otorgar al Banco Central mayor autonomía frente al poder político y de fijar reglas que se mantengan con independencia de quien gobierne.
Según explicó, el objetivo es evitar que la autoridad monetaria vuelva a funcionar como “un apéndice más del Ministerio de Economía o del gobierno del Poder Ejecutivo”.
También destacó la prohibición de emitir para financiar al Estado y de “alimentar al Tesoro” entre los puntos centrales de la reforma.
La senadora -que llegó después de haber compartido una reunión de Gabinete con Milei y se retiró para participar del encuentro con legisladores en la sede del Gobierno- citó como referencias a Brasil, Chile, Perú y Uruguay, cuyos bancos centrales, según sostuvo, alcanzaron niveles de autonomía que aportaron estabilidad y previsibilidad a las políticas monetarias.
“Argentina lo va a hacer ahora”, afirmó Bullrich al anticipar el tratamiento legislativo.
La dirigente encuadró la discusión de la Carta Orgánica dentro de un programa más amplio destinado a consolidar reglas económicas e institucionales y a evitar que se modifiquen con cada cambio de administración.
Ese concepto atravesó buena parte de su intervención ante los abogados. Bullrich planteó la necesidad de construir continuidad institucional, preservar la seguridad jurídica y sostener reformas que, a su juicio, resultan necesarias para recuperar la confianza y aumentar la inversión.
El cambio y los dolores de la estabilización
Sin embargo, su exposición también incluyó uno de los reconocimientos más explícitos sobre las consecuencias sociales del programa económico.
La ex ministra de Seguridad se refirió al “dolor” provocado por la estabilización y planteó que uno de los interrogantes centrales para el Gobierno es si la sociedad podrá atravesar ese proceso sin abandonar el rumbo elegido.
“No digo que esto no sea un proceso doloroso. Es un proceso doloroso”, afirmó.
Luego agregó: “El dolor del proceso de estabilización genera un miedo social. ¿Pasamos este dolor? ¿Somos capaces de pasarlo? ¿Podemos aguantar el dolor que significa ese cambio tan profundo?”.
Bullrich vinculó ese escenario con la apertura económica y las dificultades que enfrentan empresas y sectores productivos después de décadas de operar bajo otras reglas. Para describirlo, habló de movimientos “tectónicos” y sostuvo que algunas compañías deberán adaptarse a un nivel de competencia diferente.

En ese contexto, la senadora planteó que una de las prioridades políticas debe ser preservar “la continuidad de un cambio” y evitar que “el cambio muera en el intento”.
La cuestión adquirió mayor relevancia durante la ronda de preguntas posterior al discurso. Bullrich hizo una interpretación de los gobiernos argentinos desde el regreso de la democracia y sostuvo que las administraciones no peronistas enfrentaron dificultades para consolidar y prolongar sus proyectos.
“Cada vez que hay un gobierno que no pertenece al peronismo, el intento de hackearlo, de sacarlo, de impedirle su crecimiento como proyecto, es permanente”, afirmó.
En su repaso histórico mencionó a Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Recordó que Alfonsín adelantó la entrega del poder en 1989; De la Rúa dejó la Presidencia antes de completar su mandato, en 2001; y Macri terminó sus cuatro años de gobierno, aunque perdió la reelección en 2019.
Bullrich sostuvo que la capacidad del actual proyecto para lograr continuidad representaría una ruptura de esa secuencia.
La definición cobra relevancia en un momento en que, dentro y fuera del oficialismo, existen especulaciones sobre la sucesión presidencial y el papel que podría ocupar la propia Bullrich en una futura disputa. Ante el Colegio de Abogados, la senadora defendió que el proyecto iniciado por Milei se sostenga en el tiempo.
Su razonamiento vinculó el costo económico de la transición con la dimensión política del programa. Para Bullrich, la estabilización genera costos y “miedo social”, por lo que consideró necesario garantizar la continuidad suficiente para que las reformas muestren resultados.
Durante la ronda de preguntas, también abordó la estructura tributaria y enumeró impuestos que, a su criterio, deberían reducirse cuando las condiciones fiscales lo permitan.
