POLITICA
La visita de León XIV coincidirá con la caducidad de un proyecto que la Iglesia reclama al Congreso
La visita del Papa León XIV a la Argentina coincidirá con una fecha límite para uno de los proyectos que la Iglesia reclama al Congreso: la regulación de las apuestas online. La iniciativa, que obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2024, perderá estado parlamentario si el Senado no avanza con su tratamiento.
El proyecto restringe la publicidad de las casas de apuestas, prohíbe los bonos de bienvenida y los patrocinios deportivos, endurece los controles para impedir el acceso de menores y establece límites para los operadores. También busca cortar los vínculos entre empresas de apuestas y dirigentes de entidades deportivas.
León XIV se pronunció en distintas oportunidades sobre el crecimiento de las apuestas y los juegos de azar, una problemática que definió como “una plaga”. En su primera misa de Navidad como pontífice, citó un informe anual de Cáritas y advirtió que se trata de “un grave problema educativo, de salud mental y de confianza social”. También vinculó el fenómeno con distintas formas de “soledad” y reclamó respuestas de los Estados.
El Papa estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Si bien la agenda definitiva se conocerá en los próximos días, está prevista una misa masiva para la juventud donde podría abordar esta problemática. “Nadie sabe lo que va a decir”, repiten referentes eclesiásticos locales.
La iniciativa fue aprobada por Diputados a fines de 2024 y tuvo como una de sus principales impulsoras a Mónica Frade, de la Coalición Cívica (CC), entonces presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. La acompañaron Unión por la Patria (UP), la izquierda (FIT), sectores de la UCR y bloques provinciales. La Libertad Avanza (LLA) votó en contra, mientras que Pro y parte del radicalismo se abstuvieron.
Pese al rechazo de la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas y a las denuncias de lobby formuladas públicamente por los impulsores de la iniciativa, el proyecto consiguió la media sanción. Desde entonces quedó frenado en el Senado.
En términos formales, la media sanción recién caducará el 1° de marzo de 2027. Sin embargo, noviembre funciona como el límite político para su tratamiento ordinario. Es que, para que el Senado pueda abordarla durante las sesiones extraordinarias, entre diciembre y febrero, el Poder Ejecutivo debería incluirla en el temario. En el Congreso consideran improbable que eso ocurra.
El Gobierno no solo rechazó la iniciativa en Diputados. Más tarde presentó un proyecto alternativo que propone endurecer las penas contra los operadores clandestinos, pero evita tocar el corazón del negocio del juego: la publicidad, los patrocinios deportivos y las promociones utilizadas para captar nuevos usuarios.
La Iglesia intervino directamente en el debate. En febrero de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por monseñor Marcelo Colombo, envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para pedir que el Senado avanzara con la sanción.
“A costa del negocio de algunos inescrupulosos estamos generando una sociedad de ludópatas y fomentando la cultura de la ‘timba y del azar’ en lugar de intensificar la cultura del trabajo”, advirtieron los obispos. Y pusieron especialmente el foco en la publicidad de las plataformas de apuestas: “Es una seductora propuesta que genera adictos a una enfermedad que pone en juego la vida”.
Ante la proximidad de la visita papal y el riesgo de que el proyecto pierda estado parlamentario, Frade decidió llevar el reclamo hasta el Vaticano. En junio, la diputada envió una carta dirigida a León XIV a través de la Nunciatura Apostólica.
En la misiva, Frade describió el avance de la problemática en la Argentina, repasó el recorrido legislativo de la iniciativa y le solicitó al Papa que contribuya a “visibilizar la importancia de esta causa” y a evitar que quede inconcluso el trabajo realizado durante los últimos años.
“Su palabra y su autoridad moral pueden constituir un valioso llamado a la responsabilidad común frente a una problemática que afecta a miles de familias y que requiere respuestas urgentes y comprometidas por parte de toda la sociedad”, dijo a León XIV.
Los ejes de la media sanción
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POLITICA
Patricia Bullrich confirmó que este jueves el Senado tratará Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
Ante la llegada del Presupuesto 2027, el Senado se prepara para sancionar dos proyectos centrales para la administración de Javier Milei: la Reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.
Ambas iniciativas lograron los dictámenes correspondientes. Ahora, se espera una reunión de labor parlamentaria este miércoles y que se defina la sesión, aunque la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, la confirmó este lunes tras dar una charla en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires que el tratamiento será este jueves.
