POLITICA
Cambios en la seguridad presidencial: el Gobierno anunció que Casa Militar asumirá todas las tareas de la Quinta de Olivos

El Gobierno anunció este jueves cambios en la seguridad de la residencia presidencial de la Quinta de Olivos. Según explicaron a través de un comunicado, Casa Militar pasará a centralizar todas las tareas para asegurar el resguardo de Javier Milei.
De acuerdo al texto que hizo circular la Casa Rosada, el personal de Casa Militar a cargo del general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez asumirá “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos, así como de las residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y al mismo tiempo facilitar los procesos administrativos internos”.
La explicación oficial sostiene que el Gobierno tomó la decisión para “elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno”, en medio de lo que denominó como una “escalada de la inseguridad a nivel global” y la visita del Papa León XIV a la Argentina. Esto último implicaría un riesgo adicional a la seguridad presidencial por el gran movimiento de “personal ajeno” que se prevé para la ejecución de obras y la prestación de servicios necesarios para el acondicionamiento de la visita oficial.
Así, la Presidencia determinó disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, la entidad a cargo de la Quinta hasta el momento, y separar sus funciones de seguridad, administración y control. Las tareas administrativas, de limpieza y cocina seguirán en manos de personal civil, según pudo saber este medio.
Para el Gobierno, el traspaso a Casa Militar “posibilitará reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”. El proceso administrativo de traspaso de responsabilidades y bienes se concretará en los próximos 60 días.
Noticia que está siendo actualizada.-
Javier Milei, Quinta de Olivos
POLITICA
Milei desplazó al personal civil a cargo de la seguridad de la Quinta de Olivos: lo reemplaza la Casa Militar

Voceros oficiales de la Casa Rosada comunicaron esta tarde que la Casa Militar asumirá el control integral de la seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos y de las residencias transitorias del presidente Javier Milei y su familia. La transferencia de responsabilidades y bienes debe completarse en un plazo máximo de 60 días, indicaron desde el Gobierno.
La información surge luego de ciertos rumores inquietantes sobre movimientos en la Quinta de Olivos. En las últimas horas comenzaron a tomar fuerza versiones de despidos y anuncios de reubicaciones del personal civil que trabaja en la locación. En concreto, Milei dispuso junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que se disolverá la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y se separarán las funciones de seguridad, administración y control.
Esta medida implica la eliminación de la estructura de la que estaba a cargo Osvaldo Javier Sosa, el “intendente” de la Residencia Presidencial. Sosa es cuñado de la subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, quien hasta ahora ha sido una de las personas de confianza de Karina Milei, a la que conoce desde la campaña libertaria de 2021.
En principio, desde el Gobierno afirmaron que la disolución de la Administración de Olivos fue con el objetivo de reducir la estructura formal y la cantidad de personal asignado al lugar. Hasta este momento de la gestión de Milei, no se habían esbozado grandes cambios en la organización de la Quinta. En principio, se habla de cerca de 20 personas despedidas y un número mucho mayor de reubicados. “Hay algunos que se desplazaron y otros que se reubicaron”, indicó una fuente oficial a Infobae.

Como dato no menor, en el entorno del Presidente apuntaron a que el traspaso “apunta a elevar los estándares de seguridad en un contexto de aumento de la inseguridad a nivel global” y, en particular, de cara a la visita del Papa León XIV a la Argentina, que requerirá el ingreso de personal externo para obras y servicios de acondicionamiento. En el entorno del Presidente alegan que había malestar por ciertos movimientos internos, los cuales podrían referirse al mismo personal civil que fue corrido de la Quinta.
Con el desplazo de Sosa, crecen las acciones de la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia y tiene como jefe principal al general de brigada Sebastián Ibáñez. Según rige en la Ley de Defensa Nacional, la fuerza está encargada de la custodia del Presidente en la Casa Rosada y a todos los lugares donde se encuentre el presidente, tanto en el país como en el exterior. Ibáñez fue ascendido a su actual puesto en marzo de 2024 y se erigió como una persona de vital de confianza de los hermanos libertarios por su responsabilidad del resguardo físico de ambos.
Con la nueva decisión, las tareas de limpieza, de cocina y los mozos pasarán a ser personal de la Casa Militar, que contiene entre sus filas tanto a empleados civiles como de formación castrense. Hasta el anuncio que se conoció esta jornada, sus atribuciones se limitaban a la custodia del terreno.
Infobae consultó a voceros del Gobierno sobre por qué la decisión no se extendió en otros lugares donde también puede trabajar el Presidente, como la Quinta de Olivos. Hasta la última actualización de este artículo, se eligió por no ofrecer una respuesta. Tampoco sobre porqué la medida no resulta temporal, dado que la eventual visita de León XIV a la Residencia resultaría un episodio puntual.

