El Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) sumó 81.808 trabajadores registrados en el sector privado entre mayo y agosto. Desde su puesta en marcha, el mecanismo muestra una evolución creciente y ofrece uno de los primeros indicadores sobre el alcance de la iniciativa, que busca estimular la creación de empleo formal mediante una reducción de las contribuciones patronales.

En paralelo, la cantidad de empresas que recurrieron al beneficio también aumentó durante ese período. Pasó de 8.024 en mayo a 25.928 en agosto, lo que equivale al 5% del total de empleadores del ámbito privado. En promedio, cada firma incorporó 3,2 trabajadores bajo esta modalidad.

La evolución mensual muestra que la utilización del mecanismo avanzó de manera continua. En el primer mes se registraron 18.914 contrataciones, número que trepó a 41.952 en junio y a 63.305 en julio, hasta llegar a un acumulado de 81.808 en agosto. Solo durante el último mes analizado se agregaron 18.503 trabajadores.

Al mismo tiempo, pese al impulso de la medida de incentivo a la formalización, los datos oficiales señalan que durante los cuatro meses del período analizado se perdieron alrededor de 35.600 empleos privados formales en términos netos.

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El programa forma parte de la reforma laboral, sancionada en marzo pasado y reglamentada a fines de abril. Su objetivo es promover el ingreso al empleo registrado de personas en situación de informalidad, desocupados, monotributistas y ex empleados del sector público, a través de una disminución de los costos laborales no salariales.

El RIFL contempla una disminución de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses de cada contratación. Las alícuotas se fijaron en el 2% para los aportes destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Asignaciones Familiares y Fondo Nacional de Empleo, y en un 3% para el INSSJP (PAMI).

Qué sectores concentran las nuevas contrataciones

El comercio, los servicios empresariales y la industria concentran el 62% de los puestos cubiertos a través del RIFL. El primero reúne la mayor cantidad, con 20.348 asalariados (24,9% del total), seguido por los servicios empresariales —que incluyen actividades inmobiliarias y de alquiler—, con 18.487 (22,6%), y la industria, con 12.031 (14,7%).

El peso del programa sobre el empleo registrado de cada rubro presenta otro panorama. Hoteles y restaurantes lidera el ranking, con una participación del 2,9% (8.486 personas), seguido por la construcción, con el 2,2% (8.435), y los servicios empresariales, con el 2%.

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La adhesión de los empleadores también muestra diferencias. En hoteles y restaurantes, el 9,2% de los establecimientos usó el beneficio, la proporción más alta entre las actividades relevadas. Detrás aparecen minería (8,3%), industria (7,6%), electricidad, gas y agua (7,4%) y construcción (7%).

Las firmas de hasta 10 empleados representan el 55,1% de los empleadores que utilizan el RIFL, con 14.281 casos. Otras 8.188 tienen entre 11 y 50 trabajadores. En conjunto, ambos segmentos reúnen el 87% de las empresas adheridas.

La distribución cambia cuando se observa la cantidad de puestos cubiertos. Aquellas con más de 200 empleados, pese a ser apenas 969 (el 3,7% del total), explican el 32,2% de las contrataciones, con 26.343 personas.

Además, el peso de las grandes compañías en el régimen aumentó desde su puesta en marcha: pasó del 29% en mayo al 32,2% en agosto. En cambio, las de hasta 10 empleados redujeron su participación del 28,5% al 25,4%.

El desempeño por provincias

La distribución territorial también refleja una fuerte concentración en los principales distritos económicos del país. La provincia de Buenos Aires encabeza el listado, con 24.406 trabajadores, el 29,8% del total. CABA ocupa el segundo lugar, con 19.060 altas laborales (23,3%).

Más atrás aparecen Córdoba, con 8.940 trabajadores (10,9%), y Santa Fe, con 7.431 (9,1%). En conjunto, estas cuatro jurisdicciones representan el 73% de las contrataciones realizadas bajo el régimen.

Al comparar las incorporaciones con el empleo registrado privado de cada provincia, las diferencias son más acotadas. El promedio nacional se ubica en el 1,3%, mientras que La Pampa presenta la mayor incidencia, con el 1,8%. Le siguen Catamarca y Córdoba, ambas con el 1,7%, y Neuquén, con el 1,6%.

En el extremo opuesto se encuentran Chubut y Santa Cruz, con una participación del 0,8% cada una. Misiones y Tierra del Fuego registran el 0,9%.

El informe oficial aclaró: “La dinámica de contrataciones observada durante los primeros meses del RIFL permite caracterizar el alcance inicial del régimen. No obstante, para determinar su impacto en el nivel de empleo registrado será necesario realizar evaluaciones rigurosas una vez que se disponga de información suficiente. Sin embargo, la evidencia empírica previa obtenida del Programa de Inserción Laboral (PIL) respalda la hipótesis de que una reducción focalizada de costos laborales constituye una medida efectiva para impulsar la creación de empleo formal”.