Bullrich condicionó cualquier avance al mantenimiento del superávit fiscal, pero cuestionó el impuesto al cheque, las retenciones, el impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, Ingresos Brutos y las tasas municipales.
“El impuesto al cheque es un impuesto totalmente regresivo”, sostuvo. También aplicó esa caracterización a las retenciones.
Sobre Ganancias, planteó que una reducción de la carga sobre las empresas puede favorecer la inversión y, como consecuencia, la creación de puestos de trabajo.
Asimismo, señaló que una eventual baja del IVA tendría un impacto directo sobre los asalariados, debido a que el gravamen alcanza prácticamente todo el consumo.
“Si en algún momento podés bajar el IVA, vas a ayudar muchísimo a la gente asalariada”, expresó.
Bullrich extendió la discusión tributaria a provincias y municipios. Cuestionó Ingresos Brutos y sostuvo que la presión fiscal argentina surge de la acumulación de impuestos y tasas de los tres niveles del Estado.
En ese marco, propuso trasladar a los regímenes de promoción de inversiones una condición para que las provincias y municipios donde se radiquen proyectos con incentivos nacionales también reduzcan su carga tributaria.
La senadora mencionó como ejemplos el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el denominado SuperRIGI. Según sostuvo, la Nación no debería asumir sola el costo fiscal de los beneficios destinados a estimular inversiones.
“Los tres tienen que acompañar esa decisión de tener inversiones”, dijo al referirse al Estado nacional, las provincias y los municipios.
La cuestión tributaria integró un planteo más amplio sobre el tamaño y las funciones del Estado. Bullrich cuestionó la acumulación de regulaciones nacionales, provinciales y municipales, y defendió una mayor autonomía para ciudadanos y empresas.

En ese sentido, afirmó que durante muchos años el Estado argentino fue “el mayor infractor” de las leyes y sostuvo que el objetivo actual es avanzar hacia un Estado más limitado, con menor intervención sobre la actividad privada.
También defendió la reforma de la Ley de Sociedades y cuestionó procedimientos de la Inspección General de Justicia que, según su visión, imponen controles y trámites innecesarios a las empresas.
En materia institucional, Bullrich reivindicó la independencia judicial y expresó su respaldo a la libertad de expresión y de prensa. Dijo que ambos principios forman parte de su concepción política y sostuvo que el Poder Ejecutivo debe actuar con prudencia ante derechos protegidos de forma expresa por la Constitución.
Además, destacó los recientes nombramientos de magistrados, la puesta en marcha del sistema acusatorio y el proceso de transferencia de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad.
Dentro de ese conjunto de reformas, la votación prevista para el jueves aparece como el próximo paso concreto. Para Bullrich, una nueva Carta Orgánica debería darle al Banco Central objetivos más definidos, mayor autonomía frente al poder político y restricciones más fuertes para financiar al Estado.
“Una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar es la continuidad de un cambio”, resumió.
POLITICA
La Fundación Esteban Bullrich presentó sus logros e impacto del 2026 en su encuentro de cierre de año

La Fundación Esteban Bullrich realizó su encuentro anual de cierre y rendición de cuentas, con la participación de 150 personas, entre donantes, voluntarios, pacientes y sus familiares, representantes de organizaciones aliadas y universidades.
Durante el evento, que se realizó en Madero Tango, la directora ejecutiva de la fundación, Agustina Bugnard, presentó junto a todo el equipo los ingresos y egresos de 2026 y los principales resultados de los cuatro ejes de trabajo. “La presentación permitió compartir con la comunidad cómo se administran los aportes recibidos y qué acciones hicieron posibles”, indicaron en un comunicado.
Según el balance del año que realizó la Fundación, en materia de acompañamiento asistieron a 426 familias mediante orientación en trámites, acceso a tratamientos, equipamiento y vinculación con profesionales. Además, 238 familias recibieron donaciones de equipamiento, insumos y medicación. Y se realizaron 18 encuentros de intercambio y formación, con 478 participaciones de familiares.
La formación de estudiantes y profesionales de la salud también ocupó un lugar central: se realizaron 20 jornadas con 2543 participantes, que involucraron a 64 instituciones de cinco provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, el programa ELA para Enfermería formó a 97 enfermeros.
