INTERNACIONAL
Un modelo de IA podría anticipar el desarrollo de inundaciones repentinas: cómo funciona
La inteligencia artificial dejó de ser una herramienta limitada a los laboratorios tecnológicos. Sus sistemas intervienen en tareas cotidianas, organizan información, automatizan procesos y amplían capacidades en áreas como la medicina, la industria, la educación, el transporte y la investigación científica. También comienza a aplicarse en problemas vinculados con el clima, donde anticipar cambios rápidos puede resultar decisivo.
En ese campo, un equipo de la Penn State University desarrolló un modelo destinado a estimar, hora por hora, el riesgo de inundaciones repentinas. La propuesta adapta un método de IA utilizado para crear imágenes y busca reconocer con mayor precisión los aumentos súbitos del caudal de los ríos, que pueden aparecer y desaparecer en poco tiempo.
Un modelo de IA estimará inundaciones repentinas
El trabajo fue detallado en un estudio publicado en la revista Water Resources Research. Allí, los investigadores presentaron h-Diffusion, un modelo de difusión, una técnica de inteligencia artificial que aprende a eliminar información aleatoria para reconstruir patrones reconocibles a partir de datos complejos.
En la generación de imágenes, este sistema puede partir de una imagen con ruido, es decir, con información visual alterada, y recuperar una versión coherente. El equipo trasladó ese principio al pronóstico de inundaciones: en vez de reconstruir una fotografía, el modelo analiza registros de lluvia y caudal para estimar cómo variará el agua de un río durante las siguientes horas.
La escala temporal es central para el problema. Las inundaciones repentinas pueden provocar picos de caudal muy altos en pocas horas, aunque el promedio diario no parezca excepcional. “Los niveles de agua pueden subir y bajar rápidamente en cuestión de horas, lo que significa que, a escala diaria, pueden parecer altos, pero no catastróficos”, afirmó Chaopeng Shen, autor principal y profesor de ingeniería civil y ambiental en un comunicado de Penn State.
Para entrenar h-Diffusion, el grupo utilizó registros horarios de caudal de 516 cuencas fluviales de Estados Unidos recopilados entre 1990 y 2003. Luego, probó el sistema con datos de un período posterior, comprendido entre 2009 y 2014, que el modelo no había utilizado durante su aprendizaje.
El paper indica que la herramienta superó a otros modelos avanzados de aprendizaje profundo empleados como referencia. Su ventaja no se limitó a la estimación de caudales: también pudo integrar mediciones recientes procedentes de estaciones de monitoreo sin requerir un nuevo entrenamiento completo. Esa capacidad, denominada asimilación de datos, permite que el sistema incorpore información observada poco antes de emitir un pronóstico.
Según la casa de estudios, la técnica reduce parte de la incertidumbre asociada a las precipitaciones, cuyos cambios horarios son difíciles de anticipar. El modelo puede usar, por ejemplo, datos recientes sobre la lluvia y el caudal para estimar cuál será el pico de agua de ese día. Además, los autores mostraron que el sistema puede realizar una operación inversa y estimar la precipitación horaria probable a partir del caudal medido.
“En definitiva, nuestro objetivo final es ofrecer un sistema robusto, fiable y que pueda ayudar a salvar vidas”, sostuvo Shen, también afiliado al Instituto de Energía y Medio Ambiente de Penn State, según el comunicado. El equipo planea analizar modelos híbridos e incorporar más variables físicas a sus predicciones.
La IA puede mejorar la gestión del clima
El avance se inscribe en un campo que busca aprovechar la inteligencia artificial para mejorar la gestión del riesgo de inundaciones. Una revisión publicada en Climate Risk Management, que examinó más de 300 investigaciones, identificó aplicaciones en la evaluación de riesgos, los sistemas de alerta temprana y la respuesta ante emergencias.
Ese análisis sostiene que los algoritmos pueden procesar grandes volúmenes de información, desde registros hidrológicos y pronósticos meteorológicos hasta imágenes satelitales y datos de sensores. La combinación de esas fuentes puede aportar estimaciones más rápidas sobre áreas expuestas a inundaciones y ayudar a organizar recursos durante una emergencia.
Sin embargo, la revisión advierte que su implementación enfrenta obstáculos. Entre ellos figuran los sesgos en los datos, la falta de transparencia de algunos modelos y las exigencias de capacidad informática. Los autores plantearon que las herramientas deben ser accesibles y adaptables a distintos contextos, en particular en comunidades con menos recursos o con sistemas de monitoreo limitados.
