POLITICA
Cambios en la quinta de Olivos: las dudas, la preocupación por la seguridad y la sorpresa del intendente
El rectángulo que encierra las más de 30 hectáreas de poder político en la residencia de Olivos vive horas de transformaciones. En ese ámbito, bajo una arboleda añeja, los efectivos de la Casa Militar, el organismo encargado de la custodia presidencial, vieron crecer ampliamente sus atribuciones sobre lo que ocurre entre los muros de la residencia. Y, a la vez, se echó a parte del personal por la convicción del Gobierno de que hubo “filtraciones” sobre la información interna.
Según comunicó el Gobierno, la Casa Militar tendrá a su cargo “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos”.
El objetivo expresado es “fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”. Sus atribuciones avanzan sobre áreas que antes tenía a cargo la Policía Federal.
En la quinta se distribuyen una serie de casas, pabellones y edificios anexos alrededor del chalet principal.
Históricamente trabajó en el predio una dotación de unas 90 personas con ingresos y egresos a diario, a raíz de su forma de trabajo temporal.
Los empleados se reparten con distintos turnos entre mozos, jardineros y personal de limpieza y administrativo, entre otros, según coincidieron en reconstruir dos fuentes consultadas por .
Además está el personal de la Casa Militar, que incluso ocupa una construcción de amplias dimensiones sobre el lateral de la avenida Maipú, donde descansan quienes cumplen sus turnos en el lugar.
El edificio, conocido como “la cuadra”, tiene un espacio para descansar y un amplio comedor.
Hasta ahora, la Casa Militar se encargaba de una parte de la seguridad y solo tenía personal civil ubicado en los ingresos, para registrar las visitas. Hasta dónde llegarán las nuevas funciones es todavía un enigma, ya que las precisiones no fueron informadas.
Más allá de los miembros de la Casa Militar, en la quinta trabajan cuatro cocineros, cuatro o cinco mucamas, unos ocho mozos que van rotando por días y turnos, dos personas dedicadas a las tareas administrativas y una docena de empleados de mantenimiento, según estimó una fuente consultada. Jardinería y limpieza llevan tiempo tercerizadas.
En su comunicado, Balcarce 50 habló de 12 despidos, incluido el “intendente” del lugar, Osvaldo Javier Sosa.
Ante la consulta de , Rodolfo Aguiar, líder del gremio ATE, aseguró que “hasta ahora hay 14 cesantías” y que de ellas, diez son trabajadores contratados y cuatro pertenecen a planta permanente, las cuales están “con esperanza de reubicación, pero por ahora nos las dejan ingresar”.
Según describió, entre los cesanteados hay jardineros, administrativos, mozos, personal de limpieza y cocina, la los cuales ubicó, en sus respectivos trabajos, “sin contacto con el presidente”.
“Rechazamos cualquier tema de seguridad o acusaciones de espionaje, porque ni siquiera veían al presidente”, argumentó Aguiar.
Más allá de las filtraciones, en la Casa Rosada argumentaban que el “posicionamiento geopolítico” de la Argentina exigía reforzar las condiciones de seguridad y, en ese sentido, aludían a la información de que Hezbollah habría tenido como objetivo a Diego Kravetz, segundo de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). A las necesidades de seguridad sumaban la inminencia de la visita del Papa León XIV.
Las medidas
El Gobierno también disolvió la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, que estaba a cargo del intendente Sosa.
El cargo, conocido históricamente como “intendencia” de Olivos, siempre fue ocupado por personas de extrema confianza del Gobierno de turno.
Sosa llegó por ser cuñado de la subsecretaria de Planificación General Belén Agudez, del círculo más cercano de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, con quien trabaja a diario en el primer piso de la Casa Rosada.
Esa cercanía y confianza hicieron que su separación fuera sorpresiva para gran parte de la administración libertaria.
“Históricamente fue la autoridad máxima del personal civil en el lugar”, la definió una fuente.
