La dinámica inflacionaria atraviesa una etapa de moderación gradual, aunque sin señales contundentes de un quiebre definitivo. Mediciones privadas confirman una leve desaceleración en mayo, consolidando una tendencia que, sin embargo, enfrenta múltiples obstáculos para profundizarse en los próximos meses.

Las estimaciones de las consultoras privadas muestran que la inflación de mayo mostró una leve desaceleración respecto al 2,6% de abril registrado por el Indec, con cifras cercanas al 2,1%-2,5%. Sin embargo, en la comparación interanual las proyecciones se mantienen en torno 30 por ciento.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipa que el IPC de junio se ubicará en 2,1%, en julio 2% y perforará ese umbral en agosto, al situarse en 1,8 por ciento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ajustó al alza su proyección y calcula que la inflación en Argentina llegará al 31% anual en 2026.

“En un contexto de suba de los combustibles en la primera mitad de 2026, la desinflación retomará fuerza recién en la segunda parte del año, favorecida por una demanda contenida, política monetaria estricta y disciplina fiscal persistente”, indicó el organismo.

La directora de Qualy, Anastasia Daicich, prevé que la inflación de junio estará en un rango de entre 2,2% y 2,4%, profundizando la tendencia descendente observada en mayo, que marcó un quiebre en la tendencia alcista que se había consolidado durante el último año.

No obstante, para la economista, el dato final dependerá de la interacción entre distintos factores que inciden en direcciones contrapuestas:

• Alimentos y Bebidas: Los precios de la carne vacuna se mantienen estabilizados, mientras que las frutas registran aumentos y las verduras muestran una tendencia a la baja. En el caso de las frutas, este incremento podría estar asociado a los precios más elevados de las primeras producciones de temporada (cítricos, frutillas, entre otras), ya que los volúmenes que actualmente llegan al mercado aún son reducidos. A medida que avance el trimestre y aumente la oferta, esta tendencia debería revertirse.
• Inflación núcleo: se mantendría en torno al 2,4%, en un contexto de débil demanda interna y salarios reales que aún no logran recuperar su poder adquisitivo. A ello se suma la incidencia de los servicios regulados, así como los elevados niveles de endeudamiento y morosidad de los hogares, factores que reducen significativamente el ingreso disponible y limitan la capacidad de gasto de las familias.
• Paritarias magras: las negociaciones de aumentos de salarios para abril y mayo consolidan tasas reales formales por debajo de la inflación
• Ancla cambiaria: en el frente financiero, la baja del índice de riesgo país y la relativa tranquilidad cambiaria actúan, por ahora, como factores desinflacionarios adicionales. El BCRA ha intervenido activamente en el mercado cambiario mediante la compra de divisas con el objetivo de prevenir episodios de inestabilidad, tal como ocurrió el año pasado. Aun así, esta calma no debe interpretarse como una situación de equilibrio sostenible.

• Los precios regulados: continúan siendo el “motor inflacionario”. Si bien el Gobierno volvió a diferir hasta julio la aplicación plena de los aumentos pendientes en los impuestos a los combustibles, y las petroleras, encabezadas por YPF, mantienen mecanismos de amortiguación que reducen el traslado inmediato de las variaciones internacionales del crudo a los surtidores; estas medidas son transitorias y difícilmente prorrogables más allá de agosto.
• Conflictos bélicos: La continuidad de los conflictos en Medio Oriente (Israel-Líbano y Estados Unidos-Irán) y en Ucrania, junto con la creciente tensión política a medida que se acercan las elecciones de medio término que podrían definir la segunda mitad del gobierno de Donald Trump, así como las fricciones entre Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y China, mantienen un contexto de elevada incertidumbre. Esta situación impacta tanto en los precios del petróleo y de otras materias primas, como en las decisiones de los mercados financieros.
• Presión mayorista y señales de mediano plazo: las tensiones en los mercados energéticos globales y la volatilidad de los commodities industriales continuaron inyectando presión sobre las estructuras de producción básicas

En ese marco, Daicich dijo: “Lo que podemos afirmar es que una baja hacia el 2% mensual no está próxima, y mucho menos perforando ese límite. Hacia julio y agosto, la posible escasez de divisas, a medida que se agoten los dólares de la cosecha gruesa, podría sumar presión adicional sobre el tipo de cambio. En ese escenario, no descartamos episodios puntuales de inflación mensual más elevada en el segundo semestre, especialmente si el dólar se ‘despierta’ y la incertidumbre externa persiste”.