Los fenómenos inéditos siguen siendo una prueba difícil para la IA
Otro estudio, publicado en Science Advances, introdujo una advertencia relevante para el uso de estos sistemas en alertas meteorológicas. La investigación comparó modelos de IA con HRES, un modelo de pronóstico basado en principios físicos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo.
Los autores evaluaron la capacidad de los sistemas para anticipar récords de calor, frío y viento, es decir, eventos que superaban los valores observados durante el período de entrenamiento de las herramientas de IA. En esos casos, HRES obtuvo mejores resultados que los modelos de inteligencia artificial analizados en la mayoría de los plazos de pronóstico.
El trabajo concluye que los modelos de IA tendieron a subestimar tanto la intensidad como la frecuencia de los eventos extremos sin precedentes. Cuanto mayor era el margen por el que se superaba un récord, mayor resultaba el sesgo de las predicciones automatizadas.
La diferencia puede estar vinculada al modo en que funcionan ambos enfoques. Los modelos de inteligencia artificial aprenden de patrones presentes en datos históricos, mientras que los sistemas basados en la física emplean ecuaciones que describen la evolución de la atmósfera. Por eso, los autores señalan que aún se necesitan evaluaciones rigurosas antes de utilizar herramientas de IA de manera exclusiva en sistemas críticos de alerta temprana y gestión de desastres.
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INTERNACIONAL
The powerful way American communities can benefit from the new tech boom revealed by data center CEO
RED OAK, Texas — A data center firm is taking a very different approach by integrating into the communities where they build the massive facilities needed to power Americans’ technology and support the growing artificial intelligence (AI) boom.
As these centers face flak over growing concerns about their impact on resources and infrastructure, Compass Datacenters CEO Chris Crosby tells Digital that it’s up to companies like his to work with communities, identify local needs, plan improvements and invest in projects that benefit residents.
And that’s what he aimed to do from the start when building out a hyperscale data center campus in a town of approximately 20,000 people just 20 miles south of Dallas. Crosby detailed how he was able to create a data center with «no noise, no light pollution» and a completely water-free cooling system.
«Do you need a fire truck? Do you need a new school? Do you need baseball fields for your community?» Crosby proposed in an exclusive interview with Digital. «These are important capital investments that can really boost a community, and many communities should be asking for those things.»
ONE SOUTHERN STATE’S RISE IS MAKING IT AMERICA’S NEW ‘ECONOMIC CENTER OF GRAVITY’
«When you think about durability and putting a hundred-year-type asset into a community, you better do that really well and in conjunction with that community,» he added.
In Red Oak, Compass donated $15 million to build an animal shelter after the SPCA ended its contract in the town last year, Crosby said.
His company also partnered with Texas State Technical College on a $12.6 million training facility to expand the school’s Mechanical, Electrical and IT Data Center Pathway program. The 12-week course is designed to help people enter skilled trades and technical careers that data centers rely on. The work includes electricians, mechanics and technicians, as well as construction trades such as carpentry, welding and concrete work.
Crosby said the program is open to people without prior qualifications and prepares them for careers across the industry.
«We can’t get enough people into this career,» he said. «Unfortunately, there was a war on blue-collar jobs a while back and everybody had to get a four-year degree. I’m so glad that’s over with.»
Compass — headquartered in America’s data center capital in Loudoun County, Virginia — began developing its Red Oak campus in 2019.
It now includes 10 data center buildings, a Schneider Electric manufacturing facility and the training center. Crosby said about 900 people work on site — roughly 600 for Compass and 300 for Schneider Electric — in addition to the thousands of construction workers who have worked on the project over the past five years.
AMERICA’S NEW BLUE-COLLAR JOB BOOM IS ONE NOBODY SAW COMING — AND IT’S JUST GETTING STARTED
«I am tired of the elitism that this doesn’t create jobs,» Crosby said of his sprawling data center and the rhetoric that they do not bring lasting American jobs.
«You tell that to the 900 people who work here on this campus, and you tell that to the thousands of construction workers who have worked here for five years plus,» he added. The jobs and community investments are one side of a debate playing out across the country.
As data centers expand nationwide, their electricity and water use — and the strain they can place on local infrastructure — are drawing growing scrutiny.