El Presidente ha sido especialmente reservado con sus movimientos en la Quinta de Olivos. No ha concedido reportajes allí dentro y las únicas fotos que se le conocen allí son de reuniones con dirigentes del Gobierno o con invitados puntuales a los que les concede el permiso para verlo y no tener que ir hasta la Casa Rosada.
Además de los custodios que tiene de manera permanente, Milei ha mantenido a algunos hombres que lo acompañan desde su incursión a la política en la campaña a diputado nacional de 2021. Estos se trasladan en la caravana oficial a cada lugar al que va y no forman parte de la custodia oficial. Uno de ellos es Mario Suli, un colaborador (al que se lo suele reconocer porque lleva puesta una gorra negra en todos los lugares a los que va) con el que fue tejiendo una relación de confianza cada vez más importante. Una de sus tareas menores en la Casa Rosada es recibir las bebidas o comidas por parte de los empleados y llevárselos personalmente al Presidente. A diferencia de Sosa, Suli no tiene un cargo formal en el Gobierno, por lo que el alcance de las medidas podría no alcanzarlo.
Hasta el momento, la Quinta de Olivos no fue un lugar de peligro aparente para la seguridad del Presidente. Aquello pone ciertos interrogantes sobre lo abrupto de la medida. No al menos por la información que se hizo pública. En el último año solo ocurrieron dos episodios puntuales que vale la pena destacar. En diciembre del año pasado se conoció la noticia del suicidio de un soldado del Ejército Argentino que se encontraba cumpliendo funciones de custodia en la Residencia, la cual no produjo ningún tipo de heridos. En junio de este año, se activó un operativo de seguridad en la Casa Rosada a partir de una amenaza de bomba y eso llevo a que, por protocolo, se debiera hacer también en la Quinta de Olivos. Las pericias no encontraron dispositivo o explosivo alguno.
La medida ya repercutió en el ámbito político y sindical. El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, afirmó que los despidos de los trabajadores con tareas en esa área fueron sin “ninguna explicación”. “Que tengan algo clarito: vamos a dar pelea contra estos despidos en todos los frentes porque acá no pueden manejarse a través de caprichos”, publicó en su cuenta de X.
POLITICA
Presión de los gobernadores para retirar los artículos polémicos de la emergencia discapacidad y evitar recortes en la AUH