Y agregó: “El proceso de desinflación continúa, pero sobre bases frágiles, sostenido más por la contracción del consumo que por una estabilización genuina de la economía”.

Pablo Moldovan, economista de CP Consultora, aseguró: “Hacia adelante, nuestras proyecciones sugieren que será difícil quebrar el umbral del 2%, porque esperamos que el precio del dólar empiece a moverse un poco más en la medida en que nos acercamos al trimestre cambiario estacionalmente más desafiante”.

Además, remarcó el especialista, los aumentos de precios regulados siguen ejerciendo presión por el compromiso del Gobierno con el ajuste de subsidios y el equilibrio fiscal.

Mateo Borenstein, economista de Empiria, sostuvo: “Después de un primer cuatrimestre desafiante, se proyecta una trayectoria descendente de la inflación para el segundo semestre. Para mayo y junio estimamos un IPC de 2,4% y 2,1%, respectivamente”.

“Pero a pesar de que la inflación caiga, tendría un comportamiento heterogéneo. Por un lado, la núcleo cedería con mayor velocidad, aunque sin llegar a ubicarse por debajo del 1%. Por otro, los precios regulados podrían traccionar debido a las correcciones tarifarias y a la continua corrección de los precios relativos”, explicó.

El despliegue de Decathlon en la Argentina sigue tomando impulso y, a escasos meses de su desembarco en Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, la mayor cadena deportiva del mundo activó su segundo punto de venta en el país. En concreto, la firma abrió sus puertas en Córdoba y acentuó así su plan de aperturas previstas para nuestro país. La sucursal en territorio cordobés implicará la creación de al menos medio centenar de empleos. Hacia adelante, Decathlon evalúa la probable puesta en marcha de otras dos sucursales en la misma provincia. Antes, tiene programado abrir nuevos puntos de venta en Capital Federal y la ciudad de Rosario.

Para este año, según anticiparon directivos de la firma en el marco de la activación de la sucursal en Córdoba, Decathlon pondrá a funcionar una tienda en el shopping porteño del Abasto y otra en la ciudad santafesina ya mencionada. Se anticipó, también, que en 2027 podrían ponerse en marcha otras dos sucursales en la misma ciudad de Córdoba.

De acuerdo a lo informado, Decathlon prevé la apertura de al menos 20 locales en la Argentina en el lapso de cinco años. El plan en cuestión contempla inversiones por encima de los u$s100 millones y la generación de cuantos menos 750 puestos de trabajo directos.

Decathlon y un plan de expansión a largo plazo

«Siempre tuvimos a Córdoba como uno de los primeros lugares donde queríamos abrir. Tiene una fuerte cultura deportiva, una geografía ideal para la actividad outdoor porque incluye montañas, sierras y lagos; tres millones de habitantes y una ubicación estratégica para recibir visitantes de muchas otras provincias», declaró recientemente Pedro Aguirre Saravia, uno de los promotores del arribo de la firma al país.

Aguirre Saravia es socio de Manuel Antelo en Grupo One, con control de la marca en esta zona del mundo bajo un modelo de franquicia que abarca tanto a la Argentina como a Paraguay, Uruguay, Perú y Ecuador.

Fuentes en Córdoba como el diario La Voz detallaron que el local en esa ciudad posee 2.500 metros cuadrados y reúne 3.300 productos deportivos. Se ubica en la terraza de Nuevocentro Shopping y comenzó a operar el reciente sábado 30 de mayo.

«La apertura local es la segunda en el país, luego de un exitoso debut en Vicente López , Buenos Aires. Esa tienda no sólo marcó récords de público en ventas en sus primeros días, sino que a hoy se mantiene con la de mayor facturación por metro cuadrado en toda la red de 1770 sucursales que Decathlon tiene en 50 países», indicó el matutino.

«Creemos que el público cordobés va a responder muy bien. El fin de semana de apertura estimamos recibir entre 7.000 y 10.000 personas», afirmaron fuentes de la cadena.

La empresa basa gran parte de su oferta en 14 marcas propias y concentra sus inversiones más en investigación que en contratos millonarios con celebridades deportivas.