But Crosby said Compass has not used water to cool its data centers since the company began operating, a choice he said is personal and practical.
«We haven’t used water since inception, because I grew up in North Texas. I know water is a precious resource,» he said.
At the Red Oak facility, water is used only for bathrooms, according to Compass. The company uses a hybrid cooling system that can operate with air or liquid cooling. Crosby said avoiding water cooling can reduce efficiency, but he considers the trade-off worthwhile.
Power is another concern as data centers add demand to the grid. Crosby said Compass favors connecting to the grid and believes data center companies can help pay for transmission and generation upgrades.
«We think that we can contribute to the infrastructure for the grid,» he said, adding that data center companies can «co-invest» in upgrades. He also said facilities could help reduce peak demand and grid congestion by adjusting when they draw power.
At Red Oak, Crosby said Compass donated seven parcels to the transmission provider to route power lines without using eminent domain. He said that also means controlling noise and light pollution and meeting EPA noise limits at the property line.
«It’s very important to be a quiet neighbor — no noise, no light pollution, and, of course, taking care of the precious resources that are there in that community,» he said.
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El Comité Noruego del Nobel distinguió este martes a la jurista sudafricana Navanethem Pillay con el Premio Nobel de la Paz 2026, en reconocimiento a sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional.
“La galardonada de este año fue fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente”, declaró Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel en Oslo.
“El compromiso de Navi Pillay con los principios jurídicos universales y su sólida brújula moral fueron constantes a lo largo de su larga trayectoria profesional”, destacaron
Quién es Navi Pillay
Pillay, nació en Durban en una familia de origen tamil bajo el régimen del apartheid, se convirtió en abogada y pionera en la defensa de los derechos humanos.
Desde sus primeros pasos, enfrentó la discriminación y la exclusión y defendió a figuras como Nelson Mandela y a otros opositores al sistema racista sudafricano. Ese compromiso la llevó a ocupar cargos clave en la justicia internacional.
Fue jueza en la Alta Corte de Sudáfrica, en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y en la Corte Penal Internacional. Además, se desempeñó como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presidió la comisión de investigación independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer un genocidio en la Franja de Gaza.
Actualmente ejerce como jueza en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en el caso en el que Birmania está acusada de genocidio.
“En casos históricos ante tribunales internacionales, demostró que las herramientas legales pueden ayudar a prevenir actos de guerra y violencia”, destacaron desde el Comité Nobel.
“Su independencia, pericia y firmeza la convirtieron en una de las juristas internacionales más respetadas de nuestro tiempo”, agregaron.
El impacto de Pillay en la evolución del derecho internacional
En casos históricos, Pillay fue clave para que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda reconociera que la violación y la violencia sexual pueden constituir crímenes de lesa humanidad y genocidio. También impulsó un precedente legal al lograr que, por primera vez, un acusado enfrentara cargos de incitación al genocidio solo por difundir propaganda.
“Navi Pillay les exigió responsabilidades a los estados y a los líderes nacionales, y les dio esperanza a las víctimas de la violencia y de conflictos. En todos los cargos que ocupó, hizo hincapié en la responsabilidad de los individuos y los estados de respetar el Estado de derecho”, manifestaron.
Un mensaje en tiempos de crisis global
El Nobel de la Paz de este año se inscribe en la tradición de la distinción, que desde hace 125 años subraya la importancia de resolver los conflictos a través del derecho internacional. El Comité recordó que, aunque el sistema legal global nunca fue perfecto y las grandes potencias muchas veces eludieron responsabilidades, el avance de la diplomacia y los mecanismos legales permitió abordar más conflictos sin recurrir a la violencia. “La paz requiere justicia”, insistieron.
El Comité Nobel advirtió asimismo que el orden internacional basado en reglas atraviesa una etapa de fuerte presión, con instituciones atacadas y un resurgimiento de la política de poder por sobre el respeto a la ley.
“La historia demostró que un mundo que opera sin el Estado de derecho es injusto, imprudente e inhumano”, recordaron.
En ese contexto, subrayaron la necesidad de figuras como Pillay, que sostienen “la delgada línea entre el orden y el caos”.
Según concuyó el Comité Nobel, “el compromiso de Navi Pillay con la justicia y la dignidad humana es fuente de esperanza e inspiración para todos aquellos que buscan construir un mundo más pacífico”.
