El Mundial fue un parate en la vida de los argentinos a nivel general y la política no fue la excepción. La agenda quedó prácticamente paralizada, en especial en el PRO, que tuvo a su máxima figura, Mauricio Macri, instalado en Estados Unidos durante todo el torneo por su cargo en la Fundación FIFA.

Ya finalizada la competencia y aún en receso legislativo, de a poco vuelve a ponerse en marcha el engranaje. En el caso del partido fundado por Macri, esperan que su líder vuelva a ponerse al frente de la mesa política.

De momento no hay fecha para ese encuentro a puertas cerradas con los dirigentes que conforman la mesa chica del partido, entre los que se encuentran el diputado nacional Fernando De Andreis, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez; la integrante del Consejo de la Magistratura Jimena de la Torre y el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Según pudo saber TN, están a la espera de que Macri los convoque para empezar a debatir varios temas. Uno es la hoja de ruta para los actos del “Próximo Paso”, siempre encabezados por el expresidente para intentar reinstalar al PRO en todo el país. Para la segunda parte del año la intención es repetir este tipo de eventos en el interior, pero también alguna cita más en el AMBA.

La estrategia electoral y la sociedad con La Libertad Avanza

Uno de los temas que requiere mayor atención es la posible alianza electoral con los libertarios en el distrito que aporta más electores en el país: la provincia de Buenos Aires. Allí deberán discutir la chance de llevar una boleta compartida con LLA, donde “la idea inicial es no tocar los municipios donde gobierna el PRO”. Resta ver cómo se encarará la misma alianza en Nación y en Ciudad, donde hay más rispideces.

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En los últimos días, La Libertad Avanza dejó correr esta idea de que quieren hacerse cargo del armado de las listas locales. El mediador sería el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Su elección por sobre el titular de LLA en la provincia, Sebastián Pareja, sería por su cercanía con el PRO y buen diálogo con el resto de las fuerzas.

“Las listas no son puras, tendrían cabeza PRO, vecinalistas, radicales. Es difícil que sean de una sola fuerza”, remarcó a TN un dirigente del partido fundado por Mauricio Macri.

En La Libertad Avanza ubican a la provincia de Buenos Aires como la pieza clave del proyecto electoral para 2027. La apuesta consiste en ordenar una propuesta opositora unificada que concentre el voto no peronista y permita competir con mayores posibilidades en el distrito que reúne el mayor caudal de electores del país.

En PBA el foco está puesto en acercar posiciones con referentes del PRO, sectores de la UCR y otros espacios no peronistas para conformar una alternativa común frente al kirchnerismo.

El plan que analizan en el oficialismo combina candidaturas propias en buena parte del país con alianzas puntuales en aquellos distritos donde consideran que un acuerdo puede mejorar las chances electorales. La única excepción, por ahora, es la Ciudad de Buenos Aires, donde todavía no hay una decisión tomada sobre la estrategia.

El caso de la Ciudad y el resto del país

Mientras un grupo de dirigentes impulsa un entendimiento con el PRO e incluso propone que Pilar Ramírez ocupe el lugar de candidata a vicejefa de Gobierno, otro sector sostiene que La Libertad Avanza debería competir con una figura propia en CABA, aun cuando no tenga un nivel alto de conocimiento entre los votantes. El nombre que originalmente encabezaba esa alternativa era el del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, pero su salida del Ejecutivo obligó a revisar los planes.

“Puede haber algunas diferencias. Pero tenemos que hacer los máximos esfuerzos para evitar volver al pasado”, afirmó este jueves el jefe de Gobierno porteño y referente del PRO, Jorge Macri, en un claro guiño a los libertarios rumbo al 2027.

En Balcarce 50, de todos modos, creen que el escenario porteño sigue siendo favorable para el oficialismo: consideran que con cualquier candidato llegan al balotaje. Otros dirigentes, en cambio, consideran más conveniente explorar un acuerdo con el PRO para evitar que la fragmentación del voto no peronista termine beneficiando a la oposición.

Según transmiten en el Gobierno, no habrá un pacto nacional con los gobernadores. La intención es negociar por separado en cada provincia y conservar el manejo del armado de La Libertad Avanza, sin delegar el control de la estrategia electoral en acuerdos de alcance general.

En el caso de las provincias que gobierna el PRO, habrá destino dispar para los posibles acuerdos. En Chubut, La Libertad Avanza busca ganar presencia territorial y diferenciarse del oficialismo provincial, por lo que competirán contra el gobernador Nacho Torres con candidatos propios.

