El Gobierno argentino y el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzaron un acuerdo a nivel de staff que habilita el acceso a cerca de USD 1.000 millones en el marco de la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF). La decisión sigue a “la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 y de legislación clave para la agenda de reformas”, además de “ajustes al marco monetario y cambiario que han derivado en una acumulación incipiente de reservas”. Con este acuerdo, ahora sólo falta el visto bueno del Directorio del organismo para concretar el giro del dinero.

De acuerdo con el comunicado publicado por el FMI, las autoridades argentinas y el staff del organismo “llegaron a un entendimiento sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado, destinado a consolidar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, respaldando así el acceso oportuno y sostenible a los mercados”. El Fondo enfatizó que “la administración logró la aprobación parlamentaria del Presupuesto 2026 y de legislación crítica orientada a formalizar la tenencia de activos financieros por parte de residentes, incrementar la flexibilidad laboral, ratificar acuerdos comerciales clave y destrabar inversiones en minería”.

El FMI destacó que, como resultado de estas medidas, “las compras de divisas del banco central superaron los USD 5.500 millones en lo que va del año”, lo que permitió una mejora en la capacidad del país para “gestionar shocks”. El comunicado del staff del FMI puntualizó que “la Argentina sigue resistiendo bien los efectos derivados de la guerra en Medio Oriente, dados los avances en sus fundamentos y su condición de exportador neto de energía”. Además, subrayó que por primera vez en seis años, las empresas pudieron “repatriar dividendos”.

En cuanto a los objetivos de política económica, el staff del FMI remarcó: “El ancla principal seguirá siendo el equilibrio financiero en caja, consistente con un superávit primario de 1,4 por ciento del PBI este año, sustentado por un control estricto del gasto, aunque preservando márgenes para la asistencia social focalizada”. También se prevé que “reformas graduales en el sistema tributario, previsional y fiscal aumenten la calidad y sostenibilidad del ancla fiscal”.

Respecto al plano monetario, el comunicado indicó que “las operaciones se seguirán reforzando, con medidas inmediatas para contener la volatilidad de tasas y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito”. El organismo reiteró que la política monetaria “se mantendrá restrictiva para apoyar el proceso de desinflación subyacente”, y que habrá “bandas cambiarias ampliadas y mayor transparencia a través de la publicación de un informe trimestral sobre el cumplimiento de los objetivos monetarios”.

Sobre el frente externo, el acuerdo establece que “las reservas internacionales netas aumentarán en al menos 8.000 millones de dólares en 2026”, impulsadas por “la movilización de financiamiento en moneda extranjera y compras sostenidas de divisas por el banco central, por un mínimo de 10.000 millones este año”.

El esquema de financiamiento contempla “una estrategia de varios frentes para refinanciar obligaciones en moneda extranjera, mediante la emisión continua de deuda en dólares bajo legislación local, ventas de activos estatales, acuerdos de recompra del banco central y préstamos externos, con potencial respaldo de instituciones financieras internacionales”. La expectativa, según el FMI, es que esta estrategia “permita el acceso sostenible y oportuno a los mercados internacionales de capital”.

En el plano estructural, el comunicado del staff señala que “sobre la base de avances significativos en la desregulación y apertura de la economía, las reformas seguirán enfocándose en impulsar el empleo formal, los mercados de capitales domésticos, la inversión privada y la productividad, incluyendo la explotación del potencial de los sectores estratégicos del país en agricultura, energía, minería y la economía del conocimiento”.

El FMI concluyó que “el Gobierno mantiene su compromiso con los objetivos del programa y está dispuesto a adoptar medidas de contingencia de ser necesarias, así como a buscar resultados superiores si las condiciones lo permiten”. Además, el staff del Fondo valoró “la interacción fuerte y constructiva con las autoridades y su compromiso continuo con el programa, incluyendo la implementación de medidas correctivas para subsanar retrocesos previos”.