Asimismo, la Fundación acompañó la implementación de los seis proyectos ganadores de la primera edición del concurso InnovELA y un proyecto de rehabilitación en hidroterapia para personas con ELA.
En cuanto a la difusión y la concientización sobre la ELA, impulsó un año más la campaña #LuzporlaELA y la gala solidaria “La Vida es Hoy” en el Teatro Colón, que reunió a 1968 participantes. También, la Fundación recibió el Premio Dr. Carlos Araujo a la Comunicación de Salud no Tradicional, otorgado por la Sociedad Argentina de Periodismo Médico (SAPEM).
“El encuentro fue una oportunidad para agradecer a quienes sostienen el trabajo de la Fundación y compartir los desafíos de 2027, entre ellos, la segunda edición de InnovELA, el proyecto de un mapa genético de la ELA en la Argentina y nuevas propuestas de formación y acompañamiento”, precisaron.
Con este balance, la Fundación Esteban Bullrich renovó su compromiso de mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y sus familias, y de rendir cuentas con transparencia ante la comunidad que hace posible su tarea.
En 2027 la Fundación cumplirá cinco años de trabajo. “Una trayectoria construida junto a pacientes, familias, profesionales, aliados y donantes, que son el impulso para seguir creciendo y compartir los resultados de cada paso”, concluyeron.
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Revelan que Hugo Moyano vació un sanatorio clave de la obra social de Camioneros: todos los detalles – Nexofin

La crisis del sindicato de Camioneros se agudiza y tiene como eje un presunto desfalco de su obra social para tapar el déficit de las empresas que integran el holding familiar de los Moyano.
El sanatorio que habría sido vaciado por Hugo Moyano.
La lupa judicial se encuentra posada sobre un sanatorio clave que funciona en el Partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, que resulta clave para el funcionamiento de la cobertura de salud a los trabajadores afiliados.
Se trata del Sanatorio 15 de Diciembre, el cual dejó de brindar atención médica en varias áreas sensibles, como cirugías y guardias, siendo que el único sector que funciona de forma regular es el de laboratorio.
Hugo Moyano quiere cerrar una causa por fraude millonario en un hotel de Camioneros
Esta situación tiene como trasfondo una caída de afiliados y recortes efectuados por el gremio, así como conflictos por problemas en el pago de salarios en cuotas al personal.
Posible triangulación de fondos
Sin embargo, según Clarín, también habría movimientos financieros sospechosos que indican un vaciamiento de la institución médica, pues la Justicia investiga transferencias multimillonarias desde las cuentas del sindicato y la obra social hacia fideicomisos relacionados al holding empresarial del clan Moyano, los cuales administra la esposa del sempiterno líder gremial, Liliana Zulet por medio de firmas como IARAI.
Este accionar derivó en denuncias internas y disputas dentro del gremio por el opaco manejo de los fondos de Camioneros y su obra social.
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Roberto Baratta fue autorizado a recibir el año nuevo en las playas brasileñas de Buzios

El exfuncionario kirchnerista Roberto Baratta, que fue la mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal, recibirá el 2027 en las playas de Buzios, en las afueras de Río de Janeiro. Autorizado por la Justicia, tendrá ese beneficio a pesar de haber sido condenado a 3 años y medio de prisión por fraude y de tener otras cuatro causas en trámite.
Por mayoría, el Tribunal Oral Federal 3 lo autorizó a salir del país entre el 28 de diciembre y el 6 de enero. El viaje es por motivos de recreación familiar, argumentó el exfuncionario, que deberá presentarse en tribunales al tercer día de su regreso al país, a más tardar.
La autorización se dictó en una causa en la que se lo juzga por defraudación en perjuicio de la administración pública por el manejo de la “caja chica” del Ministerio de Planificación durante la gestión kirchnerista.
Pero Baratta está condenado por el Tribunal Oral Federal 7 a 3 años y 6 meses de prisión en la causa por la compra de gas natural licuado (GNL); sin embargo, no irá a prisión hasta que el fallo quede firme. Se lo consideró coautor de “administración fraudulenta agravada” por las compras con sobreprecios de gas natural licuado.