Reforma del Banco Central
El proyecto de Reforma a la Carta Orgánica lo defendió el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el miércoles 9 de septiembre en un plenario de las comisiones de Economía e Inversiones y Presupuesto y Hacienda. Allí se dictaminó y planteó: “Consideramos que la carta orgánica del BCRA es una estructura legal que no merece ser revisada continuamente, su estabilidad en el tiempo provee un valor muy importante para la economía”.
Agregó que la Reforma está centrada en cinco ejes: “Replican elementos básicos que contienen las cartas orgánicas de los bancos centrales de la mayoría de los países que han sido exitosos en erradicar la inflación”.
En este sentido, la senadora Patricia Bullrich planteo: “Esta reforma no le pertenece a este Gobierno. Le pertenece a cualquier Gobierno que quiera que la Argentina deje de ser un país marginal”.
Sin embargo, desde la bancada Justicialista de José Mayans rechazaron la propuesta, la calificaron como “inconstitucional” y cuestionaron que los cambios concentren la toma de decisiones en el Directorio y limiten casi hasta su extinción la capacidad de control parlamentario.
Uno de los principales objetivos del Gobierno con la reforma es reforzar como función central del Banco Central la preservación del valor de la moneda. El proyecto modifica el funcionamiento del organismo, busca limitar los mecanismos de financiamiento del Estado mediante emisión monetaria, establece nuevas reglas para la distribución de las utilidades y apunta a fortalecer la independencia de sus autoridades.
Entre los cambios aprobados por Diputados figura la eliminación de la posibilidad de que el ministro de Economía participe con voz en las reuniones del Directorio del Banco Central.
También establece nuevas condiciones para la remoción de las autoridades del BCRA. El presidente, el vicepresidente y los directores solo podrán ser apartados de sus cargos por las causales expresamente previstas en la ley. La destitución, además, deberá contar con la aprobación previa de ambas cámaras del Congreso, con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.
El sistema de designación se mantiene: los integrantes del Directorio serán propuestos por el Poder Ejecutivo y deberán contar con el acuerdo del Senado por mayoría simple.
La Reforma ya cuenta con la sanción de Diputados desde el pasado 26 de agosto cuando fue aprobada por 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones.
Inocencia Fiscal II
Los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal es la segunda iniciativa que formará parte del temario de la sesión que impulsa para este jueves La Libertad Avanza en el Senado. La iniciativa también cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados desde el pasado 26 de agosto.
Entre los cambios propuestos, principalmente desde los sectores aliados a la Casa Rosada, el oficialismo aceptó excluir de manera total e incondicional a los funcionarios públicos de los beneficios y las presunciones contemplados en el régimen. La restricción alcanza a quienes ocupen cargos de alta responsabilidad pública, a quienes los hayan ejercido durante los cinco años anteriores a la adhesión y a quienes los desempeñen en el futuro.
En el Poder Ejecutivo, quedan excluidos los funcionarios y empleados con rango igual o superior al de secretario de Estado de los gobiernos nacional, provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires.
En el Poder Legislativo, la medida comprende a diputados y senadores nacionales y provinciales, legisladores porteños, concejales y parlamentarios del Mercosur.
El proyecto mileísta corre con una desventaja competitiva: una oposición dura kirchnerista que llegará a 2027 con motivaciones recargadas para recuperar el poder. Un sistema de tres incentivos que hacen del próximo proceso electoral un escenario político novedoso, y por eso más impredecible. Primero, Vaca Muerta como una caja multimillonaria disponible como la política nunca tuvo. Segundo, una macroeconomía relativamente ordenada, con el ajuste electoralmente costoso ya realizado y los beneficios en marcha de una inflación a la baja: un contexto que le ha sido negado a los candidatos presidenciales de las últimas cinco elecciones, por lo menos. Tercero, un caballito de batalla kirchnerista: una disciplina electoral bien entrenada, capaz de suspender las internas feroces y alinearse detrás del poder en pos de recuperar la Presidencia, aunque no se sostenga a la hora de gobernar.