El declive que muestra la producción nacional de indumentaria y calzado por efecto de las importaciones sigue cobrándose la vida comercial de marcas y empresas. En ese sentido, vale señalar la difícil situación que atraviesa, por ejemplo, Lannot SA, dueña de la reconocida marca Viamo, que acaba de entrar en concurso preventivo de acreedores, y las dificultades para seguir adelante que experimentan Textilana, dueña de la marca Mauro Sergio y proveedora de Kosiuko, y su controlada Hilamar, y Eseka, la compañía produce las marcas Cocot y Dufour. A esos nombres ahora se sumó el caso de DFAC, la marca de la familia Karagozian que proponía vender remeras, buzos y ropa interior «a precio de fábrica». En las últimas horas, sus controlantes anunciaron su cierre mediante un video que se difundió vía redes sociales.

La ahora DFAC era promovida por TN Platex, una empresa clave del mapa nacional de la producción textil. La decisión de poner fin a la marca responde, según se indicó, una imposibilidad para sostener la operatoria comercial de la etiqueta.

La caída de DFAC

DFAC, sigla originada a partir de la expresión «De Fábrica al Consumidor», apareció en el mercado durante 2023 y basaba su propuesta en buzos, ropa interior y remeras producidas en la Argentina a partir de colores como el blanco, el gris y el negro.

La marca generaba su indumentaria a través de sendas plantas ubicadas en La Rioja, Tucumán, Buenos Aires, Catamarca y Corrientes. Su apuesta daba cuenta de «precios transparentes» a partir del control total de toda la cadena de producción, incluida la disponibilidad de algodón.

La invasión de los importados dio lugar a una merma en las ventas de DFAC que comenzó a hacerse cada vez más notoria en el último tramo de 2025.

«Hay finales que duelen. DFAC nació para hacer las cosas distinto: mostrar lo que nadie mostraba, decir lo que nadie decía, y demostrar el potencial y la calidad de la Industria Nacional», expuso la marca vía redes sociales.

«En el camino hubo de todo: ideas buenas, ideas malas, momentos increíbles y otros difíciles. Pero siempre con ustedes del otro lado. Hoy nos toca cerrar una etapa. No como lo imaginamos, pero sí con la tranquilidad de haber hecho las cosas bien», agregó.

Por último, los dueños de DFAC expresaron: «Gracias por cada compra, cada comentario, cada crítica y cada banca. Un especial agradecimiento a nuestro equipo, desde los operarios al equipo de MKT. Todos hicieron un trabajo increíble. Nada de esto hubiese existido sin ustedes».

En el cierre del mensaje, la marca instó a aprovechar «los precios de liquidación. DFAC al mejor precio posible. Hasta agotar stock«. Resta decir que TN Platex, la dueña de la etiqueta en cuestión, también atraviesa un frente complicado en Hilado, otra de sus controladas. La firma viene de solicitar la apertura de su concurso preventivo ante la Justicia Comercial.

Cruje la producción textil nacional

En un contexto marcado por las dificultades para afrontar la apertura indiscriminada de las importaciones, los productores textiles locales no dejan de acumular complicaciones y se multiplican los nombres de las compañías que atraviesan una instancia de derrumbe comercial y financiero.

Dos ejemplos: Textilana, dueña de la marca Mauro Sergio y proveedora de Kosiuko, y su controlada Hilamar, y Eseka, la compañía produce las marcas Cocot y Dufour.

A eso también hay que añadir el duro contexto que atraviesa el calzado, con la situación que atraviesa, por ejemplo, Lannot SA, dueña de la reconocida marca Viamo, que acaba de entrar en concurso preventivo de acreedores.

A esas empresas y marcas esta semana se sumó la textil Fantome Group, fabricante de Reebok, Kappa, Kevingston y Cheeky, que también cayó en un proceso similar.

La firma en cuestión acaba de notificar su ingreso a concurso preventivo con el fin de reestructura parte de su deuda para, de esa forma, mantenerse operativa. Según informó la misma compañía en su presentación judicial, Fantome Group atraviesa una instancia de bajas ventas derivada del ingreso irrestricto de productos importados.