El tribunal también ordenó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos de De Vido y Baratta, y dio por probado que la maniobra en la adquisición de 11 buques con GNL con fondos públicos le provocó al Estado un perjuicio de más de 5,5 millones de dólares.
El mismo tribunal oral lo juzga ahora en la causa de los Cuadernos de las coimas, en la que está acusado de ser uno de los recaudadores del esquema de sobornos de la obra pública.
En marzo de este año declaró en indagatoria en ese juicio. Ese mismo día, el TOF 3 lo autorizó a viajar a Brasil con su familia. En la instrucción, el juez Julián Ercolini también lo había procesado por “admisión de dádivas” por parte de directivos de Techint para que intercediera ante el gobierno de Venezuela, que pretendía expropiar Sidor.
Además, el TOF 3 lo juzga por defraudación en perjuicio de la administración pública por el manejo de la “caja chica” del Ministerio de Planificación. En esa causa se le dictó el embargo que nunca pagó.
En paralelo, Ercolini procesó por enriquecimiento ilícito a Baratta, por un aumento de su patrimonio que, según el juez, “carecería de sustento”. Antes, el juez federal Luis Rodríguez lo había procesado sin prisión preventiva por irregularidades en el manejo de fondos para la remodelación de la mina de Río Turbio.
Los detalles del viaje
Al realizar el pedido de autorización para el viaje, la defensa de Baratta presentó las reservas de los pasajes y del hotel. También acompañó las constancias del permiso que ya le había dado el Tribunal Oral Federal 7.
Ahora los jueces Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni dieron el permiso. Basso consideró que no se podía “soslayar” la autorización del TOF 7 y que, en el estado actual del expediente, la presencia del imputado no es necesaria.
Machado Pelloni dijo que no hay elementos objetivos que hagan pensar que Baratta vaya a fugarse. El fiscal no se opuso. La única condición es que Baratta se presente ante el tribunal dentro del tercer día hábil posterior a su regreso.
El juez Javier Ríos votó en disidencia. Recordó que él mismo había votado a favor de otros viajes de Baratta, en diciembre de 2023 y en noviembre de 2024.
Pero dijo que en esos casos el exfuncionario había acreditado que viajaba por trabajo. Según Ríos, así evitaba la “ineludible contradicción” de decir que no tiene bienes ni dinero para satisfacer el embargo dictado en la causa y, a la vez, pedir permiso para viajar al exterior, con los gastos que eso implica.
Esta vez el motivo es “de recreación familiar”. Por eso Ríos propuso que, antes de viajar, Baratta acreditara el origen de los fondos que va a usar, o bien que pagara el monto del embargo. Sin embargo, su postura quedó en minoría.
No es la primera vez este año. En marzo pasado, el mismo tribunal y con la misma mayoría ya había autorizado a Baratta a viajar a Río de Janeiro en abril para encontrarse con su esposa y sus hijos.
La causa de la “caja chica” nació de una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) del 13 de octubre de 2016. La OA denunció el manejo irregular de los fondos rotatorios y de la caja chica del ex Ministerio de Planificación Federal.
La presentación se basó en un informe de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Señalaba gastos injustificados, desdoblamiento de compras para evitar procesos formales de contratación, sobreprecios y presupuestos apócrifos para favorecer a proveedores predeterminados. Para la OA no fueron hechos aislados, sino una práctica habitual.
Entre los gastos cuestionados había compras de café, el alquiler de aviones para viajes del entonces ministro y la compra de 585 ejemplares del libro Técnica de procedimiento penal a La Página S.A., por $234.000.
La denuncia apuntó a Baratta y a Luis Vitullo, entonces director general de Administración del ministerio. Según la OA, ambos habrían intervenido en un circuito de expedientes armados y “administraron y direccionaron una contratación que aparece encaminada a satisfacer intereses pecuniarios ajenos a la administración”.
El 27 de noviembre de 2017, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Baratta y a Vitullo como coautores de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. También procesó a otras nueve personas como partícipes necesarias.
Hernán Cappiello,Conforme a
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