En 2026 el cobre dejó de ser un simple termómetro de la actividad industrial para convertirse en uno de los cuellos de botella estratégicos de la economía global. Detrás de cada plan de electrificación, cada centro de datos de inteligencia artificial y cada parque de energías renovables aparece la misma pregunta: ¿quién y dónde producirá el cobre que hace falta para que todo eso ocurra?

Las principales consultoras y bancos coinciden en que la demanda de cobre crecerá con fuerza hacia 2035–2040, mientras la oferta se mantiene rígida. S&P Global advierte sobre un “déficit significativo de oferta” a medida que se acelera la electrificación, la carrera por la IA y el gasto en defensa, con un aumento proyectado de demanda cercano al 50% hacia 2040.

Wood Mackenzie calcula que el mundo podría necesitar alrededor de 2 millones de toneladas adicionales por año solo para alimentar la transición energética en la próxima década. McKinsey habla del “triple desafío de los materiales”: descarbonizar, mantener costos razonables y asegurar suficiente oferta, en un contexto donde los plazos típicos de desarrollo de una mina de cobre ya exceden el horizonte 2035.

Los bancos ajustan sus modelos a ese diagnóstico. Deutsche Bank elevó su proyección de precio promedio del cobre para 2026 a unos USD 10.600 por tonelada; Bank of America estima alrededor de 11.300 dólares, con escenarios de picos por encima de 11.000–15.000 dólares si las disrupciones de oferta se profundizan.

Goldman Sachs y JPMorgan describen un mercado estrecho y volátil, con rangos 2026 entre 10.000 y 11.000 dólares y trayectorias de largo plazo que pueden acercarse a USD 15.000 hacia los años 2030.

En síntesis, el mensaje es que el mundo va a necesitar mucho más cobre y que las toneladas nuevas de baja huella de carbono serán activos cada vez más codiciados.

En este contexto, Argentina aparece en los radares internacionales como un caso peculiar: tiene geología y proyectos, pero todavía casi no produce cobre.

Informes oficiales recientes hablan de, al menos, nueve proyectos de cobre en etapas avanzadas, con necesidades de inversión superiores a USD 28.000 millones y un potencial de producción que podría superar 1,5 millones de toneladas anuales hacia 2035. Eso implicaría pasar de una producción casi inexistente a representar cerca de 6% del suministro mundial en un plazo relativamente corto.

Un estudio de CRU Group de 2025, titulado “Copper Mining: A ~USD 47 billion opportunity for the Argentinian economy”, estimó que cinco proyectos de gran escala -El Pachón, Los Azules, Josemaría, Taca Taca y MARA- podrían generar, en conjunto, un aporte promedio de unos USD 4.000 millones anuales a la economía entre 2031 y 2040, con un impacto acumulado cercano a USD 47.000 millones en ese período bajo su metodología de Host Country Cash Flow.

La comparación que hace CRU es provocadora: el potencial económico del cobre argentino, si se materializa, sería del mismo orden que el histórico préstamo del FMI.

Think tanks y medios internacionales ya hablan del “momento del cobre” para Argentina. Americas Quarterly y Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) plantean que el país podría entrar en el grupo de los diez principales productores mundiales en menos de una década si resuelve sus cuellos de botella institucionales.

Informes europeos describen la cartera de siete a nueve proyectos cupríferos como “una de las historias de commodities a seguir en 2026”, con especial foco en la provincia de San Juan.

La dimensión binacional es clave. La cordillera que separa a Argentina y Chile es una misma unidad geológica: los sistemas de pórfidos cupríferos se extienden a ambos lados de la frontera. Del lado chileno hay puertos, proveedores especializados y redes de energía consolidadas; del lado argentino, grandes yacimientos con potencial de desarrollo. Esa combinación configura un corredor natural para el cobre de la transición energética.

Desde el 2000 está vigente el Tratado de Integración y Complementación Minera (TICM), que habilita el desarrollo integrado de yacimientos en zona de frontera. Durante años estuvo subutilizado, pero en 2026 la agenda se reactivó: se retomaron conversaciones técnicas y el 7 de julio se reanudaron en Buenos Aires las sesiones de la Comisión Administradora del Tratado, lo cual es una muy buena señal para trabajar en un “corredor binacional del cobre” con coordinación aduanera, tributaria y de infraestructura.

La Comisión es hoy la mesa donde se debería ordenar la letra fina que puede convertir ese corredor en proyectos concretos. Pensado estratégicamente, el eje Argentina–Chile es, ante todo, una apuesta binacional y proregional: integrada, la cordillera puede convertirse en uno de los grandes polos de oferta de cobre de la próxima década; desconectada, ambos países quedan por debajo de su potencial.