“Lo van a querer golpear con de todo”, es la visión de un empresario que votó a Milei en el balotaje, aunque no es mileísta. Para Milei y los libertarios, 2025 estuvo signada por “el golpismo” kirchnerista. En esa visión, el Congreso fue el ámbito de una lucha descarnada: el oficialismo insiste con interpretar las batallas legislativas por las emergencias en el Garrahan, la discapacidad y el financiamiento universitario como intentonas en contra del equilibrio fiscal, es decir, en contra del corazón del modelo mileísta. Esa conexión entre reordenamiento macroeconómico de la gestión Milei y gobernabilidad es la base para la interpretación oficialista de la avanzada parlamentaria opositora del año pasado. La Ley de presupuesto que se debatirá en breve va a caer en la misma lógica política.
De “morosos” a “sectores perdedores”
En ese marco mental, 2027 será todavía peor porque lo que está en juego es mucho más grande para cualquier fuerza política con aspiraciones de poder y chances de conquistarlo o reconquistarlo. No son muchas: el kirchnerismo quizás sea la única con alguna ventana de oportunidad. El perokirchnerismo cifra su esperanza en una PASO que logre consolidar la unidad que, por el momento, le es esquiva a la negociación política entre los principales referentes opositores, y en un balotaje que triunfe quedándose con el voto disconforme con Milei. El olor a Vaca Muerta por las mañanas alienta la ambición del regreso, y la voluntad de encontrarle la salida al laberinto perokirchnerista.
En el nuevo camino electoral, la oposición dura ya lanzó al ruedo su primera munición: los morosos como sujeto político. Le dio gran rédito para condicionar la agenda del Gobierno durante semanas. Ahora, el kirchnerismo está en ciernes de aprovechar otra munición para copar la cancha de la conversación pública: “los sectores perdedores”.
Con los morosos, el oficialismo tardó en reaccionar y finalmente, se vio obligado a corregir su narrativa, sostenida sobre todo por Milei y Luis Caputo. El posicionamiento del Gobierno arrancó con dos planteos: por el lado de Milei, una mirada libertaria ortodoxa, responsabilizando a los individuos por su endeudamiento con la idea de “un acuerdo entre privados”, y por el lado de Caputo, el ministro aportó el matiz de los morosos como especuladores modelo 2025: “No sé si vos tomaste mal el crédito porque no llegabas a fin de mes o porque alguien te había contado que Milei se iba y el dólar se iba a ir a 3000…”. Después de semanas intensas de debate, el oficialismo finalmente dejó de lado la carta de la especulación y amplió la noción de “acuerdo entre privados”: extendió la responsabilidad al sector financiero, a quien juró no ayudar para evitar el “moral hazard”.
Con ese giro, hizo dos cosas: aflojó su frialdad con los morosos, que le estaba costando en las encuestas, y reforzó la identidad libertaria de un Estado que no sale al rescate de sectores en problemas.
Pero la realidad es que el Gobierno sintió salir de la encerrona de la oposición y su señalamiento de la “crueldad mileísta” recién cuando un particular, el sociólogo Matías Fernández, vinculado profesionalmente a Mercado Libre, posteó en X un informe sobre la estructura y el peso realista de la mora, titulado “Todo lo que querías saber de la mora (pero tenías miedo de preguntar)”: esos datos buscaron relativizar el peso extra large que la oposición pretendió instalar. No desapareció el problema de los morosos, pero el Gobierno encontró indicadores para hacer control de daños.
Fue el primer salvavidas eficaz que encontró el Gobierno, pero dejó en claro su falta de estrategia para la argumentación informada sobre el plan económico: ese informe, con datos oficiales de la Central de Deudores del Banco Central, pudo haber sido tarea de la Oficina de Respuesta Oficial si no estuviera distraída por las intervenciones públicas de bajos estándares profesionales, pagada con sueldos del Estado. La oposición dominó la cancha del tema morosos por lo menos durante mes y medio hasta que el 24 de agosto llegó el tuit salvador.
De “heterogeneidad” a “perdedores”
La batalla se da ahora en torno a los “sectores perdedores”. Los primeros registros de los efectos dispares del plan económico del Gobierno se sintetizaron en la noción de “heterogeneidad”: en marzo, esa palabra se instaló en el escenario político para conceptualizar la lógica macroeconómica mileísta y sus efectos diversos en la matriz productiva. Una manera de dejar constancia de los logros alcanzados por la macro libertaria y al mismo tiempo resumir los cuestionamientos micro, que todavía se percibían como desafíos quizás corregibles. Ahora, hay un salto de escala: lo que era heterogeneidad empieza a ordenarse en un opuesto conceptual que resulta cada vez más gravoso para la visión económica del Gobierno: “sectores perdedores versus sectores ganadores” y una estancamiento en esa dicotomía, lo que habla de los límites que encuentra el plan al menos en el corto-mediano plazo.