La ceremonia se realizó en Oslo, Noruega, y la elección estuvo a cargo de los cinco miembros designados por el Parlamento noruego.
El galardón, uno de los cinco instituidos por Alfred Nobel en su testamento de 1895, se entrega cada 10 de diciembre, fecha que coincide con el aniversario de la muerte del inventor sueco. A diferencia de las otras categorías, que se otorgan en Estocolmo, el Nobel de la Paz tiene su sede en la capital noruega.
La historia del premio se remonta a 1901 y, según datos de la Fundación Nobel, fue concedido en 106 ocasiones a un total de 143 laureados, entre personas y organizaciones. En varias ediciones, la distinción se compartió entre dos o más ganadores.
nobel de la paz
Panamá permaneció en el Nivel 2 en la evaluación anual de trata de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que reconoció un aumento de las investigaciones, los procesos judiciales y las condenas durante 2025, aunque advirtió fallas persistentes en la identificación y protección de víctimas.
El informe sostiene que el Gobierno panameño no cumple por completo con los estándares mínimos para erradicar este delito, aunque realiza esfuerzos que el informe considera significativos. La mejora en la respuesta penal permitió que el país conservara su clasificación, tras una condena por trata sexual que puso fin a dos años sin sentencias bajo la legislación específica.
La evaluación también señala que las autoridades comenzaron a adecuar sus protocolos de detección y asistencia a las modificaciones aprobadas en diciembre de 2024. Esos cambios eliminaron el requisito de que hubiera traslado de una persona para configurar el delito de trata, lo que amplió el alcance de la norma frente a hechos de explotación dentro del país.
Investigaciones por trata: de 22 a 27 casos en 2025
Las autoridades panameñas investigaron 27 casos de trata en 2025, frente a los 22 registrados el año anterior. Dos expedientes estuvieron vinculados con trata sexual y otros 25 fueron clasificados como formas no especificadas de explotación. Además, se iniciaron procesos contra tres sospechosos y continuaron causas ya abiertas contra al menos 10 imputados.
El Poder Judicial condenó a un responsable de trata sexual a 12 años de prisión. En 2024 no se habían dictado condenas por este delito. El artículo 456 del Código Penal contempla penas de 15 a 20 años de prisión cuando la víctima es adulta y de 20 a 30 años si se trata de una menor de edad.
Pese a ese avance, el informe observa que algunos acusados de trata sexual fueron imputados por delitos distintos, con sanciones inferiores. También precisa que, aunque la reforma de 2024 habilitó la persecución de casos sin desplazamiento de las víctimas, Panamá no informó investigaciones por trata interna.
Durante el mismo período, las instituciones investigaron 262 casos bajo las normas de explotación sexual infantil. Cuatro fueron clasificados como trata sexual de menores. Hubo 25 acusaciones y 12 condenas por delitos de explotación sexual infantil, aunque el documento indica que no quedó establecido cuántos de esos expedientes encuadraban en la definición internacional de trata de personas.
El Gobierno tampoco informó investigaciones o condenas contra funcionarios públicos que hubieran podido colaborar con redes de explotación. Las autoridades participaron, según publicaciones de prensa citadas por el informe, en una operación coordinada por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) contra prófugos de alta prioridad, entre ellos presuntos traficantes.
Cuatro víctimas identificadas y confirmadas en 2025
La comisión contra la trata identificó y confirmó a cuatro víctimas durante 2025, mientras que otras 12 personas detectadas inicialmente en 2024 obtuvieron luego esa condición. Todas las víctimas confirmadas eran extranjeras.
Entre ellas había siete mujeres explotadas sexualmente; tres hombres y tres mujeres sometidos a trabajo forzoso; y tres mujeres afectadas por formas de trata no especificadas. Procedían de Venezuela, Colombia, China, Brasil, Costa Rica y República Dominicana.
El modelo estatal prevé una identificación inicial por parte de agentes de primera línea y una posterior evaluación técnica de la comisión. Ese organismo puede otorgar primero un estatus preliminar y luego confirmar a la víctima. El informe advierte que el proceso puede demorar meses y que, en ciertos casos, las personas afectadas esperan aún más tiempo para recibir una definición oficial.
Las autoridades no identificaron a ninguna víctima panameña ni reconocieron formalmente como víctimas de trata a menores cuyos casos se investigaron por explotación sexual. La falta de presencia estatal en las comarcas indígenas también dificultó la detección de hechos en zonas remotas, donde las restricciones de acceso a la justicia y a servicios básicos aumentan la vulnerabilidad de la población.