Integrar capacidades permite reducir costos, acortar plazos y, sobre todo, disminuir la huella de carbono de los proyectos gracias a mejores rutas logísticas y acceso a energías renovables.

Cooperación con Canadá: estándares y credibilidad

La cooperación con Canadá suma otra pieza al tablero. Canadá es el principal inversionista en minería de Argentina y uno de los países que mejor ha combinado desarrollo minero, regulación exigente y estándares ambientales y sociales reconocidos a nivel internacional. Además, se ha posicionado como actor central en la agenda de minerales críticos de Norteamérica.

Incorporar miradas, tecnologías y prácticas del ecosistema canadiense en el desarrollo del cobre argentino–chileno no implica importar recetas cerradas, sino acelerar el aprendizaje local y facilitar la integración de los proyectos en cadenas de suministro que ya están bajo escrutinio de gobiernos, empresas tecnológicas y grandes fondos.

En un escenario de competencia por capital y confianza, mostrar puentes de cooperación con Chile y Canadá es una forma concreta de blindar la credibilidad de la región y de sus proyectos de cobre.

El mensaje a los inversores es sencillo: Argentina quiere jugar en las ligas donde la minería se mide no solo por toneladas, sino también por gobernanza y desempeño ambiental.

Todo esto no significa que la “revolución del cobre” argentino esté garantizada. Las inquietudes sobre agua, glaciares, biodiversidad e impactos sociales son legítimas y van a crecer a medida que los proyectos avancen. Ningún inversor institucional financiará minas que no tengan licencia social y ambiental robusta, por más que los números geológicos sean atractivos.

La verdadera oportunidad radica en construir un modelo distinto: proyectos cupríferos de gran escala en la cordillera, desarrollados bajo estándares de transparencia, participación temprana e innovación ambiental, en cooperación con Chile y vinculados a buenas prácticas internacionales como las de Canadá. En un mundo donde los minerales críticos y la seguridad de suministro se han vuelto temas geopolíticos, ese tipo de corredor del cobre puede ser un activo estratégico para la región.

Visto desde Buenos Aires, el cuadro que dibujan CRU, S&P, Wood Mackenzie, McKinsey y los bancos es claro: el mundo está buscando el cobre que Argentina tiene, pero todavía no produce. La escala de la cartera existe, el déficit global es real y el precio promete acompañar si los proyectos se concretan.

Lo que falta es demostrar que el país -en alianza inteligente con Chile y en diálogo con socios como Canadá- puede ofrecer un terreno confiable, previsible y socialmente legítimo para construir, paso a paso, el próximo capítulo del cobre a escala mundial.

El autor es director de la Comisión Binacional de Minería y secretario general de la Cámara Chileno-Argentina de Comercio

La política argentina padece una patología crónica que va más allá del simple refundacionalismo: sufrimos un continuismo estructural disfrazado de cambio. Tras discursos ideológicos aparentemente opuestos, se esconde la práctica sistemática de realizar políticas similares, condimentadas con continuas roturas de los contratos vigentes y alteraciones en las reglas de juego dadas.

Este “modo de ser” fue descrito con precisión por Guillermo O’Donnell mediante su concepto de “democracia delegativa”: un modelo en el que quien gana las elecciones se siente autorizado a gobernar sin contrapesos institucionales ni necesidad de consensos.

Advirtió también, en su famoso documento de trabajo de 1992 que lleva ese nombre, que esta concentración del poder debilita la rendición de cuentas y genera crisis de gobernabilidad sistémicas y cíclicas, un diagnóstico que sigue describiendo con alarmante vigencia nuestra realidad.

Esta oscilación pendular, aunque más no sea en apariencia, rinde -a veces- frutos electorales en el corto plazo, pero destruye el tejido social y productivo en el largo plazo, lo cual nos ha transformado en un país totalmente imprevisible. En este escenario, la necesidad de un consenso suprapartidario que dote de estabilidad al sistema no es una utopía cívica, sino una urgencia institucional y económica de supervivencia como nación y democracia.

A tal efecto, resulta vital revisar el pasado nacional para encontrar momentos históricos similares. Así llegamos a 1852 cuando, tras décadas de cruentas guerras civiles, las diferentes fuerzas políticas de entonces entendieron que, para sentar las bases del desarrollo de la nación, era imperioso fijar reglas de juego comunes y acatar una ley fundamental, por lo cual suscribieron el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos.

Es decir, la previsibilidad exige blindar las instituciones de los vaivenes de las urnas. La propiedad privada, el respeto a la letra de la Constitución Nacional y la fijación de reglas macroeconómicas sanas no pueden ser variables sujetas al capricho de la administración de turno y a cómo interprete la emergencia del momento, como ha sucedido hasta la fecha, avasallando siempre derechos y garantías consagradas en la Carta Magna e incrementando el poder del gobierno.