CÓRDOBA.- Las reuniones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, viene manteniendo con los gobernadores -ayer fue con los del norte y hoy se sumó el jujeño Carlos Sadir que no estuvo ayer y Luis Caputo- no alcanzaron para bajar el enojo de los aliados por la inclusión en el proyecto de presupuesto de cambios que menoscabarían las prestaciones de discapacidad. Los mandatarios provinciales están presionando para que se retiren esos artículos de la iniciativa.
Santilli sumó el pedido de apoyo al proyecto al presupuesto, a las negociaciones que realiza hace varios meses por la reforma política, cuyo fin para el oficialismo es conseguir los votos para eliminar las PASO, una herramienta útil para la oposición para ordenar su oferta electoral. Ayer, la senadora Patricia Bullrich sostuvo que no están los números para la eliminación de las primarias, aunque deslizó que podría alcanzarlos para forzar la suspensión.
Había arrancado un nuevo capítulo de esa discusión y se desarrollaba una reunión de la comisión de Discapacidad en Diputados por la emergencia en el área cuando empezaron a conocerse los datos incluidos en el presupuesto que -según interpreta la oposición y los representantes del sector- atentan contra la universalidad y la accesibilidad.
Los recortes en discapacidad marcaron, desde siempre, diferencias entre el oficialismo y los gobernadores. Incluso los aliados no acompañaron esas votaciones. “A la cara la tenemos que poner nosotros, a las personas con discapacidad las tenemos que atender nosotros”, respondieron desde algunas gobernaciones a las consultas de .
A la tensión puertas adentro del oficialismo por las “desinteligencias” por el abordaje de las negociaciones, se sumó la presión de los gobernadores. Otro punto que los alertó es que las cámaras de prestadores e instituciones educativas que vienen haciendo sus reclamos les hicieron llegar que hay fuentes libertarias que les adelantaron que transporte y educación para personas con discapacidad pasarían a manos de las provincias.
Hay expertos en salud que vienen insistiendo en que esos dos ítems deberían ser responsabilidad, al menos, del área de Desarrollo Social. El oficialismo nacional se inclinaría a que no quede en manos de la Nación.
La Libertad Avanza (LLA) ya tuvo varias derrotas en el ámbito parlamentario por temas relacionados con la discapacidad. Los vetos del presidente Javier Milei fueron rechazados por la oposición, que reunió los dos tercios necesarios para defender la ley de emergencia.
Además de estos cambios, generó también tensión la idea del Poder Ejecutivo de modificar la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares que paga la Anses.
Si el Congreso aprobara el proyecto sin cambios, los incrementos dejarían de estar vinculados de manera automática a las subas de jubilaciones y pensiones y pasarían a depender de decisiones del Poder Ejecutivo.
“Son todos aspectos que golpean a lo social, que generan malestar en la gente. La AUH es una política de Estado, de las pocas que hay en el país. ¿Para qué cambiar algo que funciona? si lo quieren hacer para mejor, que detallen cómo sería la actualización, que lo que proponen es superador. No lo hacen”, deslizó un mandatario a .
Anoche, el salteño Gustavo Sáenz dijo en A24: “El equilibrio fiscal que tanto se defiende también tiene que ir acompañado de un equilibrio social. Los discapacitados no pueden ser tratados como una planilla de Excell. La paciencia se va acabando y se va agotando cuando vemos esta hipocresía y esta falta de consideración y de reciprocidad para con los gobernadores que acompañamos”.
El gobernador de Salta se reunió hoy con senadores del Norte Grande para conversar sobre la agenda parlamentaria. Estuvieron Flavia Royón (Salta), Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán), Guillermo Andrada (Catamarca), Sonia Rojas Decut y Carlos Arce (Misiones).
“El diálogo y la búsqueda de consensos son fundamentales para avanzar en soluciones que respondan a las necesidades de nuestra gente. Seguimos trabajando y gestionando para defender los intereses del Norte Argentino”, dijo Sáenz en sus redes sociales.
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POLITICA
Definieron las fechas de los juicios contra Cristina Kirchner por la causa Hotesur-Los Sauces

El Tribunal Oral Federal 5 resolvió que el 23 de octubre próximo comience el juicio oral por la causa Hotesur, que tiene como principales acusados a Cristina, su hijo Máximo Kirchner y el empresario Lázaro Báez. Además, la causa paralela, denominada Los Sauces, con la expresidenta como principal imputada y el empresario Cristóbal López, se iniciará el 19 de marzo de 2027.
La hipótesis es que Cristina Kirchner integró una asociación ilícita con otras personas y obtuvo dinero de la corrupción que fue lavado mediante las transferencias que le hacían los empresarios beneficiados por el kirchnerismo, como Báez y López. Máximo Kirchner integraba el directorio de las empresas de los Kirchner.
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