En cambio, en Entre Ríos se evalúa la conformación de un frente electoral. La relación con el gobernador Rogelio Frigerio es más directa y no habría competencia directa en las urnas.

PRO, Mauricio Macri, La Libertad Avanza

Paz García Pastormerlo,Conforme a

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, presentó formalmente este miércoles la reforma del régimen de Inocencia Fiscal que el oficialismo impulsará en el Congreso a partir de agosto con el objetivo de formalizar parte de los USD 170.000 millones de los argentinos que permanecen fuera del circuito legal. Desde la oposición comenzaron a analizar el primer borrador del proyecto y denunciaron que busca premiar a los evasores. Sin embargo, la principal crítica es que los funcionarios públicos puedan adherir al régimen, especialmente tras el escandaloso episodio de Manuel Adorni.

Si bien el Gobierno aprobó la versión vigente del régimen de Inocencia Fiscal apenas en diciembre pasado, ahora buscará hacerle modificaciones porque no cumplió con las expectativas. Expertos tributaristas y asociaciones de contadores señalaron que la ley original expone a los contribuyentes ante un eventual cambio de gestión en 2027. Por eso, el equipo económico trabajó en una serie de modificaciones que apuntan a ampliar el universo de beneficiarios y, al mismo tiempo, otorgar mayores garantías a quienes decidan regularizar su situación patrimonial.

Según Caputo, “el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada”. “Lo que nosotros queremos es que haya mayor inversión y la contracara es el ahorro que está, pero abajo de los colchones. Lo que nosotros necesitamos es que se vuelque al mercado financiero”, explicó el ministro de Economía. No obstante, Caputo no hizo ninguna mención a las tensiones que puede haber por las adhesiones de funcionarios al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) como el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas.

Entre otros puntos, el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal eliminará los topes de ingresos y patrimonio que en la versión anterior se habían fijado en $1.000 millones y $10.000 millones, respectivamente permitiendo así la inclusión de un universo más amplio de personas físicas y jurídicas. Otro aspecto clave es la definición de “discrepancia significativa”, un punto central en la interpretación del alcance del blanqueo y sus efectos tributarios.

La posibilidad de que los funcionarios, sus familiares directos u otras personas políticamente expuestas puedan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias en el marco del régimen de Inocencia Fiscal se convirtió en el principal blanco de las críticas de la oposición.

“La nueva ley de “Inocencia fiscal” beneficia a funcionarios y políticos. Otra ley hecha a medida. No solo premian a los grandes evasores, ahora también habilitan un régimen para quienes ejercen la función pública. Los que venían a convertir la moral en política de Estado son, en realidad, profundamente amorales”, planteó Agustín Rossi (Unión por la Patria) en sus redes sociales.

En la misma línea, el diputado Eduardo Valdés argumentó que “quienes administran recursos del Estado tienen un deber reforzado de transparencia y deben estar sometidos a mayores controles patrimoniales, no a menos”. En ese sentido, presentó un proyecto de ley para excluir expresamente a los funcionarios públicos y a las personas políticamente expuestas del régimen de Inocencia Fiscal, al considerar que su aplicación a quienes ejercen funciones públicas resulta incompatible con los principios de transparencia, ética pública y prevención de la corrupción.

Valdés también recordó que las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establecen que las Personas Políticamente Expuestas deben estar sometidas a controles reforzados por el mayor riesgo de corrupción asociado al ejercicio de funciones públicas.

Por otro lado, el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, también cuestionó la inclusión de funcionarios públicos. “La primera Inocencia Fiscal la metieron por la ventana en la madrugada del 18 de diciembre. En el recinto pedimos excluir a los funcionarios, pero no quisieron. ¿Qué pasó después? La usaron Adorni, Francos, Sturzenegger, Felipe Núñez y Espert. ¿Creen que el gobierno recapacitó? No. La “Inocencia Fiscal 2” sigue abierta para ellos. La doctrina Adorni sigue vigente: no declarar y evadir todo lo que se pueda”, dijo.

Su compañero de bloque, Esteba Paulón, también presentó un proyecto para excluir a los funcionarios de los beneficios del régimen. “La ley no puede ser un salvavidas para los poderosos”, sintetizó.

En diciembre, cuando se aprobó la primera versión de la Inocencia Fiscal, el oficialismo llegó a los 130 votos gracias al apoyo del PRO, la UCR, el MID, los peronistas tucumanos de Independencia, los salteños y misioneros de Innovación Federal, los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los peronistas catamarqueños de Elijo Catamarca, un diputado de Por Santa Cruz. Un esquema de alianzas que ha logrado sostener a los largo del año en la mayoría de las votaciones importantes.

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