Un intérprete eficaz de la visión de la oposición dura lo dice de otra manera: “derrame inverso”. Ya no el “derrame” clásico, que supone que la ortodoxia económica, con equilibrio fiscal y baja de impuestos para empresas e inversores, termina generando consecuencias positivas para toda la economía. En el caso mileísta, según la conceptualización que está reforzando el kirchnerismo, un ordenamiento macroeconómico que genera un derrame de efectos colaterales negativos en la industria, la construcción y el consumo masivo y beneficia al sector de minería y oil & gas.
En ese punto, el Gobierno lo tiene más complicado que con los morosos como dardo político. El impacto en el empleo está en el centro del problema por dos lados, uno más serio que el otro. Esos sectores pujantes no sólo son los que menos empleo generan comparado con los perdedores sino que, además, los ganadores también están perdiendo empleo formal privado. En noviembre de 2023, el sector de oil & gas registraba 94.600 personas asalariadas; en septiembre de 2025, los asalariados se habían reducido a 87.500: una pérdida de 7000 empleos formales.
Las razones tiene que ver con características estructurales de ese sector, donde la tecnologización reemplaza a la mano de obra y hay una racionalización de costos. También hay factores coyunturales: la reducción de la producción en las cuencas maduras afecta directamente al empleo del sector.
Es decir, son sectores ganadores si se tiene en cuenta su capacidad de exportar cada vez más y generar divisas, aumentar su rentabilidad y aportar al crecimiento del PBI, pero también son perdedores en relación al empleo formal.
Por otro lado, ese conflicto entre dos Argentinas, una que crece en algún aspecto y la otra que cae, empieza a tener sus representantes explícitos dentro del Gobierno: ya no sólo es una bandera temática de la oposición. El viernes, Patricia Bullrich dio un nuevo salto mortal: retomó un argumento de la UIA, que plantea una igualdad de beneficios respecto de los sectores ganadores de minería, oil & gas, y barajó la razonabilidad de una baja de impuestos para todos los sectores. “Me gustaría más que podamos bajar impuestos para todos. Porque, si no, el que accede al RIGI o Súper RIGI tiene una baja de impuestos, pero hay un montón de empresas, industrias, comercios, servicios tecnológicos, que les cuesta competir porque la Argentina sigue siendo un país con un costo alto”, dijo en la Universidad de San Andrés.
Bullrich fue una de las primeras voces del oficialismo que puso en palabras la responsabilidad del sistema financiero en el tema morosos: “Cuando uno mira la letra chica, se da cuenta del robo que se está haciendo”, dijo a fines de agosto. La estrategia de diferenciación la había ejercido también con el caso Adorni. Y ahora se sube a la línea de la oposición. No está claro si por su condición de maratonista del poder, que busca su supervivencia política más allá de las lealtades coyunturales, o porque esa diferenciación le suma al gobierno mileísta para ampliar su base de apoyo ciudadano: Bullrich le habla a los que Milei deja afuera.
El tema de perdedores y ganadores promete recalentarse. El debate por la Ley de Presupuesto reproducirá la lógica de los debates legislativos del año pasado en torno al equilibrio fiscal. El Gobierno deberá dar respuesta a contradicciones en ese frente: reacio para cumplir con el financiamiento universitario, por ejemplo, pero generoso en la política de Defensa y de la SIDE. ¿Hay o no hay plata? ¿Para quién hay y para quién no? Esa será la cuestión que se viene.
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Bullrich confirmó que el Senado tratará el jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
La presidenta del bloque La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, confirmó hoy que el Senado tratará el próximo jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos económicos prioritarios del Gobierno de Javier Milei. Si se aprueba sin cambios, la iniciativa quedará convertida en ley.
El proyecto obtuvo dictamen el miércoles pasado en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda. Durante el debate expusieron el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning. La Cámara de Diputados ya lo había aprobado el 26 de agosto.