Así, Decathlon posee 15 centros de investigación y desarrollo distribuidos por el mundo en ambientes propicios para el tipo de producto asociado a cada universo deportivo. Siempre según La Voz, estos complejos son un eslabón vital de su estructura, que también incluye puntos de producción en 50 países.

«Decathlon controla toda la cadena de desarrollo de sus productos, por eso su surtido es tan competitivo», expresó Francisco Tedin, director de operaciones de la compañía en el país.

El éxito de la primera tienda de Decathlon

El 8 de noviembre del año pasado, la cadena deportiva Decathlon concretó su desembarco en Argentina con la apertura de su primera tienda en el país, ubicada en el complejo Al Río de Vicente López. Más de 10.000 personas asistieron a la inauguración, que se convirtió en el lanzamiento con mayor volumen de ventas de la compañía en toda América y en el número uno a nivel global durante ese fin de semana.

Las filas para ingresar comenzaron el día anterior a la inauguración, y hacia las 9 de la mañana del viernes ya se contabilizaban más de 3.000 personas esperando la apertura. Los primeros 300 visitantes recibieron gift cards de hasta 400.000 pesos, mientras que las primeras 500 compras accedieron a souvenirs conmemorativos.

La tienda presentó una propuesta integral que incluyó exhibiciones, demostraciones y actividades participativas orientadas a todos los públicos. Entre las propuestas destacaron un show de fútbol freestyle, presentaciones de rollers, juegos interactivos, sorteos, música en vivo a cargo de Las Aleman y estaciones con tatuajes temporales y camisetas personalizadas.

El Senado abrió esta semana el debate por una nueva Ley de biocombustibles que partió al sector en dos frentes: las grandes agroexportadoras y cerealeras, que tienen plantas de biodiesel construidas y capacidad para abastecer el mercado interno, pero sin acceso legal para hacerlo, y las pyme regionales, que operan en condiciones reguladas y temen que una apertura competitiva las deje fuera de un negocio que sostienen desde hace casi dos décadas.

El miércoles pasado ingresó en la Cámara alta la iniciativa impulsada por Patricia Bullrich, elaborada tras casi dos años de conversaciones entre la Secretaría de Energía y distintos actores de la cadena. La propuesta, que llegó con el mayor respaldo político, propone elevar el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil del 7,5% al 10% y el de bioetanol en las naftas del 12% al 15%, habilitar motores Flex Fuel y crear un sistema electrónico de comercialización.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, fue el primero en exponer y defendió la iniciativa con una admisión llamativa: “Tiene ganadores, perdedores, afectados”, sostuvo ante los senadores. Consideró “oportuno discutir una nueva ley” y afirmó que el proyecto “contiene los lineamientos que venimos trabajando hace casi dos años”.

Sobre el biodiesel, González advirtió que su costo es “muchísimo más alto que el fósil” y descartó duplicar el corte, porque implicaría “una suba estructural y permanente en el gasoil, con mayor costo de transporte, agro y consumidores finales”.

Ese argumento sobre el precio, sin embargo, tiene un reverso que las pyme señalaron en la discusión. Las grandes cerealeras sostuvieron que podrían vender biodiesel un 20% más barato que las plantas pequeñas, lo que se traduciría en una baja del 2% en el precio del combustible final.

El director de la Cámara de Empresas Pyme Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), Federico Martelli, cuestionó esa aritmética en diálogo con Infobae: “El 20% de ahorro prometido equivale, en la práctica, a apenas el costo del aceite de soja, sin contar metanol, mano de obra ni energía. La diferencia real entre una planta grande y una pyme ronda el 5% o 6% en el precio del biodiesel, lo que se traduce en aproximadamente 0,5% en el surtidor. Son diez pesos”, sintetizó.

“Si se aprueba la ley de Patricia Bullrich, van a quebrar 25 pyme, se van a perder 1.500 puestos de trabajo y se va a concentrar el mercado en seis multinacionales”, agregó Martelli.