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El sistema agrario cubano atraviesa una crisis estructural que combina caídas productivas históricas, dependencia de importaciones y trabas institucionales, según un informe publicado por el Observatorio de Derechos Laborales y Sindicales (ODLS) en cooperación con la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC).

El diagnóstico, respaldado por datos oficiales de la Oficina Nacional de Estadística e Información de la isla (ONEI), coincide con las advertencias de Iván Hernández Carrillo, líder sindical y ex preso político, quien señaló -en diálogo con Infobae– que el campo cubano está al borde del colapso.

El sector privado produce más del 71% de los alimentos, pero opera sin respaldo estatal

Los números de la ONEI son categóricos: entre 2020 y 2024, la producción de arroz cayó un 62,3%, la de frijoles un 60,2%, la de cítricos un 82,7% y la de hortalizas un 54,5%. Solo las viandas mostraron una recuperación relativa, con un alza del 20,2%, aunque insuficiente para compensar el deterioro en alimentos esenciales para la dieta básica de la población.

Hernández Carrillo, secretario general de la ASIC y cuya organización participó en la elaboración del informe, describió el panorama en términos directos: “El sector privado y cooperativo no estatal se han convertido en el alma del campo cubano, aportando más del 71% de la producción agropecuaria que se logra cosechar”, dijo a este medio.

El informe confirma esa cifra: en 2024, el sector no estatal concentró entre el 71,1% y el 88,4% de la producción de los cultivos analizados.

Grandes extensiones de tierra permanecen improductivas mientras los campesinos no pueden acceder a ellas

A pesar del peso productivo del sector privado, el acceso efectivo a la tierra sigue bloqueado por restricciones burocráticas. Hernández Carrillo apuntó que las trabas administrativas impiden que quienes quieren trabajar el campo puedan hacerlo, mientras grandes extensiones permanecen “perdidas en maleza, en manos de cooperativas y entidades estatales”.

El informe del ODLS documenta que el marco legal vigente —incluido el Decreto-Ley N.° 358 de 2018, que regula la entrega de tierras ociosas en usufructo— no se traduce en derechos productivos efectivos.

La normativa existe, pero la falta de acceso real a insumos, financiamiento y autonomía comercial vacía de contenido esas garantías formales.

La crisis energética y la escasez de insumos paralizan la siembra y la cosecha

La escasez de combustible, fertilizantes, semillas y sistemas de riego se suma a una crisis energética que golpea de forma directa la actividad rural. “Los apagones constantes y la escasez de combustible obstaculizan las labores de siembra y cosecha”, afirmó Hernández Carrillo a Infobae.

El ODLS clasifica la infraestructura rural como uno de los cuellos de botella más críticos del sistema: caminos deteriorados, cadena de frío insuficiente, maquinaria obsoleta y dependencia de energía convencional en un contexto de apagones recurrentes.

La producción nacional de maíz y arroz se ubicó por debajo del promedio histórico en 2024, según el Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO-GIEWS), que también documentó daños agrícolas por los huracanes Oscar y Rafael ese año.

La seguridad alimentaria opera en cuatro dimensiones, y todas están comprometidas

El Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés) advierte sobre dificultades crecientes en la seguridad alimentaria y nutricional de las familias cubanas, y registró que asistió a 1,3 millones de personas en 2024. El informe evalúa la situación mediante el marco de cuatro dimensiones de la FAO: disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad.

Las cuatro están comprometidas al mismo tiempo. La caída de cultivos estratégicos reduce la disponibilidad; la inflación y la pérdida de ingresos afectan el acceso; la crisis eléctrica deteriora la conservación y preparación de alimentos; y los fenómenos climáticos extremos golpean la estabilidad del suministro.

El ODLS concluyó que la seguridad alimentaria de la isla debe tratarse como una prioridad humanitaria, productiva y laboral.

El informe propone cooperativas autónomas, derechos productivos claros e infraestructura crítica

La hoja de ruta que plantea el diagnóstico no apuesta por una privatización acelerada ni por mantener la centralización estatal. “Con este estudio analizamos las causas de la crisis agraria y proponemos una hoja de ruta para la recuperación y modernización de nuestros campos, basada en mayor autonomía para los campesinos, cooperativas verdaderamente auténticas, seguridad e inversión”, sintetizó Hernández Carrillo.

El documento técnico elaborado por el ODLS y la ASIC establece ocho prioridades estratégicas en orden de secuencia: desde el levantamiento de una línea base nacional de tierras, agua e infraestructura, hasta la digitalización de cadenas de trazabilidad y alertas climáticas. En el centro de la propuesta está la distinción entre cooperativas reales —con autonomía, gobierno democrático y contabilidad transparente— y las meramente formales, que el informe describe como una forma de administración delegada que no constituye economía solidaria.

La comparación con otros procesos de transición agraria —Vietnam, Polonia, Estonia y países de Europa Central y Oriental— advierte sobre los riesgos de vacío institucional, concentración de activos y desigualdad territorial si la reforma no se diseña con reglas transparentes y participación efectiva de trabajadores y comunidades rurales.

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