En este punto, las ideas de Juan Bautista Alberdi cobran una actualidad apabullante. En sus “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina”, el padre de nuestra Constitución sentó los cimientos de nuestra histórica prosperidad -que duró aproximadamente 50 años- al ligar indisolublemente la ley escrita con el progreso material.

Alberdi sostuvo que “la Constitución debe ser el instrumento de la riqueza y el bienestar de la Nación”, advirtiendo que los derechos de propiedad y las libertades económicas debían ser absolutos e inviolables -obviamente con lógicas limitaciones- si se pretendía atraer capitales y poblar el suelo argentino.

Romper ese mandato constitucional ha quebrado el motor del desarrollo, lo cual ha tenido un altísimo precio para toda la sociedad. Al efecto, es bueno recordar que, como he sostenido en el pasado, para atraer inversiones competimos con el resto de los países del globo, y siendo actualmente el país una “oveja negra mundial” no resultamos para nada atractivos (ejemplos: nuestra calificación de mercado “standalone” y la escasa inversión extranjera directa así lo demuestran).

En sintonía con esta mirada, Douglass North, Premio Nobel de Economía y pionero del institucionalismo, demostró de manera empírica que el éxito o el fracaso económico de las sociedades depende de sus “reglas del juego”.

North explicaba que las instituciones son las limitaciones ideadas por el hombre para dar estructura a la interacción humana, y que el crecimiento sostenido ocurre únicamente cuando estas reglas reducen la incertidumbre y bajan los costos de transacción.

Para North, si un país no cuenta con instituciones formales fuertes que aseguren que los contratos se cumplan y que el Estado no confiscará la renta de los particulares, el capital simplemente huye.

Del mismo modo opinaron los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson, en su célebre obra “Por qué fracasan los países”, donde reforzaron esta tesis al demostrar que la seguridad jurídica es el único incentivo real para la inversión y la innovación tecnológica.

El contrapuesto de ello lo encontramos en lo que Carlos Santiago Nino postulaba en su obra “Un país al margen de la ley”, donde resaltó que nuestra tendencia es a la anomia, esto es, el desprecio por las normas jurídicas y los acuerdos básicos, lo cual ha tenido, y continúa teniendo, un costo económico directo que pagamos con estancamiento y pobreza.

Sin un pacto político que garantice que las reglas del juego no cambiarán a mitad del partido, cualquier intento de reforma macroeconómica estará condenado a la transitoriedad.

Superar la grieta no significa uniformidad de pensamiento ni la eliminación del debate; significa delimitar un terreno de juego compartido donde la institucionalidad, la estabilidad fiscal, la independencia monetaria y el respeto a las libertades individuales sean innegociables, gobierne quien gobierne.

La dirigencia política actual se enfrenta al mismo dilema que aquellos representantes de 1852: continuar la disputa facciosa hasta el agotamiento mutuo o sentar las bases de una gobernabilidad de largo plazo y del crecimiento.

El futuro de la vigencia del Estado de derecho, la producción, el empleo y una moneda sana dependen de la capacidad de firmar, de una vez por todas, un nuevo Acuerdo de San Nicolás para el siglo XXI.

El autor es Abogado constitucionalista y asesor de empresas

La escasez de divisas ha sido una característica histórica de la economía argentina, causa de los recurrentes ciclos de Stop & Go (parar y arrancar), en que una etapa de crecimiento se frenaba por falta de dólares, forzaba un ajuste de niveles de actividad, consumo, empleo y demanda de dólares, hasta que estos volvían a alcanzar para impulsar un nuevo tirón de crecimiento, que duraba hasta que reaparecía la escasez de combustible cambiario y se iniciaba un nuevo giro.

En buena medida, esos ciclos estuvieron asociados a la estacionalidad de las exportaciones del campo y la agroindustria, muy concentrada en el segundo trimestre. Esta vez, sin embargo, el aporte de Vaca Muerta y de la minería, cuyas exportaciones siguen un recorrido anual más parejo, además de las reservas en silobolsas, permitirían no solo un récord histórico de liquidación anual de divisas sino también evitar la estacionalidad e incluso revertirla.

Así lo sugiere un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que consolidó la liquidación de divisas de agro, minería y energía y proyectó un récord de USD 57.168 millones para el año, superior al máximo histórico de la serie, de USD 57.622 millones en 2022 (tributo de la invasión rusa de Ucrania, que llevó a niveles estratosféricos los precios de los granos, justo cuando se iniciaba el período dorado de exportación del campo y la agroindustria locales) y se ubicaría casi USD 7.000 millones por sobre los USD 50.381 millones liquidados en 2025.