Hoy, el mercado interno de biodiesel es territorio exclusivo de las pyme. Las grandes cerealeras tienen habilitada la exportación, pero prácticamente no exportan: los principales mercados mundiales –Estados Unidos y la Unión Europea– protegen su propia producción con barreras arancelarias y paraarancelarias. Esa situación empujó a las multinacionales a mirar hacia adentro, y el proyecto de Bullrich les abriría la puerta.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), que nuclea a las grandes exportadoras, respaldó públicamente la iniciativa oficial y salió al cruce de las pyme con un argumento histórico: “Durante casi dos décadas de protección regulatoria, las 28 plantas de biodiesel no realizaron inversiones para producir su propio aceite de soja, la materia prima central del proceso”, publicó Ciara en sus redes sociales.

En contraste, la entidad que representa a las empresas agroexportadoras, sostuvo que el país cuenta con 358 plantas activas de aceite de soja distribuidas en ocho provincias, con una capacidad instalada de 70 millones de toneladas entre molienda y extrusión. La producción nacional de aceite de soja alcanza a 8,5 millones de toneladas anuales; las pyme de biodiesel consumen unas 650.000 toneladas, equivalente a un mes y medio de esa producción.

“Estuvimos todos apoyando un proyecto de ley que es el proyecto del futuro, porque va a permitir volver a poner en funcionamiento las grandes fábricas de biodiesel que están cerradas”, afirmó el presidente de Ciara, Gustavo Idígoras.

La entidad recordó que entre 2016 y 2018, Argentina fue el primer exportador mundial de biodiesel, con 2,8 millones de toneladas producidas, 1,8 millones exportadas e inversiones superiores a los USD 2.500 millones.

A su vez, Idígoras rechazó los argumentos sobre el riesgo laboral. Afirmó que las pyme tienen protección regulatoria hasta diciembre de 2030 y tiempo para “adaptarse, invertir o asociarse con alguna de las 360 plantas aceiteras que operan en el país”. Sobre el empleo, planteó que cada planta pyme ocupa en promedio a 10 personas, mientras que la industria exportadora tiene 1.500 puestos “en suspenso” por no poder abastecer el mercado interno.

“Estamos comparando 10 contra 1.500”, dijo, y agregó que la nueva ley traerá “una mejora sustancial para el consumidor en calidad y en precio”. Idígoras también calificó el régimen vigente de “soviético” y sostuvo que durante dos décadas las pymes vendieron biodiesel “a un precio 20% por encima de las condiciones de mercado”, con la Secretaría de Energía como garante de esa ecuación.

Martelli advirtió que el proyecto no amplía el mercado para las pyme, sino que lo reduce. El texto sube el corte del 7,5% al 10%, pero habilita a las petroleras a cubrir tres puntos porcentuales de esa diferencia mediante el denominado coprocesamiento, un mecanismo que consiste en incorporar grasas o materia vegetal en la destilación del petróleo y que técnicamente no constituye biodiesel. El resultado neto es que el corte efectivo para las pymes bajaría del 7,5% al 7 por ciento.

La desventaja estructural de las pyme ante una eventual competencia abierta con las cerealeras es múltiple. Las grandes empresas son, al mismo tiempo, proveedoras de aceite y potenciales competidoras. Según Martelli, esas compañías venden el aceite por encima de la paridad de exportación en el mercado interno, lo que encarece el insumo antes de que las pymes puedan transformarlo en combustible.

La diferencia de escala agrava el cuadro: una planta pyme grande produce hasta 50.000 toneladas anuales de biodiesel, mientras que una cerealera puede alcanzar las 500.000 toneladas. Las plantas de las multinacionales ya están construidas -levantadas originalmente para exportar- y no requieren inversión adicional para volcarse al mercado interno.

El Gobierno descartó subir el corte de biodiesel al 15%, como proponen algunas de las iniciativas alternativas. Daniel González esa opción por el impacto en el costo del gasoil y por razones fiscales: el biodiesel está exento de los impuestos que sí paga el diésel de origen fósil, de modo que un mayor corte implicaría menor recaudación. Las previsiones oficiales apuntan, además, a que el precio internacional del petróleo volverá a caer, lo que haría al biodiesel comparativamente más caro.

Las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda deberán ahora elaborar un dictamen antes de que la iniciativa llegue al plenario del Senado. La reunión del miércoles fue informativa y el texto aún no tiene fecha de votación. Brasil, que avanzará este año con un corte obligatorio del 15% y proyecta llegar al 20% en 2030, apareció como referencia recurrente en el debate para quienes reclaman una política más ambiciosa en materia de biocombustibles.