El consejo directivo de la Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural (FETINGRA) dispuso el estado de alerta y movilización en rechazo a las políticas de tercerización y despidos en empresas distribuidoras y transportadoras de gas. El conflicto estalló al tiempo que renunció el titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), Néstor Lamboglia, en medio de «una fuerte interna que cuestiona la capacidad de control del organismo», indicaron fuentes de la actividad.

El secretario General del gremio, Guillermo Mangone, repudió «las cesantías injustificadas que se están llevando a cabo en todo el país«, señaló y subrayó que estas medidas resultan «particularmente graves porque se adoptan en un contexto de bonanza económica para las empresas del sector, que atraviesan uno de sus mejores momentos de los últimos años con balances favorables, aumentos tarifarios autorizados y una mejora sostenida de sus indicadores financieros».

Cómo la tercerización amenaza la seguridad del servicio de gas

Según explicó la Federación del Gas, «en lugar de invertir en recursos humanos y capacitación, las ganancias son utilizadas para profundizar procesos de reducción de personal propio», remarcando que «la decisión de desvincular trabajadores con experiencia y años de servicio responde a una estrategia orientada a disminuir costos laborales mediante la sustitución de empleados en relación de dependencia por empresas contratistas y tercerizadas».

Mangone advirtió que esta práctica «no solo vulnera derechos laborales fundamentales, sino que también genera una preocupante precarización de las condiciones de trabajo» y relató que «en numerosos casos, tareas históricamente realizadas por personal capacitado son transferidas a empresas que emplean trabajadores con condiciones más inestables y, en muchos casos, sin la capacitación técnica adecuada para desempeñar funciones vinculadas a un servicio público esencial».

En este marco, manifestó su preocupación por lo que consideró una «pasividad de los organismos de control» frente a estas situaciones, apuntando que «defender el empleo registrado, la capacitación permanente y las condiciones dignas de trabajo es también defender la seguridad, la calidad y la sustentabilidad de un servicio público esencial para todos los argentinos».

La FETINGRA avisó que la reducción sistemática de personal propio y su reemplazo por esquemas de contratación precaria «pone en riesgo no solo las fuentes laborales, sino también la calidad del servicio prestado a millones de usuarios y la seguridad de las instalaciones» y exigió:

• El cese inmediato de los despidos injustificados
• La preservación de los puestos de trabajo
• El respeto por los derechos laborales adquiridos

La pelea interna que hizo explotar al regulador del gas

En la actividad, la renuncia de Lamboglia al frente del ENRGE -organismo encargado de regular los servicios de gas y electricidad en todo el país- fue sorpresiva y algunas versiones se refieren a las constantes peleas palaciegas libertarias. A menos de un mes de asumir dejó el cargo en manos de su segundo, Vicente Serra.

Trascendió que el desencadenante de la salida de Lamboglia fue producto de una fuerte interna dentro del directorio con Marcelo Nachón, vocal del organismo que hasta mayo se desempeñaba como interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Las diferencias entre los funcionarios comenzaron con las renovaciones de contratos. Lamboglia proponía no realizarlos hasta que el ENRGE estuviera en funciones, pero Nachón desconoció esa solicitud y días después renovó por 6 meses 73 contratos del Enargas que vencían el 30 de junio, al tiempo que impulsó el pase de planta transitoria a permanente de una integrante del cuerpo asesor del ex interventor Carlos Casares.

También había discrepancias sobre las nuevas oficinas del ENRGE, ubicadas en la histórica sede del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en Madero al 1000, pero Nachón se negaba a concurrir argumentando que las condiciones edilicias no eran adecuadas.

La semana pasada, el directorio convocó a una reunión para aprobar las subas de tarifas de junio y Nachón no asistió, lo que desató el enojo de Lamboglia, quien argumentó que la constante tensión estaba afectando su estado de salud por su condición de diabético.

La empresa aeroespacial de Elon Musk presentó ante el regulador bursátil de Estados Unidos los términos de su debut en el Nasdaq, previsto para el 12 de junio. Con una recaudación objetivo de USD 75.000 millones, la operación apunta a convertirse en la mayor oferta pública inicial de la historia.

SpaceX fijó el precio de sus acciones en USD 135 cada una y planea vender 555,6 millones de títulos en su Oferta Pública Inicial (OPI), según la documentación presentada este miércoles ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). A ese valor, la empresa fundada por Elon Musk alcanzaría una capitalización de mercado de USD 1,77 billones y recaudaría USD 75.000 millones, lo que convertiría al debut en el mayor de la historia bursátil, por encima del récord que en 2019 estableció la petrolera saudita Aramco con USD 29.400 millones, según informó Bloomberg.

La fijación de un precio único antes del roadshow con inversores es, en sí misma, una ruptura con la práctica habitual. Las empresas que salen a bolsa normalmente establecen un rango de precio para orientar las expectativas del mercado y ajustar la valuación en función de la demanda. SpaceX, en cambio, optó por un valor cerrado desde el inicio. “Musk simplemente está adoptando un enfoque de ‘tomarlo o dejarlo’, lo cual funciona para sus seguidores y también tiene sentido dado el estado del mercado y la falta de comparables”, dijo Weiheng Chen, socio senior de la firma legal Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, según Reuters. El roadshow formal arrancó este jueves.

El debut en el Nasdaq, bajo el símbolo “SPCX”, está previsto para el 12 de junio, aunque la fijación definitiva del precio de la acción se realizará el 11 de ese mes, según Bloomberg. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup y JPMorgan Chase son los bancos coordinadores principales de la operación, que involucra a un total de 23 entidades financieras.