“La Carta Orgánica del Banco Central se va a discutir el jueves que viene”, dijo Bullrich durante una exposición ante el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, que preside Fernanda Mierez, en un almuerzo en la sede de la calle Montevideo, donde estuvo acompañada por los socios de algunos de los principales estudios jurídicos del país, entre ellos Marval O’Farrell Mairal, Cassagne, Beccar Varela, Bomchil, Allende & Brea, Martínez de Hoz & Rueda, PAGBAM y Bruchou, entre otros.
De acuerdo a lo que anticipó la senadora oficialista, la previsión es que la Cámara alta celebre ese día su séptima sesión del período ordinario. En la agenda económica también figura el proyecto denominado Inocencia Fiscal II, que cuenta con media sanción de Diputados y dictamen de comisión.
El oficialismo busca sumar al temario otras iniciativas, entre ellas la reforma del régimen de biocombustibles y convenios para transferir competencias judiciales penales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires.
El proyecto redefine la misión del Banco Central y limita el financiamiento al Tesoro
La reforma del Banco Central ocupa un lugar central en la agenda del Gobierno. El texto fija como misión principal de la entidad “la preservación del valor de la moneda nacional”, modifica el esquema de objetivos vigente desde la reforma de 2012 y establece límites más estrictos al financiamiento del Tesoro.
La iniciativa también endurece las condiciones para destituir al presidente y a los integrantes del directorio del BCRA. Además, elimina el concepto de reservas de libre disponibilidad, modifica el régimen de distribución de utilidades y dispone un mecanismo para cancelar de forma progresiva las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.
Bullrich presentó los cambios como un intento de otorgar al Banco Central mayor autonomía frente al poder político y de fijar reglas que se mantengan con independencia de quien gobierne.
Según explicó, el objetivo es evitar que la autoridad monetaria vuelva a funcionar como “un apéndice más del Ministerio de Economía o del gobierno del Poder Ejecutivo”.
También destacó la prohibición de emitir para financiar al Estado y de “alimentar al Tesoro” entre los puntos centrales de la reforma.
La senadora -que llegó después de haber compartido una reunión de Gabinete con Milei y se retiró para participar del encuentro con legisladores en la sede del Gobierno- citó como referencias a Brasil, Chile, Perú y Uruguay, cuyos bancos centrales, según sostuvo, alcanzaron niveles de autonomía que aportaron estabilidad y previsibilidad a las políticas monetarias.
“Argentina lo va a hacer ahora”, afirmó Bullrich al anticipar el tratamiento legislativo.
La dirigente encuadró la discusión de la Carta Orgánica dentro de un programa más amplio destinado a consolidar reglas económicas e institucionales y a evitar que se modifiquen con cada cambio de administración.
Ese concepto atravesó buena parte de su intervención ante los abogados. Bullrich planteó la necesidad de construir continuidad institucional, preservar la seguridad jurídica y sostener reformas que, a su juicio, resultan necesarias para recuperar la confianza y aumentar la inversión.
El cambio y los dolores de la estabilización
Sin embargo, su exposición también incluyó uno de los reconocimientos más explícitos sobre las consecuencias sociales del programa económico.
La ex ministra de Seguridad se refirió al “dolor” provocado por la estabilización y planteó que uno de los interrogantes centrales para el Gobierno es si la sociedad podrá atravesar ese proceso sin abandonar el rumbo elegido.
“No digo que esto no sea un proceso doloroso. Es un proceso doloroso”, afirmó.
Luego agregó: “El dolor del proceso de estabilización genera un miedo social. ¿Pasamos este dolor? ¿Somos capaces de pasarlo? ¿Podemos aguantar el dolor que significa ese cambio tan profundo?”.
Bullrich vinculó ese escenario con la apertura económica y las dificultades que enfrentan empresas y sectores productivos después de décadas de operar bajo otras reglas. Para describirlo, habló de movimientos “tectónicos” y sostuvo que algunas compañías deberán adaptarse a un nivel de competencia diferente.
En ese contexto, la senadora planteó que una de las prioridades políticas debe ser preservar “la continuidad de un cambio” y evitar que “el cambio muera en el intento”.
La cuestión adquirió mayor relevancia durante la ronda de preguntas posterior al discurso. Bullrich hizo una interpretación de los gobiernos argentinos desde el regreso de la democracia y sostuvo que las administraciones no peronistas enfrentaron dificultades para consolidar y prolongar sus proyectos.