La compañía definió a esta última instancia como una «competencia diabólica». Según detalló la agencia NA, la empresa sostuvo en su presentación judicial que «el concurso preventivo constituye la única vía para preservar la actividad y garantizar una reorganización ordenada».

De acuerdo a la misma fuente, Fantome Group acumula en la base de deudores del Banco Central (BCRA) cerca de 33 cheques rechazados por falta de fondos, con un monto acumulado de alrededor de 45 millones de pesos.

Santa Cruz de Tenerife, 15 abr (.).- El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles, con la única abstención de Vox, una modificación de la Ley de Ordenación del Turismo que obliga a los establecimientos alojativos a instalar antes de 2033 camas elevables mecánicas, así como carros motorizados para el traslado de textiles y útiles de limpieza, para reducir las lesiones físicas de las camareras de piso.

La nueva norma, fruto de una proposición de ley promovida por el PSOE y que ha alcanzado un consenso mayoritario, ha sido impulsada por la histórica lucha de las camareras de piso, también conocidas como las kellys (acrónimo de “las que limpian”), para mejorar la penosidad del trabajo en los hoteles de las islas de este colectivo, afectado por la alta incidencia de lesiones musculoesqueléticas.

En esta ley se establece un régimen estricto de evaluación de las cargas de trabajo y la obligatoriedad de implantar camas elevables y carros motorizados en los establecimientos turísticos de las islas, con un calendario flexible hasta 2033, aunque con algunas excepciones para alojamientos pequeños o familiares en islas como El Hierro o La Gomera, según una enmienda in voce incorporada en la sesión plenaria.

Para los establecimientos hoteleros de cuatro y cinco estrellas, el porcentaje de implantación de camas elevables y carros motorizados será del 25 % hasta el fin de 2027, del 45 % hasta el fin de 2029, del 75 % hasta el fin de 2031 y del 100 % antes del 31 de diciembre de 2033.

En el resto de establecimientos hoteleros, extrahoteleros y viviendas de uso turístico, el calendario exige los siguientes objetivos: el 10 % hasta el fin de 2027, el 20 % hasta el fin de 2029, el 35 % hasta el fin de 2031 y el 100 % al final de 2033.

La norma contempla excepciones específicas, como las camas supletorias y los establecimientos de hasta 30 habitaciones ubicados en Bienes de Interés Cultural (BIC) o en espacios protegidos.

La exigencia incluye a los propietarios o explotadores de viviendas de uso turístico que comercialicen cinco o más inmuebles o agrupen veinte o más plazas alojativas en una misma parcela.

La ley obliga a las empresas integrar los factores ergonómicos y psicosociales en sus evaluaciones de riesgos laborales y evaluar el incremento de la carga física que supone el uso de elementos de gran volumen, como los edredones nórdicos.

Otra de las obligaciones empresariales es realizar mediciones objetivas de los tiempos reales que las camareras de piso emplean en la limpieza de los distintos tipos de habitaciones, con el fin de evitar sobreesfuerzos.

El incumplimiento de los plazos de instalación o la vulneración reiterada de las condiciones preventivas se tipificarán como infracciones muy graves, de acuerdo con el régimen sancionador de la nueva ley.

Para facilitar la transición hacia la implantación total de las camas elevables y los carros motorizados, está previsto que haya subvenciones por parte del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares.

Gustavo Santana, del PSOE, promotor de la proposición de ley, reconoció que no es habitual que una iniciativa legislativa de la oposición sea finalmente aprobada y agradeció al resto de los grupos su disposición.

Destacó especialmente el impulso de las camareras de piso, que demuestra que «la lucha obrera» es esencial para mejorar las condiciones laborales y salariales.

El proceso, dijo, ha estado marcado por «numerosos obstáculos y la oposición de sectores económicos con gran capacidad de influencia», que pretendían plantear la salud de las camareras de piso como «moneda de cambio» en la negociación colectiva.

«Se equivocaron: con la salud no se negocia, es un derecho», subrayó Santana, quien recordó que solo el 12 % de los hoteles de Canarias cuenta con camas elevables y apenas el 6 % con carros motorizados.