La OPI de SpaceX rompe el molde en varios aspectos. Se trata de una oferta primaria: todos los fondos recaudados irán directamente a la compañía y ningún accionista existente podrá vender sus títulos en el marco de esta operación. Además, hasta el 30% de las acciones podría ser asignado a inversores minoristas, una proporción inusualmente alta para una salida a bolsa de este tamaño, en línea con la estrategia de Musk de capitalizar su base de seguidores individuales.

Musk, por su parte, quedará obligado a retener sus acciones durante 366 días después del debut. Tras la operación, controlará el 84,4% del poder de voto de la empresa, frente al 85% actual.

La Alianza para la Protección del Valor para los Accionistas, una coalición de organizaciones sin fines de lucro, calificó las políticas de la empresa como “un serio intento de eliminar la protección de los accionistas de maneras novedosas e imprudentes, al tiempo que se intenta otorgar una autoridad ejecutiva casi total a la dirección de SpaceX”, según Bloomberg.

Los ingresos de SpaceX alcanzaron los USD 18.670 millones en 2025. Sin embargo, la empresa registró ese año una pérdida neta de USD 4.940 millones, revirtiéndose la ganancia de USD 791 millones que había obtenido en 2024. En el primer trimestre de 2026.

Según Reuters, la firma de investigación Morningstar fijó su propia valoración de SpaceX en USD 780.000 millones, un 48% por debajo de la valuación de la OPI. La mayor parte de ese valor lo asigna al negocio de comunicaciones satelitales Starlink.

Los fondos de la OPI se destinarán, entre otros fines, a la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial, al lanzamiento de cohetes y satélites, y a la amortización parcial de un préstamo puente de USD 20.000 millones, parte del cual fue utilizado para financiar las empresas de redes sociales e inteligencia artificial de Musk.

La gestión de la TV Pública en tiempos libertarios tiene distintas etapas. La idea inicial era realizar una reestructuración, comenzando con la venta del edificio ubicado en la avenida Presidente Figueroa Alcorta 2977, donde funciona «Canal 7», un predio apetecido por las constructoras más importantes del país, en uno de los barrios más caros de la ciudad de Buenos Aires.

Sin embargo, el plan se fue diluyendo y la emisora entró en un espiral de bajo rating y contratos con productoras independientes que fueron objetados desde distintos espacios. El escándalo más importante se registró a través del periodista Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuya productora Imhouse tenía seis contratos de coproducción con RTA (cinco vinculados a TV Pública y uno a Radio Nacional).

Frente a estos datos y otros movimientos de los funcionarios, el personal de la TV Pública viene denunciando un proceso de «cuasi privatización» de la pantalla, acompañado por «un fuerte deterioro edilicio, precarización laboral y tecnológica, además de un congelamiento salarial que ya lleva casi dos años sin actualización«.

¿Se verá la Copa del Mundo? Medidas del gobierno

Este jueves, los gremios que nuclean a los trabajadores y trabajadoras del sector convocaron a una conferencia de prensa para las 13.30 en la puerta del canal, que será acompañada por un cese de actividades por dos horas (de 13 a 15), protesta que se viene repitiendo desde hace más de una semana, al tiempo que se aprobó un plan de lucha que comenzará el lunes próximo, con paros de 3 horas por día.

Las medidas de fuerza afectarán la transmisión del Mundial de Fútbol, una apuesta del gobierno no solo por la masificación del evento y su llegada a todo el país a través de Canal 7, sino porque entienden que descomprime la mirada tanto en lo político y, en menor medida, en lo económico.

Lo que parecía un bálsamo para la Casa Rosada puede tener un efecto boomerang, aunque el ministerio de Capital Humano tiene bajo la manga la reciente Ley de Modernización Laboral para aplicarla ante cualquier profundización del conflicto que atente contra la transmisión de los partidos, principalmente de la Selección Argentina, entendiendo que se trata de un «servicio esencial», amén de poder dictar la conciliación obligatoria.

Denuncian traspaso a los privados y congelamiento salarial

Las organizaciones gremiales que agrupan al personal de la TV Pública son el Sindicato de la Televisión (SATSAID), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo), y la Asociación de Personal Jerárquico de la TV Pública (APJ). Se estima que participarán de la conferencia el secretario de Prensa y Difusión del SATSAID, Dario Aguilar; el secretario General de SiPreBA, Agustín Lecchi; y los representantes gremiales de SALCo, Fernando Costa; y de APJ, Gustavo Carnevale, junto a las Comisiones Internas, los trabajadores y las trabajadoras de la señal estatal y empleados de la ex Télam y de Contenidos Públicos.

Los dirigentes detallarán el «crítico escenario» que atraviesan los medios públicos, al tiempo que rechazaron la decisión de la intervención de RTA de ceder a productoras privadas gran parte de las transmisiones de la Copa del Mundo. En ese punto, señalaron: «Por primera vez en la historia las transmisiones de los partidos estarán en manos privadas, mientras que la TV Pública solo retransmitirá los encuentros de la Selección Argentina, una semifinal y la final del torneo».

Asimismo, subrayaron que detrás de esta decisión «existe un esquema que favorece negocios privados vinculados a la pauta publicitaria y los contenidos especiales generados alrededor del Mundial, mientras el canal estatal pierde protagonismo y capacidad de producción propia».

En cuanto a la situación laboral, los sindicatos aseguraron: «Estamos sufriendo un congelamiento salarial desde hace casi dos años, en un contexto de fuerte pérdida del poder adquisitivo y precarización» y destacaron que «el Mundial lo garantizamos los trabajadores con compromiso y profesionalismo desde hace 52 años».