La importancia del papel del intendente dentro de Olivos tuvo una muestra unos dos años atrás. Fue cuando otro intendente de la residencia, Daniel Rodríguez, fue citado a declarar en el marco de la denuncia de la ex primera dama, Fabiola Yañez, al expresidente, Alberto Fernández.
Rodríguez, un polémico personaje que debió sortear excepciones para ser designado en el cargo, fue señalado por personal de la quinta como testigo de los hechos de violencia de Fernández contra Yañez. Ante la justicia, lo negó. Dijo que no le constaban hechos de violencia física del expresidente contra Yañez, pero sí aclaró que fue testigo de “agresiones verbales”.
La Casa Militar
La Casa Militar, creada en 1909, y en cabeza de Sebastián Ibáñez, desde 2024, por decisión de Karina Milei, depende de la Secretaría General de Presidencia.
Institucionalmente es definida como “el organismo de naturaleza militar encargado de garantizar la seguridad del Presidente de la Nación, del Vicepresidente, de los exmandatarios y de sus familiares directos”.
“Casa Militar siempre se ocupó de la seguridad de los lugares y la Policía Federal de los traslados”, distinguió una voz conocedora de los distintos roles alrededor sobre el área.
El perímetro de la residencia de Olivos, delimitado por las calles Carlos Villate, Avenida Maipú, Hipólito Yrigoyen y Antonio Malaver, es responsabilidad de la Policía Federal Argentina (PFA).
La PFA también tiene a su cargo la responsabilidad de los traslados de los mandatarios y todo lo que sucede entre las rejas de Casa Rosada y las puertas de madera del edificio, donde empieza la responsabilidad de la Casa Militar.
De las rejas para afuera, la seguridad está en manos de la Policía de la Ciudad. Así coexiste un entramado de responsabilidades que muchos definen como “insólito”.
vive horas de,Rodríguez,Cecilia Devanna,Conforme a
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POLITICA
Neuquén: condenaron a tres años de prisión condicional al exintendente que atacó a su sucesor con un cuchillo
SAN CARLOS DE BARILOCHE.- A solo una semana del grave episodio ocurrido en Pilo Lil, en el que el actual presidente de la Comisión de Fomento protagonizó un enfrentamiento con su antecesor, la Justicia neuquina resolvió la causa penal mediante un procedimiento de juicio abreviado.
Eliseo Esteban Díaz, quien estuvo al frente de la comisión de fomento durante 12 años, fue condenado por el delito de coacción agravada por el uso de un arma tras haber amenazado de muerte con un cuchillo al actual presidente comunal, Andrés Avelino Infante.
El acuerdo de pena fue presentado por el fiscal jefe Gastón Ávila y homologado por el juez de garantías Maximiliano Bagnat, contando con el aval de la defensora Laura Plaza y de la abogada querellante Lorena Miani. La sentencia contempla una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.
Para mantener la libertad condicional y evitar que la condena se convierta en prisión efectiva, Díaz deberá cumplir estrictas reglas de conducta durante un plazo de tres años. En principio, le impusieron una prohibición absoluta de contacto e intimidación: no podrá ejercer actos de perturbación ni mantener ningún tipo de contacto –por sí ni por terceros– con Infante ni con su grupo familiar.
Asimismo, Díaz deberá fijar un domicilio formal y concurrir a las citaciones y controles de la Dirección de Población Judicializada. Debido a las reducidas dimensiones de la localidad de Pilo Lil, el juez Bagnat remarcó que las prohibiciones responden a la necesidad de prevenir cualquier acto de violencia.
Ante la posibilidad de que ambos hombres se crucen en la vía pública, el magistrado le advirtió expresamente a Díaz: “Ante esa situación, usted deberá darse la vuelta e irse”.
El violento episodio que desencadenó el proceso judicial ocurrió el viernes pasado durante una jornada de trabajo con funcionarios provinciales en el comedor del Parador Turístico comunal. La discusión se originó cuando Díaz solicitó un camión de la comuna para trasladar fardos de pasto destinados a sus animales.