Sin albergues especializados para víctimas de trata
El Gobierno ofreció servicios a todas las víctimas identificadas en 2025, aunque la mayoría los rechazó. Cinco mujeres explotadas sexualmente recibieron asistencia no especificada. El año anterior, 15 víctimas habían accedido a atención inmediata.
Los recursos disponibles incluyeron atención médica básica, apoyo psicológico y asesoramiento legal. Algunas personas fueron derivadas a refugios administrados principalmente por organizaciones de la sociedad civil, mientras que otras recibieron alojamiento en hoteles. También hubo repatriaciones con financiamiento de esas organizaciones.
No obstante, Panamá no cuenta con refugios exclusivos para víctimas de trata y la capacidad general de alojamiento es limitada. Las víctimas de explotación laboral, los hombres y quienes viven o fueron explotados en áreas rurales enfrentaron mayores obstáculos para acceder a protección estatal.
La ley reformada en 2024 dispone que determinadas organizaciones civiles puedan obtener certificación para prestar servicios directos de corto plazo. El informe señala que el Gobierno panameño no detalló medidas para ampliar esas alianzas. El fondo especial para víctimas tenía un saldo de USD 10,000 en 2025.
Las víctimas extranjeras pueden obtener una visa humanitaria temporal desde la identificación preliminar. Tras la confirmación formal, pueden solicitar residencia temporal, prorrogable hasta seis años, y permiso de trabajo. Durante 2025, tres víctimas obtuvieron residencia y dos recibieron permisos laborales.
Un tribunal ordenó al condenado por trata sexual indemnizar a dos víctimas, aunque ninguna recibió el dinero durante el año. El documento también cuestiona que la identificación formal dependa de fiscales especializados dentro de causas penales, una situación que puede obligar en los hechos a las víctimas a participar de procesos judiciales para acceder a determinados servicios.
Migrantes, niños y comunidades indígenas, entre los grupos expuestos
El informe describe un escenario en el que traficantes explotan a nacionales y extranjeros en territorio panameño, además de captar a panameños para su explotación en otros países. Las mujeres extranjeras, en especial las procedentes de América del Sur y América Central, aparecen entre las principales víctimas de trata sexual identificadas.
Los niños enfrentan riesgos de trabajo forzoso en tareas domésticas y agrícolas, explotación sexual y actividades delictivas, incluido el narcotráfico. Las mujeres indígenas de regiones rurales cercanas a la frontera también son vulnerables al trabajo forzoso y la explotación sexual.
Los migrantes venezolanos y nicaragüenses que cruzan el país rumbo a Estados Unidos o de regreso a América del Sur integran otro grupo expuesto. Hombres panameños y extranjeros han sido sometidos a trabajo forzoso en construcción, agricultura, minería, restaurantes y venta ambulante mediante deudas, engaños, restricciones de movimiento y otras formas de coerción.
La evaluación menciona además denuncias sobre ofertas fraudulentas dirigidas a mujeres panameñas de entre 18 y 22 años para programas de formación profesional vinculados a centros de producción de drones militares en Rusia. De acuerdo con publicaciones periodísticas citadas, los trabajadores de esos centros afrontaron vigilancia, condiciones riesgosas, cambios contractuales, incumplimientos salariales y cobros por reclutamiento.
Plan Nacional vigente sin informe de ejecución
El Gobierno mantuvo una comisión interinstitucional y el Plan de Acción Nacional 2022-2027. También desarrolló campañas de sensibilización junto con organismos internacionales y ONG.
No financió una línea telefónica específica para denuncias de trata, aunque operó la línea general de la Policía Nacional y aportó fondos a un portal administrado por una organización civil que recibe reportes anónimos sobre delitos. El informe afirma que las autoridades no realizaron acciones para reducir la demanda de servicios sexuales comerciales.
La norma actualizada obliga a la comisión nacional a presentar un informe anual sobre el avance del plan, una obligación que no se cumplió. El Gobierno reguló las agencias de empleo, aunque no informó sanciones contra empresas por reclutamiento fraudulento. Además, los permisos laborales para extranjeros continúan ligados a un empleador determinado, una condición que puede dificultar la salida de relaciones abusivas.
twitter @pgn_panama
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