“Cada vez que hay un gobierno que no pertenece al peronismo, el intento de hackearlo, de sacarlo, de impedirle su crecimiento como proyecto, es permanente”, afirmó.
En su repaso histórico mencionó a Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. Recordó que Alfonsín adelantó la entrega del poder en 1989; De la Rúa dejó la Presidencia antes de completar su mandato, en 2001; y Macri terminó sus cuatro años de gobierno, aunque perdió la reelección en 2019.
Bullrich sostuvo que la capacidad del actual proyecto para lograr continuidad representaría una ruptura de esa secuencia.
La definición cobra relevancia en un momento en que, dentro y fuera del oficialismo, existen especulaciones sobre la sucesión presidencial y el papel que podría ocupar la propia Bullrich en una futura disputa. Ante el Colegio de Abogados, la senadora defendió que el proyecto iniciado por Milei se sostenga en el tiempo.
Su razonamiento vinculó el costo económico de la transición con la dimensión política del programa. Para Bullrich, la estabilización genera costos y “miedo social”, por lo que consideró necesario garantizar la continuidad suficiente para que las reformas muestren resultados.
Durante la ronda de preguntas, también abordó la estructura tributaria y enumeró impuestos que, a su criterio, deberían reducirse cuando las condiciones fiscales lo permitan.
Bullrich condicionó cualquier avance al mantenimiento del superávit fiscal, pero cuestionó el impuesto al cheque, las retenciones, el impuesto a las Ganancias que pagan las empresas, Ingresos Brutos y las tasas municipales.
“El impuesto al cheque es un impuesto totalmente regresivo”, sostuvo. También aplicó esa caracterización a las retenciones.
Sobre Ganancias, planteó que una reducción de la carga sobre las empresas puede favorecer la inversión y, como consecuencia, la creación de puestos de trabajo.
Asimismo, señaló que una eventual baja del IVA tendría un impacto directo sobre los asalariados, debido a que el gravamen alcanza prácticamente todo el consumo.
“Si en algún momento podés bajar el IVA, vas a ayudar muchísimo a la gente asalariada”, expresó.
Bullrich extendió la discusión tributaria a provincias y municipios. Cuestionó Ingresos Brutos y sostuvo que la presión fiscal argentina surge de la acumulación de impuestos y tasas de los tres niveles del Estado.
En ese marco, propuso trasladar a los regímenes de promoción de inversiones una condición para que las provincias y municipios donde se radiquen proyectos con incentivos nacionales también reduzcan su carga tributaria.
La senadora mencionó como ejemplos el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el denominado SuperRIGI. Según sostuvo, la Nación no debería asumir sola el costo fiscal de los beneficios destinados a estimular inversiones.
“Los tres tienen que acompañar esa decisión de tener inversiones”, dijo al referirse al Estado nacional, las provincias y los municipios.
La cuestión tributaria integró un planteo más amplio sobre el tamaño y las funciones del Estado. Bullrich cuestionó la acumulación de regulaciones nacionales, provinciales y municipales, y defendió una mayor autonomía para ciudadanos y empresas.
En ese sentido, afirmó que durante muchos años el Estado argentino fue “el mayor infractor” de las leyes y sostuvo que el objetivo actual es avanzar hacia un Estado más limitado, con menor intervención sobre la actividad privada.
También defendió la reforma de la Ley de Sociedades y cuestionó procedimientos de la Inspección General de Justicia que, según su visión, imponen controles y trámites innecesarios a las empresas.
En materia institucional, Bullrich reivindicó la independencia judicial y expresó su respaldo a la libertad de expresión y de prensa. Dijo que ambos principios forman parte de su concepción política y sostuvo que el Poder Ejecutivo debe actuar con prudencia ante derechos protegidos de forma expresa por la Constitución.
Además, destacó los recientes nombramientos de magistrados, la puesta en marcha del sistema acusatorio y el proceso de transferencia de competencias judiciales de la Nación a la Ciudad.
Dentro de ese conjunto de reformas, la votación prevista para el jueves aparece como el próximo paso concreto. Para Bullrich, una nueva Carta Orgánica debería darle al Banco Central objetivos más definidos, mayor autonomía frente al poder político y restricciones más fuertes para financiar al Estado.
“Una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar es la continuidad de un cambio”, resumió.
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