Al exigírsele la presentación de una nota formal para justificar la salida del vehículo y la rendición del combustible, el intercambio verbal derivó en gritos, insultos y empujones.
La situación escaló cuando el exjefe comunal extrajo un cuchillo de su cintura y amenazó de muerte a Infante al grito de “Te voy a matar”. Ante el riesgo inminente, la pareja de Infante, Raquel Fantini, debió interponerse físicamente como escudo para frenar la agresión.
Toda la secuencia fue registrada en video por la coordinadora regional provincial Eliana Rivera. Esa filmación se convirtió en la prueba audiovisual determinante presentada por el Ministerio Público Fiscal para sostener la acusación y lograr la condena expedita de Díaz.
En sus descargos, Díaz reconoció haber extraído un cuchillo tipo “verijero” (de 10 a 12 centímetros), pero argumentó que actuó únicamente en legítima defensa. Sostuvo que le habían preparado “una cama” y que pretendían agredirlo entre tres personas.
Por su parte, la esposa de Díaz, Belén Griselda Alfonso, afirmó que Díaz ya había gestionado el uso del camión comunal el día anterior, por lo que su molestia surgió al regresar y notar que el vehículo no estaba disponible. En la previa del juicio abreviado, Alfonso aseguró que fue el propio Infante quien inició la agresión física al tomar a Díaz del pecho.
Finalmente, en la audiencia judicial posterior, la defensora oficial de Díaz, Laura Plaza, avaló el acuerdo de juicio abreviado propuesto por la fiscalía para cerrar la causa.
enfrentamiento con su antecesor,Paz García Pastormerlo,Conforme a
POLITICA
Recortes en Discapacidad: el Gobierno rechazó las críticas de Bullrich, aunque reconoce que hubo “un error de coordinación”
En el Gobierno crece el malestar por los últimos desmarques públicos de Patricia Bullrich y comenzaron a aparecer también críticas internas al funcionamiento de la mesa política. En distintos sectores de la Casa Rosada cuestionan que la jefa del bloque libertario en el Senado exponga diferencias con la conducción y atribuyen parte de sus movimientos a una búsqueda de posicionamiento hacia 2027.
El último episodio se abrió después de que Bullrich asegurara que no había sido informada sobre los cambios en Discapacidad incluidos en el Presupuesto 2027, pese a haber participado de la reunión de la mesa política realizada pocas horas antes del envío del proyecto al Congreso. La senadora sostuvo que esa falta de información “resiente” la relación con los aliados.
En sectores del Ejecutivo reconocen que hubo un error de coordinación, pero cuestionan que Bullrich lo haya hecho público. “Nos equivocamos todos en general. Esto fue un error de coordinación”, admiten en Nación, donde sostienen al mismo tiempo que las diferencias deberían procesarse dentro del Gobierno y no a través de declaraciones públicas.
El episodio profundizó además las dudas sobre para qué sirve actualmente la mesa política. “No sé para qué sirve juntarse si no nos ordenamos”, cuestiona un funcionario de primera línea. En otros despachos describen el espacio como una instancia en la que los integrantes evitan anticipar decisiones por temor a filtraciones y tampoco exponen completamente sus planes.
La mesa se reúne con frecuencia semanal y está integrada por Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt, Eduardo “Lule” Menem, Santiago Caputo y Fabián Fernández. La reunión del martes se extendió durante casi tres horas y terminó poco antes de que el Presupuesto fuera enviado al Congreso.
Bullrich confirmó públicamente que los cambios sobre Discapacidad no se discutieron allí. “No nos enteramos, es la verdad”, sostuvo. También planteó que llegar al Congreso sin conocer el contenido de las iniciativas deja a los jefes parlamentarios expuestos frente a aliados y opositores.
Ese diagnóstico es compartido parcialmente puertas adentro. Funcionarios del Gobierno admiten que distintos sectores del oficialismo tampoco conocían el articulado y que el episodio desordenó la negociación que diputados libertarios ya mantenían con bloques dialoguistas para intentar acordar una salida sobre la Emergencia en Discapacidad.
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