“La consolidación de estos tres complejos permite dimensionar la magnitud del ingreso de divisas comerciales del país y, sobre todo, capturar un cambio de composición que se viene gestando en los últimos años: el peso creciente de la energía de la mano del desarrollo de Vaca Muerta y del salto exportador de ese sector; y de la minería, que complementan y estabilizan un flujo históricamente dominado por el agro y su marcada estacionalidad”, dice el estudio, realizado por Julio Calzada, Guido D’Angelo y Tomás Rodríguez Zurro.

Con todo, la principal novedad está en las perspectivas para el segundo semestre del año, para el cual proyectan una liquidación de US$ 29.793 millones, superior a los USD 27.375 millones del primer semestre, un patrón que parece “romper la estacionalidad histórica del mercado de cambios”, destacan los autores.

Tradicionalmente, explican, el ingreso de divisas se concentra en la primera mitad del año, al calor de la cosecha gruesa, y se enfría en el último tramo del año. Ahora, en cambio, siguen, “la incorporación estructural de la energía y la minería, flujos menos dependientes del calendario agrícola y en expansión, estaría modificando ese comportamiento: el segundo semestre ya no muestra el enfriamiento típico e incluso superaría al primero”. De hecho, el perfil mensual proyectado para 2026, a diferencia de los últimos años y de 2025, se sostiene por encima del promedio y no exhibe el desplome estacional del último trimestre, cuando el aporte del agro se reduce sensiblemente.

La liquidación anual de divisas del agro se proyecta en USD 34.897 millones, un recorte de unos USD 1.200 millones respecto de la estimación de mayo, debido menores precios de exportación proyectados.

En el acumulado hasta junio, el agro liquidó un estimado de US$ 15.768 millones, por debajo de los USD 18.303 millones del mismo período de 2025, algo que respondió a los esquemas de derechos de exportación (retenciones) aplicados en 2025, en que hubo una reducción temporaria que hizo adelantar la comercialización y elevó la base de comparación. Además, hubo una eliminación temporaria de retenciones en septiembre (cuando el gobierno estaba contra las cuerdas, debido a la victoria electoral del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires) que adelantó ingresos ese mes pero deprimió el de los subsiguientes, incluso hasta los primeros meses de 2026. “Entre abril y mayo de 2026 esta situación se habría normalizado, con ocho meses consecutivos de disminución de la deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones de exportaciones”, dice el trabajo.

En 2025 las exportaciones del sector alcanzaron USD 6.075 millones, aumentando por cinco años consecutivos. Este año mostraría un nuevo récord, con exportaciones por USD 9.000 millones, con lo cual la minería pasaría de explicar cerca del 7% a más del 10% de las exportaciones totales de la Argentina, salto que se explica por la mejora de precios del oro y la plata y un crecimiento de volúmenes y precios del complejo litio.

De hecho, precisa el estudio, ya en el primer cuatrimestre del año la minería registró ingresos de comercio exterior por USD 2.927 millones, un asombroso 88% más que en igual período de 2025. “Con importaciones mínimas en relación con sus ventas externas, la minería se consolida como aportante neto de divisas, con un flujo estable a lo largo del año que espera apuntalar la liquidación del segundo semestre”, dice el trabajo.

La otra gran protagonista, sostenida en la formación Vaca Muerta, con epicentro en Neuquén, que ya explica un 70% de la producción de crudo, proyecta un crecimiento del 16% en la producción de petróleo, a un nuevo récord histórico, superando finalmente el que se había alcanzado en 1998. Los autores precisan que la balanza energética marcó en la primera mitad de 2026 el mayor superávit de la historia argentina para un primer semestre, superando los USD 6.987 millones, un crecimiento del 87% interanual.

“Las exportaciones de combustibles y energía habrían crecido un 52%, hasta más de US$ 8.118 millones, mientras las importaciones tocan mínimos de 20 años. Además, más del 70% del crecimiento exportador se explica por mayores cantidades, más que por la suba de precios derivada del conflicto en Medio Oriente”, dice un pasaje.

Las perpsectivas son aún mejores. “Hacia adelante -concluyen los autores- las ventas de combustibles y energía podrían superar los USD 14.400 millones en 2026, llevando la balanza energética a un récord por encima de los USD 12.000 millones. La puesta en marcha del oleoducto VMOS hacia fin de año, con una evacuación adicional de 190.000 barriles diarios, apuntala un flujo de divisas creciente y menos estacional, clave en la fortaleza proyectada para el segundo semestre y el año que viene”.